Part 2

De modo substancial fortaleceremos fiscalmente a los estados si éstos lo hacen a su vez con los municipios, aplicando criterios definidos de equilibrio regional.

Estas medidas serán complementadas con nuevos avances en materia de administración fiscal, informática, control y capacitación a empleados y causantes con el propósito de combatir la evasión, que no sólo perjudica al interés general, sino que pone en desventaja a quien sí cumple con su país.

Toca a la política de utilidades, precios, salarios y fisco, evitar el deterioro en la distribución del ingreso y controlar las presiones inflacionarias.

El delegar esta función en la restricción monetaria y crediticia no resuelve por sí sola el problema.

Da origen a la secuencia de freno y aceleración de la actividad económica que inhibe el crecimiento, genera desempleo y sólo aplaza la solución de fondo.

La importancia de la política propuesta, radica no tanto en el control específico de precios cuanto en lograr un acuerdo equilibrado sobre utilidades y salarios.

Por lo que atañe a lo primero, debe estimularse la reinversión de empresas productivas, restringiendo la distribución de dividendos para el consumo, a través de impuestos cuyo objetivo no sea el recaudar, sino abrir la opción a los empresarios de que sean ellos o el Estado quien invierta.

En cuanto a los salarios, deberán moverse en función del costo de la vida y de un código de incentivos, estableciendo índices indiscutibles de precios regionales por tipos de consumidores para proporcionar elementos confiables de juicio en las negociaciones respectivas.

Propondremos además un sistema para que los aumentos salariales acordados con las empresas por mayor productividad se canalicen parcial o totalmente hacia valores como los de participación en el capital del propuesto Banco Obrero Mixto de Inversión.

Adicionalmente se requiere un tratamiento más flexible de los precios que apoyen el desarrollo de la producción agrícola, para capitalizar además al campo.

Conviene, por igual, la ampliación y agilización del mecanismo costo - precio, generalizándolo a las empresas estatales, para evitar distorsiones en su estructura financiera.

Con la racionalización de los elementos básicos de costo, utilidades y salarios, podremos combatir la inflación y propiciar producción y empleo.

Apelaremos solidaridad responsable en esta materia.

El esquema habrá de completarse con un severo análisis del proceso de comercialización en el que participe el Estado y con políticas de estímulos diversos al uso eficiente de los insumos agrícolas, especialmente en áreas de temporal, en donde podría ser conveniente el subsidio orientado.

Habremos de apoyarnos siempre en la ley, modificándola cuando sea necesario; en la administración rectificándola cuando sea conveniente y en la programación conforme a presupuestos.

Para instrumentar las políticas que hemos expuesto, requerimos reorganizar la administración para organizar al país.

Aprovecharemos al máximo lo útil y garantizamos que nadie resultará afectado ni en sus intereses ni en sus derechos como empleado público o como usuario de servicios.

Algunas de las medidas que habremos de adoptar serán de aplicación inmediata, valiéndonos de la oportunidad de renovación que cada seis años se nos presenta.

Otras se instrumentarán a lo largo del mandato que habré de presidir.

Los fines que persigue la Reforma Administrativa para el desarrollo que habremos de emprender son: eficiencia y honestidad.

Como elementos de partida hemos propuesto la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, la de Presupuesto y Gasto Público y la de Deuda Pública; modificaciones a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el Convenio único de Inversión y Desarrollo con los gobiernos de los Estados, así como un conjunto de ordenamientos que permitan fincar responsabilidades y hacer más expedita la impartición de la justicia en materia agraria, laboral, administrativa y civil o popular.

Premisa que sustenta los procedimientos de toma de decisiones en un ámbito de responsabilidad compartida, es la instauración de un sistema nacional de información que la suministre de manera suficiente, confiable y oportuna y la maneje con eficacia en sus tres fases de captación, procesamiento y presentación.

Para optimizar la programación, mantendremos normatividad y control en el centro, aproximando las decisiones a los lugares de su ejecución, esto es, a partir de un conjunto de criterios sistematizados, descentralizaremos las funciones y desconcentraremos las acciones; acercándonos y estrechando nuestras relaciones para que nuestro cuerpo social, a semejanza de los organismos vivos, se recree continuamente y habiendo concordancia entre el todo y sus partes, exista en armonía.

Por medio de la Ley Orgánica de la Administración, se asientan los cambios que reclama la estructura sectorial y se reordenan por funciones las Secretarías de Estado a fin de contar con la organización y los instrumentos idóneos para realizar el Programa de Gobierno.

Las entidades paraestatales se regulan unitariamente y se coordinan con la Secretaría del Ramo de su más inmediata competencia; las empresas públicas se agrupan dentro de un mismo sector con objeto de buscar el apoyo sistemático y la complementación de unas a otras.

La planeación particularmente importante en los momentos actuales, exige una nueva estructuración del gasto público, y su financiamiento, así como procedimientos aptos para evaluar y vigilar su aplicación.

La Iniciativa de Ley del Gasto Público desarrolla los presupuestos con orientación programática ampliando las disposiciones de la vigente Ley de Egresos.

Se incluye en ella los recursos del gobierno federal, los descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos constituidos por el sector público.

Se comprenden todas las erogaciones, incluyendo la inversión física, la financiera, el gasto corriente y la deuda pública; se introducen cambios que liberalizan y agilizan la ejecución del gasto responsabilizando a las entidades encargadas de los programas y proyectos.

Se tiende a descentrar el presupuesto para apoyar la regionalización.

Por la simplicidad de operación, al eliminar controles previos y establecer métodos de evaluación de resultados se garantiza el conocimiento a tiempo del desarrollo de los programas y sus rendimientos económicos y sociales.

Una sola Secretaría se encarga de programación, presupuesto y gasto público.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda persiguen como propósito fundamental fortalecer la facultad que el Congreso tiene de verificar con amplitud el ingreso y el gasto público; revisar que el presupuesto se cumpla; precisar la justificación, utilidad y honradez con que se realicen las erogaciones; aplicar, en su caso, las disposiciones sobre responsabilidad de funcionarios públicos y efectuar con amplitud el examen de la cuenta pública y las investigaciones, visitas y auditorías conducentes.

De este modo, la representación nacional acataría plenamente su función de órgano supremo de fiscalización, los representantes del pueblo de México asumirían la responsabilidad cabal y la facultad suprema de cuidar la aplicación recta y ordenada de sus recursos, fortaleciendo así la división de poderes.

No estaría completo este conjunto de leyes si no se propusiese un instrumento de regulación del endeudamiento público.

Este proyecto de ley propone un tratamiento de la información que no sólo garantice el escrupuloso conocimiento de todos aquellos elementos que caracterizan los compromisos del sector público que habrán de traducirse en deuda, sino que permita su adecuado uso y control pertinente.

En la actual coyuntura económica esto tiene un significado de suma trascendencia.

El sistema que la ley propone facilitará, además, un acceso ordenado a los mercados de dinero y de capitales, a fin de obtener mejores condiciones para la contratación y negociación de financiamientos.

De este modo, con el programa y el fortalecimiento de la estructura productiva en general, será posible hacer manejable la deuda pública de tal modo que constituya un apoyo y no un obstáculo para nuestro desarrollo.

Como consecuencia de este esquema y de los convenios que con los estados fincaremos en razón de que se comparten objetivos y metas para servir a la misma población, coordinaremos esfuerzos, concertaremos acciones y evaluaremos resultados.

Así lograremos un decisivo fortalecimiento del pacto federal y por ende del régimen de democracia participativa que deseamos.

Con objeto de armar con sencillez los diversos programas que constituyen el plan de gobierno, los hemos agrupado convencionalmente en grandes sectores según el tipo de acciones que se realizan y que traducen nuestras aspiraciones y su porqué, en objetivos concretos que dan rumbo y razón a la actividad clasificada en cada uno de aquéllos.

Esto permite que el conjunto de objetivos que emergen de la misma fuente de doctrina, sean consistentes entre sí y al final confluyan al mismo centro, como en el principio.

A su vez los objetivos, que explican el para qué de nuestro actuar, dan origen a un cuerpo de metas y estrategias que nos marcan cuándo, dónde y cómo manejar nuestros recursos humanos, físicos y financieros para lograrlos.

Hemos de insistir que la participación popular es presupuesto esencial en el que se finca el plan global en su conjunto, no sólo en su diseño y ejecución, sino lo que es más importante en su evaluación, es decir, en la comparación permanente de lo que hacemos y lo que queremos, de lo que nos proponemos y lo que obtenemos; porque queremos medir no intenciones, sino acciones, no propósitos, sino resultados.

Nuestra pretensión de evaluar permanentemente nuestros actos y sus efectos busca adoptar, sin interrumpir la marcha ni disminuir el ritmo, las medidas de ajuste que nos permitan rectificar la táctica y recuperar el camino que nos hemos trazado para alcanzar los grandes propósitos nacionales.

Esto demanda el establecimiento de mecanismos de comunicación permanente que posibiliten la relación directa y continua entre representantes y representados y la limpia autenticidad de la representatividad política dentro de nuestra sociedad plural, libre y abierta, como vía para legitimar y dar valor genuino a la vida de nuestra República y sus instituciones.

Por estas razones también es preciso otorgar vigencia plena al ejercicio de nuestro derecho a la información, donde los medios modernos de comunicación social tienen el alto deber de merecer su libertad de expresión, expresándose con verdad y haciéndolo con responsabilidad, respeto y oportunidad.

Ante las recurrentes crisis mundiales de escasez de alimentos -la última fue en 1973-, el primer objetivo que nos hemos propuesto es alimentar a nuestro pueblo.

Esto significa que en materia agropecuaria y de pesca podamos abastecer la demanda de alimentos y materias primas que vienen del campo o del agua para ser autosuficiente y generar los excedentes necesarios para conformar existencias reguladoras y permitirnos exportar cuando convenga; esto también implica que seamos capaces de inducir la organización de los productores, que son quienes con sus manos y su fe hacen producir la tierra, brindándoles a ellos las condiciones indispensables para una vida digna y llevadera, lo que nos obliga a generar empleos en el campo y garantizarles los niveles mínimos de existencia y la redistribución proporcional que aún ahora en muchos sitios se les niega.

Para completar el ciclo debemos también organizar el consumo, distinguiendo el básico del suntuario y atendiendo no sólo a la estructura inerte de la demanda, deformada frecuentemente por hábitos anacrónicos o por intereses de lucro, sino a la manera de modificarlo para consumir lo que estamos en posibilidad de producir.

La suma de acciones ordenadas y coordinadas dará contenido actual a la Reforma Agraria y cobertura en su doble responsabilidad de producir con suficiencia y hacer justicia a los trabajadores todos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y a esa población creciente, la de los jornaleros que prestan sus servicios a sus propios compañeros, factores ambos de la producción.

Con todo realismo, con la ley en la mano y sus posibilidades de modificación en la mente afrontaremos los extremos críticos del problema: limitaciones reales de reparto, latifundismo, minifundismo inversiones, improductividad, rentismo y simulaciones, vocación de la tierra.

Me niego caer en las trampas de la ilegalidad o la de los recíprocos aniquilamientos.

La Revolución Mexicana tiene suficiente dinamismo para superar dialécticamente los conflictos mediante fórmulas que compatibilicen seguridad e eficacia con justicia.

Está en nuestro imperativo nacional enriquecer el lúcido manantial de nuestro agrarismo.

La Reforma Agraria es México y seguirá nutriendo al país y a su hambre de justicia.

Sin abandonar los esfuerzos en las zonas de riego altamente productivas, estableceremos distritos de temporal para proteger y enriquecer el recurso renovable que es la tierra estimulando además investigaciones científicas, técnicas y sociales y las inversiones necesarias para aprovechar mejor nuestros trópicos.

En una sola Secretaría manejaremos tierra y agua como núcleo del sector.

A la de la Reforma Agraria la reforzaremos con los tribunales agrarios.

Reiteramos que íntegra la administración pública con el Presidente a la cabeza, abocará con ímpetu su acción denodada al ámbito rural.

Retomar la rienda de los acontecimientos en la hora actual significa proceder con austeridad, no como un estilo, una moda o una disciplina coyuntural sin destino, sino como una forma de vida que nos permita encontrar un equilibrio estable y duradero. Esto es aprovechar racional pero intensivamente todos nuestros recursos y particularmente los naturales.

Hemos de estar en condiciones de salvaguardar nuestra integridad nacional en el territorio y en nuestros mares ya no sólo como defensa de lo propio, sino como reserva generosa de la tierra que reclama el ingenio de sus hombres para disfrutarla justamente, sin romper el equilibrio que la naturaleza entraña, y que tiene límites que ya en ocasiones hemos rebasado sin remedio por ignorancia o egoísmo, o por afanes desmedidos de falsa riqueza.

El balance que buscamos entre la exploración, la explotación y la exportación, de nuestros hidrocarburos obedece a esta máxima.

Garantizaremos al pueblo de México la disponibilidad de energéticos.

Tenemos hidrocarburos suficientes para afirmar su participación preponderante en el desarrollo industrial y en logro de los objetivos nacionales.

Nuestra obligación con las futuras generaciones nos conduce a mejorar el uso que hagamos de los energéticos no renovables, particularmente petróleo, gas y carbón, mientras llegan las técnicas que revolucionarán el porvenir: el átomo, la energía solar y la geotermia.

Requisito de la sobrevivencia en nuestro tiempo es el asimilar los avances de la ciencia y la técnica a todos los campos de la actividad humana; pero sobre todo en aquellos que son prioritarios para satisfacer las premisas del modelo de país que queremos construir y del perfil de mexicanos que queremos ser.

Hemos de advertir que sólo regulando el flujo de modos y máquinas de producción con objeto de adaptarlo a nuestra manera de ser y de hacer, podremos aprovechar las experiencias ajenas sin menoscabo de nuestra independencia y detrimento de la propia capacidad creadora.

Esta es la autodeterminación tecnológica que perseguimos.

De la gran industria demandaremos la abundancia que nos permita la promoción de proyectos que utilicen la mano de obra disponible.

Estimularemos de modo especial la agro - industria, la minería y la siderurgia brindando apoyo solidario a los pequeños y medianos industriales y mineros.

Nos proponemos integrarlas verticalmente mediante acciones concentradas, impulsar la generación y distribución nacional de tecnología, estimular la creación de empresas de ingeniería; utilizar más eficientemente la capacidad instalada y perfeccionar los procedimientos de otorgamiento de crédito y de participación de capital en nuevas empresas, orientadas a la creación de empleo, generación de divisas, destino de la producción y uso de técnicas, equipos y materias primas nacionales.

Para todo esto superaremos la política simple de sustitución de importaciones por programas de ramas integradas verticalmente.

Una Secretaría especializada se dedicará con exclusividad al sector industrial.

El control de la inflación y el mejoramiento de nuestra balanza comercial con el exterior, son, a corto y mediano plazos, factores determinantes del futuro de nuestra economía.

El comercio puede ser una de las llaves maestras para convertir nuestras necesidades sociales en demandas reales, para estimular y orientar la producción que garantice la disposición oportuna de los bienes social y nacionalmente necesarios, para combatir el consumo suntuario y el dispendio, para acercar a los productores y consumidores a través de operaciones justas y transparentes, reduciendo costos y adecuando utilidades a los servicios reales que se presten; para que todos puedan vender y comprar mejor, sepan qué y cómo hacerlo y se erradique el abuso y la especulación.

Ello entraña el compromiso del Gobierno a proteger los ingresos reales de las clases populares y combatir las alzas monopólicas y abusivas de precios, mediante la intervención necesaria, ya con actos de autoridad o bien operando en los márgenes respecto de distribución y comercialización y proporcionando además los servicios de información, orientación y estímulo convenientes.

Es necesario comprar mejor lo que tenemos que importar; importar sólo lo que convenga realmente a la economía y a la sociedad nacionales y vender mejor, con habilidad, lo que exportamos, a mercados más amplios y diversificados.

La actividad comercial será atendida en forma unitaria por una sola Secretaría de Estado.

El Turismo, es un corto plazo, debe constituirse en importante y urgente fuente de divisas.

Impulsaremos de modo fundamental esta actividad.

Hemos revisado la estructura administrativa y los problemas que entraña la falta de concepción turística integral y de coordinación de propósitos.

Nos referimos tanto al turismo extranjero como al interno, parte del cual debemos considerar como una prestación del derecho del trabajo.

La recreación a la que todos debemos accedernos ha de permitir modificar actitudes pasivas y de simples espectadores para convertirnos en actores conscientes, capaces de apreciar que el valor del esfuerzo colectivo es superior a la simple agregación de las acciones individuales y que tiene vigor inquebrantable porque es el aliento imperecedero del poder popular donde todos somos protagonistas principales de la cultura, si por ella entendemos el cultivo del hombre por sí mismo y la imagen que de sí y de su tiempo crea y hereda convirtiéndonos en hacedores de la historia.

Supuesto el mejoramiento social y económico, el mejoramiento cultural renovado es la culminación de la democracia.

El mundo moderno es comunicación e intercambio y la expresión más acabada de su condición es la libertad de tránsito y la disposición de los medios que la hacen posible, con lo que se constituye un servicio fundamental para todas las actividades del desarrollo económico y social completo y equitativo.

De ahí la concepción dinámica de las comunicaciones y los transportes con que habremos de impulsar no sólo la infraestructura para sostenerlos, las inversiones para completarlos y la operación eficaz y recta del sistema, sino todas las actividades de apoyo con que a su vez los demás sectores pueden fortalecer a éste, particularmente la industria nacional que debe producir equipos, partes y materiales para darnos suficiencia, así como la capacitación funcional de quienes aquí cifran sus anhelos y prestan sus servicios.

El beneficio de este sector debe extenderse a todo el ámbito de la nación, para acabar con el aislamiento de muchos compatriotas; para crear a México y creer en él como un cuerpo erguido y vigoroso; para ir y venir; para llevar el mensaje de solidaridad a todos los hombres de nuestra patria y para abrir al mundo nuestra vocación mestiza por su raza cósmica.

Propongo como el primer servicio al que se obliga el estado mexicano, el educativo, concebido como el medio más eficaz para transformar la energía potencial que reside en la entraña misma de los pueblos, en fuerza motora del progreso compartido en armonía y equidad.

Por ello reitero que para ser socialmente justos, no es la revolución la que debemos volver a inventar, sino la educación la que tenemos que recrear todos los días.

A los maestros de mi Patria ha correspondido en el pasado y corresponderá en el porvenir, despertar la emoción y alertar la inteligencia para dar razón de ser a nuestra identidad como Nación.

El proceso continuo a lo largo de la vida de enseñanza- aprendizaje es el que permite que podamos aportar siempre y cada vez lo mejor de nosotros mismos para alcanzar el bienestar común y elevar así nuestra existencia al rango de convivencia humana.

Incrementaremos el impulso hasta ahora dado a la educación para que por sus propios caminos se vincule de manera indisoluble con la estructura productiva del país para elevar su productividad y servir a los demás sectores de actividad en la ejecución eficaz de sus programas.

No quisiéramos ver lo que con frecuencia lamentamos: el divorcio entre las metas del desarrollo, los programas de educación, especialmente la superior y la planta productora del país.

Reforzaremos la estructura de generación y transmisión del conocimiento en sus tres vértices: la investigación, docencia y difusión.

Concebimos el financiamiento de la educación, más como una inversión que como un gasto, es por eso que habremos de buscar nuevas formas de agenciarnos recursos y crear patrimonios para la educación.

Consideramos, además, que quienes hemos recibido el servicio educativo, de alguna manera debemos contribuir a convertir el privilegio en beneficio colectivo que a todos alcance.

Coordinaremos nuestros esfuerzos con los de los Estados, tanto para aprovechar mejor los recursos de toda índole, como para no vulnerar su estructura presupuestal.

Educar para la vida, en gran medida es educar para el trabajo, de ahí que la política de empleo reconoce la obligación social de capacitar a cada posibilidad de trabajo para que, con esa seguridad, pueda satisfacer sus necesidades básicas.

Así debemos proyectarla.

Pugnaremos por fortalecer el derecho al trabajo y por respetar y enriquecer el derecho del trabajo; impidiendo que los salarios dependan ciegamente de la oferta y la demanda, desfavorable en un país en el que hay exceso de mano de obra y luchando porque sean el resultado de la productividad y de nuestro imperativo de justicia.

La política de empleo que interprete fielmente estas ideas es la que dará presencia y consistencia a la alianza para la producción.

Reitero ahora mi fe sindicalista y mi vocación para servir a los trabajadores de México en los justos procesos de democratización por los que aspiran a vivir cada vez mejor.