Chapter 4

Generación. La generación total de electricidad en la República fue de $ 19,000.000,000 de kilovatios hora, lo que significa un incremento de 10.6%.

Conforme al programa de ejecución se invirtieron $ 1,513.000,000 y se pusieron en operación plantas con generadores que tienen capacidad de 379,593 kilovatios.

Plantas en operación.

En dos años el Gobierno de la República ha puesto en operación plantas con 993,893 kilovatios, de los cuales corresponden 780,893 a la actual administración; estos últimos representan la sexta parte de los 4.797,672 kilovatios instalados por la industria eléctrica de servicio público propiedad de la Nación.

Incluidas las plantas particulares, el país tiene en operación 5.706,759 kilovatios.

Consumo. La industria atiende a 3.509,000 consumidores; esto es, que 18.000,0000 de mexicanos reciben el servicio; de ellos 1.500,000 personas se sumaron a estos beneficios en los últimos doce meses.

Redes. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro aumentó su capacidad de alimentación de la red de distribución y mejoró las redes que trasmiten la energía.

Terminó los trabajos para hacer llegar los beneficios de la electricidad a cerca de 100,000 habitantes de 21 colonias proletarias del Distrito Federal y zonas adyacentes.

En trabajos de construcción invirtió $ 260.000,000.

Mediante la revisión de los contratos colectivos y de los contratos - ley, los trabajadores del país obtuvieron beneficios tanto en salarios como en prestaciones sociales.

Los salarios, en general, se incrementaron en 13.5% como promedio y los convenidos en empresas industriales de jurisdicción federal tuvieron un aumento promedio de 13%.

De importancia esencial fue la fijación de los salarios mínimos para el bienio 1966 - 1967 que aumentaron 16.8%, respecto al anterior, por lo que hace a la ciudad, y 16.7% para el campo.

Por primera vez en la historia laboral del país, en diciembre de 1965, se fijaron salarios mínimos profesionales.

Esta medida ampara a trabajadores calificados en oficios y trabajos especiales que, en su mayoría, carecen de la protección de contratos colectivos de trabajo.

He recomendado -y lo vuelvo a hacer públicamente- a los ciudadanos Gobernadores y a los Ayuntamientos de la República que tomen medidas para fortalecer y ampliar la vigilancia del cumplimiento de los salarios mínimos legales, indispensables para nuestro progreso económico y par garantía social de las masas trabajadoras de menores ingresos.

Gracias a la labor conciliadora, se logró evitar el 96.4% de las huelgas emplazadas.

En aquellos casos en que, a pesar de la intervención conciliatoria de las autoridades del trabajo, estallaron los movimientos, fueron resultados posteriormente, merced a la acción amistosa de las propias autoridades laborales.

Por concepto de ejecución de laudos dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores obtuvieron $ 74.434,000.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo logró que se pagara a los trabajadores, por concepto de indemnizaciones, $ 1.022,000.

Plenamente convencido de que la paz y el progreso de la Nación sólo pueden alcanzarse por el camino de la justicia social, ratifico la decisión inquebrantable de seguir procurando el cumplimiento cabal de los postulados que contiene el artículo 123 de nuestra Carta Magna.

Nuestra doctrina constitucional se base en el principio de que, entre los factores de la producción debe existir un equilibrio que permita al trabajo y al capital recibir su parte adecuada, proporcional y justa.

Tal equilibrio es un imperativo inaplazable: el establecimiento de las garantías sociales no consiente que la utilidad del capital derive de la miseria y la explotación de los trabajadores.

La Constitución y las leyes establecieron para los trabajadores el derecho de procurar, por medio de la acción sindical y de la huelga, la fijación de condiciones justas para la prestación de sus servicios. Miramos con solidaridad la acción de la clase trabajadora dirigida a este fin, así como los beneficios que ha obtenido para sus miembros en diversas ramas de la industria.

Profesamos un respeto absoluto a la libertad sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva.

De acuerdo con el programa agrario nacional que nos hemos impuesto, seguimos atendiendo las demandas campesinas del país, localizando tierras afectables con el propósito de entregarlas, a la mayor brevedad, a los hombres del campo.

He firmado un mil resoluciones, que benefician a 94,157 campesinos, con una superficie total de 4.022,110 hectáreas.

De éstas corresponden al año del presente Informe 706 resoluciones que benefician a 66,394 campesinos con 2.808,882 hectáreas.

Igual que el año anterior, el Departamento Agrario publicará, en la Memoria respectiva, los datos detallados que permitan llevar relación y cuenta de las resoluciones, de los poblados en cuyo favor se hayan dictado, de las superficies afectadas y de los campesinos, beneficiados.

A la Nación, interesa, y por eso nos esforzamos tanto en lograrlo, liquidar la etapa del reparto de las tierras, aunque el problema del campo sabemos que no termina ahí: la entrega de la tierra lleva implícito el derecho al crédito y a la asistencia técnica, pero también lleva aparejada la obligación de cultivarla.

En la aplicación del programa se movilizan, como nunca antes en la historia agraria, numerosas brigadas de ingenieros y técnicos cuyo trabajo cubre hasta hoy más de 90 millones de hectáreas, para estudio o para aprovechamiento.

Ya hemos mencionado el hecho de que faltan ingenieros que pudiéramos contratar, para las labores agrarias, habiendo agotado el recurso de hacer publicidad solicitándolos.

En este, como en otros aspectos de nuestra vida, todavía no nos alcanzan las fuerzas humanas o económicas para lograr las metas que anhelamos.

Los 126,616 certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, concedidos hasta la fecha, amparan 7.000,000 de hectáreas de pequeña propiedad; aún subsisten 717 concesiones de inafectabilidad ganadera, sobre cerca de 8.000,000 de hectáreas.

Se dice que hay incertidumbre entre quienes, hace años, obtuvieron concesiones de inafectabilidad ganadera.

Con toda claridad, durante la campaña electoral, les dije personalmente a los propios ganaderos - y lo repito - que no debe haber incertidumbre: acataremos la Constitución.

En consecuencia, ahora que hemos superado la carencia de algunos elementos, al vencer el término de las concesiones y en las ya vencidas, delimitaremos la superficie inafectable, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, que no deberá exceder de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor.

Los índices de agostadero servirán de guía; pero cada caso será considerado en lo especial de modo tal que, si las tierras resultan de mejor calidad que la prevista en el índice de agostadero general para la zona, se atenderá a aquélla y no a éste.

Las tierras susceptibles de cultivo serán repartidas de inmediato entre los campesinos solicitantes, y las que no lo sean se destinarán a ejidos ganaderos, conforme se vaya disponiendo de ganado y de medios económicos para integrar su explotación.

Anualmente destinaremos en el presupuesto de egresos de la Federación el mayor número posible de millones de pesos para este propósito.

No prorrogaremos ninguna de las concesiones de inafectabilidad ganadera que se venza y no otorgaremos una sola más.

Quienes recibieron el privilegio de que les fuera otorgada una concesión de inafectabilidad ganadera sabían que vencería al término de 25 años; no hay razón para que ahora se extrañen de que cese el beneficio.

Seguimos confiando en la cooperación que, también personalmente, los propios ganaderos afectados nos ofrecieron.

Se puso en marcha el Distrito de Riego Presidente Juárez, en una zona netamente indígena del Istmo de Tehuantepec y, en acatamiento a la voluntad de los tenedores de la tierra en esa región, se dejó sin efecto la resolución presidencial que convertía en ejido las tierras que guardaban estado comunal, respetándoseles su carácter de comuneros, en términos del artículo 27 de la Constitución General de la República y del Código Agrario.

En el Departamento Agrario existen cerca de 10,000 solicitudes de tierra con mandamiento negativo en primera instancia; muchas de ellas han llegado a ser ya dictaminadas por el Cuerpo Consultivo Agrario, confirmando la negativa del Gobernador del Estado, pero sin que se haya dictado la resolución presidencial correspondiente.

Nada grato es, para un Presidente de la República, la tarea de contestar negativamente la petición de tierra de los campesinos; pero es necesario, útil y obligatorio decirles la verdad, y vamos a empezar a resolver estos expedientes para que los campesinos que han estado, por años, pendientes de la resolución, la conozcan en definitiva.

Si al final resulta negativa para ellos también será duro enterarse, pero consideramos que es preferible a la insegura e indefinida espera.

Para cumplir la disposición derogatoria de la Ley de Colonización, se han cancelado 318 expedientes en trámite, de nuevas colonias que hubieran comprendido cerca de 1.500,000 hectáreas de buena calidad.

A fin de evitar la especulación con las tierras convertidas al riego por la acción del Gobierno, y disponer de ellas en la mayor cantidad posible para los campesinos solicitantes de ejidos, he dispuesto que en lo sucesivo se dé invariable y estricto cumplimiento a la Ley de Riegos, en su artículo 16; de manera que el costo total de dichas obras se recupere mediante la cuota de compensación respectiva, la cual será mayor para las propiedades privadas, que para las parcelas ejidales. Esto, independientemente del ejercicio de las acciones legales que proceden.

Igualmente he dispuesto, con el mismo propósito de eliminar la especulación y dejar una vía más abierta para la entrada de los ejidatarios a los Distritos de Riego, que en los casos de concentración o simulación en que se pretenda eludir la acción agraria y el cumplimiento de lo ordenado por la Ley de Riegos, se proceda a modificar el paso de canales o de obras de toma, de manera que los predios objeto de la especulación o de la simulación queden fuera del riego y vuelvan a su condición primitiva.

Las obras de riego se hacen para los auténticos campesinos, no para beneficiar a especuladores y latifundistas que simulen ser pequeños propietarios.

Otra condición que nos hemos impuesto y que estamos cumpliendo es la supresión de las posesiones virtuales; procuramos invariablemente que al darse la posesión de las tierras se ejecute, desde luego, el deslinde correspondiente, con lo cual se previenen conflictos.

Con apoyo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 1,338 ejidos y comunidades invirtieron más de $ 84.000,000 en obras de beneficio social y de carácter productivo.

El desarrollo de las industrias ejidales cuenta a su vez entre los fines que nos hemos propuesto.

Define la política hidráulica el aprovechamiento integral del agua, para impulsar el desarrollo económico del país.

A fin de cumplir con mayor eficacia esta política, se establecieron métodos que tratan de mejorar la operación de los distritos de riego y sistemas de agua potable y se fortaleció la cooperación con otras dependencias gubernamentales para conjuntar esfuerzos en tareas comunes.

Se continuaron los trabajos en 38 presas iniciadas con anterioridad y que podrán llegar a regar 124,000 hectáreas.

Las presas más importantes en cuya construcción se trabaja, son las siguientes:

La Amistad, en Coahuila, sobre el Río Bravo, con capacidad de 7,000.000,000 de metros cúbicos, destinada para riego, generación de energía y principalmente para control de avenidas;

El Granero, en Chihuahua, sobre el Río Conchos, con capacidad de 850.000,000 de metros cúbicos, para control de avenidas y riego de 15,800 hectáreas del Valle de Ojinaga;

Josefa Ortiz de Domínguez, antes El Sabino, en Sinaloa, sobre el Río Álamos, con capacidad de 600.000,000 de metros cúbicos, para control de avenidas y riego de 40,000 hectáreas en el Valle de El Carrizo;

La Villita, en Michoacán, con capacidad de 700.000,000 de metros cúbicos, para producción de energía y para riego de 18,000 hectáreas;

Palos Altos, en Guerrero, con capacidad de 350.000,000 de metros cúbicos, para riego de 18,000 hectáreas;

Ignacio Allende (La Begoña), en Guanajuato, sobre el Río de la Laja, con capacidad de 150.000,000 de metros cúbicos, para riego de 13,400 hectáreas del Valle de Celaya;

El Bosque, en Durango, sobre el Río Poanas, con capacidad de 80.000,000 de metros cúbicos, para riego de 5,000 hectáreas en el Valle de Poanas.

A esta presa se le dio el nombre de General Francisco Villa, al cumplirse el último aniversario de la muerte de este caudillo.

En la Presa Netzahualcóyotl, en Chiapas, se terminó la instalación de las siete compuertas y equipos elevadores de las mismas en los vertederos de control y de excedencias.

Se taponaron los túneles uno y tres, clausurándolos definitivamente y el día 30 de mayo del presente año se empezó a llenar el vaso con capacidad para 12,960.000,000 de metros cúbicos; servirá para control de avenidas, riego de 350,000 hectáreas, generación de energía y navegación.

Además, y comprendiendo obras grandes, medianas y pequeñas, se iniciaron 21 presas que podrán beneficiar unas 84,000 hectáreas.

Especial importancia tiene la iniciación de la Presa Las Tórtolas, en Durango, sobre el Río Nazas, con la que se regularizarán las avenidas de las cuencas bajas de los ríos Nazas y Cuencamé; se beneficiarán con riego por gravedad 40,000 hectáreas nuevas y se mejorarán otras 40,000 en la Región Lagunera.

Tendrá una capacidad total de 438.000,000 de metros cúbicos, 70.000,000 para azolves,... 230.000,000 para riego, 50.000,000 para control de avenidas y 88.000,000 para super-almacenamiento.

Con las obras de almacenamiento terminadas, la capacidad de las presas construidas, que hasta el año pasado era de 35,389.000,000 de metros cúbicos, aumentó en 12,965.000,000, o sea el 36.5%. (No se cuentan las presas con capacidad inferior a 5.000,000 de metros cúbicos.)

Las obras realizadas en zonas de riego beneficiaron 57,746 nuevas hectáreas y se mejoraron las condiciones de 4,216 ya irrigadas.

La superficie regada actualmente con obras del Gobierno Federal es de 2.540,000 mil hectáreas.

Durante el presente año, las lluvias han sido superiores a lo normal en todo el país, con la sola excepción de la Península de Baja California.

Ello se traduce en incalculables beneficios para la ganadería y la agricultura, de temporal y de riego, aun cuando también se han causado daños de consideración.

Las presas hoy llenas, salvo la Presa Lázaro Cárdenas, en la Comarca Lagunera -que ya comenzó, sin embargo, a tener recuperaciones significativas- , llegarán a vaciarse en el futuro; deberemos aprovechar las experiencias del pasado y usar racionalmente el agua.

Los volúmenes almacenados en los Distritos de Riego más importantes habrán traer seguridad para el hombre del campo, si son bien administrados, como es nuestro propósito hacerlo.

Cuarenta años de ininterrumpida labor constructiva de los Gobiernos de la Revolución, en el control y aprovechamiento de nuestras corrientes, nos garantizan ahora, como nunca antes, el riego para los próximos ciclos agrícolas.

Se comenzaron los trabajos en 205 obras de agua potable que aprovecharán a 2.066,000 habitantes; se continuaron en 207, para beneficio de 1.800,000 habitantes y se terminaron 206, en favor de 1.652,000 mexicanos.

En materia de alcantarillado se empezaron 25 obras, en provecho de 1.000,000 de personas; se prosiguieron 27 para servicio de 1.147,000 habitantes.

Se terminaron las de doce poblaciones con un total de 947,000 habitantes.

Orientamos la política agrícola de México hacia el cumplimiento de tres metas nacionales: mejor alimentación para más mexicanos, abastecimiento suficiente de materia prima para el desarrollo de la industria y concurrencia al mercado agrícola internacional.

Perfeccionando sus métodos de trabajo con el auxilio de la técnica, diversificando las fuentes de ocupación de la mano de obra rural, afirmando la estabilidad de los precios de garantía, extendiendo los beneficios del régimen de seguridad social a nuestras zonas agrícolas, mejoraremos la dieta de la familia campesina y aumentaremos sus ingresos.

Durante los ciclos agrícolas invierno 1965 - 1966 y primavera - verano 1966 se cultivaron en el país aproximadamente 15.500,000 hectáreas.

En ellas 75 cultivos principales produjeron cosechas con un valor estimado en más de $ 28,000.000,000.

Las áreas destinadas al cultivo de maíz se redujeron sin déficit para el consumo; se calcula la cosecha en 8.700,000 toneladas y en 940,000 toneladas la de frijol; se mantuvo la producción de trigo en 1.550,000 toneladas; la de algodón fue de aproximadamente 2.500,000 pacas, de 180,000 toneladas la de grano de café beneficiado, de 956,000 pacas la de henequén; y se calcula una producción de 2.124,000 toneladas de azúcar.

A fin de elevar la productividad agrícola, se ha otorgado constante apoyo al desarrollo de la industria nacional de fertilizantes.

Se estableció una planta en Coatzacoalcos, Veracruz, con una inversión de $ 6.000,000, y otra en Torreón, Coahuila, con una inversión de $ 13.000,000.

Estos incrementos y la planeación de nuevos proyectos que se llevan a cabo para satisfacer necesidades previsibles en los próximos cinco años, autorizan a pensar que, para 1970, la industria nacional cumplirá la meta de abastecer de fertilizantes al total de las tierras cultivadas, de riego o de buen temporal.

Importamos productos agropecuarios por $ 1,781.000.000 y la exportación aumentó a $ 9,104.000.000, lo que arroja un saldo favorable de $ 7,323.000,000.

Se aprobó el Programa Nacional de Ganadería y se crearon el Consejo Nacional de Ganadería y los Comités Estatales de Fomento Ganadero, como organismos de cooperación.

Estamos sustituyendo animales corrientes por ejemplares de probada calidad genética. Se comenzó el levantamiento del inventario ganadero y la elaboración de la cartografía pecuaria. Se puso en marcha el plan de abastecimiento forrajero.

Con una aportación de más de $ 136.000,000 se llevan a cabo las obras del Plan Chapingo, las instalaciones para ampliar los centros regionales de investigación agrícola y los estudios para crear la Escuela Superior de Agricultura Tropical.

La Fundación Rockefeller contribuyó con $ 16.250,000, la Fundación Ford con $ 14.375,000, y el Fondo Especial de las Nacional Unidas con $ 19.454.000.

Se han puesto en marcha 79 programas de reforestación.

Se han decretado 33 cancelaciones y 13 suspensiones y se han resuelto en forma definitiva 793 expedientes de infracción, aparte de las denuncias formuladas por la presunta comisión de delitos forestales.

Continuaron los trabajos del Inventario Nacional Forestal y quedaron terminados los correspondientes a los Estados de Durango, Chihuahua y Sonora.

Debemos insistir en que, en la explotación silvícola, ni la tala despiadada ni las vedas totales resultan soluciones aceptables.

La riqueza forestal del país debe explotarse racional e integralmente en beneficio de la economía del pueblo mexicano.

Estamos convencidos de que las simples restricciones, la vigilancia para impedir violaciones a las disposiciones legales y la imposición de sanciones no producen resultados realmente satisfactorios.

Quien realiza una raquítica inversión para la explotación forestal, trata de obtener los mayores beneficios en el menor tiempo posible; una cuantiosa inversión exige, desde luego, cortar los árboles que deben ser procesados, pero además cuidar y plantar los que han de talarse dentro de muchos años.

El monto de la inversión produce, en forma natural, el efecto de planear a largo plazo y protege así la riqueza.

Esta es una experiencia recogida en los países que con mayor técnica y celo realizan explotaciones forestales, y puede servirnos de pauta para proyectar las nuestras.

En coordinación con diversas dependencias, la CONASUPO cumplió los lineamientos específicos que le fueron señalados por el Decreto del 23 de Marzo de 1965: proteger y fortalecer la economía del sector ejidal y parvicultor, pagando precios de garantía; regular los precios de venta de productos primarios y artículos de primera necesidad, creando reservas suficientes, y vender alimentos de buena calidad, a bajo precio, para proteger el poder adquisitivo de los sectores populares.

En el renglón de compras reguladoras, la CONASUPO adquirió 1.430,000 toneladas de maíz, por valor de $ 1,335.800,000; 1.000,000 de toneladas de trigo, por la cantidad de $ 818.000,000; 59,436 toneladas de frijol, con un importe de $ 103.663,000; 2,546 toneladas de copra, por $ 7.790,000; 115,000 toneladas de cártamo, con un valor aproximado de $ 172.500,000 y 84,702 toneladas de sorgo, con valor de $ 52.938,000.

La acción combinada de las dependencias y organismos que sirven al sector agrario, permitió que, en el ciclo triguero 1965 - 1966, quedaran equilibrados la producción y el consumo nacional de cereales y desaparecieran los excedentes; los agricultores del Noroeste sustituyeron el cultivo del trigo por el de cártamo y otras oleaginosas.

Las ventas de la CONASUPO en el mercado interno sumaron 755,233 toneladas de maíz; 1.111,000 toneladas de trigo; 191,372 toneladas de frijol; 18.059 toneladas de arroz; 12,158 toneladas de sorgo y 13,320 toneladas de leche en polvo.

En el mercado internacional se vendieron 115,000 toneladas de cártamo con valor aproximado de $ 173.000,000.

Se expendieron a los sectores de la población de escasos recursos subsistencias populares por la cantidad de $ 219.000,000.

Las actuales reservas de maíz, trigo y frijol garantizan el abastecimiento del mercado nacional y, sumadas a las cosechas previsibles, aseguran nuestra autosuficiencia para los años 1966 y 1967.

Por cuanto hace a la política de abatimiento de costos y plazos al mínimo posible, se cumplió el plan para reducir el precio de garantía de los trigos del Noroeste; se celebró un convenio con la industria molinera de trigos, que ha congelado hasta 1971 el precio de las harinas y subproductos de ese cereal, lo cual, salvo sucesos no previsibles, permitirá estabilizar durante el mismo período el precio del pan popular.

Se está promoviendo que los ejidatarios y parvifundistas construyan sus propias bodegas rurales; igualmente, la pignoración de cosechas por los agricultores y, por último, ya se ha hecho arreglos entre la CONASUPO y ANDSA por medio de los cuales han quedado reestructurados sistemas combinados para la recepción, depósito y entrega de las reservas oficiales reguladoras de granos y artículos de consumo necesario, con un abatimiento apreciable de los gastos registrados hasta Agosto de 1965.

A la conservación e incremento de la red nacional de carreteras, cuya longitud total es a la fecha de 60,813 kilómetros (35,258 pavimentados, 18,763 revestidos y 6,792 en terracerías) se destinaron $ 1.798.000.000.

Se ejecutaron obras de construcción por $ 1,366.000,000 en 1,800 kilómetros de pavimento, 4,247 de revestimiento, 3,635 de terracería y 5,741 metros de puentes.

Se empezaron obras en 55 tramos de diversas carreteras y camiones vecinales; se pavimentaron 26 tramos y se revistieron 33.

Se principiaron trabajos en 74 Puentes y se terminaron 96 iniciados con anterioridad.

Entre las construidas destacan las carreteras directas Puebla - Orizaba; entronque Morelos - Tecamac; Tehuacán - Huajuapan; San Blas - El Fuerte; Cuitzeo - Puruándiro; Cuauhtémoc - Ciudad Guerrero; Monterrey - Monclova; Palau - Barroterán y el acortamiento Pátzcuaro - Morelia.

Por lo que respecta a puentes, destacan el Papaloapan, El Caracol, El Ameca, La Piedad y el internacional de Ciudad Camargo, Tamaulipas.