Chapter 6

Ante el Gobierno de Cuba hemos insistido en que nos parece absurdo e innecesario, aparte de gravemente criminal, poner en riesgo vidas inocentes y ajenas a los móviles personalísimos de los secuestradores; menos aún en países como México, donde existe y es respetada de manera absoluta la libertad de tránsito, y en donde se cuenta con los medios regulares para viajar a Cuba, dependiendo exclusivamente de que el Gobierno de aquel país conceda la visa.

También le hemos hecho saber que el Gobierno de México entendería, y le parecería natural, la protección que Cuba otorgara a sus propios nacionales; pero hasta hoy no hemos solicitado la extradición de un solo ciudadano cubano.

En cuanto a los mexicanos que han participado en actos de piratería aérea, hemos reiterado que no son perseguidos en su propia Patria; ninguno de ellos estaba acusado de delito alguno, ni se le seguía proceso ante los Tribunales; pero aun en este no concedido supuesto, lo natural, lo sencillo, lo fácil hubiese sido que esos mexicanos, si tenían el deseo de viajar a Cuba y se sentían perseguidos, hubiesen acudido a su Embajada en México o a otra de las acreditadas aquí, con la seguridad, como ha sido norma invariable del Gobierno Mexicano, de que se otorgarían de inmediato los salvoconductos.

Cometer un gravísimo delito y poner en peligro muchas vidas, cuando existe llano el camino de pedir asilo a una Embajada, no tiene explicación racional ni se justifica por motivo o pretexto alguno.

Por otra parte, tampoco parece comprensible que puedan ser considerados como perseguidos políticos de las autoridades mexicanas extranjeros que, diciéndose precisamente víctimas de persecución política en su país de origen, habían sido muy recientemente salvados por México de esa supuesta o real persecución, al concederles asilo -caso de algunos brasileños y dominicanos- y haberles abierto los generosos brazos de su hospitalidad, poniéndolos bajo el amparo de la Constitución y las leyes mexicanas, en pleno ejercicio de su libertad.

¿Cómo si conforme a la Ley y los Tratados, está terminantemente vedado realizar actividades políticas a quienes gozan de asilo en otro país, podrían ser catalogados como perseguidos políticos los extranjeros que precisamente disfrutaban de asilo en nuestro territorio?

A mayor abundamiento, el Gobierno Mexicano ha dado seguridades al Gobierno de Cuba de que, en su caso, los extraditados no serían procesados ni juzgados en México por delitos distintos a los expresamente imputados como motivo de la extradición.

México continúa otorgando asilo en sus Embajadas a quienes lo solicitan y han demostrado, a juicio de nuestros agentes diplomáticos, tener derecho a la protección de esa noble institución latinoamericana.

Entre nosotros, el derecho de asilo tiene una generosa y muy vieja tradición, recordemos que algunos de los próceres más ilustres de la Reforma fueron, en su tiempo, asilados políticos.

Creemos que el asilo debe respetarse por todos:

Lo mismo por quien está en posibilidad de concederlo, que por quienes se benefician de él. Pensamos que si el favorecido lo viola, comete una gravísima felonía.

En los casos que, con nuevas características se han presentado últimamente, hemos actuado con sentido humanitario y espíritu de colaboración, para los gobiernos dentro de cuya jurisdicción se realizan los actos que dan motivo a la solicitud y siempre a petición expresa de esos gobiernos.

En los casos opuestos, de mexicanos que han pedido asilo en embajadas acreditadas en nuestro país, de inmediato se han otorgado los salvoconductos, bastando la sola solicitud de los respectivos Jefes de Misión.

No discutimos la procedencia de la calificación que hace el Embajador de un país amigo, por considerar que, de acuerdo con los principios que rigen la materia, hacerlo es un acto unilateral de soberanía de cada Gobierno.

El 21 de marzo del presente año se descubrió en el centro de una plaza monumental que lleva el nombre de México, en la Avenida de las Américas de la ciudad Capital de Guatemala, una estatua del Presidente Benito Juárez, donada por el pueblo mexicano al pueblo guatemalteco.

Fue una nueva expresión de nuestro respeto y afecto para el pueblo hermano enviarle la efigie de uno de nuestros más grandes hombres, y del noble pueblo de Guatemala para nosotros, darle tan espléndido marco.

Las rigurosas medidas de inspección implantadas el 20 de septiembre del año anterior por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a lo largo de la frontera con México mediante la llamada "Operación Intercepción", interrumpieron bruscamente la cooperación espontánea y amistosa desarrollada entre los dos países desde el año 1949, para combatir el contrabando de estupefacientes.

La operación no sólo provocó trastornos, demoras e irritaciones en la frontera, por el carácter excesivo y, en ocasiones ofensivo para nuestros nacionales, de algunas medidas tomadas, sino que ensombreció, con la mayor amenaza de los últimos años, las relaciones de amistad y comprensión entre los dos países.

Con firme ecuanimidad afrontamos el problema, y el Gobierno de los Estados Unidos de América, tras los primeros días de proceder unilateralmente, también se esforzó, como nosotros, para llegar a la firma del Convenio Administrativo del 10 de octubre de 1969, mediante el que sustituimos la "Operación Interceptación" por la "Operación Cooperación" y acordamos continuar, en interés de ambos, la lucha contra la producción, tráfico y consumo ilícito de estupefacientes.

El Gobierno del vecino país se comprometió a modificar sus procedimientos de inspección y México confirmó su propósito de intensificar su propio programa contra esas criminales actividades que tanto daño ocasionan a la humanidad y, en los últimos tiempos, principalmente a la juventud.

El Tratado de Cooperación con el país del Norte para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, fue firmado el 17 de julio último, comprometiéndose ambas partes, por cualquier medio legal a su alcance, a recuperar y devolver al país propietario los objetos robados.

Este Tratado entrará en vigor al efectuarse en la ciudad de Washington el canje de instrumentos de ratificación.

Las relaciones comerciales con Estados Unidos de América continuaron en forma normal, habiéndose incluido dentro del Temario de la V Reunión de la Comisión Conjunta de Comercio y la X Reunión Interparlamentaria, las cuestiones referentes a la abolición o atenuación de barreras a nuestras exportaciones y otros problemas comerciales fronterizos.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos de América aprobaron el Acta formulada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los dos países, en la que se reconoce la eliminación de 19 bancos cortados desde hace muchos años por movimientos del Río Bravo.

Mediante tales eliminaciones, formuladas de acuerdo con la Convención de 20 de marzo de 1905, pasaron a ser territorio de México 15 porciones de terreno cuya superficie total es de 689.57 hectáreas y se han reconocido como territorio de los Estados Unidos de América, 4 porciones de terreno con una superficie de 182.05 hectáreas.

El día 8 de septiembre de 1969, me reuní con el Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de América con motivo de la ceremonia inaugural de la presa de "La Amistad", construida sobre el Río Bravo por los dos países.

Los días 20 y 21 del pasado agosto el propio señor Presidente de los Estados Unidos nos honró con una visita oficial de Jefe de Estado, que tuvo por escenario la ciudad de Puerto Vallarta.

Discutimos diversos asuntos de interés común y llegamos a varias resoluciones entre las que podemos destacar las siguientes:

Acuerdo para mantener como frontera natural entre los dos países, los Ríos Bravo y Colorado, y restituir al primero ese carácter ahí donde lo había perdido por movimientos ocurridos en el pasado.

Como consecuencia, se atribuye a México la soberanía sobre 520 hectáreas, en 182 islas y a los Estados Unidos de América 200 hectáreas en 137 islas, de las que, a través de los años, se habían venido formando en el propio Río Bravo.

La carencia de datos sobre su formación y antigüedad, hacía sumamente difícil, para una y otra partes, presentar evidencias que justificaran su derecho a reclamarlas.

El Corte de El Horcón y la isla de Morteritos pasarán a la soberanía de México, y se compensará a Estados Unidos con una superficie exactamente igual, al hacerse la rectificación del cauce.

En El Horcón hay un pueblo mexicano y habría sido absurdo desalojarlo.

Desde al año 1907 data la reclamación que México formuló sobre el llamado Corte de Ojinaga; originalmente la extensión disputada era de 875 hectáreas, pero, al presentarse pruebas convincentes de que una parte se había segregado desde el año 1895, y que, por su extensión, y de conformidad con lo estipulado en el Tratado vigente, constituía un "banco eliminable", quedó reducida la cuestión a 650 hectáreas, que fue lo que nosotros demandamos.

En Puerto Vallarta se resolvió reconocernos el derecho sobre la totalidad de esta superficie.

Se convino en que nunca más un cambio convulsivo significará pérdida de territorio, sino que cada país puede, a sus expensas, ejecutar las obras necesarias para restaurar el antiguo cauce del río siempre que éste, en sus movimientos, hubiese segregado alguna porción de territorio, en la inteligencia de que si por cualquier razón, en el término de tres años, no se ejecutan las obras de reencauce, tampoco perderá derechos territoriales, los que seguirán vivos para ser tomados en cuenta en ulteriores rectificaciones que impongan los movimientos de los Ríos Bravo o Colorado.

Todas las porciones territoriales que cambien de soberanía por virtud de los acuerdos de Puerto Vallarta pasarán libres de propiedad privada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de nuestra Constitución, era indispensable la fijación de este requisito, dada la prohibición a los extranjeros de poseer tierras en la faja fronteriza.

Se acordó determinar, de manera permanente, las fronteras marítimas, tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México, hasta la distancia de 12 millas náuticas, que es la que establece en la actualidad nuestra legislación.

Se seguirá el principio de equidistancia estipulado en la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua, con una salvedad: Como la desembocadura del Río Bravo es movible, un corto segmento de esa línea será movible, desde el punto de desembocadura hasta 600 metros, y de ahí, hasta las 12 millas marítimas, será fija.

La declaración de Puerto Vallarta salvaguarda la libertad del Gobierno de México para sustentar el criterio o punto de vista que considere adecuado para los intereses de nuestro país, ya sea en la Conferencia Mundial sobre el Derecho del Mar, que es probable que tenga lugar en un futuro cercano, o en cualquier otro foro internacional.

Como es también del dominio público, el próximo día 3 concurriré, en la ciudad de San Diego, California, a una cena de Estado que el propio señor Presidente de los Estados Unidos de América se ha servido ofrecerme, como gesto de amistad hacia el pueblo mexicano.

Temporalmente se resolvió el problema pendiente con Canadá respecto a nuestras exportaciones de hilos de algodón, a las que se les había fijado un arancel que consideramos discriminatorio por parte de ese país.

Los dos gobiernos acordaron permitir la exportación de 165,000 libras mensuales, durante un período de transición que abarca de marzo a septiembre de 1970.

Para estrechar las relaciones económicas y comerciales con algunos países que han expresado interés en hacerlo, México convino el establecimiento de Comisiones Económicas Mixtas con Argentina, Brasil y Venezuela.

El propósito general de estas Comisiones es el examen periódico de las relaciones económicas existentes y la proposición de medidas que tiendan a intensificarlas.

El Gobierno Mexicano tomó la decisión de no seguir concertando, como regla general, nuevos convenios comerciales bilaterales y sólo hacerlo en casos verdaderamente excepcionales, cuando signifiquen ventajas concretas importantes, ya sea porque contribuyan a disminuir efectivamente el déficit de nuestra balanza con los países con los que ya comerciamos en volúmenes importantes, o bien verdaderamente promuevan nuestras ventas con aquellos en que existen expectativas reales de intercambio.

Al entrar en vigor el Decreto que reformó el artículo 18 de la Ley General de Bienes Nacionales, fijando la anchura del mar territorial mexicano en 12 millas, se cumple un viejo anhelo por el que se venía luchando en diversos foros desde 1956.

Lo que entonces, y todavía en las dos Conferencias del Derecho del Mar, de 1958 y 1960, parecía irrealizable, ahora se acepta como postura razonable por numerosos miembros de la comunidad internacional.

En la Reunión Ministerial celebrada en Caracas el 8 de diciembre de 1969, se estableció la Comisión Especial de Consulta y Negociación con cuya creación se realizará una antigua aspiración latinoamericana, la de contar con un instrumento permanente de negociación entre nuestros países y Estados Unidos de América para encontrar soluciones efectivas a los problemas económicos y sociales que retardan el desarrollo de América Latina.

CAPITULO V

Mensaje.

Ciudadanos diputados:

Ciudadanos senadores:

Ciudadanos Presidentes y Ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Han sido seis años de lucha incesante, a veces con éxito otras sin él, para enfrentar problemas grandes y pequeños, para salvar escollos de toda índole, para cubrir múltiples carencias, para satisfacer enormes necesidades.

El presente que vivimos resulta creador y alienta la fe en un futuro promisorio que ayuda a forjar.

Sucesión de etapas en un proceso de larga duración ha sido nuestro desarrollo, y ni siquiera las contradicciones y las deslealtades -que las hemos sufrido- han logrado alterarlo o detenerlo.

Los precipitados confunden las horas con los años y los años con los siglos y olvidan que el avance de una revolución no es un gran salto; ni siquiera una serie de pequeños saltos; es, sí, un estallido para destruir todo lo que es necesario destruir, para después, recorrer, un largo camino, sin detenerse, venciendo o eludiendo obstáculos y evitando desviaciones, en las que puede caerse fácilmente por comodidad, error o falta de entereza.

Es un proceso necesariamente gradual que, para ser sólido, exige audacia, prudencia, resistencia y fe renovada en las metas que se persiguen.

La congruencia entre actos e ideas está por encima de las realizaciones espectaculares, de la demagogia que tantas revoluciones ha llegado a esterilizar.

Una revolución de breve vida no es una revolución:

En la perspectiva de la historia queda en mero episodio.

Para ser auténtica revolución, exige un prolongado, laborioso, sacrificado esfuerzo, con aciertos que consolidar, errores que corregir y deformaciones que evitar.

Una revolución cambia usos y abusos, no sólo del antiguo régimen, sino también usos y abusos que inexorablemente surgen en su propio acaecer.

En la esencia de una verdadera revolución está la permanente crítica de sí misma.

Es parte del espíritu revolucionario reconocer lo que ha dejado de hacerse, rectificar cuando así lo exigen las realidades, verificar los hechos y los medios para alcanzar los anhelos, para realizar los postulados en que se cree.

Es consubstancial con el espíritu revolucionario que permanezcan firmes las ideas y se renueven constantemente los hombres.

La Revolución Mexicana, fruto de ideas universales, inteligentemente adaptadas a necesidades nacionales, nació exenta de sujeciones externas, ajena a metrópolis ideológicas, políticas o económicas.

¡Fueron grandes visionarios quienes la hicieron!

Nosotros, dentro de circunstancias distintas, hemos seguido su itinerario: una política de independencia, de no intervención, de apoyo a la autodeterminación de los pueblos y de cooperación y solidaridad internacionales.

Hemos mantenido, sin una sola claudicación, los principios de la política internacional, surgidos de la entraña misma de nuestra historia; los hemos sostenido con profunda y apasionada convicción, lo mismo cuando se identifican con los anhelos de otra nación, que cuando disienten.

Hace seis años decíamos cómo México desea la paz, y ahora es grato poder afirmar que hemos vivido en paz y amistad con todos los pueblos del mundo, 'obviamente más estrecha, más cálida con los que formamos la comunidad continental'; con nuestros vecinos inmediatos, así del Norte como del Sur, hemos conseguido que 'nuestras relaciones sean ejemplo de convivencia cordial y constructiva' y México ha seguido siendo 'entrañablemente hermano de todos sus hermanos de Latinoamérica.'

Al iniciar el Gobierno nos propusimos mantener la estabilidad política y conservar la paz interior, tratando de conjugar el orden y la libertad.

Si se hizo necesaria la represión legal de actos delictuosos, no fue sino consecuencia natural de la ilegítima presión que pretendió ejercerse contra el Gobierno.

Para los observadores de buena fe es evidente que nunca se trató de resolver los problemas con la fuerza y que ésta sólo se usó para contener la violencia y propiciar un clima de paz que permitiera afrontar los problemas dentro de la ley.

Fue Juárez quien dijo: 'Yo puedo condonar las ofensas personales que se me hagan; pero no está en mi arbitrio permitir que se ultraje impunemente la dignidad del Gobierno, y que sea el escarnio y la befa de los malvados.'

Con los naturales, transitorios desajustes, a veces dolorosos y cruentos, hemos vivido una etapa más de nuestra historia en plena paz social, manteniendo el orden para que sean posibles las libertades y manteniendo las libertades para que el orden sea un bien y no un mal.

Vivimos democráticamente:

El pueblo ha sido y es siempre el árbitro soberano de sus destinos; nosotros hemos tratado empeñosamente de escuchar y comprender su voluntad, para acatarla y hacerla cumplir.

A pesar de pesimistas profecías y aviesos designios, el proceso electoral se desarrolló con toda normalidad.

Los partidos, los candidatos y los ciudadanos en general expusieron sin restricción alguna sus pensamientos, y las mayorías nacionales pudieron conocerlos, para decidir con pleno conocimiento de causa, en qué programa y en qué hombres depositaban su confianza, a través del sufragio.

Nunca se había inscrito un número mayor de ciudadanos en al Padrón Electoral y nunca, como ahora, se había registrado mayor concurrencia a las urnas.

En un clima de paz, repito, en el mayor orden y en completa libertad se realizó en todo el país la jornada electoral, y el pueblo mexicano, otra vez, convirtió una contienda en una gran fiesta cívica. Los comicios fueron limpia victoria de México y todos ansiamos que esa victoria rinda sus mejores frutos.

Discutir, confrontar corrientes de opinión no sólo es posible, sino positivo y deseable; negar el derecho de exponer sus opiniones a los que piensan diferente va contra la dignidad del hombre y contra una profunda y rica tradición de México.

Al respetar a los demás estamos forjando la mejor arma para que se nos respete.

Preservar nuestro estado de derecho y el régimen de nuestras libertades, es requisito esencial para que los mexicanos sitúen, por encima de sus ideas y sin perjuicio de profesar las que fueren, la convivencia en la paz y la justicia y la libertad en la ley.

Alejados de sectarismos provocados por la ceguera de la pasión, la vanidad o el rencor, expongamos cada quien nuestras razones, para que después de ponderarlas surja la verdadera razón que, al ser la razón de México, sea la de todos los mexicanos.

Sobre esas bases hemos mantenido sólidamente la unidad nacional que se nutre y enriquece con la más variada gama de sentimientos, pensamientos y acciones.

Esa cohesión nacional, sostenida con gran sentido de los valores primordiales de la Patria, nos ha permitido vivir en paz, en libertad, trabajando y esforzándonos por realizar cada vez en mayor grado los postulados de la justicia social.

La sensatez de la inmensa mayoría del pueblo mexicano ha salvado a la Patria de grandes peligros, en los que a veces se cae por falta de previsión o de madurez, por veleidad o ligereza, por irresponsabilidad o por deliberada traición.

El mexicano sabe que su gobierno es genuinamente revolucionario, en cuanto es capaz de luchar denodadamente por mantener incólumes nuestras mejores esencias, como de emprender sin vacilaciones las reformas que el pueblo anhele.

Nuestras instituciones han probado, una vez más, su reciedumbre, su eficacia, su perceptibilidad.

¿Existen, acaso, en el panorama de México, gérmenes de instituciones con qué sustituir, aunque sea con pequeña ventaja, a las que poseemos?

La respuesta rotunda es no.

Con nuestras instituciones, respetándolas y perfeccionándolas, el país puede continuar su ascenso en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural.

La Constitución General de la República como institución fundamental de la Nación y el conjunto de leyes que norman nuestra vida, han sido factores primordiales en la realización de esta etapa que está por concluir.

Factor también importante ha sido nuestro Instituto Armado.

Si al protestar como candidato -noviembre de 1963- afirmé que los mexicanos podemos sentirnos realmente orgullosos de nuestro Ejército y de nuestra Armada, ahora, casi siete años después, con el aval de profundas experiencias, ratifico el orgullo que sentimos por su comportamiento y su espíritu de sacrificio y de cooperación, que han hecho posibles las tareas orgánicas de la paz para colocar a México en niveles superiores.

A nombre de pueblo y gobierno expreso la gratitud nacional a nuestras fuerzas armadas por la disciplina, el honor y la lealtad con que han cumplido la altísima misión que tiene encomendada: velar por la inviolabilidad del territorio, mantener el orden y la paz social, defender las instituciones y salvaguardar los mejores valores de México.

Nos esforzamos por manejar escrupulosamente, no sólo desde el punto de vista de la honestidad, sino también desde el de la eficacia, los bienes puestos bajo nuestra custodia.

Creemos entregar una economía más sana, una situación fiscal equilibrada.

Hace seis años, nos propusimos como importantes objetivos fomentar el ahorro interno, mantener la estabilidad del tipo de cambio, combatir presiones inflacionarias, alcanzar un crecimiento económico de 6% anual como promedio, por lo menos:

Impulsar la industrialización y aumentar la eficiencia productiva; corregir y atenuar desequilibrios en el desarrollo regional y en las diversas ramas de la actividad y lograr equidad en la distribución del ingreso nacional.

Llevamos tres décadas de desarrollo económico sostenido:

De 1940 a 1950, el aumento en el producto interno bruto en términos reales, deducido el crecimiento de la población fue de 38.5%; de 1950 a 1960, llegó a poco más de 26% y, en la década 1960-1970 no será menor del 46%.

Este es un éxito logrado en unos de los aspectos más importantes del desarrollo económico- social: La capitalización nacional.

No estamos, sin embargo, satisfechos:

Debemos seguir esforzándonos por crear más riqueza y distribuirla más equitativamente, para que así la formación de capital resulte fecunda.

A pesar de la política fiscal, que propicia la redistribución del ingreso; de la continuación intensiva de la política agraria y su modernización, que permiten al campesino incrementar sus ingresos; de la revisión bianual de los salarios mínimos y de los contratos colectivos y de la cada vez más extensa seguridad social no se ha podido impedir que, por la necesidad de acelerar la capitalización nacional, ésta haya dado lugar a una concentración de riqueza, en que pocos poseen mucho y muchos carecen de casi todo.