Part 2
El tema de la infraestructura significa, además, una de las poleas en el crecimiento. Mucho se ha hablado de la inversión o el gasto público en la Argentina. Aún estamos muy por debajo en materia de inversión pública de lo que tienen los países desarrollados que están por arriba del 40 por ciento, en su gran mayoría, en la inversión pública como un instrumento fundamental para el movimiento y el crecimiento de la economía. Y creo que, en este sentido, la infraestructura económica, además de ser una formidable polea de crecimiento, es la que da también sustentabilidad a la actividad privada a través de autopistas, puertos, rutas y también social, porque los que viven en las viviendas que se construyen, son los trabajadores que luego van a las fábricas, los que concurren a nuevas y mejores escuelas son los hijos de los que van luego a trabajar a comercios y talleres. Es, en definitiva, un círculo virtuoso que uno termina construyendo para lograr entre todos una mejor calidad de vida.
Quiero referirme también al tercer capítulo, el del conocimiento, el que considero en interactuación total fundamentalmente con la economía y que es la educación, la ciencia y la tecnología y los acuerdos básicos a los cuales debemos llegar también en este importantísimo sector.
En principio, quiero decirles que en unos días más, vamos a lanzar a través del Ministerio de Educación, un plan de finalización de la escuela primaria y secundaria. Hay, entre los argentinos menores a 40 años, 5 millones de argentinos que no han terminado el colegio secundario que, como todos ustedes saben, por ley del Congreso se ha tornado obligatorio y de los cuales medio millón tampoco han terminado la primaria. Si le sumamos a la población superior a los 40 años, estamos duplicando las cifras.
No es para ponerse nerviosos, porque también tenemos el más alto grado de alfabetización de toda Latinoamérica. No es para dramatizar, tenemos el más alto grado de alfabetización de Latinoamérica con un 97 por ciento. Pero lo cierto es que tenemos que abordarlo y hacerlo a través de un plan que va a ser presentado y que es un plan flexible para acordar también con medios tecnológicos modernos, televisión, para acordar con sindicatos, empresas, organizaciones no gubernamentales, con módulos que permitan contemplar las diferentes situaciones de quienes no han podido terminar su escuela primaria y su escuela secundaria. Tenemos fundamentalmente el problema de la escuela primaria más regionalizado y focalizado en NOA y NEA, que también lo vamos a abordar con mucha fuerza en ese sector.
Pero quiero hablar de lo que a mí me desvela, ustedes lo saben y que es la educación y lograr una mejor calidad de educación. Y me desvela porque siempre pienso que además de la vocación política, además de la militancia, además de la historia que cada uno construye, creo que, siendo hija de trabajadores, he podido llegar acá por el tipo de formación e instrucción que yo recibí. Y yo quiero que todos los argentinos vuelvan a tener esa oportunidad que alguna vez tuvimos nosotros. Esto es clave.
En estos días, hemos arribado a la primera gran paritaria nacional docente. El Estado ha acordado junto con los gremios del sector el salario testigo que establece la ley elevándolo casi en un 24 por ciento a 1.290 pesos de los 1.040 que originalmente teníamos e, inclusive, superando los recursos que este propio Parlamento había asignado para ayudar al financiamiento de aquellas provincias que no puedan hacerse cargo de ese salario testigo.
Este Parlamento había asignado aproximadamente 510 millones de pesos y va a hacer falta una partida extra de unos 40 o 50 millones de pesos para poder llegar a esa cifra acordada que, por supuesto, lo vamos a hacer de los 1.290 pesos.
También por primera vez el sector -y debo reconocerlo- se ha comprometido al cumplimiento de los 180 días de clases. Sobre este tema quiero ser clara y sincera: desde el año 2003 al año 2007, la anterior administración puso el acento muy fuerte en la educación. No solamente hizo lugar a demandas de los sectores políticos y gremiales en cuanto a una nueva ley de educación que sustituyera aquella que había sufrido tan duras críticas, sino que, además, se decidió asignar una cantidad de recursos a la educación, a la construcción de infraestructura como nunca se había hecho. De las 700 escuelas, ya tenemos 450 terminadas y queremos llegar a mil.
También la cantidad del 6 por ciento del PBI para cumplir en el 2010 en materia de educación. Del año 2003 al 2007, la variación del salario docente fue, promediando las 24 jurisdicciones, porque ustedes saben que son diferentes realidades las jurisdicciones, del 168,95 por ciento de aumento. Sin embargo, tuvimos en el mismo período, 1.025 días de huelga. Si uno observa el resultado del año 2003, tuvimos unos 182 días de huelga. En ese momento, 2003, ustedes recuerdan muchos salarios de los docentes eran de 300 pesos y en muchas provincias se pagaba mal, tarde y nunca con bonos inclusive. Sin embargo, pese a la evolución podía observarse que aumentaban los días de huelga y se llegó en el año 2005, año electoral, a tener 302 días de huelga y luego, en el año 2007, nuevamente año electoral, elevarse a casi 250 días de huelga.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Invalidar el derecho de los trabajadores de la educación a defender sus derechos? No. Sí a encontrar mejores instrumentos. Porque no hay peor educación que la que no se imparte, no hay peor día de clase que el que no se tiene y no hay peor escuela pública que la que está cerrada y no da clases. Esa es la escuela pública que no queremos, queremos la escuela pública abierta todos los días para los hijos del pueblo.
Porque quiero contarles también que muchas veces o por lo menos durante largo tiempo, cuando se hablaba de la educación privada, en la Argentina, cuando yo era muy joven, uno pensaba que era el lugar donde iban los ricos, esta era la idea de que los ricos tenían la educación en los colegios privados o confesionales y los que no podíamos íbamos a las escuelas públicas. Esto ha variado y ustedes lo saben. Hoy, mucha gente asalariada, con mucho esfuerzo junta una cuota de 200 pesos o de 150 pesos para pagar el colegio privado para que su hijo tenga clases todos los días. Esto nos obliga también entonces, no a concebir hoy a la escuela privada como competidora de la escuela pública, sino articulando esfuerzos con la escuela pública y en eso estamos.
Por eso, días atrás, me reuní con los representantes de la escuela y de la educación de gestión privada. A mí me gusta hablar así porque, en definitiva, el 65 por ciento de esos institutos privados están subvencionados en alguna medida por el Estado. Tienen distintos grados de subvención, que pueden ser -hay varias categorías- del 100 por ciento hasta el 40 o el 30 por ciento y hay una parte, por supuesto, adonde van sectores de alto poder adquisitivo que, obviamente, está subsidiada. Pero hemos llegado a un acuerdo importante: primero, de transparencia, porque me acuerdo que en la reunión que mantuve con los sectores gremiales de la educación, me comentaban que las escuelas privadas ponían como excusa para aumento de la cuota el aumento del salario de los docentes.
¿Qué vamos a hacer, entonces, y qué acordamos con el sector de educación de gestión privada? Que todos aquellos que reciban subsidios del Estado, van a publicar en Internet su declaración jurada de cuánto reciben del Estado, cuáles son todos sus gastos, cómo impacta lo que reciben del Estado, cuánto gastan en salarios, de modo tal que cada padre pueda acceder, en un ejercicio de transparencia, a los costos, porque allí actúan como usuarios y consumidores.
Hablando de transparencia también, una digresión: siempre cuando se habla de transparencia y se quiere saber cuánto ganan y cómo, por lo general siempre vienen al Parlamento para saber cuánto gana un legislador o cuántos asesores tienen, hay muchísimas organizaciones gubernamentales que se han dedicado históricamente a eso o qué pasa en el Poder Ejecutivo. Es muy bueno que todos demos cuenta a los ciudadanos de qué hacemos con sus recursos y qué hacemos sus representantes en este Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Pero también es bueno, por la transparencia del mercado, que los usuarios y consumidores sepan cómo se componen las distintas cadenas de valor porque tienen el derecho como usuarios y consumidores a saber la racionalidad de precios y de lo que se está pagando, porque la transparencia es para todos, para el Estado y para el mercado, para lo público y para lo privado. Eso es lo que por lo menos una sociedad democrática debe exigir y este método va a permitir hacerlo.
También queremos, se me había olvidado decirlo también en el capítulo de la economía, trabajar junto a empresarios, junto a productores en las cadenas de valor, en cómo se van conformando los precios para de esta manera poder articular con racionalidad un proceso económico que nos está dando resultados y que todos tenemos que ayudar a sostener y sustentar.
Una última cosa sobre el tema de las escuelas de gestión privada. Ustedes saben que el habitante de la ciudad de Buenos Aires es el que más alto poder adquisitivo tiene y hay unos 1.047 establecimientos escolares de gestión privada; la mayoría, 545 aproximadamente, no reciben ningún tipo de subsidios.
Digo esto porque ya veo que mañana, cuando vayan a ver los colegios y observen que el colegio que les interesa no está, van a decir "el colegio mío no está subsidiado y me aumentó la cuota a no sé cuanto". Sepan que son los que no reciben subsidios del Estado. Además, también, los que reciben subsidios del Estado han acordado que en ningún caso el aumento puede ser superior a la totalidad de una cuota a partir del mes de mayo.
Cuidar también el servicio de la educación privada y la posibilidad de mayor y mejor educación para todos, es una obligación, sea en gestión pública o en gestión privada y, por eso hemos también iniciado este tipo de gestiones.
Debo también decir que tengo grandes esperanzas, porque la negociación de la paritaria, la inclusión del compromiso por parte del sector docente, de los 180 días de clase. Fíjense que del año 2007 el 50 por ciento de las 24 jurisdicciones no pudo cumplir los 180 días de clase que nos permita abordar el verdadero tema, el tema pendiente de la educación, que es la calidad de la educación.
Yo no sé si tal vez por una deformación de los últimos años, por las circunstancias políticas, por las cosas que nos han pasado a los argentinos, cada vez que hablamos de educación en la Argentina únicamente es para discutir el tema salarial docente. No estoy diciendo esto para criticar, estoy instándonos a superar esa etapa para poder abordar la etapa que viene que es la discusión de la calidad y hacerlo racional y democráticamente con todos los sectores y también demandando a alumnos, a padres, a las familias, la parte que en calidad de educación tiene que poner también quién es el estudiante y la familia.
El otro aspecto el de la ciencia y la tecnología: ustedes saben que hemos tomado la decisión de la creación del Ministerio. Hace pocos días el ministro Barañao de lo que constituye el plan de inversiones en materia dotar a nuestros investigadores, a nuestros científicos de los lugares físicos, concretos para poder desarrollar sus tareas. Durante toda la anterior gestión, la repatriación de científicos, la mejora en la calidad de los ingresos de los mismos, un sistema nuevo y más profundo de becas con una fuerte orientación para todas aquellas actividades en las cuales tenemos cierto grado de criticidad y necesitamos además incorporar nuevos profesionales, se va a seguir profundizando y esto está absolutamente vinculado con el proceso económico.
Este año también será el año donde deberemos sancionar una nueva Ley de Educación Superior, un viejo compromiso que tienen las instituciones en la Argentina.
Hace pocos días me tocó estar en la ciudad de Córdoba, en una de las universidades más prestigiosas, en la Casa de Trejo con su joven rectora, por primera vez también una mujer es rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, y le escuché decir algo que me pareció importante, no solamente porque consideré y coincidí con lo que estaba diciendo, sino además tenía desde la propia universidad, la necesidad de reformular el concepto de la autonomía universitaria en la República Argentina. La autonomía que se obtuvo después de largas luchas en esa gloriosa reforma del ‘18 y que era la lucha contra el régimen por la libertad de pensamiento, por la libertad de cátedra, por la libertad de enseñar a la que tenemos que seguir defendiendo a rajatabla por nivel académico y porque además las universidades son las que generan el pensamiento crítico, el conocimiento, pero que tenemos que tenemos que articular lo académico con lo económico, como también hacen las grandes sociedades desarrolladas en todo el mundo, porque si ponemos conocimiento a este proceso productivo que estamos desarrollando, como de hecho lo estamos haciendo, lo vamos a multiplicar.
Miren, no es casualidad que en toda la historia de la humanidad, es la primera vez a fines del siglo XX que un hombre es el más rico del mundo no porque se quedó con algo del otro, no porque tiene el petróleo, el oro, las riquezas, sino porque tenía cabeza, ideas y conocimientos. Este cambio estructural en la manera de acumular riqueza es clave en el mundo del siglo XXI y yo tengo grandes esperanzas por la calificación de nuestros recursos humanos, por la calidad de nuestras universidades, pero, por alguna razón siempre desvinculamos a la República Argentina, una Argentina de premios Nobel, de hombres y mujeres brillantes, siempre desvinculamos la cuestión académica del conocimiento con lo económico, casi como si fuera pecado vincular el ejercicio intelectual con la economía, cuando en realidad es el círculo virtuoso que hoy tenemos.
Además, no solamente para lograr un mejor país, sino para devolverles también a quienes sostienen a la universidad pública y gratuita, al pueblo, al que sostiene nuestra educación devolverle en generación de riquezas a través del conocimiento.
Quienes tuvimos la suerte de asistir a una universidad, de haber obtenido un título sin haber pagado un solo peso por ello, debemos saber que estamos siendo sostenidos por muchos de los que tal vez ni siquiera terminen su escuela primaria. Es por ellos que todos los universitarios debemos hacer el gran esfuerzo de entender la necesidad de esta reformulación histórica que creo que el país y la historia nos demandan a todos.
Quiero también abordar lo que considero el cuarto capítulo y que es el de la salud y el desarrollo social. Creo que necesitamos también aquí un acuerdo sanitario, un sistema nacional integrado de salud donde lo público no compita con lo privado, sino que, por el contrario, se articule en materia de recursos humanos, de distribución regional, de capacitaciones regionales para ser más efectiva la prestación de la salud. Y en esto, la señora Ministra de Salud va a anunciar en los próximos días, dos planes que constituyen una primera etapa de esta articulación: un programa nacional de cardiopatías congénitas infantiles. En la Argentina nacen vivos por año 700 mil chicos; de esos, 7.000 chicos, el 1 por ciento, tiene cardiopatías congénitas, de las cuales el 66 por ciento o sea 4.000, son operables, pero entre el subsector público y el subsector privado solamente pueden operar 3.000 con lo cual va quedando anualmente un rezago de 1.000 chicos, 1.000 pibes de menos de un año que está a la espera de poder ser operado con esperas de hasta 18 meses.
El plan va a abordar esta problemática de manera tal de que puedan ser operables por año sin lograr la acumulación y creemos que esto puede impactar en reducir en un 6,34 por ciento la mortalidad en ese rango etario producto de este plan.
Tengo mucha confianza en Graciela, es tal vez un comentario poco institucional, pero me lo voy a permitir, tengo gran confianza en que Graciela lo pueda hacer no solamente porque sea mujer, sino además porque es una gran trabajadora y tiene un gran compromiso con todo lo que hace en su vida.
También, en esta primera etapa se va a lanzar un plan de capacitación de recursos humanos, fundamentalmente, en enfermería que es un sector crítico en forma conjunta entre el sector público y el sector privado. Y, conjuntamente con Desarrollo Social, que sigue adelante con los planes que viene desarrollando en familias, en plan alimentario, en plan de desarrollo local y economía y desarrollo económico, van a abordar lo que yo considero uno de los problemas tal vez clave. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el crecimiento económico no impacta en determinados sectores a los que podemos denominar núcleos duros de la pobreza. Nosotros tenemos generaciones de chicos que nunca han visto trabajar a sus padres, por ejemplo.
Yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio y pensemos en cuando éramos chicos, todos tenemos más o menos la misma edad; todos veíamos en algún momento del día entrar y salir a nuestro padre que iba y venía del trabajo o a nuestra madre, en mi caso trabajaban los dos y nosotros teníamos que ir al colegio a cumplir horarios, veíamos una vida de orden, de horario, de obligaciones, de cumplimientos.
Hay aproximadamente dos generaciones de argentinos que han visto trabajar a sus padres. Se producen procesos de desocialización y en algunos casos con mayor profundidad, por ejemplo, sobre todo, en las zonas rurales, por eso, se va a abordar que también será presentado en forma conjunta por la Ministra de Salud y por la Ministra de Desarrollo Social el Plan de Abordaje Integral que, en una primera etapa, va a comprender a 216 localidades rurales y urbanas e involucrar en esto a medio millón o más de medio millón de personas de altísimo riesgo social, riesgo social que no solamente lo han medido con el índice común de las NBI, sino cruzando otras variables. Por eso también los rurales fundamentalmente a las poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes donde muchas veces ni siquiera se tiene la posibilidad que sí se tiene en la ciudad de llegar a acceder a algunos de los servicios, juntamente con esto, volver a articular a la escuela con la salud. También se presentará simultáneamente con ello el Plan de Sanidad Escolar, el PROSANE.
¿Por qué? Porque también se había perdido lo que durante mucho tiempo tuvimos que era el control de la salud y las revisaciones en el colegio. Articular salud y escuela va a permitirnos también abordar estos problemas, no tal vez sea la solución inmediata, pero comenzar a abordarlos y en esta primera etapa alcanzando a más de medio millones de personas.
Finalmente, quiero, después de hablar de tanto acuerdo del Bicentenario en materia de economía, de infraestructura, de salud, de educación, de ciencia y de tecnología, hablar de algo que es exactamente contrario al acuerdo, donde no hay acuerdo, donde no puede haber acuerdo, donde solamente puede haber cumplimiento de la ley y Justicia. Quiero hablar de la impunidad, de la seguridad y de la Justicia en la República Argentina. Aquí ya no podemos hablar de acuerdos, aquí tenemos que hablar lisa y llanamente de cumplimiento de la ley.
Yo creo que los argentinos tenemos el derecho a abordar esta nueva etapa demandando a la Justicia la finalización de lo que constituyeron el juzgamiento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Como les dije, no es un tema de acuerdos.
Y también quiero hablar del tema de la inseguridad, porque aunque parezcan desconectados lo uno con lo otro, yo creo que tienen una conexidad. Yo creo que el deterioro de las instituciones de seguridad que tuvieron lugar durante la dictadura... Hoy cuando una madre o un padre o alguien dice "había zona liberada para vender paco o droga o para hacer aquel asalto o cometer aquel homicidio" no es distinta a otra zona liberada que había durante la dictadura para llevarse o secuestrar a alguien. No es distinto, hay una conexidad. Unos, para delitos de lesa humanidad, otros para delitos comunes, pero ambos contribuyendo a crear la inseguridad.
¿Cuál es entonces la salida? Sé que hubo algún proyecto para abordar en especial el tema del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Pero sinceramente creo que estaríamos cayendo en una trampa mortal. Porque la solución debe ser sistémica, no podemos tener leyes para delincuentes de lesa humanidad y leyes para delincuentes comunes. Las leyes para delincuentes son para todos los delincuentes, para los de lesa humanidad y para los comunes también. Porque esta es la clave de la democracia. La ley igual para todos.
Y en estos días vamos a enviar al Parlamento argentino en nuestro rol de colegisladores, como nos corresponde, iniciadores que podemos ser el Poder Ejecutivo pero para que los trate el Poder Legislativo, instrumentos de oralidad en los recursos, de manera tal que el recurso ya no sea más traba en ningún juicio, ni en los de lesa humanidad ni en los para delincuentes comunes y también que la interposición de recursos en instrucción no nos entrampe y no nos deje elevar a juicio de plenario las causas.
Estas son, entre otras, dos de las iniciativas que también vamos a enviar como también ampliar la recompensa que hasta ahora está para delitos de narcotráfico y secuestros, también para delincuentes de lesa humanidad. Porque de acuerdo con los números que tenemos, provistos por las organizaciones de derechos humanos y también por la CONADEP, de 992 personas directamente involucradas en violación a los derechos humanos, solamente están en proceso unas 342, de las cuales solo una tercera parte, aproximadamente o un poco menos, está en cárceles comunes, otras están en institutos militares y otros están en arresto domiciliario, más allá de que, como todos ustedes saben, el Estado a través de los organismos competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia de que sean internados en lugares comunes y no nos equivocábamos. El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto Febres, creo que es demostrativo de lo acertado que estábamos cuando estábamos demandando que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en cárceles comunes.
Con respecto al tema de la Justicia, hemos aumentado los recursos de la Justicia desde 2003 a la fecha en un 173 por ciento. Su planta de recursos humanos también en un 17. Yo creo que hoy esta Corte prestigiosa y prestigiada, tiene instrumentos en sus manos, a través de leyes vigentes, para poder también tener un mejor servicio de justicia.
En el caso de los delitos de lesa humanidad, se me ocurre que el antecedente de la AMIA, cuando la Corte ordenó que un solo tribunal se ocupara de la causa, es un antecedente a tener en cuenta. Pero también la Ley 4.055, que todavía sigue conservando la Superintendencia de nuestra Corte Suprema, más allá de algunas restricciones que ha operado a favor del Consejo de la Magistratura, después de la reforma constitucional, fundamentalmente en lo que hace a sanciones disciplinarias y a la posibilidad de dictar reglamento, sin embargo, hay numerosas facultades que las leyes siguen conservando en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para controlar, precisamente, a todos sus juzgados inferiores que deben ser ejercidas porque son el órgano supremo de ese poder. Y si tienen facultades para de repente poder instruir al Poder Legislativo a que dicte alguna ley o al Poder Ejecutivo a que cumpla algo de alguna política que le es propia, ¡cómo no van a tener facultades dentro de su propio poder!