Chapter 3

Se sostendrá que la reforma agraria representa la más urgente y trascendental de las medidas empleadas por México para lograr su estabilización social y económica y que frente al deber imperativo e ineludible de cumplirla, el Gobierno ha considerado obrar justificadamente al ocupar las tierras, reconociendo en favor de sus propietarios la obligación de indemnizarlos, si bien el pago respectivo haya tenido que ser demorado.

Considerando México que los derechos de la colectividad deben prevalecer sobre los derechos individuales, no podía subordinar la aplicación de la ley a las posibilidades de un pago inmediato.

En las luchas sostenidas por los pueblos para lograr su transformación social se han lesionado los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros por actos inevitables del Poder Público, que en ocasiones no han traído aparejada la compensación inmediata, ni siquiera la posterior y sin embargo, su conducta ha sido lícita si se atiende a los intereses superiores que han tratado de servir.

Esta teoría que parece al Gobierno de Estados Unidos subversiva e insólita en el orden internacional, ha sido aplicada por estados que figuran a la vanguardia de la civilización cuando ante la necesidad suprema del estado y sin desconocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomarla, sin la indemnización correspondiente.

Para referirme a casos recientes, pues retrocediendo en la historia podrán encontrarse numerosos ejemplos, mencionaré el hecho de que países de la mayor importancia, constreñidos a depreciar sus monedas por razones ampliamente fundadas en la necesidad pública, han obligado en algunos casos a los particulares a cambiar el oro y los certificados de oro que tenían en su poder por moneda depreciada o que después fue depreciada y han aprobado leyes que exigen a los particulares, nacionales y extranjeros, a recibir en la misma moneda el pago de obligaciones contratadas en oro, incluyendo las del Estado.

La actitud referida podrá haber sido mediante hábil fraseología legal llamada apropiación indirecta, pero la realidad es que los poseedores del oro, de los certificados que lo amparaban u obligaciones pagaderas en oro, resintieron una disminución de sus derechos de propiedad, sin la adecuada compensación.

Siempre que se ha recurrido a medidas de este género, los que admiten como absolutos los derechos individuales, han llegado a mencionar la palabra confiscación.

La justificación verdadera de esta medida que lesionaba tan cuantiosos intereses y que podía provocar una gran desconfianza en los inversionistas, así como serios trastornos en el comercio, fue expuesta por los respectivos tribunales declarando que obedecía a una razón superior de interés público, porque de no haber sido adoptada, se hubiera provocado una dislocación en la economía nacional.

No está por demás recordar que con anterioridad algunos países débiles, al pretender solventar sus obligaciones, invocaron la invalidez de la cláusula de pago en oro en caso de depreciación de la moneda, habiendo sido denunciadas por determinados gobiernos, en representación de sus nacionales, ante la Corte de Justicia Internacional y condenados como transgresores del derecho. Más tarde los países poderosos no pudieron evitar el acudir a los mismos medios, cuya adopción había sido tan severamente criticada.

México, por tanto, mantiene su opinión de que no se aparta de las normas jurídicas ni de la moral que sostiene que los intereses de la colectividad deben prevalecer sobre los intereses aislados de los individuos nacionales y extranjeros.

Los derechos llamados del hombre, entre otros el de la propiedad, con sus modalidades, no son normas del derecho internacional, sino que su validez proviene del derecho interno.

No se desconoce que la opinión contraria sustentada por el Gobierno de Estados Unidos tiene defensores, pero no es posible dejar de admitir que el punto de vista de México, lejos de constituir una teoría insólita, carente de seriedad y sin base jurídica, cuenta a su vez con los más sólidos apoyos de tratadistas de reconocida autoridad internacional y de precedentes en legislaciones de varios países, entre los que figuran España, Rumania, Checoslovaquia, Alemania, Rusia y otros.

En el tratado suscrito por los países iberoamericanos sobre la condición de los extranjeros en la Segunda Conferencia Panamericana, se declara: Los Estados no tienen ni reconocen en favor de los extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que en favor de los nacionales se hallen establecidas por su constitución y por sus leyes, lo que implícitamente niega, por exclusión, la existencia de derechos internacionales en favor del individuo.

México ve con satisfacción que el Gobierno de Estados Unidos ratifica una vez más su propósito de no demandar un tratamiento especial o privilegiado para sus nacionales, sino el justo y razonable, en armonía con los principios generalmente reconocidos del Derecho Internacional.

Sin embargo no puede estar conforme en que este principio que ha cristalizado una de las más definidas

aspiraciones de las repúblicas iberoamericanas tenga por objeto proteger los derechos de los extranjeros contra el estado, sino que ha sido formulado precisamente como una defensa del estado contra la pretensión de que los extranjeros en ejercicio de los llamados derechos internacionales logren una posición de privilegio.

Cierto es, como lo afirma el Gobierno de Estados Unidos, que los derechos del individuo, entre los que figura el de propiedad, están consignados en las constituciones de los estados de este Continente en bien del interés general, pero también lo es de que deben sufrir las modificaciones o suspensiones que ese mismo interés general exija.

Sería injusto que el extranjero se traslada a un país que no es el suyo en busca de un beneficio personal, no admitiera de antemano con las ventajas que pretende disfrutar, los riesgos a que puede hallarse expuesto y aspirara a una situación privilegiada al margen de todo peligro, aprovechando, sí, en cambio, el esfuerzo de los nacionales en bien de la colectividad.

El caso que discutimos no viene a acentuar la amarga realidad de que los estados débiles están obligados a extremar sus precauciones respecto a los inversionistas extranjeros, que si producen algunos recursos al estado, a cambio a veces de fabulosas ganancias, llegan a convertirse en un obstáculo para la acción misma del Gobierno.

El mundo iberoamericano así lo ha sentido y si puede darse un valor positivo al Panamericanismo, debe atribuirse a la conquista del principio de que los extranjeros no pueden aspirar a un trato privilegiado en perjuicio de los nacionales.

Los graves conflictos, los peligros a que se ha encontrado expuesta la sociedad americana, tienen su origen casi siempre en esta lucha, en la cual se forjó la doctrina que encontró su más elocuente acento en la palabra del ilustre argentino Calvo, que empleando su autoridad indiscutida sostuvo en su clásico tratado: Con esta cuestión, se relaciona el gravísimo asunto de las constantes reclamaciones de las grandes potencias europeas cerca de los gobiernos de los Estados americanos.

Todas se han fundado en ofensas personales, reales unas veces, otras abultadas por sus agentes, pintadas siempre de por ellos con vivos colores.

Y la regla que en más de un caso han tratado de imponer las primeras a los segundos es, que los extranjeros merecen más consideración y mayores respetos y privilegios que los mismos naturales del país en que residen.

Este principio, cuya aplicación es notoriamente injusta y atentatoria a la ley de igualdad de los Estados, y cuyas consecuencias son esencialmente perturbadoras, no constituye regla de derecho aplicable en las relaciones internacionales de los de Europa, y siempre que se ha exigido por alguno, la contestación del otro ha sido absolutamente negativa.

Y debía de ser así, porque de lo contrario los pueblos relativamente débiles estarán a merced de los poderosos, y los ciudadanos de un país tendrían menos derechos y garantías que los residentes extranjeros.

Ante la alternativa planteada en la nota de que se trata, queda claramente indicado para México el camino a seguir y que él mismo se ha trazado, de sujetar la apreciación del valor de las tierras, así como la forma de pago, a la decisión de un representante de cada parte, los que, en caso de desacuerdo, recurrirán a la intervención de un tercero nombrado en la forma sugerida, es decir, por la Comisión Permanente con sede en Washington, integrada por tres Agentes Diplomáticos Americanos de más antigüedad allí acreditados.

Y haciendo referencia a la sugestión contenida en la nota americana, de no hacer nuevas afectaciones si no se acompañan de un justo e inmediato pago, se hará conocer que ante la imposibilidad del Gobierno Mexicano de detener la aplicación de la ley agraria, por ser un mandato constitucional y una necesidad social y económica para México de realizar totalmente la reforma agraria, se limitará el propio Gobierno, en su caso, a someter a la decisión de los comisionados el pago de las indemnizaciones debidas.

Mi Gobierno juzga necesario llamar la atención al de Estados Unidos hacia la condición propuesta de un depósito previo con garantía de pago sugerida en la carta del Subsecretario Welles, de 29 de junio próximo pasado, por considerarla incompatible con la buena fe e inconfundible lealtad que debe presidir las estipulaciones de este arreglo; exigencia injustificada además, si se atiende a que entre nuestros dos gobiernos en el único caso (abril de 1934) en que llegó a fijarse los términos de una obligación pecuniaria para responder de los daños fijados por la Comisión Especial, mi Gobierno ha cumplido estrictamente en las condiciones pactadas.

México, manteniendo sus puntos de vista y respetando los aspectos de divergencia sostenidos por el Gobierno de Estados Unidos, se allana a facilitar este arreglo que el sentido práctico ha venido a imponer con el más sincero y amistoso propósito de dar por terminada esta discusión, que afortunadamente no ha llegado a enturbiar las buenas relaciones entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.

El mantenimiento de esta discusión aprovecharía sólo a los enemigos interesados y tradicionales de toda la inteligencia entre nuestros dos gobiernos, como lo demuestra la costosa, violenta e insidiosa campaña que en contra de México se sigue en los Estados Unidos y en la que se pretende ignorar que cada país tiene problemas distintos y medios diferentes para resolverlos y que sólo una elevada comprensión humana, histórica y social interpretaría el verdadero sentido de reciprocidad que debe presidir a una fecunda y sincera amistad entre las naciones, cumpliendo así con la obligación superior de ser fieles al pacto de solidaridad, cooperación y armonía interamericana sellado entre todas las Repúblicas de este Continente y renovada cada vez con mayor fe y decisión, no sólo en beneficio propio, sino en el de la comunidad internacional.

En relación con la expropiación de los intereses de las compañías petroleras, considero pertinente informar a Vuestra Soberanía que nuestros representantes diplomáticos o consulares han tenido que hacer valer los derechos de México en dos casos de embargo en el extranjero: el del barco tanque San Ricardo y el de un barco sueco que con gasolina procedente de nuestro país se dirigía al Havre.

El primer caso se trató en los Estados Unidos del Norte y el otro en Holanda, habiéndose fallado los dos en favor de México, por las autoridades judiciales competentes.

Ha sido altamente satisfactorio para la nación constatar que si en el aspecto internacional de la cuestión petrolera ha habido algunos contratiempos, también se han registrado numerosos actos de simpatía para México, y de solidaridad y de absoluta comprensión de la justicia con que el país ha procedido en este caso. Importaciones sectores del propio pueblo inglés han manifestado en diversas formas su apoyo al Gobierno de México.

Y en la Habana, Montevideo, Santiago de Chile y en otras muchas partes se han llevado a cabo públicamente actos o manifestaciones de simpatía a nuestro país, que debe sentirse honrado y agradecido por estas actitudes.

Es digna también de mención especial la conducta de millares de trabajadores mexicanos que se hallan fuera del país y que con toda solicitud aportaron su patriótica cooperación para el fondo de la redención económica nacional que se destina al pago de la deuda petrolera.

Para el mismo objeto se recibieron donativos de parte de elementos extranjeros.

Debo informar a este Honorable Congreso que es muy importante el informe rendido por la Secretaría de Agricultura y Fomento sobre el estado actual de la producción, que en su memoria dice:

Todo cambio en el régimen de la propiedad rural ocasionada en el período de transformación un abatimiento de la producción agrícola.

En México, a pesar de estarse realizando la Reforma Agraria de manera tan activa, su economía agrícola no se resintió notablemente, lo cual se demuestra al observar la líneas de los volúmenes de la producción.

Las cifras estadísticas que incluye dicha memoria muestran el aumento registrado en los más importantes productos agrícolas, correspondiendo las cifras más elevadas a 1936 dentro del docenio de 1925-1936.

La producción de maíz ha tendido ligeramente a disminuir en virtud de que parte de las tierras que se dedicaban a cultivos de este cereal se han aprovechado con otros remunerativos y también a que algunos campos propios únicamente para el cultivo del maíz han abandonado por los bajos precios que llega a tener este cereal debido al juego de los acaparadores.

Falta, por lo tanto, un control de la producción del maíz, que es uno de los cereales que en mayor escala se cultivan en la República, para que los campesinos logren la garantía que los mantenga en condiciones de costeabilidad.

Las dependencias respectivas ya ponen la merecida atención a este importante sector de la producción agrícola.

Se están terminando las elaboraciones de la estadística agrícola para los años de 1937 y 1938, sin embargo, la producción de trigo en 1938 se estima superará a la de años anteriores.

La producción de maíz en 1937 (según estimación preliminar del Departamento de Estimaciones Agropecuarias) superó en 27 millones de kilos a la del año anterior.

Las perspectivas de las siembras de 1938 nos permiten augurar un incremento notable en la producción con relación a la de 1937.

Por los informes del estado de los cultivos principales del país, se puede aseverar que la producción de los mismos conservará la tendencia al aumento, que se notó en el período 1935-1936, pudiendo asegurarse que en los años siguientes tendremos mayor producción como resultado de la activa campaña que viene desarrollándose en colaboración con los Gobiernos locales.

Las dotaciones de ejidos en el año de este informe ascendieron a 2,225, otorgando 4.428,520 Hs. en posesión definitiva para 211,649 ejidatarios, que sumadas a las dotaciones dadas con anterioridad hacen un total de 12,886 para 1.570,507 campesinos beneficiados con una extensión de 22.343,501 hectáreas.

El Gobierno Federal seguirá violentando la resolución de los expedientes agrarios a fin de satisfacer la necesidad de las tierras que tienen los pueblos, esperando este propio Ejecutivo que con la participación activa que están tomando los ciudadanos Gobernadores, se logrará en poco tiempo dar satisfacción a las solicitudes agrarias en todo el país.

El Ejecutivo Federal solicitó de la Honorable Comisión Permanente convocara al Senado de la República para el desconocimiento de los Poderes del Estado de San Luis Potosí, por haber declarado éstos roto el Pacto Federal, fungiendo en contra de los principios básicos de su Constitución Local al alterar la forma representativa y democrática, abdicando sus atribuciones en favor del predominio irresponsable y continuista de un individuo que se había arrogado la voluntad popular en la designación de los funcionarios, y el derecho de administrar los servicio públicos para satisfacer sus intereses personales y fomentar una labor en contra de la estabilidad de las Instituciones Revolucionarias.

Días antes del desconocimiento de los Poderes del Estado de San Luis Potosí, el ex General Saturnino Cedillo se había rebelado en contra de las Instituciones, tratando de arrastrar en su aventura a elementos de aquella Entidad a quienes quiso engañar con falsas aseveraciones, pero debido a la actividad de las fuerzas del Ejército Nacional, que desarrollaron una intensa labor de acercamiento con los pueblos, y de consideraciones para los mismos elementos comprometidos, fracasó este movimiento que sólo pudo inspirarlo la ambición personal y la falta de consideración para el país, en momentos en que la Nación se debatía frente a intereses extranjeros.

Congruente con la finalidad de arraigar en la conciencia pública la necesidad de un Gobierno de funcionarios responsables que tengan como norma el respeto a la Ley, la eficiencia en el desempeño de su cargo y la honestidad en el manejo de los fondos públicos, borrando toda situación de impunidad privilegiada frente al resto de los ciudadanos, se remitió a las Cámaras la iniciativa de Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, que previene el artículo 111 de la Carta Fundamental.

El Ejecutivo Federal formuló un proyecto de Ley del Seguro Social, que remitirá a las Cámaras para su estudio en el actual período, estableciendo el seguro para los riesgos más frecuentes en nuestras clases trabajadoras o económicamente débiles, como son los de enfermedad y riesgos profesionales, invalidez, vejez, maternidad y desocupación involuntaria, trazando un sistema razonable en la distribución de las cuotas y fijando también un régimen democrático y expedito para el funcionamiento de la Institución de Seguro Social, a cuyo cargo estará la vigilancia de este importante servicio de utilidad pública.

La iniciativa del Ejecutivo sobre el Estatuto Jurídico de los trabajadores a su servicio, se motivó en la necesidad de poner a salvo a los servidores del Estado de las contingencias electorales, asegurándose la estabilidad en sus cargos y sus ascensos, a base de eficiencia y honorabilidad, así como en la de garantizar sus derechos de asociación para la defensa de sus intereses, satisfaciendo así una vieja y justa aspiración de los empleados de Gobierno, recogida como compromiso durante mi gira electoral para la Presidencia.

El Estatuto fue puesto en vigor en las Dependencias Federales a efecto de que su aplicación diera la oportunidad de perfeccionar las omisiones que la iniciativa implicara.

Ya en mi informe rendido el primero de septiembre de 1937 ante este Honorable Congreso expresé que: ".... se formuló dicho Estatuto con la seguridad de que los factores que han de intervenir en su funcionamiento revelarán plena conciencia de sus obligaciones y de sus derechos; que sabrán cumplir con unos y ejercitar los otros en forma de leal colaboración y que las demás colectividades sociales interesadas en el mantenimiento del Poder Público, no tendrán que levantar su voz de protesta por las consecuencias que pudieran traer las conquistas que esta Ley consagra".

Y es todo lo anterior que el Ejecutivo a mi cargo se permite insistir ante Vuestra Soberanía, en el estudio y aprobación de dicho Estatuto.

El Gobierno ha delineado una política integral de población que comprende medidas para regularizar la permanencia en el país de los extranjeros y buscar su asimilación sin desplazamiento de los mexicanos; la repatriación y redistribución de los nacionales, así como la selección de los inmigrantes que anhelan asociarse al esfuerzo constructor del país.

Cumpliendo con un deber de humanidad, el Gobierno, a invitación del Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha brindado hospitalidad a los que demandan asilo en peligro de muerte por persecuciones radicales y políticas.

Mas no se ha procedido con precipitación y se espera el resultado de los acuerdos de la Convención Internacional de Evia, para evitar que al amparo de una generosa acogida, se burlen las disposiciones legales con perjuicio de los trabajadores y de la economía del país.

La Secretaría de Gobernación, con el propósito de definir situaciones irregulares de extranjeros ya residentes, está exigiendo a éstos que se dediquen a la agricultura, a la industria o al comercio de exportación, y que abandonen las actividades mercantiles interiores, de las que vienen desplazando a los nacionales; y al mismo tiempo, a efecto de evitar la congestión indebida en la metrópoli y en las capitales de los Estados, está organizando el registro de sus domicilios y ocupaciones.

La propia Secretaría cuida de que disfruten de garantías y estímulos los extranjeros que encauzan sus aptitudes hacia la producción agrícola e industrial y que no constituyen núcleos étnico, espiritual y socialmente impenetrables a las corrientes unificadoras de nuestra nacionalidad, ni antagónicas al movimiento progresista de la Revolución.

El informe detallado de las labores desarrolladas por cada una de las dependencias federales y el volumen de obras realizadas con las partidas que han ejercido, figuran en las memorias que por separado rinden los titulares de dichas dependencias.

En cumplimiento del propósito señalado por el Ejecutivo a mi cargo, de velar por la unificación de los campesinos del país, se dio cima el día 28 del mes pasado a la Asamblea Nacional a al que asistieron Delegaciones de las Ligas de Comunidades Agrarias de toda la República, habiendo quedado constituida la Confederación Nacional Campesina con la solidaridad de todas las Delegaciones.

México expresó su pública condenación de toda guerra de conquista o de invasión a la soberanía de los pueblos y fue precisamente buscando una fuerza superior y efectiva contra las guerras imperialistas y los bombardeos de ciudades abiertas que en el primer Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, se aprobó la celebración de un Congreso Mundial de Trabajadores, para llevar a la conciencia de las masas populares, la convicción de que la necesaria eliminación de las guerras imperialistas depende de la solidaridad de los trabajadores del mundo, patentizando así que su lucha social no persigue intereses mezquinos, sino el respeto a la vida humana, la supresión del acaparamiento de la riqueza, la violencia y la presión como sistemas de Gobierno, substituyéndolos por regímenes de igualdad y de fraternidad social y de dignificación del trabajo como exponentes de la verdadera cultura de los pueblos.

El Congreso Pacifista de todos los trabajadores libres del mundo, significará las más enérgica y universal reprobación de los falsos principios de libertad que se invocan para encubrir las finalidades especulativas de los capitanes de industria, que sólo piensan en la acumulación de riquezas y percepción de cuantiosas utilidades, mediante el apoderamiento de los recursos naturales y de las fuentes de riqueza de los pueblos débiles.

La reforma del artículo 49 de la Constitución Política del país iniciada por el Ejecutivo y aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, han venido a crear una situación de normal y equilibrado funcionamiento de los poderes quitando todo resquicio de dictadura al ejercicio de Ejecutivo y creando una verdadera garantía para el pueblo y para la sociedad.

Hay, sin embargo, en esta situación plausible desde todo punto de vista, un vacío que es preciso llenar para que las tendencias que se persiguen con esa reforma constitucional, no se vean defraudadas por el sentido negativo de algunos de sus efectos.