Chapter 4

Sabemos que la legislación mercantil está claramente rebasada por la realidad económica del país.

Por ello, el año pasado anuncié que el Gobierno a mi cargo prepararía proyectos para agravar las penas y configurar nuevos delitos contra la economía popular, conscientes de que las exhortaciones reciben respuestas de los sectores responsables y burlas de los sinvergüenzas de siempre.

Informo hoy que ya enviamos a este Honorable Congreso de la Unión iniciativas de ley para reformar diversos preceptos jurídicos, para hacer más severos las sanciones contra los monopolistas y para quienes acaparen, oculten o nieguen la venta de los artículos de consumo necesario o de las materias primas requeridas para elaborarlos, paguen con multas de 2 mil a 250 mil pesos y con 2 a 9 años de cárcel.

Se establecen penas similares para quien revenda a un organismo público, a precios de garantía, productos agrícolas adquiridos a precio menor.

Los precios de garantía son para beneficiar a los campesinos, no para enriquecer a los intermediarios.

También he enviado a esta representación el proyecto de sus reglamentos y, adicionalmente, una iniciativa de reformas a la ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, para concederle, entre otras facultades, la de fijar bases o sistemas para la captación o distribución de artículos de consumo generalizado y elevar la cuantía de las multas por infracciones o incumplimientos.

Estamos plenamente conscientes que no es lo ideal controlar los procesos comerciales con el Código Penal.

Nuestra acción no está dirigida contra los comerciantes sino contra los agiotistas, los acaparadores, los traficantes parásitos que se enriquecen, hasta ahora impunemente, con la miseria del pueblo y con los esfuerzos que hace el Gobierno para remediarla.

Es importante destacar que buena parte de las presiones inflacionarias sobre bienes, servicios y precios, se están importando de los países desarrollados, o se causan por la atracción de precios más altos en ellos prevalecientes, como en el caso de Estados Unidos, con el que tenemos el 70 por ciento de nuestras relaciones de intercambio.

Tenemos que hacer comparaciones, no para consolarnos torpemente, sino para tomar nivel y fortalecer la confianza.

En una de las ciudades americanas más grandes del mundo, la semana pasada, un kilo de frijol, se cotizaba a 53 pesos; uno de azúcar, a 33; uno de carne, a 176, y un litro de leche a 14 pesos.

Si la comparación la hacemos con base al costo de un litro de gasolina regular para coche, tenemos que en Estados Unidos es hasta de 6.30 pesos; en Alemania, de 12.30; en Francia, de 14.10; en Suiza, de 15.70.

La equivalente en México cuesta 2.80, menos que la mitad que en Norteamérica y 6 veces menos que en Europa.

Claro que hay también diferencias de ingresos; para que valga esta reflexión, por lo menos para la remisión de culpas; pues hay simplismos que imputan la inflación al dinero circulante derivado del gasto público o al aumento de salarios; a la falta de agresividad de las empresas públicas o al crédito privado; a la falta de producción agrícola o la ignorancia, según la teoría de la que provienen: estructuralista, monetarista, marxista psicologista, sociologista, neokeynesiana, malthusiana.

En épocas de inflación, las teorías sobre ella experimentan también un fenómeno inflacionario.

Lo cierto es que es consecuencia de la conjunción de varias causas severas.

Lo que no se vale es convertir el argumento o la teoría en pecado, para condenar al demonio de su predilección.

Así se satanizan las sociedades y acaba por vivirse en el infierno,

Sean las causas y explicaciones que fueren, la inflación, enfermedad antes endémica y ahora epidémica de la economía, entendida como proceso sostenido y generalizado de desproporción entre una oferta insuficiente y la demanda, que se traduce en alza constante de precios y en la carrera de éstos con los salarios, concentra la riqueza por la revaluación continua de los bienes materiales; desalienta el ahorro; deteriora el sistema de tarifas y subsidios y, sobre todo, crea reticencias y tensiones sociales, luchas de todos contra todos que retroalimentan y catalizan el proceso.

Que no hay recetas garantizadas, lo sabe un mundo que se debate, desde hace 6 años, por erradicarla.

Nosotros estamos haciendo esfuerzos para controlarla domésticamente.

Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, además, afuera, en la modestia de nuestra significación, para evitar el contagio que se trasmite de los fuertes a los débiles.

Para nuestro país, todavía con carencias, es injusto combatir la inflación, impidiendo que aquéllas se conviertan en demandas, o reprimiendo éstas.

Se tiene que actuar por el lado de la oferta, aumentando los satisfactores básicos.

Si esto no lo puede hacer la estructura establecida, lo tiene que hacer el Estado, consciente de que en momentos como los actuales la producción de estos bienes es lenta, comparada con su demanda, que existe con sólo expresarla.

Nuestras ventas para cubrir las compras que hicimos en el exterior han aumentado, con lo que se reduce el déficit de nuestra balanza comercial a la cuarta parte de lo que era en 1975.

Las mayores importaciones fueron bienes de producción, debido a la reactivación de la economía.

Esto es importante; nuestra política no es de simple compra venta para generar superávit externo sin de aprovechamiento de las divisas para crecer más, con una mejor estructura y menor inflación.

No hay que rechazar, indistintamente, las importaciones, sino su composición cuando es errónea.

Con tal propósito, se ha emprendido un proceso gradual y selectivo de sustitución del permiso previo por el arancel.

En el periodo que cubre este Informe, de las 7 mil 600 fracciones de la tarifa de importación, unas 5 mil no requieren ya de permiso previo.

Se ha fomentado la exportación mediante el otorgamiento de estímulos, con el fin de perseverar y mejorar la competitividad de los productos mexicanos en el mercado internacional y de incrementar nuestra participación en él con nuevos productos que no hayan explorado este campo, por desconocimiento o por falta de facilidades, ya que actualmente nuestras ventas se concentran en una docena de sitios y en pocos exportadores.

Porque estamos organizando nuestra economía hacia la exportación, estudiamos los posibles beneficios de una eventual adhesión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como el GATT.

Para ello, se iniciaron gestiones, conjuntamente con las partes contratantes, para definir sus condiciones y conveniencia; gestiones que a nada nos obligan.

Quisimos ver, no sólo las muy conocidas y trilladas desventajas, sino también evaluar las ventajas que dicha adhesión nos reportaría a la luz de dos objetivos fundamentales: obtener, mediante la eliminación o reducción de barreras al comercio, que afectan la exportación de nuestros productos, la apertura de mercados extranjeros, para producciones actuales y potenciales, e influir y participar en la redefinición de las reglas del comercio internacional.

México debe hacerse escuchar y, por eso y para preservar sus legítimos intereses, estuvo presente en el foro de las negociaciones comerciales multilaterales.

Expresamos nuestro deseo de que se afinaran los planteamientos que hicimos, personalmente, en la ronda de Tokio de 1974; esto es, considerar la situación de los países en desarrollo que, por no ser iguales a los desarrollados, tienen necesidad de modalidades especiales de trato en materia de comercio, para consolidar su desarrollo, pues la simple liberación sería perjudicial.

En ningún momento otorgaríamos concesiones en el campo arancelario que sean superiores a las de otros países en condiciones semejantes.

No se trata de paralizar nuestro desarrollo ni de entregarnos a intereses extranjeros.

Turismo

Se trata de vigorizar nuestro intercambio con el exterior, no sólo de bienes y servicios, sino favorecer también el acceso de personas, con fines de descanso y desarrollo físico y cultural.

Esto se logra a través del turismo que, además de ingresar divisas, genera abundante empleo, directa o indirectamente.

Los resultados registrados en 1979 por la actividad turística son alentadores, en términos de afluencia y gasto.

Durante el periodo que abarca este informe, se estima que se han internado al país más de 4 millones de turistas, siendo ésta la cifra anual más alta que se haya registrado, lo que generó, incluyendo ingresos por transacciones fronterizas, casi 64 mil millones de pesos.

Los sectores público, privado y social han unido sus esfuerzos para generar la oferta que el país necesita.

Los detalles podrán consultarse en los anexos.

La oferta turística nacional es amplia y generosa y estamos ciertos de que sabrá aprovechar nuestros valores culturales, artísticos y naturales.

Decidimos implantar el régimen de estímulos fiscales a la inversión privada en turismo, que supera el obsoleto sistema dado tradicionalmente a la hotelería nacional sobre sus inmuebles.

Se han otorgado facilidades, para que los prestadores de servicios, adquieran sus insumos sin intermediarios; se ha regulado la clasificación hotelera, protegido y dado seguridad a los turistas y sus alimentos y capacitado a los recursos humanos.

En su oportunidad, enviaremos también un nuevo proyecto de Ley Federal de Fomento al Turismo y su reglamento respectivo.

Decidimos implantar el sistema nacional de vacaciones escalonadas entre los empleados del Gobierno, mediante la programación de su tiempo libre lo que ha dado positivos resultados.

Para hacer realidad el derecho a la recreación, complementario del derecho al trabajo, ha sido constituido el Fideicomiso de Turismo Obrero, que ha incorporado diversas instalaciones y ha instrumentado mecanismos de promoción institucional, orientados a organizar la demanda y crear la oferta popular y social.

En un país que se reconoce, como el nuestro, fundado en el trabajo, único generador de la riqueza pública y, a través de sus retribuciones en salario y prestaciones, factor fundamental de su distribución, el desempleo y el subempleo son dos de los aspectos más graves de la injusticia social.

En la última década se había ensanchado la brecha entre la población que crece explosivamente y el empleo.

No podemos ni debemos permitir que haya mexicanos -jóvenes o viejos, hombres o mujeres; en las ciudades o en el campo- que estén en capacidad de trabajar y que no lo hagan, que busquen trabajo y que no lo encuentren o lo encuentren a medias, para medio comer y mal vivir.

Trabajos

Nos proponemos, de aquí a 1982, acabar con los aspectos más agudos del problema y sentar bases firmes, para que el país, en un futuro cercano, no tenga carencias en lo que toca a fuentes de trabajo.

Ahora, con la acelerada inversión pública y privada, la desocupación en las principales ciudades del país, muestra una clara tendencia a disminuir.

Los indicadores de seguridad social, registran que en el último año el empleo industrial creció a una tasa de nueve por ciento.

Hace poco era negativa.

El objetivo de la consolidación es mantener, por lo menos, ese incremento en los próximos meses, para aumentarlo mucho más al final del Régimen.

No obstante, vivimos en una etapa de desarrollo en la que se manifiesta una absurda paradoja; hay demanda de empleo no satisfecha y, a la vez, en todas las actividades como pesca, marina, servicios especializados y oficios industriales, hay demanda de trabajo calificado, que tampoco se satisface. La clave para descifrarla es la capacitación.

Rige ya la legislación que la hace obligatoria.

El estado cuenta con los organismos y sistemas de operación necesarios.

Lo que el país exige ahora es que los factores de la producción lleven a cabo un especial esfuerzo y, con base en la ley, realicen un vasto programa de adiestramiento de los trabajadores.

Las organizaciones obreras y el sector empresarial deben concertar sus acciones con las de las autoridades públicas.

Sería absurdo que la incapacidad de nuestra mano de obra se convirtiera en limitante de nuestro crecimiento.

A todos los conviene capacitar.

Es la mejor inversión.

Veámoslo así y no como una carga.

Si es urgente y prioritario aumentar las fuentes de empleo y adiestrar mejor a nuestros trabajadores, también lo es aumentar y defender el poder adquisitivo del salario obrero.

Por ello seguimos fortaleciendo las tiendas sindicales y el fondo para apoyar, mediante crédito barato y oferta organizada, las compras de los trabajadores.

Son las condiciones económicas de cada empresa las que han de servir para determinar en qué proporción es posible incrementar los salarios relativos.

En las ramas en que ha sido posible, ha habido aumentos que, por comparación, son considerablemente más grandes que los alcanzados en otras.

De ahí que la mayor eficiencia sea un esfuerzo indispensable de equidad para los trabajadores y de beneficio para el país.

De la relación entre precios y salarios depende el grado de bienestar a que se tenga acceso, las posibilidades mínimas de crecimiento autosostenido y, en suma, la paz social.

Con la inflación se rompió esa relación.

Se trata ahora de restablecer el equilibrio.

Muchas de las acciones que en este Informe se mencionan llevan ese propósito: mayor producción; mejor comercialización, subsidios cuantiosos al consumo, productos básicos, compromisos para moderar precios, ajustes fiscales, legislación penal y otros más.

Hay sin embargo, un fenómeno extendido en todo el mundo y que también aquí se presenta.

Se acepta como fatalidad que los precios de los insumos aumenten, que el precio del dinero se incremente.

Pero se cuestiona y discute que los salarios crezcan. La mejor manera de salir de esas elucubraciones maniqueas es con mejores modos de producción.

Si nos resolvemos, de una vez por todas, a complementar la lucha antiinflacionaria, con un compromiso nacional de productividad, todos estaremos luchando por tener salarios remuneradores y más justos.

Los aumentos salariales para que sean reales y no ilusiones, deben corresponder a las posibilidades de la economía.

Obedeciendo este principio, el Ejecutivo a mi cargo ha decidido incrementar las percepciones de los trabajadores al servicio de los tres Poderes de la Unión, del Departamento del Distrito Federal y de los miembros de las Fuerzas Armadas a partir de esta fecha, en la siguiente forma:

Sueldos hasta de 15 mil pesos mensuales, 13.5 por ciento; mayores de esa suma, dos mil 25 pesos por plaza y por mes.

A partir del 1 de enero de 1980, se pagará a trabajos especiales y a quienes no la tengan todavía, una prima por quinquenio de servicios prestados.

Los haberes de retiro, cuotas adicionales a veteranos de la Revolución, pensiones militares, civiles y de gracia, comprendidos entre mil 200 y mil 365 pesos, se aumentarán en 675 pesos mensuales.

Los trabajadores de organismos y empresas de participación estatal cuyos sindicatos se encuentren afiliados a la Federación de los del Estado, disfrutarán de un seguro de vida idéntico al que tiene los trabajadores del Gobierno central.

De igual modo se procederá con los trabajadores en lista de raya.

Nuestra determinación es mejorar a nuestros trabajadores al máximo posible, lo seguiremos procurando.

La práctica de fijación de salarios mínimos, a partir de la aplicación de porcentajes dados, en vez de favorecer la equidad ahonda las diferencias entre el medio rural y el medio urbano, así como entre las diversas regiones económicas del país.

De ahí la adopción de una nueva política que nos ha permitido igualar, en los dos últimos años, los salarios mínimos de los trabajadores urbanos y del campo, en quince zonas del país y disminuir la diferencia entre las restantes.

La medida arraiga al hombre a su tierra para no convertirlo, por causas laborales, en emigrante.

También debemos considerar que no es sólo, a través de aumentos salariales, como podrá lograrse que avance el bienestar de nuestros trabajadores.

El Gobierno de la República lo intenta en todos los órdenes y por todos los medios.

Uno de los más eficaces es vigilar el estricto cumplimiento de la ley.

Someteremos en breve, a este Honorable Congreso, modificaciones sustanciales en materia procesal y de garantías laborales.

Se otorgó la concesión para que el Banco Obrero funcione como institución de banca múltiple.

De esta manera, los recursos de los trabajadores y de sus sindicatos, podrán destinarse a operaciones crediticias que promoverán su bienestar y el del país entero.

Los trabajadores podrán hacer con su dinero lo que ya hacen con su trabajo: servir a México.

Estamos decididos a promover la organización social para el trabajo, principalmente de sociedades cooperativas.

Su desarrollo será capaz de absorber parte importante de nuestra población desocupada.

Estamos preparando el plan de acción que habrá de seguirse de 1980 a 1982 y la legislación constitucional en la materia, que cada vez es más necesaria.

Hemos defendido y seguiremos defendiendo -es nuestro deber-, el derecho que la Constitución concede a los trabajadores para acudir a la huelga.

Su lucha forma parte del proceso que rige nuestro desarrollo social y económico; su expresión; por las condiciones de nuestra economía, es frecuente y cotidiana.

Tal vez haya circunstancias en las que pueda decirse que la huelga es el último de los recursos de los trabajadores.

En un país democrático como el nuestro, sin embargo, queremos, en función del centro de trabajo y del interés general, que el primero y último recurso de los trabajadores sea siempre la razón.

Los conflictos, ciertamente, no se han eliminado, pero sí confinado al orden lógico de la dinámica social.

Se persiguen intereses que muchas veces entran en pugna; que habrá de resolverse no por eliminación del contendiente, sino anteponiendo siempre, a cualquier otro, los intereses de la Nación.

Salud y Seguridad Social.

Explicablemente, por la irritación y el descontento que causa la inflación , minusvalizamos el enorme esfuerzo del país para seguir cumpliendo sus deberes sociales, abatir los rezagos y atender los incrementos.

Ese dividir la calificación del presente entre lo que del pasado nos lastra y del porvenir nos reta, es no fijar la atención en lo que se hace, aunque esfuerzo, resultado y costos sean altos.

Siempre la inconformidad tiene el atractivo del desahogo y la notoriedad.

Desdeñar por el reflejo en el juego de espejos de la denuncia, los actos ajenos y empedrar el camino con las intenciones propias, es trastocar por vigas, las pajas.

Ocasiones como ésta, propician también la celebración de lo que hemos podido hacer, no con trompetas triunfales, pero tampoco con lúgubres plañideras.

No para dormir sobre laureles ni para desvelarnos por la angustia, simplemente para ver el panorama completo.

Superar la ancestral marginación social es la tarea más urgente de la Administración en su conjunto y del Estado como Nación.

El sistema de trabajo coordinado, puesto en marcha al inicio del Régimen para atender a los mexicanos más pobres del medio rural, ha permitido que los recursos canalizados a su desarrollo económico y social lleguen a 11 mil millones de pesos, que alcanzarán a beneficiar a 4 millones de habitantes de las zonas marginadas.

Al finalizar este año se habrán creado alrededor de 100 mil empleos permanentes y organizado a 100 mil productores de estas zonas.

El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, opera ya en 120 regiones deprimidas de las 31 entidades federativas y abarca un total de 987 Municipios, con una inversión de más de 7 mil 200 millones de pesos, 28 por ciento más que en 1978. Y lo que es más significativo, estamos rompiendo el vicio operacional que condenaba a estos grupos a recibir sólo los servicios y las obras que, aisladamente, las entidades especializadas tenían a bien llevarles.

A partir de hoy se ponen en operación 890 unidades médicas rurales en otras tantas comunidades, que llegarán a 2 mil en los próximos meses, a lo que se sumará la operación de 52 clínicas para extender la cobertura de salud a 10 millones de habitantes hasta ahora desatendidos.

Este es el mayor esfuerzo que, de una sola vez, ha cumplido el sistema para atender este problema elemental de justicia social.

Esto ha sido posible a través de un nuevo programa, en el que los servicios se prestarán en las áreas y en razón de la desprotección; con la independencia de que los beneficiarios estén, o no, afiliados, por causa de su trabajo, a los institutos de seguridad social.

Se trata de regirse no por su clasificación en el mercado de trabajo sino por su tipo y grado de marginación.

De ninguna manera es una dádiva; es justicia social, más que distributiva.

Para recibir según su necesidad, a cambio se le pedirá a cada quién según su capacidad, contribuir con trabajo comunitario que beneficie a los propios pueblos.

Los sistemas de seguridad social obligatoria benefician, actualmente, a 28 millones de personas.

Diez millones más quedarán protegidas este año por el de solidaridad social.

Es decir, más de la mitad de los que somos.

Pero no podemos ignorar que donde hay la misma razón de necesidad, debe haber la misma disposición de justicia, por lo que estudiamos ya extender la cobertura a todos los mexicanos, por el hecho de serlo.

Hemos enviado a este Honorable Congreso una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social para aumentar, casi al doble, las pensiones mensuales.

Es un aporte modesto, aunque en conjunto cuantioso, que esperamos alivie en algo el deterioro de los ingresos de quienes ya no están en servicio activo.

Avanzamos, sólidamente, en nuestra voluntaria decisión de moderar el crecimiento excesivo de nuestra población.

La planificación familiar, como responsabilidad de la pareja, va al ritmo previsto.

Para este año estimamos que el incremento anual empieza a ser inferior al 3 por ciento.

De continuar así, al fin del Régimen se reducirá al 2.5 por ciento que no habíamos fijado.

Por lo que a prevención se refiere, con los trabajos en materia de saneamiento ambiental, con la autosuficiencia en la producción de biológicos y mediante el programa permanente de vacunación, se ha logrado abatir en un 62 por ciento el índice de enfermedades prevenibles por inmunización.

Factor determinante en el ordenamiento de estas actividades ha sido la Cartilla Nacional de Vacunación, de las que se han expedido 800 mil.

Hemos incrementado nuestra capacidad de atención y servicios a la población infantil y a la familia, en medicina preventiva y nutrición, higiene, desarrollo de la comunidad, promoción social y alimentación.

En todos ellos se han registrado avances sustanciales, cuyos datos y cifras podrán consultarse en los anexos.

Destaco de modo especial que ya tenemos un programa coordinado para mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Tal vez no sea yo quien tenga que subrayarlo, pero me parece de justicia hacerlo pues se trata de mi única colaboradora que no cobra salario, a pesar de atender varias instituciones con entrega y eficiencia ejemplares, mi señora esposa, que a través del DIF el FONAPAS y el Voluntariado Nacional, apoya a las entidades de desarrollo social, colabora con programas críticos de coordinación, como el de la montaña de Guerrero y Oaxaca, el de Las Truchas, y otras promociones sociales y culturales, y atiende además, importantes compromisos internacionales.

Mi agradecimiento y respeto.

Educación, Ciencia y Tecnología

Los programas de cultura, recreación y deporte se orientan cada vez más eficazmente a la formación integral del hombre.

Se ha hecho un esfuerzo para sacar las altas expresiones del arte de las salas para llevarlas a las escuelas normales, a los tecnológicos, a las preparatorias y a las plazas públicas.