Chapter 4

Desde entonces las autoridades de salud han detectado y atendido dos mil casos, y en el mismo lapso ya se habían presentado 223 mil casos en el primer país latinoamericano donde se suscitó. Gracias al esfuerzo del personal del sector salud y de la Comisión Nacional del Agua, ya regreso a sus labores normales el 99% de los enfermos que se atendieron en México. Mantendremos nuestra acción preventiva y curativa ante los casos aislados que ocurran, y seguiremos atentos a su evolución en el resto del continente.

El sida constituye un problema reducido pero creciente de salud pública. Los avances en las acciones de atención médica, detección oportuna de casos y difusión de información al público, están rindiendo resultados positivos; sin embargo, las autoridades de salud tendrán que reforzar sus acciones.

Como parte de los compromisos para ampliar la infraestructura del Sistema Nacional de Salud, en el periodo se concluyeron 10 nuevos hospitales generales y 67 unidades de primer nivel. Además, se inició la construcción de otros dos hospitales y de 19 unidades de primer nivel, y continúa la de 14 hospitales generales y seis centros de salud. Al mismo tiempo, se realizan actividades de rehabilitación, ampliación, conservación y mantenimiento en más de 100 unidades de atención.

Todo ello con el propósito de incrementar la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios que se ofrecen tanto a la población abierta como a la que tiene derecho a la seguridad social.

Adicionalmente, la atención a los minusválidos constituye una actividad prioritaria del quehacer asistencial; por eso, durante este periodo se otorgaron más de 600 mil consultas para atender la invalidez, así como más de un millón y cuarto de consultas de terapia rehabilitadota, que permitirán la incorporación a la vida productiva y social de las personas que enfrentan estos padecimientos.

Por conducto del DIF se brinda en forma permanente ayuda alimentaría y de desarrollo integral a niños, adolescentes, mujeres, ancianos, minusválidos y personas de escasos recursos. Como parte de la ayuda alimentaría se distribuyeron más de 118 millones de desayunos en escuelas.

Se ha buscado promover la eficiencia de los mercados de alimentos básicos. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares reorientó su presencia en la comercialización de granos, participando selectivamente en la adquisición de maíz y fríjol, únicos productos sujetos al régimen de precios de garantía.

Asimismo, se mantuvo en niveles adecuados la reserva técnica reguladora de estos granos. Mediante la Tarjeta Solidaridad se ha beneficiado a más de dos millones de familias con tortilla a precios subsidiados en más de 200 ciudades. Se han puesto en servicio 7 500 tiendas Conasupo, con lo que suman ya 20 mil rurales y cinco mil urbanas en las zonas de menores recursos.

Hemos actuado para que la recuperación del desarrollo se refleje en cada uno de los estados de la República. Más del 60% de la población vive hoy en las zonas urbanas y para el año 2000 esta proporción podría elevarse al 80%. Mientras la población total crece al 1.9% anual, las áreas rurales lo hacen hoy en día por debajo de este promedio nacional y las ciudades medias crecen a una tasa superior a la de las grandes urbes. La vida futura de nuestro país será irrevocablemente urbana.

Trabajamos en la consolidación de un sistema de ciudades que permita aprovechar el potencial económico y la disponibilidad de suelo, agua e infraestructura, en los 80 centros de población más importantes del territorio.

Enfrentar el reto habitacional constituye una prioridad de mi gobierno. Logramos aplicar durante este año más de 12 billones de pesos a construir y entregar más de 150 mil viviendas. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores otorgó más de 77 400 financiamientos y el Fondo de Vivienda financió más de 90 mil casas habitación. Así, durante estos tres años se habrán ejercido 29 billones de pesos y se habrán construido 400 mil viviendas, número sin precedente que habremos de incrementar.

Desde hace poco más de una década iniciamos en México un proceso institucional, serio y consistente, para atacar los problemas del medio ambiente. Estamos avanzando en la solución de cuestiones ancestrales que han ocasionado la depredación de los recursos naturales y un deterioro progresivo de la calidad de vida en las principales ciudades del país, particularmente en la zona metropolitana de la ciudad de México.

Por eso, hemos hecho obligatorio que las diversas dependencias y empresas federales integren el criterio ambiental en todos sus proyectos y actividades. Muestra de ello ha sido la decisión que tomamos de cerrar la Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, en cuyo lugar se asentará un parque, espacio de recreación para los habitantes y nuevo pulmón para la ciudad.

Esta decisión implicó la pérdida de seis mil empleos directos y un costo superior a 1.5 billones de pesos. Pero con esto atendimos un reclamo justo y establecimos un ejemplo a seguir. La meta es desconcentrar progresivamente, sin detrimento de las actividades productivas ni de los derechos de los trabajadores, todas aquellas empresas que dañen las condiciones ambientales.

Se han puesto a disposición del aparato productivo nacional líneas de crédito para la incorporación de dispositivos anticontaminantes. Contamos ya con un marco normativo más preciso para este propósito, con normas técnicas para aire, agua y suelo. Se han realizado más de siete mil inspecciones en todo el país. En su caso, se han decretado clausuras parciales o totales a aquellas empresas que en forma reiterada violan las normas establecidas.

Gracias a un gran esfuerzo tecnológico y de producción, el contenido de plomo de las gasolinas se ha reducido en un 85%. Desde el pasado 6 de junio se dispone de gasolina Nova con un 50% menos de plomo y en la nueva gasolina Magna Sin prácticamente se ha eliminado. Este año reforestamos 93 mil hectáreas, cifra que representa más del doble del promedio anual de los últimos ocho años.

Nuestro país se ha adherido a la Convención Internacional del Tratado de Especies en Riesgo de Extinción. Con ello, México no sólo defiende recursos que pertenecen a los mexicanos, sino que contribuye a asegurar la permanencia de cadenas biológicas esenciales para la vida en el planeta. México no será receptor de nuevas industrias que contaminen y que, por esta razón, no son aceptadas en otros países.

Así como no queremos una industria sucia ni obsoleta, tampoco deseamos ver nuestro territorio ni nuestros mares convertidos en basureros propios o ajenos, particularmente en la zona fronteriza. Para esta franjase ha establecido un plan integral que cubre el lapso entre 1992 y 1994, y que pone énfasis en el tratamiento de la basura y de las aguas residuales.

El propósito es contar con una reglamentación ecológica estrictamente aplicada, apoyada con recursos y equiparable en ambos lados de la línea fronteriza, protegiendo el entorno de los mexicanos.

La ciudad de México, la más grande concentración industrial y urbana, ha iniciado la transición de una economía altamente destructora del ambiente a otra con desarrollo equilibrado. Mucho se llegó a dudar sobre el futuro de la ciudad; muchos son y seguirán siendo sus problemas, pero no cabe duda de que, en la gran capital de la nación, existen enormes reservas sociales e institucionales para mejorar la calidad de la convivencia. De nuestra metrópoli podemos estar orgullosos todos los mexicanos.

Se ha establecido también un equilibrio nuevo en las relaciones de la ciudad capital con el resto de los estados de la República. Mediante un esfuerzo fiscal extraordinario que habrá de mantenerse, los subsidios y las participaciones fiscales excedentes que iban a la ciudad de México pueden hoy canalizarse a otras regiones para elevar en ellas el nivel de vida, aumentar el empleo y la productividad, y, con ello, romper el círculo vicioso de las migraciones hacia el centro del país.

La administración del Distrito Federal ha dado prioridad a tres asuntos: primero, mantener un clima de tranquilidad que reconozca el pluralismo y que permita el amplio ejercicio de las libertades y mayor cercanía del gobierno con los ciudadanos; segundo, mejorar la administración de los servicios públicos, haciendo frente a los problemas financieros que enfrentan y ampliando la capacidad de respuesta institucional en los asuntos que interesan a la población, como la regularización de la tenencia de la tierra, drenaje, agua, basura, transporte y seguridad; y tercero, tomar las decisiones estratégicas de las cuales depende la viabilidad de la zona metropolitana.

Se han expropiado terrenos de los que depende la recarga del acuífero, se han establecido límites a la expansión de la mancha urbana sobre los bosques y está en marcha uno de los más ambiciosos programas anticontaminantes del mundo. Plantamos en sólo cuatro meses 12 millones de árboles y haremos mucho más en los próximos tres años. Esta acción para mejorar el entorno es indispensable, pues la ciudad sigue enfrentando serios problemas en su medio ambiente.

En el Distrito Federal ha sido posible combinar acciones que eran urgentes con decisiones de largo plazo, una visión de la ciudad en su conjunto con las pequeñas decisiones que son importantes para sus vecinos. Hoy existe mejor ánimo en la ciudad, niveles crecientes de responsabilidad ciudadana y mayor confianza en su futuro.

4.2 El Programa Nacional de Solidaridad

No seriamos una generación digna de nuestra historia si como sociedad consintiéramos la pobreza de muchos compatriotas. Los mexicanos son y han sido siempre generosos, humanitarios, capaces de ver su suerte en la fortaleza de los demás y no en su debilidad. Este es un hecho de nuestra cultura, de nuestro ser más íntimo. El mexicano es un pueblo solidario por experiencia de siglos, pero también un pueblo digno que no quiere obsequios ni que lo ignoren para resolver sus problemas. Quiere ser actor y sujeto de los cambios.

Al inicio de mi gobierno, la atención se concentró en los rezagos más apremiantes. Necesitábamos entonces, y seguimos necesitando, establecer un nivel básico por debajo del cual no viva una familia mexicana.

Es, sencillamente, iluminar la oscuridad con energía eléctrica; contrarrestar la insalubridad con agua potable y drenaje, así como con la atención cálida de los servicios de salud; la inseguridad con iluminación y pavimentación; la incertidumbre con escrituras públicas; la arbitrariedad con justicia, y fundar el futuro de nuestros hijos con escuelas dignas que nadie tenga que abandonar, en la primaria, por falta de recursos económicos.

Para afrontar el reto de la justicia, hemos convocado a la solidaridad y hemos creado un programa de gobierno para alentarla y apoyarla, sumándonos a la iniciativa de los grupos de nuestra sociedad. El Programa Nacional de Solidaridad, se me ha dicho a lo largo del país, es ya del pueblo, no del gobierno.

Esta afirmación reiterada expresa que hemos encontrado un instrumento adecuado, una forma de trabajo en la que se enlazan demanda social y servicio público, democracia y actos concretos de justicia del gobierno. Ese resultado nos estimula y nos obliga a avanzar más rápido, perfeccionando el funcionamiento del Programa.

Los grandes aspectos del Programa Nacional de Solidaridad nacieron en las comunidades y no en escritorios burocráticos; surgieron de la movilización popular, de las plazas y calles, de los pueblos y las comunidades. Lo escuché de su propia voz en cada una de las 168 giras que he realizado dentro del país desde diciembre de 1988. Al atender los servicios básicos se sumó, espontáneo, el reclamo y la organización de las comunidades. A los servicios indispensables para su progreso, se unió la demanda de la actividad productiva que haga permanente el bienestar.

Solidaridad incorporó el reclamo de fuentes de empleo. Ese fue el origen de los fondos para la producción, para los pueblos indígenas, para grupos de campesinos y pescadores. En unos cuantos meses, uniéndonos los mexicanos con respeto y trabajo, hemos hecho lo que a muchas naciones les ha tomado decenios.

En Solidaridad, el mejor discurso son los hechos y éstos hablan así: más de 64 mil comités de Solidaridad se han establecido en colonias populares, comunidades rurales y pueblos indígenas de todo el país, los cuales han realizado más de 150 mil acciones en los casi tres años que tiene de operar el Programa.

En ese lapso, incorporamos a más de seis millones de mexicanos a los servicios de salud, y la infraestructura de atención a población abierta se incrementó un 40% respecto de 1988; ocho millones más de compatriotas cuentan con agua potable; se electrificaron más de 10 mil comunidades, dando este servicio a 11 millones de mexicanos; se realizaron trabajos de pavimentación de calles en más de tres mil localidades urbanas y rurales, y se construyeron, rehabilitaron y mejoraron 14 mil kilómetros de caminos en beneficio de casi dos millones de habitantes en las zonas más necesitadas.

Asimismo, un millón 400 mil niños se forman en los nuevos espacios educativos construidos; se han rehabilitado 50 mil escuelas con la ayuda de padres de familia y de maestros mediante el Programa para una Escuela Digna; casi un cuarto de millón de niños recibe ahora una beca en efectivo para terminar su educación primaria sin tener que desertar por falta de recursos de sus padres y se les proporcionan despensas y atención médica; y más de 350 mil jóvenes prestadores de servicio social han participado en el desarrollo de sus comunidades.

Se ha más que duplicado el número de lecherías populares y casi siete millones de niños tienen acceso a este alimento básico; 27 millones de personas cuentan con el servicio de tiendas populares y se han establecido mil cocinas populares, y con el apoyo del Programa se da servicio postal a cuatro millones de habitantes de colonias populares y de zonas rurales.

Los fondos municipales de Solidaridad operan en el 76% de los municipios del país; más de 600 mil campesinos que laboran en dos millones de hectáreas participan en el Fondo de Solidaridad para la Producción ; se apoya también a 190 mil productores de café en 12 entidades de la República y a 87 organizaciones de productores forestales en 21 estados; cerca de mil organizaciones indígenas en 21 entidades federativas han emprendido 991 proyectos productivos; alrededor de 2 500 indígenas han sido liberados con las acciones de procuración de justicia y se ha mejorado el 80% de los albergues indígenas.

Hemos entregado más de un millón 200 mil escrituras a igual número de familias en colonias populares y sólo en tres días entregamos más escrituras que en una década. Las escrituras dan a sus poseedores un soporte de seguridad que los alienta a invertir incluso en proyectos productivos.

Reitero que vemos en estos millones de mexicanos que viven en nuestras colonias populares a los herederos genuinos de aquellos que por la posesión de la tierra hicieron la Revolución Mexicana. Les respondemos hoy como la reforma agraria les respondió a sus abuelos campesinos.

Del 9 al 14 de septiembre se llevó a cabo en todo el país la Segunda Semana de la Solidaridad. Más de 13 millones de compatriotas participaron en ella, se evaluaron los resultados de los programas en marcha y se propusieron opciones para mejorar su ejecución.

Estos son los hechos que ahora integran un discurso nuevo, con un contenido diferente: el de la corresponsabilidad, la autoestima y la dignidad. Las metas alcanzadas son un ejemplo de la capacidad del pueblo organizado y participativo. En todos los aspectos de bienestar social estamos incrementando los servicios a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, lo que nos está permitiendo abatir rezagos y atender a los nuevos mexicanos que nacen cada año.

Estos hechos, convertidos en un discurso nuevo, el de la promesa cumplida, nos dan también un sustento ideológico nuevo. Esta forma de hacer las cosas, con participación, con organización, con verdadero sentido democrático, nos dota de una base moral nueva. Por eso, es importante el intercambio directo de bienes y servicios entre campesinos y obreros, una forma de pacto en que ambos ganan y se fortalece la nación en eficacia y equidad. Así también promete vivificar a México la organización territorial de Solidaridad en una coordinación nacional.

La contraloría social da la transparencia financiera al Programa y es la manera de ratificar el control comunitario de su destino, manteniendo los controles presupuestales establecidos por la ley. Solidaridad funciona porque entrelaza lo nuevo de nuestra compleja sociedad con las prácticas tradicionales y permanentes de participación de los pueblos que nos ha enseñado la historia y que hoy practican las comunidades.

Solidaridad es la reforma democrática de las bases populares a lo largo de nuestra patria, que da una dimensión nueva a nuestro nacionalismo. Nos está dando la estabilidad y la paz social de largo plazo que merece nuestra patria; ha creado nuevos vínculos entre instituciones y servidores públicos, vínculos que son parte de la reforma del Estado que propuse a todos los mexicanos para acercar la acción del gobierno a la sociedad. Solidaridad es el movimiento que emplea el lenguaje de los hechos sociales y de la participación popular. Por eso, la esperanza que ahora nos rodea tiene sólido fundamento.

III. LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

Honorable Congreso de la Unión; Compatriotas:

El nacionalismo mexicano de hoy emerge renovado, se expresa en el respeto a la dignidad de las personas y edifica un nuevo basamento social para las familias que menos tienen. Es un nacionalismo nuevo que construye caminos de progreso, decididos por la comunidad, que se manifiesta en la participación organizada y en la unidad de las voces diversas de la sociedad, la región, la comunidad.

Es un nacionalismo democrático que fortalece la soberanía popular y, con ella, la soberanía nacional ante el mundo. El nacionalismo es la pasión de los mexicanos por construir su historia.

La elección nos ha dado un mandato para el cambio y nuestro nacionalismo nos señala el camino que habremos de seguir en todos los frentes. Hoy nos demanda consolidar las nuevas vinculaciones hacia el exterior y las nuevas relaciones del Estado con la sociedad para continuar con el diálogo y la concertación.

Mantendremos así la tarea de reconciliación con las diversas fuerzas políticas y con todos los sectores sociales, en el ámbito interno y en el externo, que he llevado a cabo desde el inicio de mi administración. Tenemos el mandato de cambiar para permanecer, pero no para que todo siga igual. Por eso, por la vía del diálogo, continuaremos los cambios y su consolidación.

En el exterior, seguiremos promoviendo la diversificación de nuestras relaciones por medio de un intenso diálogo político con nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos y Canadá. Al sur del continente, nuestro propósito esencial de integración es con América Latina.

Además, con España y Portugal. Por eso, ampliaremos nuestras iniciativas diplomáticas en la región y negociaremos acuerdos de libre comercio para asegurar que en el exterior no se limiten los esfuerzos que hacemos dentro. Profundizaremos los vínculos con Europa y con la Cuenca del Pacífico.

Al establecer nuevos canales de diálogo, al abrir nuevos mercados, al atraer inversiones y tecnologías y al crear empleos, la acción al exterior fortalece al país en el mundo contemporáneo. En el mundo unipolar de hoy, la confrontación pone en riesgo inútil la soberanía. La firmeza y la diversificación de relaciones es indispensable para fortalecer la independencia.

Acercamiento y diálogo respetuoso con el norte; profunda intensificación de relaciones con el sur; mayor acercamiento al este y al oeste. Estas son, por eso, políticas nacionalistas para nuestro momento; nacionalistas en el mismo sentido en el que otros comportamientos fueron nacionalistas para su tiempo y, con seguridad, igualmente decisivas para la permanencia de México en el futuro.

En el interior, tenemos que seguir ampliando la concertación entre las fuerzas políticas del país, para asegurar que las normas electorales respondan plenamente a las expectativas de la población. En la defensa de los derechos humanos, vamos a fortalecer la capacidad de los órganos de procuración de justicia, a promover la más pronta respuesta a las decisiones del Poder Judicial Federal y a poner a la consideración de ustedes, señores legisladores, elevar a rango constitucional la protección que brinda la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aseguraremos que, en la lucha contra el crimen, las libertades y garantías de toda persona en México siempre serán respetadas, y que su violación o la tortura serán firmemente sancionadas conforme a derecho. Seguiremos atacando la impunidad decididamente.

En mi discurso de toma de posesión propuse modernizar las relaciones con las iglesias. Partidos políticos de las más opuestas tendencias han señalado también la necesidad de actualizar el marco normativo. Recordemos que, en México, la situación jurídica actual de las iglesias derivó de razones políticas y económicas en la historia y no de disputas doctrinarias sobre las creencias religiosas, por lo que su solución debe reconocer lo que debe perdurar y lo que debe cambiar.

Por experiencia, el pueblo mexicano no quiere que el clero participe en política ni acumule bienes materiales, pero tampoco quiere vivir en la simulación o en la complicidad equívoca. No se trata de volver a situaciones de privilegio sino de reconciliar la secularización definitiva de nuestra sociedad con la efectiva libertad de creencias, que constituye uno de los derechos humanos más importantes.

Por eso, convoco a promover la nueva situación jurídica de las iglesias bajo los siguientes principios: institucionalizar la separación entre ellas y el Estado, respetar la libertad de creencia de cada mexicano y mantener la educación laica en las escuelas públicas. Promoveremos congruencia entre lo que manda la ley y el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, dando un paso más hacia la concordia interna en el marco de la modernización.

En lo económico, nos proponemos seguir creciendo gradualmente a tasas sostenidas. Queremos que este crecimiento sea con estabilidad para asegurar mayor bienestar entre las familias mexicanas. Por eso, en los próximos años vamos a redoblar los esfuerzos para disminuir la inflación a menos del 10%. Reforzaremos la disciplina fiscal y promoveremos la renovación del Pacto con los ajustes concertados que reclaman las circunstancias actuales y las metas para el próximo año.

El Pacto, como mecanismo de diálogo, ha probado ser un instrumento invaluable para tener mayor certidumbre, estimular la inversión y lograr mejor resultado en el esfuerzo que se realice.

Para impulsar la inversión y ampliar la creación de empleos debemos elevar el ahorro interno, sobre todo mediante sistemas complementarios de ahorro que favorezcan a los trabajadores y a las clases medias. Necesitamos crecer. Así lo reclaman más de 82 millones de compatriotas y los casi dos millones que cada año se nos unen. Pero los mexicanos no quieren un crecimiento a cualquier costo.

No será un crecimiento concentrador de la riqueza, sino uno que haga avanzar la justicia. No será un crecimiento depredador de la naturaleza y de la gran diversidad biológica que tiene México y que aporta al mundo. No será para unas regiones nada más o para algunas ramas o sectores. Será un crecimiento limpio, más equitativo y equilibrado a lo largo del país. Este es el desafió que la nación asume y que va a superar.