Chapter 2

Contribuye a alcanzarla el programa de inversiones de 1965, en plena ejecución; el de 1966 está elaborándose.

Al término de 1965, se dispondrá de un plan previo para el desarrollo social y económico, que comprende los años 1966 a 1970 y de éste a 1975.

Dicho programa abarca a los sectores público, privado y social, porque ellos forman la economía de México.

Será un plan que no sólo deje intactas la libertad y la iniciativa de los particulares, sino que las fortalecerá con una información oportuna para satisfacer las necesidades inaplazables que requiere el progreso del país.

El Estado continuará haciendo las inversiones que le han sido reservadas en la Ley Fundamental, sustituyendo a la iniciativa privada en los casos en que ella no quiera o no pueda participar.

La inversión pública federal autorizada para 1965 asciende, hasta agosto último, a $ 16.000,000,000 en números redondos, destinados a obras que elevarán las condiciones de vida de la nación; 10% son inversiones en el Distrito Federal y 90% en las demás entidades federativas.

De la suma referida, $ 8.091,000,000 corresponden al Gobierno Federal, $ 6.077,000,000 a los organismos descentralizados y $ 1.808,000,000 a empresas de participación estatal.

El 38.5% se dedica a comunicaciones y transportes; el 33.4% para fomento de industrias; el 13.8% para fomento agropecuario y el 14.3% a obras diversas de beneficio social.

De la inversión pública autorizada para fomento industrial, $ 1.511,000,000 se destinan a electrificación; $ 2.638,000,000 a obras petroleras; $ 243,000,000 a siderurgia y minería y $ 944,000,000 a otras industrias.

La inversión aprobada para fomento industrial durante los primeros 8 meses de 1965 supera en más de $ 1.150,000,000 a lo autorizado en igual lapso de 1964.

En comunicaciones y transportes, casi $ 1.890,000,000 se destinan a la construcción, reconstrucción y conservación de caminos y carreteras; $ 1.639,000,000 a telecomunicaciones, o sea la más alta cantidad que se haya asignado a ese objeto, para realizar un programa que se llevará a cabo en varios años; cerca de $ 1.220,000,000 a la rehabilitación de los ferrocarriles; $ 865,000,000 a comunicaciones aéreas principalmente aeropuertos; $ 280,000,000 a ductos petroleros y $ 177,000,000 a obras marítimas y portuarias.

Las inversiones autorizadas hasta agosto de 1965 para comunicaciones y transportes, son mayores en $ 2.230,000,000 a igual período de 1964.

Al fomento agropecuario se dedican $ 1.696,000,000 en obras de riego, y $ 504,000,000 a diversas inversiones agrícolas, ganaderas y forestales a la construcción de almacenes para la guarda y preservación de los productos del campo y a inversiones para la enseñanza e investigación agrícolas.

Las obras de beneficio social incluyen $ 1.184,000,000 para servicios públicos, urbanos y rurales, ocupando un lugar importante las obras para proveer a distintas poblaciones de agua potable y dotarlas de alcantarillado.

Más de $ 810,000,000 se emplean en la edificación de escuelas, centros educativos y de investigación científica y una cantidad cercana a $ 290,000,000 en la construcción de viviendas, hospitales y centros asistenciales.

Se ha iniciado un severo examen de la Administración Pública con objeto de proponer las reformas que hagan de ella un instrumento más eficaz para el desarrollo económico, social y democrático de nuestro país.

Mediante el estudio riguroso de las condiciones económicas de nuestro país, se ha procurado aplicar una política que tienda a aumentar la capacidad productiva, para hacerla superior al crecimiento de la población fortalecer el mercado interior, adiestrar obreros, crear nuevas fuentes de trabajo, proteger los productos nacionales y defender los precios justos de nuestras materias primas.

Para cumplir el propósito de que México cuente con más y mejor iniciativa privada, se formuló una lista de 369 productos que pueden ser elaborados en condiciones favorables de competencia internacional.

Los empresarios, que han demostrado estar dispuestos a contribuir a la industrialización del país, tienen ya a su disposición esa lista.

Fueron aceptadas las solicitudes de particulares, para la elaboración de diversos productos de la petroquímica secundaria.

Un programa de vasto alcance para la industrialización de la zona fronteriza del Norte se puso en marcha, autorizándose la libre adquisición de maquinaria y materias primas para facilitar la exportación de los artículos fabricados.

El Gobierno no duda de que se mejorarán las condiciones de vida de miles de mexicanos, al crearse fuentes permanentes de trabajo.

Se continuó el establecimiento de industrias, aprobándose 67 programas de integración que incluyen, además de la automotriz, la fabricación de motores diesel, máquinas de oficina y herramientas.

Para descentralizar la industria e impulsar el desarrollo económico de las entidades federativas, se dio asistencia técnica en 13 estados con objeto de ubicar y delimitar futuras zonas industriales, a la vez que se estudiaron los estímulos necesarios para la apertura de diversas empresas. Todos los

Estados de la República están considerados en el programa de distribuir racionalmente las industrias mexicanas.

Para adiestrar en breve tiempo a los trabajadores y a quienes pretendan laborar en las industrias, se ha puesto en marcha el programa de servicio nacional, con la colaboración del Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Para consolidar nuestros mercados exteriores, se firmaron el Protocolo Adicional con Italia, el Convenio Comercial con Francia considerándose su renovación, y el Hispano-Mexicano de pagos.

Con la República Árabe Unida se firmó un contrato para venderle 400,000 toneladas de trigo y 100,000 de maíz, con valor de $ 361,000,000.

A los países de la ALALC les vendimos productos manufacturados por valor de $ 418,000,000, sumando las compras a los países asociados $ 280,000,000; la primera cantidad supera en 10% y la segunda en 57% a las correspondientes a los mismos períodos anteriores.

La política de vigilancia y regulación de los precios de algunos artículos de consumo indispensable, no obedece a capricho o a deseo de molestar, sino a la necesidad de proteger las condiciones de vida del pueblo.

Sabemos que dos son los factores fundamentales de que depende el precio: la cantidad de circulante y el volumen producción.

Por ello emprendimos una ardua tarea que, al abatir el monto del circulante, disminuyó notoriamente la presión sobre los precios y, al mismo tiempo, estimulamos la producción.

No obstante lo anterior, en la necesidad de combatir no sólo las causas de origen, sino también las circunstanciales que agravan la situación, como los encarecimientos por escasez estacionaria o artificial, y la evidente conveniencia social de sancionar abusos, se aplicaron 21 667 multas y se clausuran 60 establecimientos, con motivo de alteraciones a los precios de los artículos de consumo indispensable.

Los esfuerzos para evitar aumentos en los precios se advierten al comprobar que, durante los primeros 6 meses de 1965, el aumento al mayoreo no llegó a 1% en tanto que en el primer semestre del año anterior hubo una alza de 3.8%

La sólida situación de la balanza de pagos y de nuestra economía, nos permite hacer frente a los problemas aislados de alzas de precios, sin temor a causar desequilibrios económicos.

He firmado 294 resoluciones que distribuyen 1.213,228 hectáreas entre 27,763 campesinos.

Al iniciarse el reparto de tierras, la población campesina aumentaba en 50,000 individuos al año; hoy, la fuerza del trabajo rural se ha duplicado.

A este paso, el país no dispondrá de tierras para todos; de aquí que sea imprescindible crear otras fuentes de riqueza y que en ello estemos empeñados.

La Reforma Agraria seguirá adelante; se han dividido cada una de las entidades del país en 6 zonas como máximo, con el propósito de que, año por año, se termine, para cada una, un programa que consiste en medir los predios afectables, para conocer los excedentes y entregarlos, sea que hubiera sido solicitados o no por los ejidatarios; en definir los linderos de los ejidos respecto de las comunidades o la pequeña propiedad y, por último, en conocer y atender los problemas internos de los ejidos y las comunidades campesinas.

La intensificación de las tareas de agrimensura y deslinde se ha limitado por falta de ingenieros especializados, por los cual, para llevar adelante el reparto de tierras, además de los métodos usuales, se emplea cada vez la fotografía aérea.

No basta sospechar que existe acaparamiento ilegítimo de tierras, es necesario poder probarlo.

Se han dado instrucciones para que las tierras afectables de que disponen las dependencias oficiales, en la medida que excedan de las superficies que exige el cumplimiento de sus programas de investigación o experimentación, se entreguen al Departamento Agrario para repartirlas entre los campesinos.

La mayor parte de las tierras nacionales están en zonas áridas o en regiones tropicales; para distribuirlas se ha decidido, en lugar de fundar nuevos centros de población, que no siempre ofrecen buenos resultados, ampliar los poblados existentes, llevando hasta ellos campesinos de otras regiones, de manera que la experiencia de los residentes sirva a los recién llegados, dando seguridades a unos y otros para su convivencia y progreso.

Los resultados obtenidos permiten confirmar el acierto de esta disposición, la que no excluye establecer nuevas poblaciones.

Tan importante como repartir la tierra, es la legítima seguridad de qué su tenencia sólo puede lograrse a través de la invariable aplicación de las disposiciones legales que la protegen.

Será menester repetir, cuantas veces sea necesario, que tanto el ejido como la pequeña propiedad son genuinas y legítimas creaciones de la Revolución Mexicana y que, ambas están amparadas por el artículo 27 de la Constitución General de la República.

Nos empeñamos en hacer realidad dicha garantía y en propiciar el entendimiento entre pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, porque en ellos descansa la producción agropecuaria de la nación, así como en unir sus esfuerzos para satisfacer la alimentación de nuestro pueblo.

Ante la importancia de los procesos agrarios y las denuncias presentadas por diversos delitos, se creó una oficina, dentro del Ministerio Pública Federal, para conocer y averiguar lo relacionado con la aplicación del Código Agrario.

En ocasiones diversas, pero muy especialmente en Chihuahua, expresé, con toda claridad, que las concesiones de inafectabilidad ganadera que fueran venciéndose por el transcurso de los 25 años, término para el que fueron otorgadas, no serían por ningún motivo, prorrogadas.

Hoy ratifico nuevamente esa decisión, que no es más que el acatamiento al artículo 27 de la Constitución General de la República.

Conforme se venzan estas concesiones, las tierras de labor afectables serán repartidas, desde luego, entre los solicitantes con derecho.

Las no susceptibles de labores agrícolas, se repartirán en la medida en que las posibilidades económicas del Gobierno, permitan entregarlas con los elementos indispensables para hacerlas producir.

La tierra es para trabajarla y obtener de ella los medios para una vida decorosa y constituye una riqueza imprescindible para el país.

Los titulares de las concesiones tendrán derecho a que se determine su pequeña propiedad ganadera que, de conformidad con el texto expreso del propio artículo 27 constitucional, no deberá exceder de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado o su equivalente en ganado menor.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería fijará el índice de agostadero de las diversas zonas del país.

Una vez señalada la extensión de la pequeña propiedad ganadera, y amparada por certificado de inafectabilidad, si debido a obras de riego, drenaje, mejoramiento de pastos, etc., ejecutadas por el dueño o poseedor, se mejora la calidad de sus tierras, tanto para la explotación agrícola como para la ganadera, dicha pequeña propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias.

La población campesina crece y necesita de un medio digno para vivir. México, por otra parte, necesita del futuro de su esfuerzo, de ahí que sea el del campo de un problema que atañe a todos los mexicanos.

Hemos de repetir que si los campesinos han contribuido sin reservas al desenvolvimiento industrial, la industria tiene hoy el deber ineludible de contribuir a resolver los problemas del campo.

Industrializar sus productos, crear nuevas fuentes de trabajo, fortalecer el mercado interno para ampliar más los centros fabriles y dar ocupación a más mexicanos, son metas realmente nacionales.

La política agrícola de nuestro país obedece a un propósito esencial; que la riqueza entregada a los campesinos y a los pequeños propietarios produzca lo necesario para la alimentación popular y para el desarrollo de México.

La tierra, el agua y los bosques deben contribuir a elevar la producción, como fuente constante del bienestar de todos los mexicanos.

Las cosechas pródigas, la producción de materias primas para la industria, la posibilidad de defender nuestros productos agrícolas en los mercados mundiales, la consolidación de los precios de garantía, y el aumento que debemos procurar ante el crecimiento de nuestra población, dependen no sólo del trabajo de los campesinos y los pequeños agricultores, sino de la técnica empleada por ellos.

Debemos superar para siempre los usos tradicionales.

El México moderno, el México que demanda la voluntad revolucionaria, no puede alcanzarse si empleamos los medios coloniales para hacer producir nuestros campos.

Y es tanto más urgente la renovación de los métodos de cultivo, cuanto que el 55% de la población activa del país se dedica a las labores del campo.

En este año se cultivaron 14.703,000,hectáreas.

Los 75 principales productos dieron una cosecha estimada en $ 27.000,000,000.

El maíz ocupa el primer lugar con 53% de la superficie total de cultivo.

Si el tiempo sigue siendo favorable, en 1965 habrá una producción de 8.500,000 toneladas.

Para contrarrestar el efecto nocivo de probables excedentes de maíz, se procurará estimular su aprovechamiento industrial.

Estamos luchando por reducir las áreas maiceras para dedicarlas a cultivos más remuneradores.

La producción de trigo se estima que será ligeramente superior a la del año pasado y, como el consumo interior tiende a subir, se procurará reducir la extensión cultivable, para mejorar el rendimiento por hectárea y la calidad del grano, con nuevas variedades.

A $ 1.264,000,000 ascendió el valor de la producción de frijol, a $ 1.376,000,000 la del azúcar y a $ 3.942,000,000 la del algodón.

La cosecha de café representó un valor de $ 1.169,000,000 y la de diversos frutos $ 1.524,000,000.

El henequén rindió 875 489 pacas, con valor de $ 318,000,000 en una superficie de 181,000 hectáreas.

Como el precio mundial se ha abatido y la producción podría sufrir quebrantos, se estudian muevas aplicaciones industriales para fomentar el consumo.

La ganadería ejidal y la particular fueron objeto de protección y estímulo.

El valor de la producción forestal importó. $ 893,000,000.

Se concluyeron los inventarios forestales en cinco Estados, iniciándose en uno más; y se continuó dicha labor en la llamada 'Zona Vedada' de Durango.

La reforestación y forestación efectuadas cubren una extensión de 7,350 hectáreas con 10 500,000 árboles.

Campañas contra plagas y enfermedades; prevención y combate de incendios; inspecciones rigurosas, cuidado y protección de los bosques, han sido tareas incesantes.

Asimismo, a fin de preservar los recursos forestales del país de explotaciones ilegales, se está dando amplia intervención al Ministerio Público Federal para que actúe contra quienes criminalmente destruyen los bosques.

Reiteramos que es necesaria una política forestal, que evite caer en el estéril y contraproducente no aprovechamiento de los bosques y en su despiadada explotación.

Está ejecutándose un programa de trabajo que procura la conservación de la flora silvestre, la explotación agropecuaria, la industrialización rural y la educación de los pobladores en las zonas áridas y semiáridas del norte del país, en una extensión aproximada de 50,000,000 de hectáreas que ofrecen condiciones de vida muy deficientes.

El Fondo Nacional de Fomento Ejidal invirtió en préstamos recuperables en los ejidos, $ 4.098,000,y para obras de servicio social más de $ 14,000,000.

En Tenosique y en Tuxtepec, se construyen 2 ingenios azucareros.

El Fondo de Garantía para el Fomento de la Agricultura autorizó préstamos por $ 557,000,000; los créditos concedidos por el Banco Nacional de Crédito

Agrícola ascienden a $ 848,600,000.

Se sirvió a más de 21,000,sujetos de crédito.

El Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgó préstamos por $ 1.064,000,000; favoreciéndose a más de 133,000,ejidatarios.

Los Bancos Agrarios auxilian a 123,297 ejidatarios pertenecientes a 3,922 sociedades.

El crédito rural otorgado por los Bancos Agrarios fue de más de $ 33,000,000.

El Gobierno Federal ha intervenido en el mercado, adquiriendo, almacenando, distribuyendo y vendiendo cosechas para regular los precios de aquellos productos agrícolas considerados, tradicionalmente, como de primera necesidad para el pueblo mexicano, procurando desterrar las prácticas ilícitas de intermediarios y acaparadores que actúan, sobre todo, en las comunidades campesinas.

La acción del Estado va encaminada a proteger a los consumidores en general, además de favorecer a los grupos sociales de menores recursos, proporcionándoles alimento a bajo precio.

Para darle mayor fluidez, en marzo del presente año, se transformó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en un organismo descentralizado por servicio; autorizándolo, mediante el decreto correspondiente, a realizar funciones de asesoría, planificación y ejecución.

Del primero de septiembre de 1964 a la fecha, se adquirieron 3.177,000,toneladas de granos con valor de $ 3.072,000,000.

Las ventas reguladoras, durante el período de que trata este Informe, fueron de 1.791,000,toneladas de distintos cereales, con valor total de $ 1.603,000,000.

Los excedentes de maíz, trigo y frijol, vendidos en los mercados internacionales, tuvieron un valor de $ 1.510,000,000.

La revisión de los sistemas empleados desde hacía 30 años, hizo necesario retirar el subsidio a los fletes de trigo del Noroeste, así como el financiamiento y la retención del mismo grano por cuenta del Gobierno, lo que significará un ahorro de $ 200,000,000 anuales para el Erario nacional.

La comprensiva colaboración de la industria molinera del trigo permitirá absorber, de 1965 a 1966, las diferencias resultantes, posteriormente, se harán los ajustes indispensables.

La CONASUPO produjo artículos de consumo por valor total de $ 169,000,000.

Las actuales reservas de maíz, trigo y frijol, garantizan el abastecimiento del mercado nacional hasta el próximo ciclo agrícola.

La adquisición por parte del Gobierno de las cosechas de maíz, de trigo y de frijol, indispensable para que operen los precios de garantía que favorecen a los agricultores, coloca al Gobierno en la disyuntiva de hacer almacenamientos de granos a máxima capacidad, o bien, almacenar sólo lo estrictamente necesario y vender los excedentes.

Ningún país es autosuficiente.

Por eso es preferible importar granos y ahorrarle al país muchos millones de pesos.

Lo verdaderamente esencial es evitar sacrificios inútiles.

Desde ahora cabe anticipar que seguiremos esa política, renunciando a la satisfacción de anunciar que no compramos granos en el extranjero, si esto llegare a ser necesario.

Los Almacenes Nacionales de Depósito disponen actualmente de 818 bodegas propias y de 613 rentadas, para un cupo de más de 4,000,000 de toneladas; lo que significa un aumento de 40.5% respecto del período anterior.

Una inversión de $ 219,000,000 permitió construir, hasta noviembre del año pasado, 60 bodegas de mampostería, 6 almacenes metálicos y 40 tejavanes, en diversos lugares de la República y, durante el presente ejercicio, las inauguradas en julio de este año, al concluirse la segunda parte del programa: 61 bodegas de mampostería, 5 bodegas más y 10 tejavanes, todos ellos con sus correspondientes bodegas auxiliares y complementarias.

Se han vigilado, conservado y administrado los bienes propiedad de la nación; cumplido y ordenado las normas que imponen modalidades a la propiedad privada en beneficio del interés público; continuado el inventario de los recursos naturales y procedido a mexicanizar e industrializar la minería para que sirva a las actividades económicas de nuestro país.

Quedaron incorporados a las reservas mineras nacionales los yacimientos de las zonas conocidas por 'Las Truchas' y 'Plutón', en Michoacán y Guerrero.

Dichas reservas sólo podrán ser explotadas por el Estado y continuarán asignadas al patrimonio de la Comisión de Fomento Minero, para que su explotación y aprovechamiento resulte en beneficio de la República.

Se fomentaron las exploraciones destinadas a aumentar las reservas y favorecer la modernización del trabajo minero, empleándose equipos de fabricación nacional.

Estamos protegiendo y estimulando al pequeño minero.

El esfuerzo conjunto del sector público y los particulares, permitirá que México cuente con una minería que satisfaga sus crecientes necesidades industriales y económicas, al amparo de la Constitución y sus disposiciones legales reglamentarias.

Se iniciaron varios programas de inversión para industrializar los productos mineros, que suman más de $ 1.200,000,000.

La ampliación de la industria siderúrgica está en plena marcha.

El valor de la producción minero-metalúrgica es de $ 4.500,000,000.

Considerando que el azufre es fundamental en la elaboración de fertilizantes, urgentemente requeridos para mejorar los suelos del país y esencial para industrias básicas, se decidió controlar y disminuir su exportación.

A las empresas mexicanas que empleen azufre se les darán facilidades para su labor; la exportación de excedentes se permitirá cuando estén cubiertas todas las necesidades del mercado interno.

Sólo las empresas cuyo capital sea mexicano, es decir, superior al 66%, podrán explorar y formar reservas adicionales de azufre.

Con la colaboración de técnicos de las Naciones Unidas, se terminó el proyecto de exploración de minerales metálicos, en una área de 70,000 kilómetros cuadrados; además, se amplió el convenio, a fin de explorar otra de 50,000 kilómetros cuadrados en el Estado de Sonora.

Se valúan los recursos mineros, forestales, agrícolas y marítimos de Oaxaca.

Los conocimientos de las reservas del país hacen indispensable la educación de profesionales que habrán de impulsar el progreso de la nación; la Comisión de Fomento Minero dio becas y ayudas diversas a las escuelas de minas.

Ha empezado su trabajo la empresa ZINCAMEX, que producirá anualmente 30,000 toneladas de zinc de alta calidad y 60,000 toneladas de ácido sulfúrico, cadmio y otros subproductos, evitándose que el beneficio del zinc se haga en el extranjero.

Los trabajos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, se fundan en la voluntad de favorecer e impulsar el empleo pacífico de dicha energía.

Deseamos que el desarrollo de nuestra industria nuclear se apoye en la autonomía del abastecimiento de las materias primas; que grupos cada vez mayores de mexicanos estén adiestrados para la dirección y el manejo de las futuras instalaciones; que el pueblo compruebe los beneficios de esta actividad en los progresos de la agricultura, la industria y la medicina y que estemos preparados, desde ahora, para aplicar los reactores de potencia a remediar la escasez de fuerza eléctrica y de agua.

El programa de labores ha comprendido el de la exploración para conocer las reservas de mineral radiactivo.