Chapter 3

Se formula un proyecto de ley, que será conocido en breve, para administrar la Zona Económica Exclusiva, fincar un sólido desarrollo de la acuacultura y dar unidad administrativa a la pesca como actividad integrada, que requiere disposiciones que fomenten y no sólo prohíban; premien y no sólo penalicen.

Asimismo, deberá resolver las discrepancias que genera la asignación exclusiva de la explotación de algunas especies a las sociedades cooperativas y reglamentar el uso de la sardina que estamos canalizando, cada vez más, hacia el consumo humano directo.

Mediante la adopción del Contrato único Camaronero se dio término a conflictos artificiales, que ocultan ineficiencias y deformaciones del sistema cooperativo.

Tenemos que actuar congruentemente: ni ganancias desmedidas para intermediarios ni salarios deprimidos para pescadores, o precios de lucro inaccesibles para consumidores.

Exhortamos a armadores, cooperativistas y en general a todo el sector, a que cumplan las condiciones contractuales establecidas, en beneficio del esfuerzo productivo en que estamos empeñados.

Insisto en que del mar podemos comer y podemos vivir.

Es, si aprendemos a usarlo, inagotable fuente de recursos, primordialmente de alimentos.

Aspecto Agrario

Mencionar los alimentos implica hablar del campo y sus problemas.

Allí el Estado no produce y no puede, como en el caso de los energéticos, donde su incumbencia es exclusiva, hacer obligatorios los planes ni concentrar las decisiones y descentralizar las acciones.

Son muchas la fuerzas que actúan y muchas más las que opinan, con suma frecuencia, sin tener qué decir.

Dos imperativos rigen su complejidad: uno de justicia y, otro, de producción.

Hacerlos congruentes es nuestra reconocida obligación.

Tres millones de comuneros y ejidatarios se agrupan en 25 mil ejidos y comunidades, que abarcan 95 millones de hectáreas, de las que 66 están documentadas para 18 mil centros de población.

Más de un millón de pequeños propietarios, de los cuales sólo 200 mil son documentados, están en 83 millones de hectáreas.

En el régimen de 784 colonias, de las cuales 428 están documentadas, viven 100 mil colonos en 7 millones y medio de hectáreas.

Hay 300 mil llamados "nacionaleros" que ocupan 10 millones de hectáreas de terreno nacionales, sin documentar.

Sin duda, todavía hay latifundios simulados que, por serlo, no sabemos qué superficie esconden.

Están en contra de la ley.

Conforme los descubrimos, los afectamos, y los afectaremos hasta acabarlos.

Es compromiso indeclinable, pero no se piense que con ello se agota la Reforma Agraria.

Se estima que en la actualidad existen entre 500 y 800 mil demandantes de tierra con derechos a salvo.

Esto sólo se precisará cuando se realice el padrón nacional campesino.

En suma, existen aproximadamente 4 millones y medio de campesinos que detentan 196 millones de hectáreas de tierra y probablemente alrededor de medio millón de ellos que la demandan.

Esas son las dimensiones cuantitativas del problema.

Veamos algunas de la cualitativas:

La estrategia del desarrollo que inicia en 1940, se empieza a agotar a la mitad de los sesentas y entra en crisis a partir de los setentas.

Al sobreproteger las economías urbana, industrial, de servicios y sus consumos, olvida el fomento de las rurales y aún las presiona por la vía de los precios.

Las actividades del campo declinan hasta crecer menos que el aumento de la población.

Los productores con frecuencia abandonan sus tierras o caen en la ilegalidad de rentarlas.

Se han abierto diferencias entre las tierras de temporal, prácticamente abandonadas del fomento oficial, y las de riego, y de éstas entre las seleccionadas y las inhabilitadas o inconclusas.

La acción del Estado se concentró en algunas zonas de riego, y con ello la producción, la productividad, los intereses nacionales y transnacionales y la orientación de la agricultura a la producción para mercados extranjeros.

Mucho de lo que para hacer justicia se ha repartido se convirtió en minifundio, con todas sus limitaciones.

El transporte no está cabalmente organizado para beneficiar al campo.

En cambio, en ocasiones, el comerciante sí lo está para sobreexplotarlo.

Uno de los impactos más drásticos del aumento de población ha sido sobre la tierra.

Minimiza el tamaño de los predios, provoca el desempleo y expulsa a la población rural, que necesariamente y por la naturaleza del cambio social tiende a emigrar a las ciudades.

Es cierto que el campo no resolverá el desempleo, pero de su fortaleza dependerá el resto de la economía, que sí dará ocupación.

Las tierras repartibles en los alrededores de los poblados restablecidos, se terminan; los campesinos con derecho a ella se multiplican.

Las disponibles se encuentran en lo que constituye la frontera agrícola, que exige la creación de nuevos centros de población, fundamentalmente en el trópico húmedo, todavía no bien conocido y mal tratado, pero que tenemos que colonizar a pesar de los riesgos de erosión y extinción que ello entraña.

La investigación y la organización habrán de encontrar formas diferentes que optimicen el aprovechamiento y los rendimientos para que el reparto no sea de pedazos de tierra, sino de riqueza, que no se agote.

Así, nos hemos comprometido a abatir el rezago agrario y a terminar la etapa distributiva para que, segura la tenencia en sus distintas formas jurídicas, profundicemos en la profundidad de la tierra, tanto de los que la tienen, como de los que sólo la trabajan, y en la agroindustria intensiva.

Para esos propósitos, se establecieron convenios de coordinación en cada uno de los Estados, mediante el programa de abatimiento del rezago agrario.

Con ello descentralizamos la administración relativa.

A fines de 1978 concluyó el reparto en el Estado de Querétaro y en primera instancia en Aguascalientes, las dos Bajas California, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.

Durante 1979 la terminarán 9 Estados más.

Los números y los detalles se dan en los apéndices, sin sensacionalismos ni falsas modestias: con sencillez.

En este año, en el que celebramos el Centenario del natalicio de Zapata, tenemos que reiterar: la Reforma Agraria es irreversible como instrumento de justicia y perfectible como sistema de producción, para ejercerla y dar de comer a México.

No oficializamos ni monopolizamos el culto al héroe.

Sabemos que es bandera izada por lo mucho que se ha hecho y estandarte enarbolado por lo mucho que todavía falta por hacerse.

Tal es la condición de los hombres paradigma que, como Zapata, nos reclaman: ni abandono del agrarismo vigente por falsas modas y novedades, ni exaltación de un agrarismo bucólico y demagógico, que inhibe y atasca la producción.

La nueva estrategia del desarrollo planeado, al cambiar las proposiciones de las políticas industriales de Asentamiento Humanos y de desarrollo social, fundamentalmente, ha mejorado la posición relativa de nuestra agricultura, aunque todavía no la de la ganadería y la silvicultura.

Siguen abriéndose nuevas áreas a la producción, en el entendido de que las obras hidroagrícolas más fáciles ya se realizaron o están en marcha.

Queda lo difícil, lo riesgoso, lo que es reto para la técnica y el ingenio.

Sin embargo, las hectáreas disponibles más baratas son las que se rehabilitan.

Estos años hemos ganado 356 mil hectáreas en los distritos de riego que venían funcionando al 60 por ciento de su capacidad.

Por ejemplo, en Tamaulipas, con apoyo en el mejoramiento de suelos en el bajo río San Juan y bajo río Bravo, este año se produjeron 1 millón 700 mil toneladas de sorgo y maíz, que equivalen a un 45 por ciento más que la cosecha del año anterior.

Para 1975 la agricultura no crecía.

Estaba estancada.

En 1977 creció al 5 por ciento y en 1978 al 5.5 por ciento.

En este último año, la producción agropecuaria y forestal ocupó más de mil millones de jornales y su valor rebasa los 230 mil millones de pesos.

Nuestras compras agropecuarias al exterior fueron de 24 mil millones de pesos; mientras que nuestras ventas ascendieron a 42 mil millones de pesos.

El saldo positivo es, así, de 18 mil millones de pesos, con los campesinos contribuyeron a reducir, de manera importante -como ha sucedido desde hace muchos años-, el déficit de la balanza comercial del país causa por otros sectores de actividad y consumos.

Se dice en todos los tonos que importamos maíz y trigo, pero no se dice que exportamos algodón, café, cacao, fresas, hortalizas, fruta, garbanzo y ajonjolí, ni que se contrabandea nuestra azúcar, nuestra carne, y nuestros frijoles.

Y para colmo del dolo y la manipulación, se comparan las importaciones de granos contra las exportaciones de petróleo, como si fueran los dos únicos renglones del intercambio.

Ese sofisma no vale.

Si no queremos deformar o confundir con citadinos enfoques campestres, manejamos las convenciones estadísticas como debe ser.

Comparemos lo comparable.

Les aseguro: el saldo es favorable.

De aquí quiero concluir algo que es de elemental reconocimiento para nuestros callados y calumniados campesinos y de buen entendimiento para la salud de la República.

La posición de la balanza del comercio exterior no puede esgrimirse como tesis contra nuestra Revolución.

Esquemas de desarrollo que nos empeñamos en superar, relegaron al más tremendo abandono las actividades primarias, contraviniendo la causa misma de nuestro movimiento armado, pero nadie se ha propuesto la injusticia como fin.

Estamos combatiendo este síntoma crónico de nuestras contradicciones.

Basta para ilustrar, el ejemplo del maíz, todavía alimento básico, religión, costumbre, moneda, rito, ahorro y seguridad del pueblo campesino y de la población urbana pobre.

Ningún atildado crítico de escritorio conoce o reconoce que el déficit en la producción de maíz ha venido disminuyendo, ni que en 1978 logramos la cosecha más alta de nuestra historia: 10 millones 900 mil toneladas, que garantizarían la alimentación de los mexicanos que lo aprecian, si no se desviara a propósitos industriales o a engordar ganado y aves para consumo de las clases a las que ya no les gusta el maíz y pueden pagar el precio de su transformación en proteína animal; o para el jugoso negocio de su exportación subsidiada.

Este año importaremos 875 mil toneladas de maíz, prácticamente sólo como reserva, de precaución, pues el Gobierno no puede correr el riesgo de que llegara a escasear el maíz.

Las importaciones vienen ocurriendo desde 1973 y vale decir que hemos disminuido drásticamente su cantidad con todo y el aumento de varios millones de mexicanos.

Levantar una hectárea de maíz o trigo ocupa 15 jornadas hombre; en cambio, de fresa, 225, y de algodón permite adquirir más de cinco veces el rendimiento medio nacional de maíz.

Aquí se presenta la alternativa:

¿Qué producir?

¿El alimento básico o el producto que da trabajo y divisas precisamente para comprar reservas de maíz y para tener ganancias en nuestro intercambio?

Quienes se van por la política maicera destacan los riesgos de la dependencia del mercado externo y de la presencia de las compañías transnacionales -y tienen razón- en los cultivos remunerativos.

Quienes se van por estos últimos, encuentran injusto y antieconómico privar de utilidades a los campesinos y de trabajo a los jornaleros, que no podrían comprar maíz nacional porque no tendrían con qué.

No hemos querido caer en esa trampa polémica ni permitir que se polarice la teoría y la práctica. tenemos, afortunadamente, país para hacerlo todo, sin perjudicar a nadie.

A las zonas temporaleras, que son dos de las tres partes de tierra cultivadas, se les había venido destinando sólo la décima parte de los recursos de inversión.

Hemos ya organizado los distritos de temporal, que fundamos al inicio de esta Administración, y conducido nuestra acción a su desarrollo, conscientes de que es allí, aún dentro de un esquema de incertidumbre y sujeción a una naturaleza no siempre pródiga, donde debemos dar la gran batalla por nuestra producción y productividad.

Su reciente evaluación así lo demuestra.

Este año las lluvias han sido variables y tardías en ciertas áreas, lo que obligó a resiembras y aún a cambio de cultivos.

A pesar de ello, gracias a que nuestros campesinos no se amilanaron y a que nuestras presas están prácticamente llenas, e incluso derramaron demasías, esperamos buenos ciclos agrícolas.

La producción total de carne rojas en 1978, fue de más de 2 millones y cuarto de toneladas.

Los consumos per cápita están, sin embargo. por debajo de los mínimos establecidos.

La inflación de los primeros meses de año se debió, en buena medida, al alza de la carne.

Los esfuerzos que hicimos para ordenar la producción se vieron frustrados por el atractivo del mercado de exportación, que ofrecía tales precios que por todos los caminos, de región en región, y de maña en maña, se fue yendo nuestro ganado, hasta que tuvimos que cerrar la frontera, incluso para la carne deshuesada.

Solución radical, pero no sana ni deseable ni permanente.

Si a eso añadimos que no hemos acertado a sustituir en proporciones suficientes la ganadería extensiva por la intensiva ni acabar con el viciado sistema de comercialización, tendremos la explicación de nuestras insuficiencias.

Redoblamos los esfuerzos tratando de resolver los problemas en sus causas y en sus efectos.

A ese propósito, determinamos los coeficientes regionales de agostadero del 86 por ciento de la superficie ganadera del país, lo que comprende a 25 Estados de la Federación.

Por largo tiempo ganaderos postergaron inversiones ante el temor de una errónea interpretación de la ley, que paradójicamente inhibía la eficiencia.

Ello dio lugar a la existencia de latifundistas disfrazados.

Ahora se corregirá.

Los ganaderos están obligados a responder: sus predios pueden llegar a ser autosuficientes, con una doble ventaja, la propia autosuficiencia, por el forraje, y la liberación de granos para destinarlos a la alimentación humana.

A pesar de haber producido 7 mil millones de litros de leche, 5.2 por ciento más que el año pasado, no somos autosuficientes.

Ha sido el de la leche uno de los clásicos ejemplos de una política equivocada de precios que en estos momentos tiene enfrentados los intereses de los productores, ya seriamente desanimados, con los consumidores, ya francamente intolerantes.

En medio está la autoridad, en difícil función de arbitrio, si el problema se reduce a la consabida salida única del precio, en vez de considerar otros aspectos como organización de la producción e importaciones; las cosas se complican por los plazos.

La política de controlar el precio final, sin actuar sobre los intermedios, distorsiona los costos y carga el peso en un solo lado, lo que obliga a la política de subsidios, que como hemos dicho, no siempre destina recursos del modo más adecuado.

Lo estamos corrigiendo.

En materia agropecuaria, y en suma, dimos crédito, aseguramos, investigamos, subsoleamos, organizamos, asistimos, tecnificamos, mecanizamos, llevamos insumos, fertilizamos, y saneamos, en cifras precisas que pueden verse en los anexos.

Satisface destacar que México sigue ocupando el primer lugar mundial como exportador de miel de abeja.

Hemos puesto el mejor de nuestros empeños en resolver los problemas del campo en el mismo lugar donde suceden.

Por ello hemos convivido con los productos de todos los Estados, cuando menos una vez por semana.

Ha sido tal el entusiasmo y los rendimientos obtenidos por los concursos de productividad, que hemos acordado su implantación a nivel nacional.

Comunicaciones y Transportes

Concentrar artículos en los centros urbanos y no en los lugares de origen, puede significarnos aplastantes demandas de transportes y almacén, en ciertas épocas del año, sobre todo en lo que se refiere a productos del campo.

Respecto a bodegas, hemos puesto énfasis en aumento nuestra capacidad y, principalmente, ubicarlas en los lugares estratégicos y con el diseño y dimensiones apropiadas, a fin de evitar al máximo, movilizaciones inútiles, desperdicios y cargas excesiva para los transportes.

A mayo pasado, podíamos almacenar 14 millones de toneladas, distribuidas en casi 6 mil 500 bodegas, de las que pertenecen al sector público el 70 por ciento.

Uno de los sistemas en los que se sustenta todo servicio y posibilidad de desarrollo es el del transporte, que a su vez es condicionado y condicionante de los llamados cuellos de botella como el de almacenes, autopartes, acero, cemento, productos químicos y refacciones.

Para plantear y resolver estos problemas sobre la marcha, se trabaja, activamente, en grupos especializados.

El detalle se encuentra en los apéndices.

Respecto a transportes, en estos últimos tiempos se evidenciaron las limitaciones de una infraestructura no sólo no actualizada, sino ni siquiera rehabilitada fundamentalmente en materia de ferrocarriles.

A estos problemas se añadieron las congestiones derivadas de las demandas sorpresivas y simultáneas de alimentos, combustibles, materiales para construcción, minería, equipos maquinaria y muchas otras.

Por ello, dispusimos soluciones en combinación con otros factores para entender, con racionalidad y urgencia, las demandas coincidentes y para corregir, en los próximos años, los defectos del sistema, rehabilitándolo, refaccionándolo e implementándolo.

En todo esto se ha acreditado la coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y usuarios.

Se mejoró la organización y se elevó la eficiencia operativa y la complementación de los ferrocarriles con otros modos de transporte abriendo fronteras, autorizando importaciones, en fin, allanando trámites.

La fuerza atractiva y equipo de arrastre se aumentó sustancialmente y se avanzó en el programa de rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación de la infraestructura ferroviaria que, con la operación de nuevas líneas, tienden a integrar un eje distribuidor de alta capacidad entre las regiones noroeste y sureste del país.

Por los esfuerzos realizados, verdaderamente titánicos, de nuestros amigos los ferrocarrileros, nuestros amigos del riel, nuestro agradecimiento a su entrega, disciplina y capacidad de trabajo.

Para coadyuvar a la oferta de servicios de autotransportes y facilitar la supervisión de las autoridades, se fortaleció el programa de terminales y estaciones centrales de pasajeros.

Destaco, por ser justo, el ejemplar sistema de planeación concertada que se lleva a cabo en materia de transportes y vías de comunicación, que permitió importantes adelantos.

En lo referente a sistema portuario nacional, transporte aéreo, telecomunicación, telefonía urbana y rural, telex, capacitación y triplicación, por simple reacomodo, de la capacidad del aeropuerto Benito Juárez, apreciaríamos se consultaran los detalles de los apéndices.

Lo que de la crisis ha quedado evidente, es que las posibilidades de desarrollo dependen de un sistema adecuado de transportes, en el que se revalúa la participación de los ferrocarriles y se impone la ordenación de la demanda.

La participación del Estado en materia de regulación y abasto de los bienes de consumo popular para que su oferta sea cuantitativa y cualitativamente suficiente y oportuna y controlar directa, o marginalmente, los precios y los mercados y, sobre todo, asegurar el acceso masivo de los productos a los consumidores, ha ratificado la necesidad constante de la intervención oficial, a fin de apoyar los sistemas de producción, crédito, almacenamiento, conservación, transporte y distribución al mayoreo y menudeo.

Las actuales transacciones rurales no contemplan el proceso agrícola en su totalidad.

Los campesinos, al no satisfacer sus necesidades básicas, acuden al coyotaje de prestamistas e intermediarios y comprometen sus cosechas antes de levantarlas, en detrimento de sus ingresos.

Comercio.

La acción del Estado cubre, por ende, cuatro grandes rubros, comercialización de las cosechas, transformación industrial de la materias primas para alimentos, abasto de subsistencias básicas y prestación de servicios de almacenamiento y distribución, tanto de la producción agropecuaria para consumo directo, o uso fabril, como procesada.

Los sistemas de precios: oficiales de productos finales; garantizados a productores, subsidiados a consumidores; condicionados por alzas acreditadas de costos, y libres, tienen añejas insuficiencias.

Tenemos por lo pronto que repararlos, pero ya iniciamos el proceso para sustituirlos.

Entre otras cosas, para mantener los precios de ciertos artículos de primera necesidad -algunos a niveles de los más bajos del mundo-, se siguen aplicando al año cuantiosos subsidios, como el del azúcar, de 8 mil millones de pesos; maíz y sus productos, 4 mil 600; producción de leche, carne y huevo más de 2 mil 300; oleaginosas y sus productos, casi 2 mil; trigo y su línea industrial, también más de 2 mil; frijol natural e industrializado, 800; arroz pulido 350.

En total, por estos conceptos, más de 20 mil millones de pesos de subsidios.

Estamos trabajando en la definición política y económica de los subsidios al consumo.

Para orientarlos mejor a la función social que los justifica, definiremos los niveles que en cada ejercicio presupuestal habrán de tener y sus mecanismos de aplicación, para que sean transparentes, específicos, transitorios y cada vez menos.

Estamos ya suprimiendo, paulatinamente, la práctica tradicional de concederlos en el precio de las materias primas, toda vez que se pierde su control; se utilizan para la producción de artículos que no tiene precios máximos al público y se prestan a prácticas de mercado negro, en ocasiones verdaderamente descaradas, como en el caso del azúcar popular, manipulada para adulterar vinos y licores.

No queremos que en el altar de un populismo entendido se pierdan esfuerzos que, en lugar de apoyar verdaderamente a los grupos sociales con menores recursos, y a los productores medianos y pequeños, enriquezcan monopolios de industriales, intermediarios y acaparadores, o que se pierdan entre consumidores ricos, que no lo necesitan.

La política consiste en fijar precios de garantía y máximos oficiales a los productos controlados, asegurar que la inversión en ellos se haga en los puntos más débiles de la planta industrial y comercial del Estado, propiciar el curso futuro de la asociación operativa con la pequeña y mediana industria en artículos socialmente necesarios y facilitar el desarrollo de los nuevos sistemas comerciales de los productos agropecuarios e industriales básico, así como aquellos del mar, la ganadería y los perecederos en general.

Las filiales industriales de CONASUPO, fabrican ya 60 mil toneladas mensuales de alimentos.

Incrementaremos la diversidad, calidad y cantidad de los artículos marca Alianza y se establecerán programas uniformes de distribución, mediante convenios con el sector empresarias.

En apoyo a dicho programa se estableció además, públicamente, el compromiso loable de muchos empresarios responsables -industriales, comerciantes y banqueros- de mantener una política de moderación de precios, controlando utilidades, sin disminuir inversión ni reinversión.

Actuaría así, una fuerza nueva encauzada por el Gobierno y vigilada por el pueblo.

Sería ejemplar.

Deseo, fervientemente, para la conciliación del país, que los escépticos no tengan la razón.

El consumidor tiene derecho a conocer de manera veraz y precisa el precio y las sustancias de que están compuestos los productos elaborados que adquiere.

Para garantizarle ese derecho, acordamos que industriales o comerciantes que envasen, empaquen o etiqueten, indiquen en la envoltura o marbete, los ingredientes del producto y su precio máximo al público.

Esta medida, que recibió el consenso de los sectores social y empresarial, permitiera conocer qué y a cómo se compra, lo cual habilitará a los consumidores para defenderse mejor de embauques y engaños.