Chapter 1

Tercer Informe de Gobierno del presidente José López Portillo. 1 de septiembre de 1979.

Discurso del Lic. José López Portillo, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1979. Honorable Congreso de la Unión:

Ante esta soberanía, renovada conforme al proceso de la Reforma política, en proporción a la fuerza electoral de los partidos definitivamente registrados y al aumento de nuestra población, rindo este Tercer Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública del país.

Saludo desde aquí a los nuevos partidos que obtuvieron su registro definitivo: el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Demócrata Mexicano.

Hemos ampliado la legitimidad de la lucha de las corrientes ideológicas.

Hemos enriquecido en nuestra sociedad plural la integración dialéctica de soluciones institucionales, de acuerdo a nuestro tiempo y circunstancia.

Hemos buscado respuestas auténticas, que den cabida, en su seno, a todos los matices del pensamiento y de sentimientos de la nación.

Hemos pretendido reafirmar, así, los principios de nuestro proyecto, nacional, democrático, representativo y revolucionario.

Nacional, porque somos nosotros mismos, los mexicanos, los que, sin hostilidades ni exclusivismos, planteamos nuestros problemas y los resolvemos con nuestros propios recursos, proclamando con ello, de hecho y por derecho, nuestra independencia política y económica

Democrático, porque estimándonos políticamente iguales y con idéntica posibilidad para detentar la razón, estamos de acuerdo en resolver nuestras diferencias por el precepto cuantitativo de las mayorías, a condición de que los imperativos cualitativos generales se reconozcan obligatorios para todos y por ello y para ello no aceptar otro dogma que el de la libertad, sustento y fin de la unión constitucional que nos hemos dado los mexicanos.

Democrático, también, porque queremos vivir mejorando económica, social y culturalmente y por ende asegurar, mediante el orden y la legalidad, la justicia, distributiva porque nace y se consuma en función del trabajo; conmutativa, porque se imparte por jueces conocidos y con base en leyes promulgadas, para restituir garantías y derechos; y social, porque entendemos que no basta asegurar las oportunidades para los desiguales y que menester es igualar las seguridades de que la sociedad nacional, al límite de sus recursos y fuerza, proporcione las capacidades para satisfacer las necesidades.

Representativo, porque aquí y ya con prerrogativas y fuero para garantizar opinión e información, a través de los Poderes constituidos, se hace presente el pueblo que nos eligió.

Y revolucionario, porque está fundado en la voluntad de renovar, institucionalmente, los valores de la convivencia, expresada en la historia de nuestras luchas para lograr una vida mejor, en la que los mexicanos seamos origen y destino de la sociedad y su dinámica.

Política Interior

La Reforma Política -llamado a la conciencia de la Nación- ha probado ser así, una alternativa para muchos.

Para otros, hora de darse cuenta de que no actuar es consentir, y que no elegir es otorgar a los demás la facultad de elegir por nosotros.

El abstencionismo aparece así como fenómeno informe que no debemos soslayar y al que podemos imputarle, lo mismo el apoyo tácito que la oposición estéril, pues tal es el vicio -como el de las campanas que cualquiera toca- de lo que por sí no se expresa.

Simplemente, ahora conocemos las dimensiones de la abstención: las anulaciones y las deficiencias del padrón, porque el método de la nueva ley nos entregó el retrato electoral de nuestra democracia; nos colocó frente a la realidad contemporánea.

Primer éxito de esta reforma y no su fracaso, como quieren hacer sonar sus detractores.

Las disposiciones de este ordenamiento son planteamientos éticos, honrados y de buena fe, no una ingenuidad política ni un velo para ocultar problemas, y menos aún, llamativo garlito para atrapar bobos.

La Reforma Política es irreversible.

Es camino abierto con rumbo fijo, y su huella será imborrable.

Aceptamos todas las consecuencias de la democracia y no tememos la práctica responsable de la libertad.

Que todas las voces se expresen con valor.

Aprendamos a vivir, ahora juntos en la diversidad de nuestra sociedad, o mañana desembocaremos, irremisiblemente, en el despotismo.

Hoy, la unión exige nuevo sistema de razonada conciliación entre identidad y pluralidad que nos responsabilice a todos, mayorías y minorías; que disuelva el paternalismo, impida el autoritarismo y elimine la componenda: que abra el debate público y presente con claridad y a su tiempo, ante los mexicanos, el panorama completo de las opciones que tenemos para elegir.

La Constitución, espíritu y continente de nuestra Revolución, que compendia las lecciones más valiosas del pueblo mexicano, en lo político, en lo económico y en lo social, es al mismo tiempo pertinente de la experiencia histórica y cauce de la voluntad común de transformación.

Y, por eso, como norma suprema, es el marco obligado del cambio congruente, que apoye y se apoye en las causas populares.

Estamos conscientes de que es hipótesis difícil incorporar a un sistema institucional, el posible cuestionamiento de sus supuestos; pero estamos ciertos, de que nuestra personalidad y carácter no admiten dictaduras ni fanatismos.

Resueltos estamos a poner a prueba la Revolución Mexicana, con la única condición del respeto irrestricto a la dignidad individual y social de la ciudadanía.

La administración de justicia es, tal vez, el asunto que hemos de conducir con mayor pulcritud, sabedores de que muchas veces, es en el estrado, en la barandilla de las oficinas públicas, o frente a los agentes de seguridad y vigilancia, donde el pueblo toma contacto con la autoridad y de allí deriva su conocimiento y actitud hacia el sistema de Gobierno en su conjunto.

Con esta convicción, hemos seguido transformado la institución del Ministerio Público, para que brinde a la ciudadanía los servicios de protección de sus derechos, con rectitud y cortesía, y vele por el fiel cumplimiento de las leyes.

En el plano procesal, buscamos la defensa de los mexicanos más desprotegidos.

Por ello desistimos del ejercicio de la acción penal en casi dos mil casos de campesinos que, presionados por la indigencia, se dedicaban a la siembra de enervantes.

Con ello, se busca más su readaptación que su castigo.

En cambio, en la campaña contra los estupefacientes, se procedió con todo rigor, lográndose reducir como en ningún otro lado, la cantidad y superficie, en un noventa por ciento.

La Ley de Amnistía, que promulgamos en bien de la concordia nacional; y en correspondencia las votadas en los distintos Estados de la República, siguen beneficiando a quienes, por motivaciones políticas, cometieron delitos del orden común: secuestros, asaltos, lesiones, robos y aun homicidios.

En las cuatro primeras etapas de su aplicación, se beneficiaron 620 personas; en la quinta, 919, de las cuales el Ejecutivo a mi cargo, a petición expresa de los pueblos indígenas, amparó por esta disposición a 832 campesinos, que violaron la ley fundamentalmente confundidos por su ignorancia, al procurar derechos sobre la tierra.

En total mil 539 mexicanos han sido amnistiados.

Pero recordaremos, no es claudicación, nadie ha claudicado; sépanlo los provocadores y los predicadores de extremismos y quimeras; es intencional y deliberado olvido; oportunidad institucional de resolver diferencias y no ocasión para atentar contra nuestras libertades.

Que no se tome como pretexto o excusa.

No cabe la reincidencia.

Por primera vez en la historia de nuestras instituciones, el Poder Judicial efectuó una jornada de autoevaluación a la que, a instancia de su presidente, asistimos.

En ella se contestó en el balance de su razón y ejercicio, el renovado brío de su motivación y la trascendencia de su acción.

En el lapso que cubre este Informe, varios de mis colaboradores fueron removidos o transferidos de sus cargos.

Sin implicaciones sobre las cualidades, competencia o temperamento de cada quien.

Los ajustes de equipo se harán siempre que se considere que así servimos mejor a la República.

Nos empeñamos en sanear el sector público dando la impresión, al conocer las cosas, de que sólo en él hay manchas y vicios; infortunadamente la corrupción invade a todos los sectores.

Simplemente hemos empezado por casa.

La moralidad y eficacia de los funcionarios públicos asegura la marcha de nuestras instituciones y es sustento del consenso colectivo de confianza que impulsa la acción.

Por ello, pese al escándalo y a todos los aspavientos; al descrédito y a la incomprensión; a los intereses creados; a las solidaridades menores; a los amiguísimos vergonzantes, y a la inmadura conversión de los infractores en héroes y de la autoridad en villano, en todos los ámbitos seguiremos actuando con entereza y sin vacilación.

Todos condenamos la corrupción como concepto; pero muchos, cuando se concreta en caras y nombres, si los conocen bien, convierten su condena en compadecimiento y, si no los conocen, en indignación y saña.

No podemos deformar la calificación de los hechos por la cuantía probada, o por la amistad, o condición social, intelectual o política de los autores.

Actuaremos siempre con base en investigación o denuncias responsables; no por inferencias, delación o chismes.

No podemos convertirnos en un país de cínicos.

Si nos ofende que las devoluciones mejoren la posición procesal de los que delinquen y puedan gozar de libertad, modifiquemos la ley, pero no la conculquemos.

Nuestra obligación es acatarla y hacerla acatar.

Tampoco podemos convertirnos en un país de arbitrarios.

En el transcurso del período, someteremos al Legislativo, entre otras cuestiones, proyectos de ley de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos; pero como queremos fortalecer toda impartición de justicia y no sólo la penal, será acompañada de la ley de estímulos y recompensas. Iniciaremos también leyes sobre control de contratos y obras, de auditoría y fiscalización central y paraestatal, de adquisiciones y almacenes y de reglamentos para las atribuciones de los comisarios y el manejo presupuestal de la contabilidad y el registro.

Más que condenar, queremos fortalecer la observancia de sistemas preventivos, que den vida a nuevas modalidades de convivencia y decencia y no de connivencia y vergüenza.

Ello reclama el concurso de representantes y representados.

A todos corresponde y nos compete, en lo esencial, la reivindicación y el rescate del decoro y el honor.

Fuerzas Armadas.

Para responder al México que en lo político, en lo económico y en lo social se reforma, y darle viabilidad armónica, su Instituto Armado también se transforma.

Sus miembros son soldados de la paz.

Lo mismo alfabetizan que reforestan y protegen los bosques, realizan tareas topográficas en regiones agrestes e inhóspitas que distribuyen agua potable en las zonas áridas y auxilian a la población civil en casos de desastre.

Su guerra es contra la ignorancia, la desolación y el infortunio.

Destacamentos, batallones y regimientos, combaten sin fatiga el inaceptable mundo del narcotráfico y con ejemplar organización, eficacia y economía, contribuyen al tendido de ductos y a la custodia permanente de instalaciones vitales para el progreso del país.

Debemos recalcar con orgullo que su preparación y educación es cada día más diversificada y especializada.

El soldado mexicano, inseparable del tronco popular del que proviene, es servidor fiel y fiable de nuestras instituciones, con las que le identifica su honra, uniforme y compromiso.

La Armada como institución militar, además de realizar sus funciones específicas navales, lleva a cabo paralelamente otras de carácter social entrañablemente vinculadas a nuestras tradiciones.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas se forman en el marco de una disciplina modelo: hacen propicio el desarrollo para un mayor número de mexicanos.

Desde que son cadetes aprenden que no hay lugar para el cansancio ni para el desaliento, porque entienden que con la suma del trabajo de todos, la obra creadora de la patria se realizará plenamente.

Gracias a nuestra Flota Armada pudimos acceder a los confines insulares de nuestro territorio nacional en ambos mares, haciendo patente su pertenencia a la soberanía nacional con la presencia de los tres Poderes de la Unión y la celebración de la ceremonia de honor a nuestro Lábaro Patrio.

La lealtad a las instituciones de la República forma parte de la esencia de nuestros militares, y es un patrimonio espiritual que en nombre del Gobierno y del pueblo de México convoco a mantener incólume.

A la fidelidad intransigente de nuestra milicia la República responde con el ejercicio perseverante y positivo de su libertad, enlazada con los más nobles propósitos colectivos de nuestro país, que junto a cada triunfo descubre nuevas asechanzas, pues en la medida que avanzamos, es más lo que tenemos que cuidar, es mayor lo codiciable, pero también la convicción, capacidad y valentía se dilatan.

Por ello podemos proclamar que en lo interno y hacia el exterior, estamos seguros y avanzando.

Nuestro reconocimiento nacional y público, una vez más, para nuestras Fuerzas Armadas, que cumpliendo con su deber hacen posible que México camine sereno hacia su gran destino.

Reforma Administrativa y Programación

Estamos definiendo con mayor precisión los pasos necesarios para alcanzar el país que queremos ser.

Los grandes objetivos nacionales están fijados en nuestro pasado y en los anhelos de la generación de hoy; sin embargo, la complejidad de nuestra sociedad obliga a delinear una estrategia que los haga asequibles; que desplace y supere la improvisación y la falta de continuidad en las políticas fundamentales y que permita contar con instrumentos suficientes flexibles, tanto para afrontar el presente como para prevenir los cambiantes desafíos del porvenir.

Es imprescindible armonizar la voluntad de ser libres con el deber de promover un desarrollo que a todos alcance.

Por ello, conviene recordar, aquí y ahora, que uno de los grandes objetivos del quehacer nacional, desde nuestro origen como Nación, es atemperar opulencia y pobreza.

Hemos sido capaces de producir, pero no de distribuir.

Las causas son explicables, por ningún motivo justificables.

El conjunto de las reformas en marcha para convertir las palabras en hechos, son profundas y radicales.

Por eso han requerido tiempo para calar en nuestras instituciones; pero su avance es irreversible.

Con ellas, han cambiado los estilos y la propia sociedad ya no es la misma que antes de iniciarlas.

Quisimos dar un contenido programático funcional y operativo a nuestra política; analizar, tomar decisiones y ejecutar acciones dentro del contexto de propósitos generales pero precisos, para distinguirlos de grandes cantidades y agregados, que nada nos dicen de la otra cara de la moneda, la de la calidad de la vida.

Quisimos manejar soluciones sensatas y no eufóricas entelequias.

No vamos a seguir cayendo en el vació de la cifras huecas, que nos han llevado a una mecánica presupuestal de trampas y contratrampas, que deforman nuestro esquema de prioridades, merman la asignación y manejo oportuno y adecuado de recursos y obstaculizan la efectividad del servicio público.

La nueva Ley Orgánica establece, por primera vez, la programación de las actividades como sistema de trabajo obligatorio para la Administración Pública Federal.

Objetivamente y con realismo, la acción pública sólo puede programarse desde el Gobierno, para medir la fuerza de la inercia, de lo que se hace sólo porque así se ha hecho siempre y corregirla y dominarla, actuando en los incrementos, en lo nuevo, que sí da margen de acción con sentido y dirección.

Un país que crece a la velocidad del nuestro, si se orienta razonablemente y dispone de lo fundamental: alimentos, energéticos y capacidad para capacitarnos, es dueño y artífice de su propio destino.

Disponemos ya de los procedimientos de programación que sin duda nos permitirán avanzar más rápida y ordenadamente, enriqueciendo, mediante la alianza, la sistematización de la participación concertada con el Gobierno, de los sectores social y privado.

Y en la medida en que se dispone, ahora, de recursos que fortalecen las finanzas del Estado, éste podrá asumir con amplitud, su posición de rector de nuestra economía mixta.

Como nos lo habíamos propuesto y oportunamente anunciado, después de los dos primeros años de esfuerzos de muchos sacrificios de los más responsables, disciplina de algunos y a pesar de rémoras y sanguijuelas. restituimos la fuerza vital de nuestra economía, que estuvo a punto del colapso.

La crisis grave, definida en términos de inflación con recesión, que es la peor combinación que puede darse, ya pasó.

Estamos ahora en otra etapa, todavía con inflación; pero con crecimiento económico, crítica aún.

Su riesgo es la recaída.

Su oportunidad, la consolidación.

La inflación expresa el desorden económico del mundo en el que vivimos.

No es alternativa y menos objetivo.

Es un mal que tenemos que controlar.

Los países poderosos que tienen seguro de desempleo, la pueden atacar frenando su economía.

Nosotros no podemos desperdiciar el impulso ni los recursos, en frenos y arranques.

La enfrentamos modalizando la estrategia y acompasando el ritmo.

Por ello la etapa que hemos llamado de consolidación, la consideramos como transición; que durará hasta el año que sigue, para entrar, si sabemos cumplir esta fase y remover los cuellos de botella evidenciados por la evolución de la economía, a la etapa del crecimiento acelerado con inflación controlada y declinante.

Hasta allí llegará la responsabilidad planeada de este Régimen.

Ofrecimos transitar serenamente por el camino de la verdad.

Jamás ofrecimos un mundo de milagros, que no existe; lo que existe es el trabajo, la organización, la responsabilidad y las ganas de ser y de hacer.

Eso es todo.

Hay que recordar que al inicio de nuestra gestión el Estado carecía de la capacidad financiera que le permitiera, siquiera, plantearse acciones de mayor perspectiva.

México tiene ahora la oportunidad de combinar una tasa de inflación decreciente -varias veces inferior a la de muchos países de nivel semejante-, con su desarrollo y con el mantenimiento de sus libertades públicas.

Hemos cerrado ya la etapa de sacrificios unilaterales, para iniciar otra de responsabilidades compartidas.

Sólo así afianzaremos lo avanzado.

No se deben aumentar las expectativas de ganancia o de progreso de ciertos grupos, si se defrauda lo que esperan las mayorías.

Tenemos que reconocer que el crecimiento ha beneficiado a unos y la inflación golpeado a los más.

Consolidar es repartir más homogéneamente las cargas.

Cuando en épocas más difíciles iniciamos la tarea, afirmamos que todos viajábamos en el mismo barco, porque algunos se sentían o querían ser excluidos.

No es hora de deserciones, ni hay cabida para motineros.

Que cada quien asuma sus deberes y acepte sus riesgos.

El rumbo trazado, entonces como ahora, no habrá de torcerse: esa es la determinación del Gobierno.

Nuestro programa es hoy el mismo que el primer día; alianza para la producción y no complicidad para la injusticia.

El enorme esfuerzo económico que el país tiene que realizar para cumplir ese propósito, no puede depender de suscripciones momentáneas, o solidaridades fingidas, ni de vaivenes emocionales; o negocios fáciles de abusivos pero medrosos apostadores bursátiles.

Ha de ser un esfuerzo maduro, de los mexicanos cabales.

Desde aquel primer día, el país ha ganado el tiempo que concedió para restaurar lo dañado.

Los obreros aceptaron que en momentos de inflación aguda, el simple aumento de salarios no implica mejores niveles de vida.

Los empresarios se dieron cuenta de que la anhelada vitalidad de la economía depende también de la responsabilidad que asuman y de que su situación está indisolublemente ligada a la del país.

Los campesinos otorgaron su trabajo, aceptaron el pacto y, tenemos que decirlo, cedieron su tiempo desde hace muchos años.

El Estado se organizó para organizar al país y ofreció un plan congruente de desarrollo económico y social, para garantizar a la población y fundamentalmente a la fuerza de trabajo, mínimos de bienestar.

De este modo se ha recuperado la confianza en el país y sus instituciones y por ello hay tranquilidad y progreso como aquí se informa.

Estamos creciendo cuatro veces más que en 1976, con lo que recuperamos y recientemente superamos, nuestros ritmos tradicionales de desarrollo.

En este año, el crecimiento económico es del orden de 7 y medio por ciento.

Aunque ello no es suficiente por sí mismo, constituye una precondición para resolver cuestiones apremiantes, como el desempleo.

Si con tasas de 6 o 6 y medio por ciento anual, durante un largo período, no hemos podido resolver este problema, resulta indispensable entre otras cosas, y lo subrayo, aumentar nuestra tasa de crecimiento económico.

El país, con cerca de 70 millones de habitantes, es ya tan grande que las cantidades y las cifras son inmanejables en un acto como el presente.

Cumpliendo con el ordenamiento constitucional, en 7 volúmenes, asentamos pormenorizadamente todos los detalles y datos pertinentes, que se someten a su consideración para su conocimiento y análisis.

Estos documentos, que ahora el señor doctor Roberto Casillas entrega a los señores secretarios del Congreso, podrán ser consultados en los principales centros de información de todo el país y se entregarán a quienes en ello se interesen.

Aquí subrayaré tan sólo los órdenes de magnitud de los números más significativos.

Ante los desafíos a que se enfrenta México, cuya economía está ya en franco proceso de expansión, el gasto público es, sin duda, el instrumento más activo para orientar su desenvolvimiento.

De su tamaño, composición, financiamiento para sufragarlo y sobre todo, del destino que se le dé, depende nuestro acceso a un desarrollo sano.

De ahí la importancia de obedecer en su manejo las prioridades establecidas.

El sector público contó, para 1979, con un presupuesto de más de un millón de millones de pesos, un billón 124 mil 300 millones, mayor en 23 por ciento al de 1978.

Su cuarta parte, la representó la inversión, mayor en 37 por ciento a la realizada en 1978, y en 113 por ciento a la de 1977.

Entre los sectores a que asignaron los mayores montos, destacan el industrial, con 136 mil millones de pesos, 46 por ciento.

El agropecuario, con 52 mil, 18 por ciento, y comunicaciones y transportes, con 48 mil , 17 por ciento.

Lo que demuestra la congruencia de la jerarquía de nuestras acciones en materia de energéticos, alimentos y cuellos de botella.

La inversión pública, sin considerar la paraestatal, creció en casi un 38 por ciento respecto a la del año anterior, y la privada se reanimó en forma sin precedente.

Muchos de los proyectos que se iniciaron con ellas todavía no se concluyen; han exigido gastos y todavía no han rendido dividendos.

Este natural desfasamiento explica una parte de la inflación.

Volvemos a insistir aquí, no son los trabajadores por la percepción de salarios justos los que distorsionan la economía.

Esta no podrá permanecer en equilibrio si la generación y existencia de satisfactores sociales es insuficiente.

Cuando lo programas de estabilización justificados por la transitoriedad, se perpetúan, se incurre en más graves injusticias de las que se pretende desterrar.

Fatalmente se restringen los ingresos de los asalariados, se concentra el capital y el Estado reduce su ámbito de maniobra, anula su capacidad para resolver los conflictos sociales y cancela su posibilidad de gobernar.

Política Financiera