Chapter 2

Igualmente, por el uso adecuado del crédito, será posible distribuir con equidad del costo elevado de estas obras, entre los actuales y los futuros contribuyentes.

Un crédito abundante y sano es, como se viene demostrando en otros países, el método más eficaz, no sólo para influir sobre el reparto de la riqueza, sino también para encauzar e incrementar la producción de la misma.

Por estas y otras razones que no escaparán a Vuestra Soberanía, el Ejecutivo Federal se propone seguir prestando atención preferente a la solución de todos los problemas relacionados con el crédito público.

La Secretaría de Hacienda estudia algunas medidas que tienen por objeto evitar las fluctuaciones bruscas e injustificadas de los valores públicos, con lo cual se logrará que los adquirentes de estos títulos no sean víctimas de los especuladores profesionales.

Petróleo.

Cuanto se refiere al petróleo tiene una trascendencia mundial, tanto por los cuantiosos intereses que afecta, como por ser éste el alimento general de las industrias y un elemento del que ya no puede prescindirse en la vida civilizada.

Esta importancia sube todavía de punto en los países productores donde, como en el nuestro, el petróleo representa una de las bases de la economía.

De aquí que este problema constituya una de las preocupaciones más vivas de la actual Administración.

Conocidas son las causas que obligaron a mi Gobierno a la expropiación de las empresas petroleras, de años atrás instaladas en nuestro suelo, y que siempre significaron un caso de explotación en provecho extraño, mucho más que un enriquecimiento para el pueblo llamado a disfrutar de tales recursos.

No quiero aquí extenderme en la descripción del lamentable espectáculo humano que esta explotación ofrecía, y que por sí mismo hubiera bastado para inspirar serias inquietudes a todo gobierno cuidadoso del bienestar social.

A pesar de esto, la acción del Gobierno Mexicano, en el caso, no fue como todos lo saben, el efecto de un sentimiento de impaciencia, aunque justificada, sino el efecto automático de las leyes e imperativos nacionales; pudiendo decirse en una palabra que la expropiación fue el trance obligado en que nos puso la rebeldía misma de las empresas.

Hubo que expropiar, tanto por respeto a la propia soberanía, como por la más elemental atención para la suerte de nuestra economía y de nuestra existencia.

A fines de 1936, los trabajadores del petróleo, unificados ya en una sola agrupación, presentaron a las empresas, en cumplimiento de la Ley del Trabajo, el primer proyecto de contrato colectivo.

El monto de las prestaciones exigidas no fue aceptado por las empresas, y las dificultades crecieron en forma que se vio aparecer la amenaza de una huelga general, cuyas consecuencias, por las razones arriba expuestas, habrían afectado la vida nacional.

El Gobierno logró encaminar a obreros y a empresas hacia una negociación que se arrastró estérilmente desde fines de noviembre de 1936 hasta principios de mayo de 1937, sin que se llegara la notoria aversión de las empresas a todo posible avenimiento.

Días después, a pesar de todos nuestros esfuerzos, estallaba la huelga, a lo largo de la cual el Gobierno Federal todavía multiplicó sus empeños para un pronto y urgente arreglo.

Las empresas hacían un ofrecimiento insuficiente; los obreros no podían aceptarlo; y entretanto, el país resentía la situación.

De aquí que los trabajadores pusieran término a la huelga, y escogieran otro procedimiento, planteado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una cuestión de orden económico contra las empresas.

Como éstas alegaban la incapacidad económica de cumplir las peticiones del Sindicato, la Junta de Conciliación nombró una comisión de peritos, la cual, tras un detenido estudio, formuló un dictamen reduciendo a términos más modestos las demandas del Sindicato y que las empresas estaban en condiciones de satisfacer.

Tampoco puede decirse que los peritos hayan obrado con ligereza.

Cuatro meses consagró la Junta a examinar su dictamen, y al cabo de ellos dictó su laudo conforme, en lo general, con el de los peritos.

Las empresas, que habían iniciado ya para entonces una verdadera guerra financiera y de calumnias contra el Gobierno de que el país tiene ya noticia, declararon que no podían cumplir lo mandado, y apelaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, en su sentencia, confirmó el laudo de la Junta.

Contrastando entonces con la prudencia del Sindicato, de los peritos y de la Junta, las empresas se manifestaron reacias a la sentencia; es decir, en franca rebeldía contra la ley.

Ya para esta fecha, nuevas gestiones del Gobierno habían insinuado a las empresas a dar un paso hacia la transacción, de modo que, al llegar el término del juicio, la negativa se fundaba en una suma tal que en manera alguna justificada su rebeldía.

Y es que ya no discutían el dinero, sino el precedente: el precedente de no someterse a las leyes en que precisamente reside nuestra soberanía nacional.

Considérese la trascendencia de semejante actitud para nuestro porvenir político, para el de toda nuestra América y para el mundo, donde hay muchos pueblos débiles resueltos a defender su integridad sin poder esgrimir más arma que el arma intachable de los principios.

Añadase a esto que los obreros, ante semejante actitud rompieron sus contratos bajo la sanción de las autoridades judiciales, como tenían el derecho y aun el deber de hacerlo; que otra vez apareció la huelga general y que las empresas, antes que rectificar su conducta abandonaban los campos.

Y el 18 de marzo de 1938, mi Gobierno tuvo que proceder a la expropiación, fundada legítimamente en causa de utilidad pública y de dignidad nacional, revelando al pueblo sus motivos y recibiendo de éste la más franca adhesión.

Todavía hay un rasgo más elocuente de la razón que asistía a México: en los mismos momentos en que, por todas las estaciones de radio, se daba cuenta de la expropiación decretada, las compañías petroleras, demasiado tarde y con irrisorio desconocimiento de la seriedad que corresponde al régimen jurídico de una sociedad, hacían saber que, en último recurso, estaban dispuestas a someterse condicionalmente a las peticiones del Sindicato, que laudo y sentencia amparaban.

Aunque estos hechos sean ya del dominio público, hemos querido exponerlos una vez más, por el aviso que entrañan para todos.

Al salir de nuestro país las compañías expropiadas, no dejaban tras de sí, después de varios lustros de explotación, un solo recuerdo que pudiera mover la gratitud mexicana.

Grupos importantes de empresas radicadas en los Estados Unidos hicieron gestiones ante al Gobierno de Washington para que éste, mediante la presión diplomática, interviniera en las decisiones de nuestra justicia soberana.

Es satisfactorio para mi Gobierno, y lo es para todos los mexicanos, el reconocer aquí cabalmente la actitud correcta de aquel Gobierno, que no quiso inmiscuirse en esa forma, limitándose más tarde a los regulares y amistosos oficios para lograr el trato directo entre el Gobierno mexicano y las compañías.

El Gobierno de Washington reconoció nuestro legítimo derecho a la expropiación.

También hemos tenido que tratar con aquel Gobierno el caso análogo de las expropiaciones agrarias, y lo esencial de la negociación giró entonces en torno al monto y procedimiento de pago de las indemnizaciones debidas, mismas que resultan de nuestras propias leyes, habiéndose llegado a un arreglo razonable que se está cumpliendo normalmente, sin que nunca se pusiera en duda la legitimidad del principio de nuestro derecho a expropiar.

El Gobierno de Washington ha sido, pues, coherente en su criterio; porque en el caso del petróleo, el mismo Decreto de expropiación reconocía el derecho correlativo, conforme a la ley mexicana, a una justa indemnización, para cuyo arreglo mi Gobierno se manifestó dispuesto a entrar desde luego en pláticas con la parte interesada.

Pero la parte interesada persistió en su actitud, se negó a reconocer la ley mexicana y las resoluciones en su cumplimiento adoptadas, y no quiso acudir a las pláticas.

Esta actitud se ha fundamentando en tres motivos que han obrado juntos o separadamente en todo este lapso: el de negarse a aceptar la expropiación, el de no querer prestarse a los avalúos de sus bienes, y de confiar indebidamente en una intervención diplomática.

Poco a poco, sin embargo, las compañías se convencen de la conveniencia de acudir a las pláticas directas con nuestro Gobierno, que siempre se manifestó dispuesto a escucharlas.

Largo sería el narrar las sucesivas etapas de estas negociaciones.

Ellas pueden resumirse así: el Gobierno mexicano sostiene la expropiación, y las empresas, bajo diversas apariencias cambiantes y disimulación con distintos nombres, se empeña en la devolución.

No sólo esto, sino que con ella llegaron a exigir condiciones que significan todavía un retroceso mayor respecto al punto en que nos encontrábamos antes de estallar el conflicto.

A saber:

Entrega íntegra y administración exclusiva de los negocios durante un plazo tal que, prácticamente, llegaría hasta el agotamiento de nuestros mantos petrolíferos;

Seguridades contractuales y legales de que, en lo futuro, no habrán de pesar sobre ellas nuevas cargas fiscales, además de las vigentes, régimen excepcional y absurdo;

Bases contractuales y medios para modificarlas que normen las relaciones entre trabajadores y empresas; también excepción o privilegio, en la inteligencia todavía de que tales bases, tabuladores de salarios y otras prescripciones, además de proponer un régimen ajeno a nuestra legislación, prescindían del laudo dictado por la Junta Central de Conciliación y respaldado por sentencia firme de la Suprema Corte.

Se pretendía, asimismo, dar a este contrato el carácter de convenio entre Gobiernos, dotándolo de fuerza constitucional.

Las bases anteriores son, desde luego, todavía menos aceptables que la pretendía restitución; pues aun cuando se aparentaba la aceptación de la medida expropiatoria, prácticamente se nulificaban los derechos de la Nación sobre los bienes expropiados, y al mismo tiempo las empresas se constituían en acreedoras del Gobierno de México.

A cambio de esto, se le concedería al Gobierno tan sólo cierta vigilancia y otras funciones que le pertenecen sin necesidad de contrato alguno.

Se alegaba que el Gobierno no es un buen administrador en este género de negocios, y que por esto se hacían las proposiciones mencionadas, pero el conflicto mismo tenido por las compañías con sus trabajadores y la forma de tratarlo, demostraron precisamente que dichas compañías fueron ineficientes administradoras de la industria petrolera.

Se ha querido también fundar el proyecto en otras razones. Se decía que el negocio petrolero necesitaba pedir la entidad dispuesta a proporcionarlos es administrar su propia inversión.

Pero la verdad es que, vencidas las dificultades de la iniciación que hubo que afrontar hace un año, y a pesar de la pugna para abrir los mercados, donde el contrincante tenía las posiciones tomadas, nuestra actual explotación petrolera no necesita de grandes inversiones para mantenerse, ha permitido ya nuevas perforaciones, construcción de oleoductos, ampliación y mejoramiento de refinerías y aun se registra ya en ella un aumento de la producción.

Los capitales que sin duda requiere no tendrán otro carácter que el de refacciones a una industria, y a una industria remunerativa que los devolvería en breve plazo.

En el fondo, se advierte que las empresas desconocen los factores sociales y humanos que fueron causa del conflicto.

Los trabajadores saben ahora que lucha por un interés a la vez propio y nacional, y sólo se sienten estorbados en este camino de progreso por los obstáculos que acumulan los agentes al servicio de las empresas afectadas.

Su confianza es tal, que han aceptado el posponer las conquistas que el laudo les concede mientras duren las dificultades contra la explotación por el Gobierno.

Retrogradar, en cambio, las cosas, al punto a que las llevaban las proposiciones de los expropiados, sería resucitar el conflicto y a la vez privar al Gobierno de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de sus compromisos con las empresas.

Y no creo que gobierno alguno hubiera podido aceptar un pacto que, desde el primer momento, descubría tan torpes propósitos.

No; la expropiación queda vinculada en la historia de nuestra independencia económica, y no se le debe tocar.

Su razón de ser está fuertemente enraizada en el corazón del pueblo, que la estima como una reivindicación legítima de los derechos de la Nación al subsuelo.

La interpretación que el Gobierno ha hecho de estos principios, ha tenido como la mejor sanción el respaldo que en distintas ocasiones han patentizado todas las clases sociales de la República. Cambiarán los hombres en el poder, pero no será posible alterar los principios de profunda justicia social en que descansa la expropiación.

Si en lugar de pedir ese estatuto especial que supeditaría al Estado bajo la voluntad de las empresas extranjeras, éstas hubieren acatado francamente los fallos de nuestra justicia, les quedaría el camino abierto para recibir la indemnización que el Gobierno ha estado dispuesto a concederles.

La indemnización exige un avalúo previo, y las empresas no quieren oír hablar de avalúos.

Y esto por razones evidentes.

Conforme a las reglas que en todo el mundo se aplican en el caso, el avalúo resulta muchísimo para impresionar a la opinión.

México, mediante un esfuerzo para el cual sus hijos estarían prontos, puede por sí mismo desembarazarse del fardo de la indemnización.

Por eso el Gobierno ofreció a las compañías, siempre adversas al avalúo por los motivos indicados, el pago de no llegarse a otros arreglos.

Otra fórmula propuesta consistía en una combinación de trabajos y utilidades, aquí sí una verdadera cooperación, mediante la creación de una comisión financiera y una técnica en que las empresas tendrían la participación correspondiente y, finalmente, una comisión administrativa que, por encargarse directamente del trabajo, quedaría en manos del Gobierno, quien cuidará precisamente de que no se repitieran los motivos que dieron origen al conflicto.

Olvidadas las disidencias, y en mutuo y legítimo provecho, nada se oponía a que, al lado de estos arreglos, se llevasen a cabo otros secundarios, de cooperación entre el Gobierno y las compañías, los cuales ni siquiera supondrían nuevas inversiones.

Por último, el Gobierno estaba dispuesto, si es que resultaba imposible tratar en estos o parecidos términos, con los grandes grupos asociados, a negociar sobre iguales bases con cada una de las compañías que así lo desearen.

Mientras nos manteníamos a la espera de una respuesta por parte de las compañías interesadas, el Gobierno continuó recibiendo las más decididas manifestaciones de solidaridad de todos los sectores de la opinión nacional y las agrupaciones mexicanas del trabajo se dirigieron a todos los centros similares del mundo en busca de una expresión de simpatía que ya ha comenzado a llegarnos y que cada vez se extiende más.

Asimismo he podido observar y me es altamente satisfactorio el mencionarlo, la patriótica actitud que en el caso del petróleo ha asumido la prensa nacional, sirviendo de conducto para expresar los anhelos del país, que están colocados por encima de todos los intereses políticos actualmente en juego.

En tanto que aparecían telegramas en que la prensa anunciaba que aún se insistía en solicitar intervenciones diplomáticas, el Gobierno de los Estados Unidos, por boca de altos funcionarios, hizo saber que no puede ir más allá del justo límite en que se ha mantenido, respetando la alta filosofía que lo inspira: el de los buenos oficios para provocar y fomentar los arreglos directos entre el Gobierno mexicano y las compañías, sin disimular, naturalmente, el vivo interés que a estos arreglos concedía y el afán con que desearía, como lo hemos deseado nosotros mismos, ver terminado el conflicto.

Conviene aquí señalar la contradicción con el Derecho de Gentes que significa el querer resolver mediante presiones diplomáticas o amenazas internacionales los casos en que no ha habido denegación de justicia, los casos resueltos con estricto apego a las leyes de los Estados soberanos.

Interesa a los pueblos todos, y singularmente a aquellos que no cuentan entre las Potencias bélicas, el no admitir semejante práctica abusiva, que al cabo sometería al vasallaje a la naciones débiles. Importa, además, advertir que, en el presente conflicto, ni siquiera ha aplicado el Gobierno mexicano doctrinas singulares, sino que se ha regido por los preceptos que el Derecho establece y todo el mundo civilizado reconoce.

Nadie, en buena doctrina, puede discutir el principio que faculta al Estado a expropiar por causa de utilidad pública.

Es necesario repetir que las inversiones financieras que acuden a explotar los bienes naturales de un país y no se entregan a sus leyes, para luego, al menor tropiezo, ampararse en su condición de extranjeras, erigida en fuero por el abuso, tratando de imponer a los pueblos que las han acogido una condición de privilegio, y pretendiendo respaldarse en la fuerza política , bélica o financiera, dan ejemplo de un verdadero atentado contra todos los postulados de la justicia.

Aun en el caso de los individuos particulares que emigran en busca de mejor fortuna, ello sería más que discutible.

Aun la mera noción, en tal caso, de la persistencia de la nacionalidad más allá de las fronteras, noción heredada de antiguos atavismos, admite serias objeciones y es frecuente origen de males. Con mayor razón las empresas extranjeras vinculadas en un territorio nacional, deben vivir de la justicia y bajo la justicia de ese territorio.

La exposición anterior demuestra que, si el Gobierno mexicano ha sostenido con todo rigor sus puntos legales, ofreció también con toda liberalidad amplias bases de arreglo, convencido de que, por muy grandes que sean los intereses del petróleo, están por encima de ellos los intereses de la concordia continental, y más en momentos difíciles como de sentido democrático deben mantener un frente unido.

Sacrificar ahora este deber apremiante en aras de intereses privados, sería un error contra los destinos de América, y un delito contra los derechos soberanos del país.

Esta situación no puede prolongarse indefinidamente sin perjuicio de todos.

El Gobierno de México exige que se respeten sus leyes, y, por su parte, también está dispuesto a cumplirlas.

En vista de la actitud reacia de las compañías petroleras, ha dispuesto el Gobierno aplicar, sin más demora, los preceptos legales al caso para hacer efectiva la indemnización en los términos de ley.

Desde los primeros días de la expropiación, la Secretaría de la Economía Nacional, con la cooperación de la de Hacienda y de Petróleos Mexicanos, procedió a formular los inventarios de los bienes expropiados, citando previamente a los representantes de las compañías afectadas para que intervinieran en las diligencias, y han debido llevarse adelante sin la colaboración de ellas por haberse negado a concurrir.

El inventariar y valorizar los bienes implicó el empleo de un largo período, pero a la fecha se encuentra terminada la tarea, a fin de continuar con la mayor rapidez la tramitación legal encaminada a fijar el monto de la indemnización.

El valor que resulte de la estimación realizada por los peritos que integran la Comisión de Inventarios, previas las depuraciones y rectificaciones del Gobierno Federal en los procedimientos judiciales de valorización de los bienes expropiados, a reserva de que nuestros Tribunales decidan en último término sobre el particular.

Han transcurrido dieciocho meses desde la expropiación petrolera y es pertinente hacer constar las labores realizadas.

La organización creada con carácter provisional inmediatamente después del acto expropiatorio y que, fundamentalmente consistió en la constitución de un Consejo Administrativo Central y de diversos Consejos Locales, fue substituida posteriormente por dos instituciones: Petróleos Mexicanos y Distribuidora de Petróleos Mexicanos; la primera, encargada del manejo Técnico y administrativo de la industria, y la segunda de la distribución interior y exterior de los productos.

Más tarde continuaron dictándose medidas para mejorar progresivamente la organización, siendo una de las más importantes el acuerdo para centralizar las unidades de la misma naturaleza, correspondientes a las distintas empresas expropiadas, con la ventaja de unificar sistemas, suprimir repetición de funciones y hacer posible intercambios de trabajadores de cada zona, para mejor aprovechar sus servicios.

Recientemente se adoptó otra importante medida al expedirse por este Ejecutivo el Decreto Reglamentario de la Ley Constitutiva de Petróleos Mexicanos, en el que se regulan las relaciones entre el Consejo de Administración integrado por elementos del Sindicato y del Gobierno y estableciéndose reglas especiales sobre el personal directivo y técnico, a fin de hacer posible que la tarea de las instituciones encargadas de la industria petrolera expropiada, no encuentre obstáculos y pueda seguir su progresivo desarrollo contando con el auxilio de personal experto en las diversas ramas que comprende.

Todo ese personal ha sabido asumir la responsabilidad que tiene encomendada, y por ello, la marca de la expresada industria va alcanzando notoria mejoría.

El Gobierno Federal, a través de los organismos que la manejan, se ha preocupado por mejorar progresivamente las condiciones generales de los trabajadores.

Una gran parte de las cláusulas del laudo han sido puestas en vigor; el servicio médico se ha aumentado; se han construido nuevas escuelas; se están mejorando las comunicaciones; si está dotando de agua potable a los centros de trabajo; se han establecido nuevas oficinas postales y telegráficas y, en general, se han tenido especial atención en todo cuanto se refería al establecimiento de nuevos servicios.

Sin embargo, es preciso considerar que, debido a los obstáculos opuestos por las empresas, nuestro petróleo no ha alcanzado todavía los precios que éstas obtenían, pero hay razones para creer que al vencerse tales obstáculos, se harán innecesarias las operaciones de trueque y las ventas seguramente se efectuarán al contado y a precios mejores.

Lograda esta situación favorable, será factible el cumplimiento íntegro de las prestaciones que en favor de los trabajadores fijó el laudo de a Junta de Conciliación.

No obstante las dificultades que se han tenido para colocar nuestro petróleo, el Gobierno, cumpliendo su firme propósito, ha reservado desde un principio el veinte por ciento del valor de los productos vendidos al exterior para destinarlo al pago de la indemnización, juntamente con la suma que el pueblo ha aportado para el mismo fin.

A raíz de la expropiación y ante la intensa campaña desarrollada por las compañías petroleras en los mercados exteriores, fue preciso reducir la capacidad productora de los campos petrolíferos, pero a medida que el boicot ha ido desvirtuándose -merced a la rectitud de los tribunales extranjeros, que las compañías no pudieron quebrantar- la productividad se ha incrementado, y como actualmente pueden considerarse abiertos a nuestros productos los mercados de consumo del extranjero, no sólo es ya innecesario limitar el rendimiento de los campos, sino que los compromisos contraídos están requiriendo aumentar la producción y mejorar los sistemas de transportes con objeto de que las entregas en los puntos de embarque sean hechas con expedición y oportunidad.

Las circunstancias favorables de nuestra industria petrolera en los últimos meses, han justificado la realización de esfuerzos para abrir nuevos pozos y localizar otros campos petrolíferos.