Chapter 6

La evolución presupuestaria en Gendarmería Nacional. El incremento también ha sido, en variación porcentual, del 953 por ciento. En gasto salarial y cantidad de personal, en variación presupuestaria, el incremento ha sido de un 10 por ciento; en variación de efectivos, un 65 por ciento de efectivos más en Gendarmería Nacional: 12.700 efectivos más.

Ni qué hablar en materia de equipamiento, de vehículos livianos, pesados, motos, cuatriciclos, escáneres, obras edilicias. Cientos y cientos de millones, reconocidos por las propias fuerzas, como nunca antes se había invertido. Seis helicópteros, dos aeronaves, etcétera.

Prefectura Naval, lo mismo; un incremento en diez años del 814 por ciento; 25 por ciento más de efectivos, 4.109 efectivos; variación presupuestaria, 825 por ciento. También lo mismo en materia de elementos, vehículos livianos, pesados, motos, cuatriciclos; movilidad aérea, adquisición de aeronaves, de escáneres; cuatro sofisticados equipos de rayos X.

Policía Federal; también, 584 por ciento más; porcentualmente un 18 por ciento más de efectivos, es decir, 6.800 efectivos más; 623 en variación presupuestaria; en fin; vehículos; muchísima inversión, movilidad aérea y demás.

En PSA también se incorporaron escáneres, movilidad aérea, equipamiento informático.

En total, en las fuerzas de seguridad pasamos de 75 mil a 100.248 efectivos.

Yo quiero también mencionar algunas de las normas en materia de seguridad, algunas aprobadas, obviamente por el Parlamento argentino, como la Ley Antisecuestro, de 2003; Ley de Agravamiento de Penas para Delitos Cometidos por Miembros de las Fuerzas de Seguridad y Policiales; Ley de Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes; de creación de Policía Comunitaria; de creación de la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos. Muchas medidas. Las últimas que yo inauguré: Proyecto Buenos Aires Seguro. Instalación de 1.200 cámaras de videovigilancia de alta definición, aquí, en Capital Federal. Cinco centros regionales de monitoreo, un centro de comando, red exclusiva de 500 kilómetros de fibra óptica, patrulleros que van a llegar ahora.

Quiero hablar de las cámaras, por algunos episodios que han ocurrido en estos días, y porque tuve diferencias cuando fui a la Policía Federal. Porque yo veía las cámaras siempre ubicadas en los barrios del sur, del centro, pero nunca en Barrio Norte, nunca en Puerto Madero, nunca en Recoleta. Y digo yo: “¿Pero por qué no ponen cámaras ahí? Si se supone que ahí deben ocurrir los asaltos, ahí vive la gente más rica, ahí deben ir a asaltar.” Claro, ¿pero qué es lo que pasa? Como están las cámaras las veinticuatro horas, tenés la filmación permanente de las veinticuatro horas de lo que pasa en tal calle, en tal sector. Y me acordaba ahora de lo que pasó hace pocos días, en un enfrentamiento también de barras bravas, de la hinchada de Tigre, donde un intendente había inaugurado modernas cámaras de televisión, pero que justamente cuando se balacearon dos bandas de barras bravas, de las cuales una persona falleció, uno acaba de fallecer –creo que ayer u hoy–, esas cámaras se habían dañado y no se obtuvo ninguna filmación.

Hay que hablar en serio de la seguridad. No utilizar la seguridad como instrumento político, sino utilizarla como una preocupación real de toda la ciudadanía. Entonces, creo que una de las cosas que debemos hacer también es establecer las responsabilidades, pidiéndole a la Justicia y a las policías provinciales. Porque si uno mira la planilla de efectivos provinciales, de policías provinciales, hay más de 200 mil efectivos de policías provinciales, porque la seguridad, inclusive por la propia Constitución, es atinente a cada gobierno de provincia.

Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene casi 60 mil efectivos; solamente en toda la provincia. La Nación, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, tiene 100 mil efectivos.

Pero también está la cooperación de la Justicia, que no significa Justicia garantista ni mano dura. Hay que terminar con esa dicotomía. Simplemente tiene que haber Justicia.

Tengo acá una estadística que me dio el secretario de Seguridad de lo acontecido en Capital Federal, en robo a mano armada, en enero y febrero de 2013. En estos dos meses la Policía Federal detuvo, con riesgo de vida de sus efectivos obviamente, a 188 personas. De esas 188 personas, 50 eran reincidentes. También quiero desmitificar otra cosa: el 88,30 por ciento de esos 188 detenidos eran argentinos. Olvídense de los raptos de xenofobia que por ahí tienen algunos que creen que los chorros son paraguayos o bolivianos. No, 166 de los 188 detenidos eran argentinos. Había uno de nacionalidad nigeriana, que fue lo que me llamó la atención realmente.

Cuando analizamos las reincidencias –por supuesto que no voy a decir los nombres porque no corresponde que lo haga-, vemos que uno de los detenidos tenía tres ingresos por robo simple. ¿Cuándo? Los tres en 2012: uno el 19 de enero de 2012; otro el 24 de enero de 2012; y otro el 10 de marzo de 2012, hasta que lo agarraron ahora en un robo a mano armada. Otro de los detenidos tiene tres entradas: 26/4/12, 23/8/12 y 7/12/12. Otro tiene una entrada el 19/5/12. ¿Qué me dice el secretario? La fuerza también se desmoraliza cuando apresa gente y ven que al otro día esa gente queda en libertad.

Ustedes saben lo que yo pienso en materia de derechos humanos y de garantías. No soy precisamente una de las defensoras de la mano dura, pero me parece que la Justicia debería merituar un poco –no quiero interferir en otro poder– más razonablemente el tema de cómo se manejan las excarcelaciones. Es horrible privar a alguien de la libertad, pero más horrible es que alguien que no ha tenido una conducta social adecuada, por dejarlo en libertad, mate, asalte o produzca un daño a un tercero. Creo que tenemos que cuidar las libertades de todos.

Además, la historia y la vida enseñan que hoy se ha agravado la situación por efecto de la droga, del narcotráfico y otros temas. Pero quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia. No diciendo: no tenemos responsabilidad el gobierno nacional, no, diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia; ni siquiera a los intendentes. A veces veo que pasa un hecho delictivo –y lo veo en el Gran Buenos Aires– y van a reclamarle al intendente. Vi hace unos meses a una chica intendenta a la que prácticamente querían linchar. ¿Pero qué puede hacer la intendenta si no maneja policía, no tiene jueces ni nada?

Hay una manipulación mediática y un hacer la plancha de otros y meter la cabeza como el avestruz para que no se den cuenta que también es bastante injusto; es bastante injusto. Más allá de la protección mediática con la que se cuente, nos gustaría que la misma protección que le dan a ellos los medios, se la dieran ellos a los ciudadanos, como les marca la Constitución.

Pero esto me lleva al último tema del día de hoy, que es el de la Justicia. Y veo a las Madres y a las Abuelas, después de tantos años, treinta y pico finalmente, en los juicios que se llevan adelante. Hemos hecho un gran adelanto en materia de derechos humanos. Lo ratifico: somos un país modelo. Estamos trabajando en materia también de reformas de códigos. Estamos adaptando la reunificación del Código Civil y Comercial, y una comisión también trabaja en la reforma del Código Penal. Tenemos que trabajar en las reformas de los códigos de procedimiento.

Pero creo que debemos también abordar el tema de la Justicia. Y fundamentalmente de hechos que se han sucedido a través de los yerros de la Justicia, como Consejo de la Magistratura.

El tema de lograr una representación legítima, una Justicia legítima, una democratización de la Justicia. Yo sé que actué como un gran disparador, un gran catalizador para el debate. Es un debate que nos debemos los argentinos, porque el Poder Ejecutivo... Hay tres poderes del Estado. Néstor hizo una revolución dentro del Poder Ejecutivo. Por primera vez, el presidente es el presidente, es el que toma las decisiones que le corresponden por la Constitución en la Casa Rosada. Rescató para la política la decisión de las cuestiones de Estado.

Creo que también nosotros hemos dado, a partir de la reforma política de las PASO ?las internas vinculantes, obligatorias y abiertas? y el manejo equitativo y gratuito de la publicidad para todos los partidos, un gran cambio. Más allá de que por allí la oposición no me lo reconozca demasiado, saben lo que significaba hacer frente a una campaña mediática cuando no se tenían fondos y había que pagar los espacios publicitarios. Hoy no hay partido político en la República Argentina que no cuente con un espacio publicitario en radio y televisión gratuito para poder expresar sus ideas.

Esto ha significado una reforma importante, porque ha dejado de condicionar a los partidos políticos a tener que obtener grandes sumas de dinero para hacer frente a una elección, por el tema de la publicidad.

También el hecho de que las internas sean vinculantes y obligatorias en cada uno de los partidos ?para que la ciudadanía se involucre en la vida de los partidos políticos? ha contribuido a una mayor y mejor participación ciudadana.

Y contra todos los pronósticos, inclusive de amigos, no voy a decir quién, pero tengo un amigo gobernador ?que no es el Pato? que me decía "La verdad es que yo no te confiaba mucho con esto de las PASO; no va votar nadie; va a ser una porquería...". ¿Ustedes vieron la cantidad de gente que fue a votar, con la alegría que la gente va a votar? A la gente le gusta votar. Porque cómo no nos va a gustar votar, si estamos decidiendo quiénes nos van a representar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente.

O sea, realmente logramos una reforma política importante: llevar la interna de los partidos hacia afuera, por afuera de las burocracias político-partidarias, y de esta manera permitir el ingreso de la ciudadanía.

Lo cierto es que esto no ha sucedido, obviamente por múltiples razones, en el tercer poder, el Poder Judicial. Les voy a contar una anécdota: ¿ustedes se acuerdan del Bicentenario? ¿Se acuerdan de unas carretas que significaban el golpe de Estado; de que

se incendiaba la Constitución y se quemaba la urna y el sillón presidencial también? Originalmente habían pensado que la balanza de la Justicia también se incendiaba; y yo dije "No", porque la Justicia nunca se modificó. Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores y presidentes y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada. Así que dije "La Justicia no la incendien; que incendien el Parlamento y que incendien el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares".

Pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente de este Parlamento, durante el mes de marzo.

La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. Todos saben que yo fui constituyente y no estaba de acuerdo con el Consejo de la Magistratura, porque sostenía –quienes fueron mis compañeros constituyentes lo deben saber– que iba a derivar en un criterio corporativo, porque los profesionales, por propia definición –las profesiones vienen desde la Edad Media– son corporativos; lo son los médicos, lo son los abogados, lo son los jueces.

Es más, recuerdo que cuando discutimos la última reforma del Consejo de la Magistratura, un senador de la oposición –que integraba el Consejo de la Magistratura– me dijo: “Pero los jueces nunca votan contra los jueces”. Está grabado en versión taquigráfica; y él integraba el Consejo de la Magistratura por la oposición.

¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente y no se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la Justicia era una excusa, ¡que se olviden! Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución. Y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y, obviamente, para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución.

Bueno, democratización. Leyendo atentamente, creo que el Consejo puede estar integrado por más gente del ámbito académico. En realidad, debería poder estar integrado por ciudadanos, porque ¿qué título es más importante que el de ciudadano? ¿Un abogado es más importante que un ciudadano que no es abogado? El mejor título que puede tener una democracia es ser ciudadano, pero evidentemente hay una limitante constitucional que establece que el Tribunal debe estar integrado por abogados y por representantes –por nosotros, por ustedes; un representante del Ejecutivo también–, de los senadores y de los diputados.

O sea, ustedes sí son elegidos por el voto popular; ustedes sí tienen representación legítima; a cada uno de ustedes los eligen en sus provincias. No así a los abogados, que se eligen entre ellos; no así a los jueces, que se eligen entre ellos; no así a los académicos y científicos que siempre son abogados y juristas, cuando en realidad la Constitución dice “Académicos y científicos”, con lo cual puede ser un médico, puede ser un contador, puede ser un economista, puede ser un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia profesionalmente a ese Consejo de la Magistratura.

Pero la propuesta, y los ejes del proyecto de ley, es que vamos a enviar va a hacer que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, que sean elegidos directamente por el pueblo. ¡Representación popular en la totalidad de los integrantes! ¡Absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos!

Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores y diputados. No es que van a elegir a los jueces que ejercen. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección y de exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, de los consejeros. Si no, mañana ya veo que La Nación y Clarín titulan “Todos los jueces van a ir a elecciones”. No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien para ser elegido? ¡Votarse a juez sería un disparate total! Pero el órgano representativo que determina en la selección de los magistrados, en el juzgamiento de los magistrados, integrado por abogados, por jueces, esos jueces tienen que ser votados por sus conciudadanos; esos abogados tienen que ser votados por sus conciudadanos; esos académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos. Y está en absoluta regla con lo que establece la Constitución, artículo 114: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. Quiere decir que el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros que tienen que ser jueces, que tienen que ser abogados, que tienen que ser académicos y científicos. Tienen que tener proporcionalidad de representaciones, pero no dice que tienen que ser todos académicos o científicos ni cuántos tienen que ser sino que, al contrario, hay que darle a ese órgano una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada.

Por allí la creación de un tribunal constitucional exigiría una reforma constitucional. Pero creo, también, que a nosotros nos ha dado un excelente resultado la creación de la Cámara de Casación Penal porque aligera las causas que suben a la Corte. En las Cortes de todo el mundo no pueden subir 10 mil o 12 mil causas. En Estados Unidos creo que suben 80 o 100 causas al año, como una exorbitancia.

Por eso creemos necesario –y también enviaremos una ley al respecto– crear la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, otra Cámara de Casación en lo Contencioso y Administrativo, otra Cámara de Casación Previsional y Laboral, de modo tal que en las cuatro ramas fundamentales tengamos una tercera instancia que aligere de esta manera y pueda darle mayor transparencia a todo el sistema judicial.

También queremos democratizar el acceso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es “conocido de” o “pariente de”. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones. Si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones, deberá establecerse el sistema de sorteo público, como hemos hecho con el PROCREAR, transparente, porque ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio. Debe ser un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo. Eso también es democratizar el Poder Judicial.

También queremos conocer, porque muchas veces no sabemos cuáles son las causas. Salen fallos, y no sabemos por qué algunos fallos o algunas cuestiones están años por allí en la Corte y otras salen más rápido. Creemos que también debe haber un acceso y una información en todo lo que hace a que todo el mundo sepa cuáles son las causas, como nosotros. Bueno, “nosotros”; no puedo olvidar mi condición de legisladora.

Asuntos Entrados: cuando nos reparten el librito de Asuntos Entrados, todo legislador, todo senador, todo diputado, sabe qué entró a la Cámara todas las semanas. Está el título, el número de expediente, el extracto. Nos ha tocado decir: “Yo quiero saber qué es esto”; otro legislador, también. Bueno, en la Justicia no sabemos qué causas están en la Corte, en los distintos tribunales. Y tenemos que establecer un sistema no solamente de transparencia para saber cuánto tiempo están esas causas. Porque una de las cuestiones fundamentales es el tema de que algunas causas salen enseguida, otras no salen nunca. Entonces creo que hay que transparentar en un sistema.

Hoy en informática, ya no tenemos que ir a leer el diario ni nada, simplemente con un sistema de software conocer: a ver, ese juzgado, ¿cuántos expedientes tiene?, ¿cuántos ingresaron?, ¿desde cuándo ingresaron? Esto es para todo el Poder. Y debe poder acceder a esto cualquier ciudadano. ¡Si a nosotros nos cuentan las costillas a todos! ¡Si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron , cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces?

Estoy cansada. He sido legisladora. Bueno, yo hablaba mucho, ¿no?, y presentaba proyectos, no había problema; pero por ahí mataban a uno porque nunca había hablado, porque venía tarde. Bueno, a todos nos cuentan las costillas. A los políticos nos cuentan a todos las costillas, y está bien. Está bien porque estamos en el poder público, pero el poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia.

Por eso con respecto a la cuestión –sé que han presentado proyectos o un diputado de mi bancada lo ha hecho– del impuesto a las ganancias, yo quiero decirles algo, quiero ser lo más seria posible. Yo odio la demagogia y el aplauso fácil; nunca lo busqué. Siempre he querido, en todo caso, tener la razón. Lucho mucho por tener la razón; por tener razón, por dar el debate, por ganar el debate, pero no ganar el debate porque tengo manos sino ganar el debate porque tengo razón.

En realidad, la ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada: es la 24.631. Este es el expediente. Estoy yo acá. Miren qué redondo que es el mundo y en la Argentina es más redondo que en ninguna parte. Es un proyecto que viene a modificar una ley de Cavallo; un decreto donde se eximía a los miembros del Poder Judicial en un inciso p), a los miembros del Poder Legislativo en el inciso q), y en el r), a los jubilados de ambos poderes, del pago a las ganancias. Se presenta un proyecto de ley derogando. Esta es una reforma tributaria amplia. Eso era una parte pequeña, no era el proyecto. Era una reforma que, por supuesto, por ser reforma tributaria, tuvo origen aquí, en la Cámara de Diputados. Y entre los firmantes estaban derogando el impuesto a las ganancias para los jueces, para los legisladores y para las jubilaciones de ambos poderes el entonces presidente Matzkin, de nuestro partido; López Arias; estaba Juan Carlos Maqueda, actual miembro de la Corte y entonces diputado; y otros más. Yo era senadora.

Eso llega al Senado. En el Senado lo reformamos. Vuelve aquí, lo vuelven a aprobar y queda convertido en esta ley, la 24.631. Esta ley mereció una acordada por parte de la Corte que presidía el doctor Nazareno. Por aquí tengo la acordada, pero ahora no la encuentro, con tantos papeles. ¡No, no, no! No silben a nadie, por favor. La acordada 20 del año 2000. De 1996. Gracias Diana, siempre tan atenta a la Justicia. Y luego hubo casos –entre ellos, el caso Gabisso, también firmado por Nazareno–, donde vuelve a reiterar el no pago, con lo cual no hay forma, si no se reforma la acordada por parte de la Corte.

¡Ojo! Quiero que quede claro que esta es una decisión de un poder que no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo. El Poder Legislativo ya tomó una decisión en 1996, la votamos muchos de los que estamos acá, y tuvo una acordada de la Corte, del doctor Nazareno. Es más, tengo aquí la versión taquigráfica de un miembro de la Corte, de la doctora Argibay, cuando fue a la Comisión de Acuerdos que, en ese momento, presidía el senador Yoma. Se le pregunta a la doctora exactamente sobre esto, porque era un tema que siempre nos daba mucha rabia a los legisladores –ustedes se acuerdan, las legisladoras lo hemos charlado muchísimas veces–, pero es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Quiero decir que no es un tema de impacto fiscal, porque hay quienes hacían cálculos de que con eso y no sé con cuántas cosas más... Es un tema que hay que discutirlo y lo debe discutir el Poder Judicial. Se le pregunta a la doctora Argibay –pregunta consabida que se les hizo a casi todos– cuál era su opinión respecto de la Acordada 1/2000 que exime a los jueces del pago del Impuesto a las Ganancias y la doctora contesta “Yo siempre dije que había que pagar”. Bien; si hubiera dicho otra cosa, seguramente, no hubiera tenido acuerdo, porque no dábamos acuerdo a aquellos que sostenían que no tenían que pagar. Que me lo nieguen los propios senadores de la oposición. Esto lo hemos discutido con ellos, y están totalmente de acuerdo con nosotros en eso. Es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no Sanz?

Cuando se trata el caso Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSES, en la Corte ,el voto de la doctora Argibay, que es con respecto a este tema, dice que es inadmisible también la pretensión de la recurrente relativa a la extensión del principio de intangibilidad a los jueces en situación de retiro, toda vez que este aspecto ha sido objeto de amplia consideración por la Corte en el Caso Gaibisso. Con lo cual, hace remisión –como decimos los abogados– al Caso Gaibisso, que es el Caso Nazareno, que es también la ratificación de las otras acordadas de Nazareno.