Chapter 5

Dentro del Comité Especial de los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados que, de conformidad con lo resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra recientemente con objeto de elaborar definiciones de dichos principios, la delegación de México, junto con las de Argentina, Chile, Guatemala y Venezuela, es decir, las de todos los Estados Latinoamericanos representados en el Comité, presentaron un proyecto conjunto de declaración en la que se postula que todo el Estado, en sus relaciones internacionales, debe abstenerse de recurrir a la amenaza al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro; de organizar y fomentar grupos armados para hacer incursiones en el territorio de otro; de crear, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, de intervenir en una guerra civil de otra Nación mediante el uso de la fuerza y de ejercer represalias armadas; y se sostiene, además, que el territorio de todo Estado es inviolable, ya que no puede ser objeto, ni aun temporalmente, de ocupación militar u otras medidas de fuerza, y que las guerras de agresión constituyen crímenes internacionales contra la paz.

Capítulo V.

Mensaje:

Ciudadanos Diputados;

Ciudadanos Senadores;

Ciudadanos Ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación:

La magnitud que ha alcanzado el país, el número y complejidad de sus problemas y el deseo de compendiar, nos han llevado a omitir, en este Informe, muchos de los datos que constan en los Anexos al mismo, que también hoy se publican y en las Memorias que presentarán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal.

Hemos escogido sólo aquellos que, por su importancia política, por trascendencia social o por su significación económica consideramos que, junto con algunas explicaciones y comentarios, permiten presentar, en forma somera, el estado que guarda la Administración Pública del país.

A México no le conviene precipitaciones ni retrocesos, sino el paso firme, el avance sólido.

De cambiar en la política monetaria o en el control selectivo del crédito, e incidir en el déficit presupuestal, o ampliar el gasto público sobre bases inflacionarias, habríamos podido alcanzar mayores tasas de crecimiento.

Pero después, nos hubiéramos visto obligados a bajar esa misma tasa, reducir el gasto público y tomar más severas medidas para no dejarnos arrastrar por un proceso inflacionario incontrolable y de imprevisibles efectos.

Rechazamos la expansión desmesurada que, sin medir esas consecuencias, algunos desearían, y adoptamos el camino del desarrollo, firme y sostenido, que proviene del crecimiento normal generado por el aumento de la inversión pública y privada.

Nada de estímulos artificiales que necesitan después duras restricciones o que provocan procesos que, a la larga, llevan inevitablemente al empobrecimiento colectivo.

Nos negamos a acelerar hasta desbocar para después tener que frenar hasta la inmovilidad.

Sacrificamos avances y realizaciones espectaculares, a cambio de lograr progreso verdadero.

Con estricta sujeción a estos lineamientos hemos logrado que la inversión pública de este año sea la más elevada de toda la historia de México.

Es justo mencionar que también lo es la inversión del sector privado, que es la más alta de todos los tiempos.

Seguimos sosteniendo que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la población y no para reforzar los privilegios de uno cuantos.

Esta es la teoría económica de la Revolución y a ella se ajustan nuestros actos, porque estamos persuadidos de su validez y porque es el mandato de una historia pletórica de luchas.

Volvemos a hacer hincapié en que el empresario no debe operar en un criterio exclusivo de lucro, sino que debe hacerlo con un sentido de alta responsabilidad social.

No discutimos el derecho a sus ganancias, pero éstas deben ser razonables, no exageradas.

Si deseamos una sociedad en la que ninguno de sus miembros carezca de lo estricto, tenemos que sustituir el viejo criterio de la rentabilidad máxima de cada empresa, con fines particulares, por la noción de la mayor eficacia global de las inversiones con fines sociales.

Un país empeñado en que su desarrollo sea económico y social, no debe determinar su índice de crecimiento atendiendo, exclusivamente, a la elevación en el ingreso nacional.

Es cierto que el de México rebasa ya los $ 6,250.00 anuales por habitante, cifra que se considera como la frontera del subdesarrollo; mas, para nosotros, son las condiciones sociales, educacionales, de salubridad y, sobre todo, la redistribución adecuada del ingreso nacional, los índices definitivos para precisar el estado económico y social del país.

La Patria ha crecido, y con ella han crecido sus necesidades.

Nuestras carencias nos imponen retrasos que son -que me son, personalmente- angustiosos.

¡Qué bueno, qué satisfactorio para los mexicanos que nuestro peso se consolide!

Pero la sola dureza de nuestra moneda, en la que descansa la economía, si no se traduce en más pan para los humildes, en techo, en seguridad social y en oportunidades de formación para sus hijos, es logro totalmente secundario.

El arrancar a la gran masa nacional de su pobreza es urgencia a la que no podemos, no debemos, responder con la simple consolidación de estructuras económicas que no benefician a esa gran porción de la familia mexicana.

Importantes problemas podrán superarse, si quienes poseen mucho limitan sus consumos innecesarios y canalizan sus recursos por los anchos causes que la inversión productiva ofrece en nuestro país.

Aspiramos a que la riqueza no sea medio de opresión ni se traduzca en alarde.

Queremos que sea instrumento de progreso y bienestar social.

Mantener trabajando la riqueza y compartir el producto es la mejor manera de asegurar a los hijos un sólido futuro, porque así vivirán dentro de una colectividad que se asienta en la conciencia de un estrecha solidaridad, no sólo en las pérdidas, sino, fundamentalmente, en las ganancias.

Sin una sana economía no alcanzaremos ninguna posibilidad de justicia social; pero sin justicia social el desarrollo resulta concepto vacío.

Su armónica conjugación es la única base posible de la tranquilidad nacional.

La importante tarea del desarrollo no es ni puede ser exclusivamente de grupos cerrados, sean de funcionarios públicos, técnicos, empresarios, industriales o financieros.

Es tarea del pueblo. La democracia política encuentra su necesario complemento y culminación en la democracia económica.

Sin la presencia activa de la clase trabajadora en nuestro movimiento social de 1910, no serían concebibles las conquistas que cristalizaron en el artículo 123 constitucional, de las que nos enorgullecemos como mexicanos y como hombres.

En el sector obrero vemos a un aliado que sabe que respetamos sus derechos y lucharemos hasta donde sea necesario para que no sean violados; pero que también sabe ejercerlos dentro de los límites de lo jurídicamente permitido, porque sólo en un orden legal es posible hablar de respetabilidad de derechos.

El problema más delicado de México sigue siendo el del campo.

Debemos coordinar los esfuerzos del mayor número de compatriotas para que Reforma Agraria y modernización agrícola se complementen y apoyen mutuamente.

El Gobierno de México lleva más de treinta años creando una adecuada infraestructura en el campo y, simultáneamente, repartiendo tierras entre los campesinos.

Es necesario modernizar la agricultura; que ésta disponga, en mayor proporción, de riego, de electricidad, de combustible, de almacenamiento, de vías de comunicación y medios de transporte, de equipos, de fertilizantes, de semillas mejoradas, e insecticidas.

En síntesis, de capital de trabajo y de técnica, para que la tierra rinda al hombre; para que el hombre del campo consuma y para que, en consecuencia, nuestro desarrollo económico sea firme, y la industria pueda auxiliar a la estructura agropecuaria, de la que, a su vez, depende, pues de ella obtiene materias primas y mercado.

El problema del crecimiento demográfico en el campo se resuelve con simplismo, acomodando a los hijos en las labores agrícolas ya sobrecargadas de hombres y escasas de capital, creando una gran población de subocupados y, obviamente, desamparados.

En nuestro progreso agropecuario todavía no nos enfrentamos a los límites naturales infranqueables: hay tierras para abrir al cultivo, bosques por explotar racionalmente, métodos y medios para lograr la agricultura intensiva, y existen recursos naturales que no hemos aprovechado.

Hasta hoy, el fomento ganadero de México se ha reducido a la mejoría de las razas, adaptándolas a nuestros climas: se ha avanzado en la creación de praderas artificiales, pero es indispensable alcanzar mayores rendimientos, pues el índice de nuestro país figura entre los más bajos del mundo.

Urge que el crédito al campo no gravite casi exclusivamente sobre el sector público.

Numerosas pequeñas propiedades tienen gran solvencia y sólo requieren que la banca privada actualice sus métodos y proceda, con criterio que justifique su función de manejar dinero del pueblo de México, a llevar fondos a una producción noble y redituable, como es la de la pequeña propiedad.

Esto permitirá al Estado liberar recursos para aumentar el crédito al ejido.

La Reforma Agraria mexicana es factor decisivo de la paz, estabilidad y desarrollo económico de México; pero es imperativo eliminar las grandes disparidades que existen entre los niveles de vida rurales y urbanos.

Un esfuerzo sistemático que conjugue la acción de todos los sectores económicos de la Nación, puede arrojar resultados positivos en un tiempo relativamente breve.

Movilizar la mayor cantidad posible de recursos a esta tarea, es asegurar el ininterrumpido progreso y un futuro mejor.

La tarea es urgentísima; no por lo que algunos propalan en el sentido de que el campesino está al borde de la desesperación, sino por la justicia y solidaridad humana que debemos al hombre del campo que tan vigorosamente ha contribuido al desarrollo del país, sin recibir los beneficios que le corresponden, lo cual, además, puede llegar a frenar el crecimiento económico de la Nación.

Los campesinos sólo tienen en abundancia, dije en Punta del Este, su hambre, su enfermedad y su ignorancia; pero son nobles, trabajadores y abnegados.

Agrego ahora que tienen una pasión: su amor por México; una ruta: de la Revolución Mexicana; y una seguridad: la de que su Gobierno se esfuerza al máximo por servirlos y de que si no les proporcionan mayor bienestar, no es porque no quiera, sino porque no se ha podido acelerar más el progreso.

Esa seguridad se vigoriza porque ven a diario cómo los esfuerzos del país les abren cada vez más sus horizontes.

Esa gran porción de humildes aspira, aunque parezca que su voz parece de resonancia, a que su avaro terrón tenga agua, su familia tenga techo y pan, su hogar disfrute de electricidad; aspira a algo más, inmensamente conmovedor: a que sus hijos sobrepujen su miseria y alcancen los beneficios de una formulación profesional.

En esa gran masa humana que nos da el pan que comemos aunque, en ocasiones no tenga ni un mendrugo para ella, alienta vigorosa fe en el futuro de México.

Me honro al hacer un expresivo y sentido reconocimiento a las mujeres mexicanas, quienes a unos cuantos años de tener el derecho al voto, dan espléndida lección al actuar como admirables ciudadanas, ejerciéndolo de modo que expresa confianza y fe en el proceso político de su país, en el que participan magníficamente.

Como madres, como maestras, como profesionistas, como trabajadoras, como funcionarias, como creadoras, como dirigentes de empresas, en todos los órdenes, la mujer está presente en la vida de México y aporta su esfuerzo, su pasión, su inteligencia, en favor de la familia, de la educación, del progreso y la grandeza de la Patria.

En todo joven hay una materia esencialmente limpia, generosa, idealista.

Sólo la juventud expresa la sonrisa verdadera de la alegría de vivir.

Yo la he visto florecer en los labios de muchachas y muchachos de todo el país.

Cuando he estado cerca o entre ellos, cuando he escuchado su bullicio, sus ruidos, su algazara, y he palpado además sus anhelos, sus sueños, sus problemas, he sentido que somos nosotros los mayores, los padres, los maestros, los gobernantes, quienes tenemos el deber de acercarnos, de convivir con ellos, de conocerlos, de comprenderlos, de mantener una comunicación sin prejuicios; de ayudarlos a que sus dudas desaparezcan o sus problemas no los confundan, no los desorienten; de escucharlos con ánimo abierto, sin querer imponerles condiciones que, pueden creer, son prejuicios nuestros o una autoridad que no les da el derecho de explicarse ni les explica por qué se les impone o en qué se funda.

Los excito a que se apeguen a su país, a su historia, que la conozcan, que la mediten y no sean instrumentos de quienes tratan de utilizarlos por interés bastardo, empujándolos a acciones que los dañan.

Los exhorto a pensar siempre en su Patria, decididos a darle lo mejor de sí mismos, con el ideal de construir, no de destruir.

Les pido, también, algo muy importante: no pierdan la fe en sus propias posibilidades de crear, como nueva generación, mejores condiciones de vida para la que ha de sucederlos.

Esta fe la fortalece la alegría, no la desesperación; el afán de justicia, no el pesimismo.

La acción, la verdadera acción revolucionaria, es profundamente optimista y necesita de hombres, antes que de aprendices de odio, estudiosos de los problemas de su país, que actúen con responsabilidad y eficacia ante ellos.

La parte en que consigamos "hacer de nuestros jóvenes algo que valga más que nosotros" será lo más trascendente que hayamos realizado en favor del futuro de nuestra Patria.

En todas las naciones la juventud se enfrenta a un enorme desasosiego, motivado por un mundo cuya existencia le parece precaria.

Es un fenómeno mundial, al igual que la crisis de las Universidades, cuyo espíritu de claustro, al salir a plenitud de luz, no ha encontrado su perfecto acomodo dentro de la realidad que solicita nuevas formas y métodos para el aprendizaje y la investigación.

Sería indeseable que el país se mantuviera apartado de corrientes renovadoras.

Nada más distante de nuestro pensamiento que tratar de imponer la mejor cortapisa a la libertad de discusión y de investigación.

Concierne a los Universitarios de México, sin intervenciones extrañas, actualizar las Universidades e insertarlas en las necesidades de la vida contemporánea del país.

Para hacerlo, cuentan con la libertad académica, que es fruto de la Revolución, y con la autonomía, que también de ella surgió y que está garantizada por la soberanía del Estado.

No sólo respetamos su libertad y su autonomía, sino las defendemos; pero no podemos admitir que las Universidades, entraña misma de México, hayan dejado de ser parte del suelo patrio y estén sustraídas al régimen constitucional de la Nación.

Con el esfuerzo de millones de mexicanos hemos logrado un año más de estabilidad.

Estabilidad no implica estancamiento o letargo; es paz que permite seguir adelante.

Marchar supone encarar problemas viejos y problemas nuevos.

La estabilidad es promisoria en la medida en que garantiza la posibilidad de transformar y modificar.

Tenemos y seguiremos teniendo problemas.

Pero lo importante es no negar su existencia y encararlos tratando de resolverlos.

Hemos de repetir que preferimos los medios persuasivos, el convencimiento, la argumentación, aun a riesgo de parecer demasiado tolerantes.

Pero ni la prudencia es síntoma de debilidad, ni la energía refleja necesariamente capricho o intransigencia.

La prudencia es camino aconsejable cuando hay posibilidades de comprensión; la energía es necesaria cuando los conflictos se plantean con el deliberado propósito de que se compliquen y no pueda llegarse a soluciones pacíficas o cuando se desbordan y ponen en peligro las instituciones, el orden jurídico y la atmósfera de sensatez, en que deben ventilarse.

En algunos casos pudo establecerse el diálogo, lograr el acuerdo y atender así las legítimas preocupaciones de los interesados.

En otros, hubo necesidad de proteger el régimen de derecho en que vivimos, con medidas legales de orden público que siempre se limitaron a lo estrictamente indispensable, no se extendieron, en ningún momento, más allá de los exigido en cada ocasión y sólo se tomaron después de agotados los recursos sugeridos por la cordura y el espíritu de comprensión.

Hubiéramos preferido no tener que recurrir a extremos legales, pero hubiera sido peor vernos obligados después a obrar con mayor energía.

No ejercer el poder que la Ley confiere al gobernante, es tan nocivo como abusar de él.

La ausencia de autoridad induce a la anarquía y ésta lleva inexorablemente a la dictadura.

El Régimen tiene la obligación de velar por que ni las personas ni sus bienes sean atacados con motivo de alteraciones de orden público.

Aseguramos que el Gobierno de la República cumplirá esta obligación y a cada caso que llegue a presentarse sabrá dar la respuesta adecuada.

La Constitución nos da las facultades necesarias para poner a México y a los mexicanos a salvo.

Gobierno que ponga oídos sordos a la inconformidad, tiene perdida su inspiración.

Por mandato del pueblo debe escucharlo siempre, y encabezar la rebeldía contra todo lo que reduzca sus posibilidades de satisfacer ampliamente sus necesidades.

Me uno a la protesta justa de los que reclaman sus derechos, y sé que esos derechos debemos atenderlos para que la Revolución siga impetuosamente adelante.

Pueblo y Gobierno coincidimos en la misma justísima demanda de bienestar para los más desamparados, y en esa brega no soy sino un modesto servidor de mis conciudadanos y abogado de sus legítimas causas.

Pero no se puede estar de acuerdo con procedimientos inhumanos que, en vez de aliviar, empeoran la situación de quienes tienen necesidad de hacer una solicitud, y añaden, a los males que ya padecen, graves sufrimientos físicos y morales.

Si hasta cierto punto hemos tolerado esta clase de manifestaciones, han sido con el afán de que el derecho de petición se ejerza sin restricciones, por que deseamos agotar todas las posibilidades de atender el fondo de justicia que pueda haber en las demandas, aunque se formulen de manera tan absurda, y porque juzgamos preciso informar, explicar y orientar a quienes las hacen, con el propósito de que sepan cómo actuar en defensa de sus intereses legítimos, y puedan salir del engaño o librarse de las amenazas.

El repetido fracaso de las gestiones que se realizan mediante ilegales procedimientos de presión debiera desalentar a sus instigadores.

Mejores y más rápidos frutos se obtienen, generalmente, por los causes que señalan la legalidad y la razón.

Es cierto que en algunas ocasiones se logra el golpe publicitario; pero nada más.

Con ser, en estos tiempos, muy importante la publicidad, no es suficiente para sustituir a la razón.

El Gobierno no puede intimidar, porque tendría que acceder a cuanto se le pidiera por quienes tienen posibilidades económicas de hacerse propaganda o capacidad de escándalo para lograr publicidad gratuita.

Seguimos prefiriendo el principio tradicional: la razón debe dársele a quien verdaderamente le asiste.

En los casos más graves, en que se llega a los extremos criminales de la violencia y de la muerte, ya no cabe la tolerancia: no queda sino el rigor de la Ley.

Hemos defendido permanentemente, en ocasiones a costa de grandes sacrificios, el principio de no intervención, y lo seguiremos defendiendo cuantas veces sea necesario.

Si pretendemos que siga siendo válido como norma de conducta internacional, reconozcámosle validez en todos los casos, sin excepción que lo debilite.

Respetémoslo todos, si queremos que sea un principio respetable.

En México, a cien años del triunfo de la República sobre las fuerzas invasoras, no cabe ni pensar en género alguno de intervención.

La rechazamos venga de donde venga y cualquiera que sea su signo: en nuestros asuntos somos y seguiremos siendo soberanos.

Cuantas veces la historia ha querido probarnos, encontró un pueblo decidido a defender sus libertades y sus modos peculiares de vida.

México podrá ser derrotado, pero no sometido, porque tiene inmensa raíz.

La gran voz de nuestra Patria no responde a bastardías que atentan contra su ser.

El desbordamiento emocional que nos poseyó a los mexicanos al marchar, confundidos pueblo y Gobierno, el 15 de julio, tras el viejo coche del Benemérito Benito Juárez, dio fe del inmenso caudal de estirpe que nos alimenta.

Este día lo llevaremos para siempre en lo más vivo de nuestro ser.

El pasado estaba presente y tenía una sola dimensión: la del México que se yergue absolutamente solo y soberanamente digno, frente a las amenazas del exterior y del interior, la del México triunfante sobre la adversidad.

El símbolo era un severo y sencillo carruaje, a cuya rodada quedó reducida, muchas veces, la institución republicana: un polvoso coche perdido en los chaparrales del norte y en el que Juárez llevaba consigo, sabiendo que podría servirle de sudario, la gloriosa enseña tricolor.

Sentimos su enorme grandeza e invocamos su inspiración para poder responder dignamente a ese México que iba, con él, en la carroza trashumante que cruzó por todos los caminos del infortunio sin dejarse abatir.

Esa es nuestra línea: es la línea que él nos marcó.

No dimos a Juárez solamente nuestra reverencia, sino que en él confirmamos nuestro deber de mexicanos.

Otras pruebas nos saldrán al paso: nos parecen pequeñas, muy pequeñas frente a aquellas a las que él respondió y convirtió, finalmente, en la victoria de nuestra Patria.

Nos legó esta lección: velar permanentemente por México, defender a México de todas las acechanzas.

La Revolución ha sido en México una dinámica constante, una forma de luchar contra vicios y deformaciones sociales que datan de siglos, y mientras subsistan algunas de esas limitaciones seculares o aparezcan otras, derivadas de ellas, el proceso revolucionario del pueblo mexicano debe seguir su rumbo ininterrumpido.

Ese rumbo es el que, con tanta sabiduría y precisión, hace cincuenta años, reunidos en la ciudad de Querétaro, nos dieron aquellos briosos revolucionarios que, inflamados de su pasión de Patria, supieron crear la Carta Constitucional de 1917.

De aquel numeroso grupo de pujantes jóvenes nos quedan pocos: viejos admirados y profundamente respetados.

Nuestro más encendido homenaje para los que ya se han ido y nuestro afecto más cálido para los que aún alientan entre nosotros.

Sólo la continuidad revolucionaria explica el desarrollo alcanzado por México en los campos económico y social, la estabilidad política lograda, reconocida por todos, y las profundas transformaciones que han hecho de nuestra Patria una Nación radicalmente distinta a la de hace apenas medio siglo y, sin embargo, tan idéntica a sí misma.

Continuidad implica mantener con firmeza sus principios y actualizar a cada momento su programa, seguros de que en la experiencia histórica de México hay los suficientes recursos y ejemplos de renovación, para afrontar las difíciles tareas que reclama un país cada día más complejo y de mayores dimensiones humanas.

Sólo con el concurso sostenido y consciente de la inmensa mayoría del pueblo podrá seguir adelante el programa de la Revolución en su etapa actual.

La continuidad supone necesariamente la unidad.

No ignoramos que pueden surgir y surgen divergencias de opinión que dan lugar a discrepancias entre algunos sectores revolucionarios.