Chapter 7

Como universitario, estoy con el honorable Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando define la autonomía como la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura; autonomía académica, que se complementa con la autonomía legislativa, como capacidad para darse sus propios ordenamientos; y con la autonomía administrativa, como derecho de organizarse, de funcionar y aplicar sus recursos económicos como los estime conveniente.

Son comunidades de maestros y alumnos que desempeñan una eminente función pública, y por ello, aunque no esté consagrada en la ley, he respetado y respetaré la autonomía académica del Instituto Politécnico Nacional y de todos los centros de enseñanza superior del país. Estoy convencido de que deben disfrutar de completa libertad para la cátedra y la investigación, así como para examinar y discutir todas las ideas y todas las teorías.

Distinguidos politécnicos, entre maestros, estudiantes y egresados, conocen de tiempo mi ofrecimiento de iniciar una ley que otorgue la autonomía al Instituto Politécnico Nacional, que siempre ha sido rehusada. Les reitero mi propósito y esperaré que la comunidad politécnica decida qué considera más conveniente para su Institución.

En la Universidad de Guadalajara, en 1964, sinteticé en una frase, que no discrimina centro alguno de enseñanza superior, el sentido filosófico en que se inspira mi concepto de la autonomía, cuando dije: "La cultura es el fruto magnifico de la libertad."

Ahora sigo creyendo firmemente que, sin libertad, el hombre vegeta y es infecundo; con libertad, el hombre vive y crea, y la más elevada misión de los centros de educación superior es, precisamente, la de crear.

Lógicamente debo aceptar, y acepto sin reservas, como parte esencial de la facultad de autogobierno, el segundo punto de la declaración pública del Consejo Universitario, de 17 de agosto último, que a la letra dice:

"La no intervención del Ejército y de otras fuerzas del orden público para la resolución de problemas que son de la exclusiva competencia de la Universidad y demás centros de educación superior."

Con anterioridad el citado Consejo también había declarado:

"La autonomía, más que un privilegio, entraña una responsabilidad para todos los miembros de la comunidad universitaria: la de cumplir con nuestros deberes y hacer honor a la institución, recordando que la autoridad y el orden en nuestra Casa de Estudios no se fundan en un poder coercitivo, sino en una fuerza moral e intelectual, que sólo depende de la conciencia y la capacidad de cada uno de nosotros."

Concuerdo igualmente, con este pronunciamiento.

El ejercicio de toda la libertad implica una responsabilidad.

En este caso, tanto la ya señalada de mantener su propia casa en orden, con el solo imperio de la fuerza moral e intelectual de sus miembros, como cuidar que los integrantes de la comunidad universitaria se abstengan de lesionar ajenos derechos.

Debo agregar que considero, y que con este criterio coincide el de destacados abogados, que si se examinan los hechos recientes con serena objetividad y rigor técnico, jurídicamente no hubo violación a la autonomía universitaria.

No obstante, no deseo discutir el pasado, y me anticipo a aceptar que este criterio no sea la última palabra sobre el asunto y a escuchar y ponderar los argumentos que, con seriedad, se formulen en contra.

Con las anteriores manifestaciones creo dar plena satisfacción a las demandas genuinamente universitarias que nuestra máxima Casa de Estudios formuló públicamente.

Las otras deberán debatirse o atenderse, no en el ámbito universitario, sino en el que según su naturaleza, les corresponda, para ser resueltas en justicia, con apego al derecho y sin otra mira que la de servir del mejor modo al país.

En esto también me atengo al espíritu y a la letra de la antes ya citada declaración del honorable Consejo Universitario, de noviembre de 1966 que dice: "...aunque los universitarios, como ciudadanos, pueden ejercer sus derechos constitucionales, la Universidad, en cuanto a Institución, no puede participar en política militante, partidista o de grupo..."

En conclusión, el Estado Mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no sólo respetarla; pero también es su obligación respetar y hacer respetar nuestras instituciones y cuidar el régimen jurídico en que vivimos, y del que, a su vez, forma parte el orden jurídico interno de las universidades, así como encauzar las diferencias dentro de la Ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser mediatizada por actos de violencia externos o internos.

Es evidente, que en los recientes distribuimos intervinieron manos no estudiantiles; pero también lo es que, por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un buen número de estudiantes.

Sería muy conveniente, pues, no involucrar el prestigio de nuestras universidades y sus más preciados bienes culturales, con actos que a nadie enorgullecen y muchos de los cuales constituyen infracciones legales y aun delitos gravemente sancionados por el Código Penal

Creo que debo adelantar la posición del Gobierno con relación a algunas demandas de fondo principalmente político.

No hemos recibido, hasta la fecha, un solo escrito de autoridades educativas o de organizaciones o grupos de maestros, de estudiantes o de otras personas conteniendo peticiones concretas.

Me tengo que conformar con entresacar, de las muy variadas que se han publicado en la prensa de la capital, aquellas en que estimo coincide aun más generalizada preocupación por parte de quienes, en forma más directa, están involucrados en el problema.

No admito existan "presos políticos".

"Preso político" es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno.

No obstante, si se me hace saber el nombre de alguien que esté preso sin proceso judicial en el que se hayan cumplido o se estén cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, acusados de ideas, no de actos ejecutados, se girarán las órdenes de inmediata e incondicional libertad.

Si la demanda se circunscribe a quienes, aunque no lo sean, frecuentemente han sido llamados presos políticos, debo aclarar, una vez más, lo que ya es el dominio público, que son personas contra quienes el Ministerio Público ha formulado acusación no por subjetivos motivos políticos o por las ideas que profesen, sino por actos ejecutados que configuran delitos previstos en el Código Penal, y a quienes se sigue proceso ante la autoridades judiciales competentes, en el que se cumplen las exigencias constitucionales.

Otras, concluidos los procedimientos, han sido ya sentenciadas, en definitiva por la propia autoridad judicial.

No debo invadir la esfera de acción de otro Poder, pero estoy encargando a la Procuraduría General de la República y a la de la Justicia del Distrito y Territorios Federales que revisen concienzudamente, a petición de parte interesada, los casos pendientes en que pudiera presentarse duda sobre la índole política de los cargos para decidir, en justicia, si el Ministerio Público se desiste o si, dadas las circunstancias particulares del caso, debe continuar la acción.

En cuanto a los que ya están sentenciados y, por tanto a disposición del Ejecutivo Federal, informo al pueblo que, ante gestiones realizadas, ofrecí hacer uso de alguna de las facultades que la Ley otorga al Ejecutivo para liberarlos, dado el tiempo que ya llevan compurgando su condena, siempre y cuando cesara la serie de actos de pretendida presión que se han venido realizando para obtener su libertad.

Condición indispensable porque si cediendo a presiones ilegítimas pongo en libertad a uno tendría que poner en libertad a todos los delincuentes, rompiendo así nuestra estructura jurídica.

Respecto a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, el primero de los cuales configura los delitos llamados de disolución social, y cuya derogación se pide, también creo conveniente precisar:

La derogación de una Ley no corresponde al Ejecutivo, aunque éste sí tiene facultad para iniciarla.

Este es un asunto planteado hace muchos años y en el que la opinión pública no se pronuncia, porque hay generalmente desconocimiento del texto de tales preceptos.

Me permito presentar a la consideración del honorable Congreso de la Unión la posibilidad de que, en la forma que él lo determine, abra una serie de audiencias en las que agrupaciones de abogados de la República, los Juristas y, en general, quienes deseen hacerlo expongan sus argumentos.

¿Debe o no ser delito afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la integridad territorial de la República, en cumplimiento de normas de acción de un gobierno extranjero?

¿Debe ser delito no preparar la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a un gobierno extranjero?

Estos son parte del artículo 145 del Código Penal.

El artículo 145 bis señala cuales son los delitos de carácter político. Como se está solicitando, si se deroga ningún delito tendrá carácter político.

¿Es eso lo que se demanda?

Estas cuestiones son las que deben dilucidarse en esas audiencias, y si después de que se conozca por el pueblo mexicano el contenido de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la opinión pública se pronuncia a favor de la derogación y este honorable Congreso resuelve expedir la Ley correspondiente, la promulgaré y la publicaré sin dilación, porque por encima de toda otra consideración, está el compromiso solemne que he contraído de acatar la voluntad popular.

Si hay otras demandas de carácter general, que revistan importancia y seriedad, con el mismo ponderado espíritu y serenidad sabremos considerarlas, a través de los órganos a quienes las Leyes encarguen esa función.

Está pues, el camino abierto.

Vamos ahora a la recapitulación de los hechos que conviene tener presentes.

Son del dominio público la sistemática provocación, las reiteradas incitaciones a la violencia, la violencia misma en distintas formas, el tratar de involucrar a grupos estudiantiles -en ocasiones hasta a niños de escuela primaria- , en resumen, los evidentes y reiterados propósitos de crear un clima de intranquilidad social, propicio para disturbios callejeros o para acciones de mayor envergadura, de las más encontradas y enconadas tendencias políticas e ideologías y de los más variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio.

Las mismas disímiles fuerzas del interior y externas que han seguido confluyendo para tratar de agravar el conflicto, de extenderlo, complicando a otros grupos, y estorbar su solución.

El incidente, en apariencia minúsculo, que se señala como origen del problema, no fue el primero ni el único de su género, sino culminación de una muy larga serie de hechos violentos, de atentados a la libertad y a los derechos de muchas personas.

En efecto, se cuentan por centenares los casos, en toda la extensión de la República, en que estudiantes o seudo estudiantes, se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores o maestros, llegando incluso al secuestro, bloquean calles, se apoderan de camiones, destruyen, atacan a otros estudiantes o a personas totalmente ajenas, etcétera.

Situemos estos hechos dentro del marco de las informaciones internacionales sobre amargas experiencias similares de gran número de países en los que, desde un principio o tras haberse intentado varios medios de solución, se tuvo que usar la fuerza y sólo ante ella cesaron o disminuyeron los disturbios. No obstante contar algunos de países con experimentados, verdaderos estadistas, no pudieron encontrarse fórmulas eficaces de persuasión.

Veamos ahora, aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe: aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves, ya se trate de encaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de transporte, cuyo patrimonio es un autobús o parte de los derechos sobre él; los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción o saqueo; los conductores de camiones o repartidores de víveres o refrescos, a los que les han sido arrebatados tales afectos; las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos, atacados con violencia; las casas pintarrajeadas y rotos los vidrios de sus ventanas; la rabia callada de tantos y tantos miles de automovilistas detenidos para pedirles dinero para la "causa" o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas; los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes cincuenta centavos significan mucho en el presupuesto semanal; el obrero o el burócrata que sufren descuentos por retraso en la entrada al trabajo; el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar porque se congestiona en una gran área, el ya por sí difícil tránsito de la ciudad; las penalidades de las personas totalmente ajenas, que fueron tomadas como rehenes; tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse, ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar, tantas mujeres soezmente vejadas que, además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de indignación a un madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo y que pudieron haber sido la esposa, la madre la hermana o la hija de quienquiera de los mexicanos.

Agreguemos los más recientes y graves desmanes, la calumnia es grande, los rumores alarmantes para provocar compras de pánico y desquiciar la economía de la ciudad.

Recordemos también estos hechos: en el mes de julio, en la ciudad de Puebla, dos grupos estudiantiles, no por ideales o banderas universitarias, sino por diferencias internas, tienen un encuentro violento, que se prolonga por varias horas, con el resultado de un estudiante muerto y varios heridos por arma de fuego.

La policía no interviene.

Los estudiantes protestan por la no intervención de la policía y acusan de lenidad al Gobierno.

Unos cuantos días después, en el mismo mes de julio, en la ciudad de México, dos grupos de estudiantes, también por cuestiones netamente internas, sin banderas ni ideales universitarios, tienen varios encuentros violentos que obligan a intervenir a la policía.

Los estudiantes protestan, entonces, porque la policía interviene y la acusan de crueldad, lo mismo que al Gobierno.

El dilema es pues, irreductible:

¿Debe o no intervenir la policía?

Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero tiene su límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos.

El orden jurídico general -del que la autonomía universitaria no es más que una parte- es el que propicia el trabajo, la creación de riqueza para poder sostener universidades, politécnicos, escuelas normales y de agricultura, el que ampara las libertades, porque en la anarquía nadie es libre y nadie produce.

El orden jurídico no es una simple teoría, ni un capricho; es una necesidad colectiva vital; sin él no puede existir una sociedad organizada.

La policía pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario; proceder con prudencia sí pero con la debida energía.

Las autoridades, siempre que sea necesario la harán intervenir.

En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI de la Constitución General de la República que, textualmente, dice:

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:...

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación."

Me apoyo, además en el sentido que tiene su origen el artículo 129 de la propia Constitución.

Diversas misiones, algunas especialmente delicadas, para conservar la tranquilidad interna le han correspondido a nuestro Ejército; en ellas, como en otras, también se ha distinguido, por el espíritu de disciplina y por la serena y mesurada firmeza con que las ha cumplido.

A nombre de la nación, expreso público reconocimiento a nuestros soldados.

Modestos, heroicos "juanes", que sin las ventajas económicas y sin los privilegios de la educación que otros disfrutan, cumplen callada, obscuramente la ingrata tarea de arriesgar su vida para que todos los demás podamos vivir tranquilos.

Cuando el Ejército Mexicano interviene en labores de mantenimiento del orden interior, debe hacerse respetar y debe ser respetado; porque tiene las armas que la nación le confío; porque lo hace cumpliendo funciones fundamentales para las que fue creado; y porque durante largos años y en sobradas ocasiones, siempre que ha sido requerido por las potestades civiles -uso aquí deliberadamente la expresión de Ponciano Arriaga, el ilustre constituyente de 1857- ha demostrado ser un ejército que se limita a mantener o a restablecer el orden, sin excederse en las funciones constitucionales que tiene asignadas.

Nuestro instituto armado no toma bando ni a favor ni en contra de personas o de grupos en pugna, ni tiende a favorecer a unos u otros: garantiza el orden que, a su vez, permite el libre funcionamiento de las instituciones para que, al amparo de éstas, puedan resolverse, conforme a derecho, los problemas que hubieren dado origen al conflicto que exigió su intervención.

México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo.

Ahora bien, en la alternativa de escoger entre el respeto a los principios esenciales en que sustenta toda nuestra organización política, económica y social, es decir, la estructura permanentemente, la vida misma de México, por un lado y, por el otro, las conveniencias transitorias de aparecer personalmente accesible y generoso, la decisión no admite duda alguna y está tomada: defenderé los principios y arrostro las consecuencias.

Para cuidar los bienes supremos que me han sido confiados sé que tendré que enfrentarme a quienes tienen una gran capacidad de propaganda, de difusión, de falsía, de injuria, de perversidad. Sé que, en cambio millones de compatriotas están decididamente en favor del orden y en contra de la anarquía.

A los mexicanos conscientes de la hora en que vivimos, pido que no se arredren por pretendidos 'poderes' de dentro o de fuera; en México no hay ni debe haber más poder que el del pueblo.

Defendamos como hombres todo lo que debemos defender: nuestras pertenencias, nuestros hogares, la integridad, la vida, la libertad y la honra de los nuestros y la propia.

El otro camino está abierto. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos.

Quienes sufrieron en forma directa el atraco y quienes están indignados con él, pueden tener la seguridad de que estaremos estrechamente a su lado, que en su defensa sabremos emplear todos los elementos que el pueblo puso en nuestras manos y, además, pondremos en ella nuestra vocación por la justicia, nuestra adhesión permanente a las normas del derecho y nuestro amor a la libertad.

En lo interno, la República está trabajando en paz, mientras en la Capital se rompió en parte el armónico convivir.

En unas semanas o en unos meses, los acontecimientos tomarán, con la perspectiva del tiempo, su verdadera dimensión y no pasarán como episodios heroicos, sino como absurda lucha de obscuros orígenes e incalificables propósitos.

Hemos dado ocasión para que, en el extranjero, se presente a México como un país en el que se perpetran los peores hechos; a que resucite la injusta y casi olvidada imagen del mexicano violento, irascible y empistolado; a que, al par que se informa de dolorosas verdades, también se nos calumnie.

Una parte del daño está causada y no puede repararse, sino a largo plazo; se empañó ese buen nombre que tantos esfuerzos y tantos sacrificios habían costado a tantos mexicanos.

Es obligación de todos evitar que aumente el desprestigio y, en lo interno, contribuir a que no se prolongue más la intranquilidad, el desasosiego y la desconfianza.

Podría ser demasiado peligrosa una fisura en la sólida integridad de nuestra patria.

Examinemos ahora, brevemente el verdadero fondo del problema: la urgencia de una profunda reforma educacional.

Problema no sólo de México: la crisis de la educación es mundial.

La concepción en que se apoya la educación mexicana sólo responde, en parte, a los apremios de nuestro tiempo.

No se ha logrado siquiera aplicarla cabalmente.

Al hablar de reforma educacional estoy pensando en la que debe iniciarse en el hogar, continuar en el jardín de niños, seguir en la primaria y la secundaria, proyectarse al bachillerato, llegar a los estudios medios, a los profesionales y aun a los de postgraduados, e ir sentando en todas las etapas, las bases en que ha de apoyarse la actitud del ser humano ante la vida y su línea de conducta frente a sus semejantes.

La educación es permanente, nunca termina.

Desde luego, es absurdo acumular conocimientos, muchas veces anacrónicos, en las mentes juveniles, recargándoles inútilmente la memoria.

Se requiere seleccionar los conocimientos necesarios y proporcionarlos al educando coordinadamente, adoptando métodos pedagógicos modernos, que susciten su interés y curiosidad, eliminar obsoletos programas demasiado minuciosos y sustituirlos por otros de menos cantidad, de más calidad.

No se me ocultan las enormes dificultades de tamaña empresa: los avances de la ciencia y de la técnica son vertiginosos; lo que en este instante constituye el último descubrimiento, en el siguiente puede haber sido ya superado por otra nueva invención.

De ahí que no haya tiempo para hacer una síntesis meditada y menos aún completa de los conocimientos, para que sirva de base a la enseñanza.

Por otra parte, la filosofía y la política caminan rezagadas respecto de la ciencia y la tecnología y no alcanzan a explicar al joven moderno los 'por qué' ni a organizar debidamente la sociedad en que vive.

Era profundamente intencionada la sabiduría revolucionaria que transformó la Secretaría de Instrucción en Secretaría de Educación.

Quizá nos hemos preocupado demasiado por instruir y hemos descuidado el enseñar.

Deberemos enseñar a pensar, a entender, a actuar, a tolerar y, lo que es muy importante, enseñar a aprender, porque después de la escuela se sigue aprendiendo.

Desde el niño hasta el adulto deberemos sembrar el principio de su vinculación con los demás.

Tendremos que abandonar todo dogmatismo.

A nosotros primero nos obligan y, después, a veces, nos explicaban ahora, debemos explicar primero, tratando de persuadir, no de imponer; de sugerir, sin pretender dominar.

Al mismo tiempo, deberá cuidarse mucho que el niño o el joven no quede sin guía, abandonado a sus naturales, irreflexivos impulsos.