Chapter 1

Tercer Informe de Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Septiembre 1, 1967

Discurso del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1967.

Honorable Congreso de la Unión:

Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Política Interior.

México continúa su marcha con paso seguro.

Nos inspira la conducta de nuestros héroes, nos guía el conjunto de principios permanentes que ellos nos legaron y nos sostienen y hace progresar el esfuerzo de millones de mexicanos.

Vivimos en paz con el exterior y con tranquilidad interna.

El ritmo acelerado de nuestro desarrollo económico nos permite ir realizando los postulados de la justicia social.

Se disfruta de las más amplias libertades, dentro de un clima de justicia que se apoya en la Constitución y que garantiza el Poder Judicial.

En esta delicada tarea coadyuvan, en la medida de sus respectivas atribuciones, las dos Procuradurías.

Para ejercer el derecho de voto, en elecciones federales y por convenios celebrados con los Estados, en las de carácter local, 15.938,670 ciudadanos obtuvieron su credencial de elector.

El Registro Nacional de Electores continuará permanentemente su labor.

De los inscritos, 7.499,415 fueron mujeres.

El domingo 2 de julio se realizaron en toda la República los comicios para elegir diputados a la XLVII Legislatura de este honorable Congreso.

Se efectuaron elecciones municipales en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora; para diputados locales en Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sonora, y para gobernadores en Campeche, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Por renuncia de los titulares, el Ejecutivo Federal designó al Jefe del Departamento del Distrito Federal y al Gobernador del Territorio de Quintana Roo.

Como turistas, se internaron en la República 1.132,516 personas.

Los visitantes fronterizos fueron 76.516,880.

Se autorizó la internación de 13,268 visitantes, con carácter transitorio, y se concedió asilo político a 106 personas.

Para continuar estudios superiores vinieron a la República 4,121 jóvenes.

Se autorizó la entrada de 4,969 inmigrantes.

A periodistas, conferencistas, artistas y visitantes distinguidos, se otorgaron 4,669 permisos de cortesía.

Obtuvieron calidad de inmigrado 1,632 personas.

Por violaciones graves a nuestras leyes fueron expulsados del territorio nacional 816 extranjeros.

Salieron del país, en viaje temporal, 140,656 mexicanos.

El Ejército y la Fuerza Aérea realizan constante actividad, para propiciar la superación profesional de quienes tienen la importante misión de velar por la integridad de nuestro territorio y salvaguardar nuestras instituciones.

Los programas de instrucción y adiestramiento incluyeron prácticas de campaña, en las que se comprobó el grado de aprovechamiento de los alumnos, el aprendizaje de las tropas y la capacidad de instructores y comandantes.

Con el fin de que el mayor número de generales, jefes y oficiales ejerzan el mando, se llevaron a cabo 156 cambios en las diferentes dependencias y unidades del Ejército Mexicano.

Fueron organizadas la Escuela Militar de Aplicación de Infantería, Artillería, Zapadores y Servicios; la de Aplicación de Caballería, y un Escuadrón de Material Aéreo de Transporte Ejecutivo.

La Dirección de Ingenieros realizó diversas obras, entre cuarteles, casa habitación, redes de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, y colaboró con las autoridades civiles en la construcción y reparación de caminos, pistas de aterrizaje, puentes y otras obras públicas.

Las fuerzas armadas alfabetizaron a 24,850 personas, entre soldados y sus familiares.

El Ejército realizó y realiza en estos momentos importantes tareas de salvamento y auxilio a la población civil afectada por los fenómenos meteorológicos.

A petición expresa de las autoridades estatales y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 122 de la Constitución General de la República, el Ejército restableció el orden interior en Morelia y Hermosillo.

En esta última, la solicitud también fue presentada, verbalmente y por escrito, por la Federación de Estudiantes del Estado.

Los buques de la Armada Nacional cumplieron 681 órdenes de operación y navegaron 335,322 millas marítimas.

En viaje de prácticas, los cadetes de 4o y 5o años, los guardiamarinas de la promoción 1966 y los del curso preparatorio de la Escuela Naval navegaron 15,563 millas marítimas.

Se adquirió, en $ 25.000,000.00, la draga Venustiano Carranza.

En ambos litorales se dragó un volumen de 4.711,000 metros cúbicos, con un costo de cerca de $ 30.000,000.00.

Fue concluido el puerto de San Carlos en el Territorio de Baja California, con costo de $ 60.000,000.00.

Dicho puerto dará salida a los productos agrícolas de importante y aislada región del Territorio de Baja California.

Este puerto, el más joven de la República, tiene, sin embargo, el mayor calado y la mayor capacidad de carga y descarga.

Continúa la edificación del puerto interior de la Laguna de San Pedrito en Manzanillo.

Para las competencias olímpicas de 1968 se construye, en Acapulco, un malecón de 631 metros y un muelle de 278.

Se han continuado los estudios para construir el puerto de abrigo de Yucalpetén, en el Estado de Yucatán.

Capítulo II.

Política Económica.

La inversión total del país, en 1966, se apoyó principalmente en ahorros y fondos nacionales -90%- y sólo complementariamente -10%- en recursos del exterior.

En 1967, las inversiones públicas continuaron creciendo hasta llegar al monto mayor en la historia del país.

La inversión autorizada, hasta el día de ayer, asciende a $ 22,000.000.000,00.

Se puso en marcha el plan trazado a fin de que las obras cuenten oportunamente con los recursos necesarios para su ejecución, puedan realizarse durante las épocas más propias y no haya endeudamientos por inversiones no consideradas.

Se procura acentuar el sentido social, fomentando numerosas pequeñas inversiones para las comunidades rurales y poblaciones de bajos ingresos: obras, de pequeña irrigación, electrificación rural, centros asistenciales y de salud, escuelas, viviendas, agua potable, saneamiento ambiental y nuevos caminos para dar salida a los productos regionales.

Las inversiones públicas buscan, además, un adecuado equilibrio entre desarrollo social y económico: se canalizan mayores recursos al fomento agropecuario y pesquero y se ejecuta el más amplio programa de riego, dentro del que destaca el plan nacional de pequeña irrigación.

La planeación para 1968 permitirá autorizar, desde octubre próximo, las inversiones públicas, para asegurar la continuidad en la ejecución de las obras.

En 1965, el aumento de la producción real de bienes y servicios fue de 5.4%, extraordinario si se atiende a las condiciones en el año.

En 1966 se logró que fuera de 7.5% y se calcula que este año sea de la misma proporción.

La existencia de oro y diversas en el Banco de México sumó el día de ayer, Dls. 589.000,000.00.

Contamos además, con líneas secundarias de reserva, que ascienden a Dls. 590.000.000.00.

El acuerdo de líneas de crédito recíproco por Dls. 130.000,000.00, suscrito en mayo de este año, entre el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos, constituye especial reconocimiento a la firmeza de la moneda mexicana: con el nuestro, son catorce los países que tienen un arreglo semejante, y entre ellos están los de más alto desarrollo económico - financiero.

Este convenio permitirá prescindir, en marzo de 1968, del crédito de apoyo a las importaciones, que nos brindó el Banco de Importaciones y Exportaciones.

El aumento de la cuota de México en el Fondo Monetario Internacional y sólida posición de pagos al exterior, permitió que ese organismo usara $ 293.750,000.00 mexicanos en operaciones de préstamos para Brasil, Chile y Colombia.

Están aseguradas la estabilidad del peso mexicano y su libre convertibilidad.

La confianza en ella ha permitido captar volúmenes crecientes de ahorro, ha reducido las operaciones financieras especulativas y ha hecho que

las decisiones de inversión se orienten hacia las necesidades del desarrollo de la Nación.

La deuda del Gobierno federal, hasta el 31 de diciembre de 1966, ascendió a $ 37,027.000,000.00; el 85.2% corresponde a la deuda interior y el 14.8% a la exterior.

La deuda externa del sector público, a plazo de un año o más, es de Dls. 1,891.800,000.00.

Usamos el crédito externo como complemento de los recursos propios, al igual que hacemos con la inversión extranjera directa.

Procuramos documentar los financiamientos del exterior a mayores plazos y con tasas de interés lo más reducidas posibles, de acuerdo con las condiciones del mercado internacional de capitales y cuidando, de manera especial, que se destinen a proyectos generadores de recursos suficientes para pagarlos y para dejar un remanente de riqueza al país.

El Gobierno federal colocó, en el exterior, dos emisiones de bonos, hasta por el equivalente de Dls. 35.000,000.00, a 15 años y con tasas de interés promedio de poco más del 7%.

El producto se utilizará en adquirir equipos para generación de energía eléctrica, y en la construcción de carreteras y obras de riego.

La segunda de estas emisiones, por Dls. 25.000,000.00, se colocó totalmente en Europa.

En febrero, la Nacional Financiera realizó, a través del mercado de Londres, su primera emisión de carácter público, que tuvo una favorable acogida, gracias al prestigio internacional que esa Institución ha alcanzado.

Su monto fue de Dls. 20.000,000.00 y el plazo medio de 5 años.

La Comisión Federal de Electricidad, sin aval del Gobierno, hizo una segunda emisión de valores en el Viejo Continente, con un importe de Dls. 20.000,000.00 y a un plazo de amortización de 5 años.

Nos tocó operar en un mercado de capitales que se caracterizó por la falta de liquidez, aumento en las tasas, múltiples providencias de varios países para nivelar sus balanzas, etcétera.

Sin embargo, México encontró siempre amplias posibilidades para obtener crédito, en condiciones favorables y diversificar sus fuentes.

Todavía ayer se concertó un crédito de Dls 35.000,000.00 con la Compañía Norteamericana de Seguros Prudencial, a 15 años y con interés de 6.7/8%.

No tomamos más dinero, no porque nos faltaran oportunidades y aun ofertas, sino porque nos hemos propuesto no rebasar nuestra normal capacidad de pago.

Hemos conseguido, incluso, una importante liberalización de los créditos, de modo que, en ocasiones, sólo resultan atados en parte, no por cláusulas acordadas, sino porque algunos productos sólo podemos adquirirlos en determinados países o porque sus precios nos resultan más favorables.

No olvidamos proteger a las industrias nacionales, pero es obligación superior defender al pueblo en general.

Se dictaron disposiciones para facilitar a los bancos de depósito la captación de recursos a mediano plazo, en condiciones competitivas de mercado.

Deseamos simplificar su régimen de encaje legal y fomentar las actividades merecedoras de trato crediticio prioritario.

También se renovaron los mecanismos que les permiten un flujo permanente de crédito a su clientela, independientemente de las fluctuaciones estacionales de sus depósitos.

Lo mismo hicimos con las sociedades financieras.

Procuramos apoyar la comercialización de los productos agropecuarios, alentando créditos de la banca privada para operaciones de pignoración de maíz, sorgo, frijol, soya, cártamo y ajonjolí.

Aumentó la captación de recursos por parte de nuestro sistema bancario, lo que permitió el ascenso del financiamiento en 15.4% al pasar de $ 96,987.000,000.00 en agosto de 1966, a $ 111,877.000,000.00, en el mismo mes de este año; la mayor parte se canalizó al sector privado, correspondiendo $ 42,741.900,000.00 a la industria y $ 13,218.800,000.00 a la agricultura.

La inversión en valores públicos y privados alcanzó $ 33,397.900,000.00.

Las instituciones nacionales de crédito cubrieron el 63% de la actividad agropecuaria; las privadas el 29% y los apoyos del Banco de México el 8%.

Es propósito del Gobierno federal seguir fortaleciendo las instituciones nacionales de crédito agropecuario y estimular a la banca privada para que participe, cada vez más, en este renglón.

Los créditos concedidos por el sistema Banco Nacional Agropecuario -Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura -, aumentaron 35% y llegaron a $ 1,641.000,000.00; la mayor parte de estos recursos provino de fuentes internas, aunque se utilizaron también algunas de carácter internacional, negociadas bajo condiciones muy satisfactorias.

Los financiamientos concedidos por el Banco Nacional de crédito Agrícola ascendieron a $ 943.000,000.00.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal prestó a ejidatarios $ 1,029.000,000.00.

La aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera aseguró 3.250,000 hectáreas, 260,000 bovinos y 40,000 equinos, con una cobertura de $ 4,500.000,000.00 y $ 395.000,000.00, respectivamente.

Se calcula que el monto de las indemnizaciones ascenderá en el presente año a $ 428.000,000.00 en el ramo agrícola y a $ 17.300,000.00 en el ganadero.

El nuevo Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el pasado mes de abril, ha contribuido a fortalecer las relaciones entre el Fisco y los particulares, redundando favorablemente en el ingreso gubernamental.

El número de causantes registrados asciende a 7.203,000.

Los ingresos federales provenientes de impuestos fueron, de enero a agosto de este año, $ 14,982.700,000.00.

El gasto presupuestal efectivo en igual lapso fue de $ 15,718.600,000.00

Los gastos corrientes, por $ 10,520.700,000.00, se mantuvieron al mismo nivel que en 1966, no obstante diversas mejorías a empleados al servicio del Estado, mayores obligaciones por pago de intereses de la deuda y sostenido aumento de los gastos de previsión social.

En el mismo lapso, los ingresos totales de los organismos descentralizados y empresas del Gobierno Federal, sujetos a control presupuestal, fueron de $ 24,274.3000,000.00.

Los egresos ascendieron a $ 24,724.100,000.00.

Estas entidades dependen, cada vez en mayor proporción, de sus propios recursos.

Los financiamientos que han recibido disminuyeron en $ 1,385.900,000.00, con respecto al año pasado.

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta aumentó en $ 873.600,000.00, recuperando la proporción preeminente que le corresponde en nuestro sistema fiscal, después de la prevista contracción de 1965-1966 como consecuencia de la nueva ley.

Al término de este año fiscal, pasará de $ 6,000.000,000.00.

Lo recaudado por impuestos a la industria, la producción y el comercio, aumentó en $ 529.000,000.00.

Por concepto de ingresos mercantiles se recaudaron $ 1,764.100,000.00.

Debemos pagar por la industrialización; pero no hay economía que resista precios internos muy por encima de los del mercado internacional en la mayor parte de los artículos que se produzcan en el país.

Sin cambio alguno en la política, sino, al contrario, en aplicación estricta de los principios que hemos seguido hasta ahora, de prevenir por igual la inflación y la recesión, seguiremos ampliando o disminuyendo las protecciones arancelarias, siempre que ello sea necesario o conveniente para la economía nacional.

Por esta razón, sin perder su carácter de arbitrios fiscales, los impuestos al comercio exterior se manejan con propósitos de fomento económico.

Los bienes de capital, materias primas, combustibles y elementos auxiliares integran la proporción más alta de compra externa y tienen un arancel muy bajo, de ahí que, en 1966, el coeficiente arancelario medio a la importación haya sido solamente del 12.3%, uno de los más reducidos no sólo en América Latina, sino aun en relación con los países más altamente industrializados.

Durante el último año firmé 764 resoluciones que amparan 4.448,256 hectáreas, para beneficiar a 74,703 campesinos.

El total, en lo que va del sexenio, es de 8.470,366 hectáreas.

De esas tierras se han entregado ya, en posesión definitiva, más de 6.000,000 de hectáreas, en 28 actos agrarios, realizados en casi todos los Estados de la República.

En Chihuahua se revisaron 24 concesiones de inafectabilidad ganadera que se encontraban vencidas; 9 que han anticipado su vencimiento y dos que fueron derogadas por incumplimiento de los requisitos a que estaban sujetas.

Esta revisión afecta 357,000 hectáreas y dejará reducidas las superficies sólo a las necesarias para sustentar, como máximo, 500 cabezas de ganado mayor, tal y como lo dispone nuestro Código Fundamental.

En una metódica revisión para delimitar las superficies que se consideran baldías y legalmente deben ser propiedad nacional, se ha hecho la declaratoria respecto a más de 2.000,000 de hectáreas en Baja California, Chiapas, Durango y Yucatán.

La mayor parte pasarán a ser ejidos.

Viejos problemas de deslinde y confirmación de tierras se han resuelto en 271 comunidades indígenas.

Se cancelaron 201 solicitudes de colonización que habrían significado la ocupación de 4.4000,000 hectáreas, que deberán pasar a formar parte del sistema ejidal.

La determinación que hemos tomado de reducir superficies en las zonas que el Gobierno abre al riego, obedece a obvias y evidentes razones de utilidad pública: el más amplio aprovechamiento social de las inversiones nacionales mediante el acomodo del mayor número de campesinos y necesidad de proscribir la especulación con las propias tierras.

Esta política no pretende afectar la situación legal de la pequeña propiedad; hemos sostenido y seguiremos sosteniendo el principio de su respeto absoluto, porque así lo determina en forma expresa la Constitución General de la República.

El artículo 27 constitucional establece que cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera, tal propiedad no puede ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando, en virtud de las mejorías obtenidas, se rebasen los máximos señalados por dicho precepto, siempre y cuando reúna los otros requisitos que fija la ley; pero cuando, sin esfuerzo de su parte, se beneficia con una obra que costó al pueblo mexicano, y convierte en tierras de riego las que eran de temporal, no debe aprovecharse en exceso.

Si no acepta la reducción de su predio a un máximo justo y conveniente, que será determinado en cada zona, se le respetará el número de hectáreas que la ley le garantiza, pero, independientemente del ejercicio de las demás acciones legales, no se le dará el servicio del riego.

En cambio, si admite la justa y proporcional reducción, recibirá junto con los demás del sistema, el agua que la nación le proporciona.

Ya estamos aplicando esta política en el Valle de Guamúchil, Sinaloa.

Los verdaderos agricultores le están aceptando.

Al cumplirse, dejará disponibles cerca de las tres cuartas partes de las tierras regadas, que se destinarán a llenar necesidades ejidales.

Así, las obras de riego se incorporarán más ampliamente al espíritu de la Reforma Agraria y no serán objeto de especulación.

Desarrollamos una acción múltiple para obtener tierras destinadas a los campesinos y, hasta donde las fuerzas nos alcanzan, desde el punto de vista legal y material, las estamos entregando al mayor número posible.

Nos esforzamos en no apartarnos del régimen de derecho e igual cosa pedimos a ellos.

No exageramos la actitud ni estamos simplemente teorizando, ni menos sufriendo una deformación profesional: cuando exigimos cumplimiento de la ley lo hacemos con la profunda convicción de que sólo en él se puede basar la pacífica convivencia.

La armonía y la paz del campo nos obligan a cuidar que no se violen las leyes.

Las situaciones extralegales a la larga a nadie aprovechan.

El acatamiento al orden legal favorece a los peticionarios de ejidos, a quienes ya los tienen concedidos y a los pequeños propietarios; en fin, a la tranquilidad de la región y de la República.

La estricta aplicación de la ley a los únicos que no beneficia es a los transgresores.

Tratamos de que los nuevos centros de población que se establezcan tengan, desde un principio, los elementos que permitan el arraigo de los pobladores a la tierra, a fin de que no la abandonen y vayan, en su errante migración, a solicitarla a otros lugares.

Una vez que las asambleas generales de sus compañeros determinaron se les privara de sus derechos y que dichas decisiones se revisaron y se encontraron ajustadas a la ley, 25,077 ejidatarios que, sin causa justificada, abandonaron durante dos años seguidos su parcela, fueron constituidos por igual número de campesinos solicitantes.

He firmado 82 resoluciones negativas de dotación de tierras, 956 certificados de inafectabilidad agrícola y 32 de pequeñas propiedades ganaderas.

Se han revisado 8,500 contratos ejidales y de las comunidades, relacionados con la producción agrícola, ganadera, forestal y no renovable; se obtuvo un aumento de $ 110.000,000.00 en las percepciones correspondientes a los ejidatarios.

Consideramos que uno de los medios más efectivos para elevar el nivel de vida de los agricultores, principalmente de los ejidatarios, es hacerlos partícipes en la transformación de los productos agropecuarios. Industrializadas sus cosechas en el propio campo, los beneficios económicos que se obtienen repercuten en el campesino y en su familia, pues tiene así dos fuentes de trabajo e ingreso.

De ahí que se haya dispuesto que las plantas industriales de toda índole -como ingenios, molinos de arroz, despepitadoras, fábricas de aceites, empacadoras -, que ahora son propiedad de los Bancos Nacionales de Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, pasen al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, entidad que en el futuro deberá venderlas a los ejidatarios, interesándolos en su administración para que de ellas mismas se obtengan los recursos necesarios para pagarlas.

La donación de cerca de $ 7.500,000.00 que, para el fomento ejidal, hicieron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y el personal de confianza de Petróleos Mexicanos, se aplicó el otorgamiento de tres créditos, el primero, para desarrollar y diversificar la producción del ejido de Anenecuilco, Morelos; el segundo para organizar la producción y venta del sombrero de palma en la región Mixteca, Oaxaca; y el tercero para mejorar la producción lechera e iniciar su industrialización, en la región de Mazapil, Zacatecas.

Soy portavoz de los campesinos de esos lugares para expresar públicamente su agradecimiento - al que agrego el mío -, a los trabajadores petroleros, sindicalizados y de confianza, por su generosa solidaridad.

Agrego con dolor que nadie ha seguido el ejemplo. Hay muchos mexicanos que podrían prestar apoyo económico, asistencia técnica, asesoramiento legal o de otra índole, a un ejido y ayudarlo con eficacia. Si lo hacen con pasión y desinterés, llegaría a ser importantísima su cooperación y ellos tendrían la satisfacción de haber servido a sus semejantes.

Con obras ejecutadas este año, dentro del Plan Nacional de Pequeña Irrigación, se abarca ya, para beneficio de 4,000 familias campesinas, 19,000 hectáreas, en 22 entidades federativas.

En el curso de diez años, este Plan permitirá utilizar 300,000 hectáreas más en todo el territorio nacional.

Se trabaja en 57 presas de almacenamiento, 14 iniciadas este año. Destacan: la Internacional de La Amistad, que podrá almacenar aguas de las avenidas de 1968, aunque se terminará en 1969; la Constitución de 1917 en Querétaro; en Chihuahua, sobre el Río Conchos, El Granero, cuyo cierre se está ejecutando y que asegura, en su primera etapa, el riego de 10,000 hectáreas; y en la región Lagunera, del Río Nazas, Las Tórtolas.