Chapter 2

Hemos avanzado prácticamente en todas las áreas de beneficio mutuo, mediante el mecanismo de la Comisión Binacional: en la cooperación respecto al ambiente y al narcotráfico, en el comercio y las finanzas, en la cultura y los problemas migratorios. Hemos iniciado una respetuosa e intensa relación con la comunidad mexicano americana. Sin duda, muchos aspectos demandan aún nuestra atención más decidida; de manera prioritaria, la defensa de los trabajadores migratorios mexicanos. No cejaremos en la protección de los connacionales en nuestro país y cuando trabajen en otras naciones. Laboran con honestidad y dignidad, y deben respetarse sus derechos humanos y laborales.

Por eso promovimos, junto con otros países, que la Organización de las Naciones Unidas adoptara la Convención Internacional sobre Protección de Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Apoyamos las medidas que tomó dicha organización para oponerse a la flagrante violación de la soberanía de Kuwait por parte de Irak y nos pronunciamos por el inmediato restablecimiento de la legalidad internacional. México siempre abogará en favor de un orden internacional basado en el derecho, como forma de armonizar la defensa escrupulosa de la soberanía, dando atención a los nuevos problemas globales. Buscamos que la Organización de Estados Americanos se constituya en instrumento de apoyo efectivo a los Estados miembros para superar la pobreza extrema y las desigualdades tecnológicas que hoy limitan la integración económica, la seguridad continental y la plena soberanía. Así, México ha tenido en su política exterior una poderosa herramienta para hacer valer su presencia en el mundo, ser respetado y favorecer el contexto de sus cambios internos.

La fortaleza de la nación descansa segura en nuestras fuerzas armadas. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México resguardan el territorio, los recursos naturales del país y las instalaciones vitales para la economía nacional. Con su vocación permanente de servicio a la comunidad, sus miembros recorrieron el país, proporcionando atención médica y medicinas a la población que lo requería. Estuvieron presentes, como siempre lo han hecho en caso de necesidad, en las inundaciones que afectaron a trece estados de la República. El compromiso permanente de México en la lucha contra el narcotráfico encontró un eficaz brazo de combate en las fuerzas armadas. En arriesgadas acciones, perdieron la vida soldados mexicanos que reciben el permanente homenaje de sus compatriotas.

La modernización de las fuerzas armadas de México es una actividad permanente por el gran valor que representan para la nación. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada mejoran sus escuelas y actualizan constantemente los planes de estudio y de operación, los métodos de adiestramiento y las estructuras de los organismos militares. Hemos puesto en marcha un programa de vivienda para las fuerzas armadas que ha permitido entregarles, este año, un número de viviendas casi equivalente a las construidas para ellos en los 50 años anteriores. La nación cuenta con una defensa flexible, operativa en cualquier circunstancia y equipada de manera congruente con las necesidades del país. Reitero a las fuerzas armadas el aprecio a su lealtad y a su noble labor de ayuda a la población y de permanente defensa de nuestra patria. Así lo reconoce el pueblo de México.

2. Democracia y gobierno

Internamente, el país ha vivido en paz. La intensa movilización para competir por el poder político, para avanzar contra la inflación y hacer eficiente nuestro aparato productivo, para mejorar las condiciones de vida de la población, ha permitido conformar nuevos consensos, una concordia no exenta de pasión y debate, pero comprometida con el diálogo permanente.

Desde el inicio de mi gobierno, he señalado que ninguna forma de impunidad será tolerada; que nadie está por encima de la ley ni tiene, en su aplicación, prebenda alguna para violar los derechos humanos. Nuevas reglas dan a las personas más eficaces derechos procesales; la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, respetada y activa, vigila y atiende con creciente eficacia las quejas por presuntas violaciones a tales derechos. Durante 1991, la Comisión recibió 3 374 denuncias. El nivel de desarrollo no determina el número de éstas o el estado de los derechos humanos. Muchos factores deben tomarse en cuenta. Lo importante es nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad; más de la mitad de dichas denuncias han sido satisfactoriamente resueltas. He prometido una respuesta eficaz a las recomendaciones de la Comisión; éste es un compromiso fundamental del Gobierno de la República.

El narcotráfico se combate sin cuartel, desmantelando organizaciones, decomisando estupefacientes y castigando a culpables, en grados y niveles sin precedente en nuestra historia. Reconocemos el esfuerzo realizado y las vidas sacrificadas en el cumplimiento del deber. Hemos decomisado, en tres años, 1 500 toneladas de marihuana, más de 122 toneladas de cocaína pura, cerca de 10 mil vehículos y más de 20 mil armas. En este periodo, se detuvo a más de 45 mil personas. En 1991, se decomisaron 40 toneladas de cocaína pura. El valor de lo incautado este año, a precio de mercado, es equivalente a la deuda externa del país. Pero el fin no justifica los medios; si en la persecución de narcotraficantes, si en esta guerra en tiempos de paz se violan los derechos humanos, los responsables seguirán siendo severamente castigados.

En la procuración y administración de justicia, en la vigilancia permanente para evitar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, en la plena libertad de expresión y de prensa, de tránsito y de petición, el cambio ha significado dar pasos decisivos para construir una nueva relación del Estado con la sociedad. Por ello, se reformaron las leyes sobre los procedimientos penales que eliminan aprehensiones ilegales e interrogatorios violentos, determinan los requisitos para que las confesiones tengan valor legal, evitan incomunicación del acusado y protegen a los indígenas involucrados en procesos penales, asistiéndolos en su propia lengua. Se beneficiaron del indulto y de la amnistía 631 personas, mayoritariamente indígenas.

Durante los últimos tres años, la nación ha logrado innovaciones políticas. Ha aumentado el consenso sobre los cambios estructurales necesarios para el desarrollo del país. Se han ido superando las situaciones de polarización y hemos sido testigos de nuevos reencuentros entre la sociedad y el gobierno. La más alta responsabilidad pública es, ahora, ampliar las posibilidades de cohesión de la sociedad.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que todo cambio genera movimientos. Es positivo que se discuta, que se tomen posiciones. Hoy tenemos paz social, estabilidad, discusión; hay partidos políticos con posiciones propias; existe respeto pleno a las libertades públicas; se pone nuevo énfasis en la protección de los derechos humanos y hay también mayor demanda social de responsabilidad a quienes actuamos en la vida pública.

La voluntad de los mexicanos se expresó en elecciones competidas y en todo el país. En 1991 se realizaron 557 elecciones municipales, 285 de legislaturas estatales en 13 entidades federativas y siete gubernaturas. El 18 de agosto pasado, el país vivió, además, una jornada electoral federal intensa, en la que los ciudadanos de la República dieron una prueba ejemplar de civismo en una de las elecciones intermedias más concurridas en tiempos recientes.

La nueva organización electoral incorpora en mayor medida a la sociedad por medio de dos mil representantes ciudadanos en sus órganos colegiados. Un nuevo tribunal de pleno derecho atendió los recursos de inconformidad de los partidos. Los partidos políticos, responsables también de la movilización en pro del voto, ejercieron sus derechos y promovieron sus programas y a sus candidatos en todo el país; aprovecharon las prerrogativas que les concede el nuevo Código Electoral, y recibieron, oportunamente y en conjunto, más de 100 mil millones de pesos de recursos públicos que les entregó la autoridad electoral.

Casi 24 millones de mexicanos votamos el 18 de agosto. Se instalaron cerca de un 60% más de casillas, por mandato de la nueva ley, y por eso se encontraron más próximas a los domicilios. La votación fue copiosa, más del 64% de las listas, y estuvo vigilada por 700 mil ciudadanos de los más de cinco millones insaculados y por casi medio millón de representantes de los partidos políticos.

Aprendimos que se requiere perfeccionar algunas disposiciones electorales. En particular, si bien se entregaron más de 36 millones de credenciales, el 92% del padrón, la presión ocasionada por los tiempos provocó ciertas deficiencias. El sistema de información señalado por la ley no fue suficientemente ágil. El padrón, realizado puerta por puerta, hecho sin precedente en otros países, requiere pasos adicionales de verificación y mejoramiento. Convoco, por ello, a los partidos políticos, a estudiar y proponer las modificaciones apropiadas para perfeccionar el marco legal y adoptar métodos análogos a los que utilizan muchos países avanzados con el fin de proporcionar los resultados el mismo día de la jornada electoral. Además, tenemos que cumplir la exigencia legal de establecer la credencial con fotografía y la cédula de identidad ciudadana. Sin duda, así, en el diálogo, podremos mejorar nuestros mecanismos y procesos. La responsabilidad en el análisis y en el cambio legislativo, en su caso, corresponde a este Honorable Congreso.

En el cambio, las formas tradicionales son rebasadas por la realidad y las prácticas nuevas conllevan riesgos. En estas circunstancias, puede suceder que los cambios demandados no se reconozcan ni se ubiquen en su real dimensión. En estos tiempos de transformaciones, no es posible gobernar un país como el nuestro con hipótesis o prácticas políticas de decenios anteriores. Juzguemos los resultados con suficiente visión y distancia frente a los hechos. La política tiene la responsabilidad de convertir el conflicto en diálogo y de llegar a acuerdos en el marco de la ley. Si logramos dar acomodo a las inquietudes de una sociedad abierta, si las fuerzas políticas del país siguen demostrando su capacidad para encauzar las disidencias, habremos superado la lógica de la cerrazón y nos habremos colocado en una postura histórica distinta. Tendremos espacios internos y externos más amplios para seguir venciendo los retos que nos plantea la modernización. Respondamos todos a un diálogo nacional para que, con franqueza y buena fe, encontremos juntos el camino de la concertación para afrontar los grandes retos nacionales.

La responsabilidad de los tiempos actuales es la transformación nacional. Es positivo que se discuta, que se tomen posiciones. No puede haber una vida política rica que exprese a una sociedad tan diversa y responda a cambios tan profundos y complejos sin debate o sin pasión. Además de cambiar el discurso, hay que comprometerse a incidir verdaderamente en las prácticas. Tenemos que transformar nuestra acción y darle marcos nuevos, distintos y duraderos. La nación ha elegido el camino del cambio político, del cambio ordenado, del cambio democrático.

3. La economía del crecimiento

La economía mexicana ha recuperado su estabilidad, se transforma en sus estructuras y ha crecido, durante este gobierno, casi al doble de la población. La clave ha sido y seguirá siendo la permanencia de la política económica, el estricto control del gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la deuda, la apertura comercial y la desregulación, y la promoción de la inversión y de las exportaciones. En sólo tres años, la economía de México es más sana y tiene mayor capacidad de dar respuesta al reclamo de los mexicanos por más empleos y mejor remunerados. Todavía falta mucho para recuperar lo que perdimos a causa de la crisis, pero trabajamos para que los beneficios de la recuperación lleguen a mayor número de compatriotas y a más regiones del país.

El crecimiento económico, que en el primer semestre de 1991 fue casi del 5% anual, ha sido el más alto para este periodo en los últimos 10 años. La inflación acumulada en los primeros nueve meses es la menor en 16 años. Por primera vez en la historia tuvimos, en los primeros meses, un superávit fiscal que alcanzó casi 10 billones de pesos. En este resultado, influyó de manera particular el ingreso por la venta de Teléfonos de México y de los bancos. Pero aun sin considerar dichos ingresos, el resultado fiscal del primer semestre mostraría un importante saneamiento de las finanzas públicas, con una reducción real de más del 50% de su déficit, respecto al mismo periodo de 1990. Estos resultados sientan las bases para dar el paso definitivo hacia la estabilidad.

El gasto presupuestal se redujo 16% real en relación al primer semestre de 1990. Dentro de este gasto, destaca la reducción real de casi 50% del destinado al servicio de la deuda pública. En el marco de la estricta disciplina fiscal, hemos abierto espacio para un crecimiento positivo del gasto social. Así, este gasto, que incluye salud, educación, desarrollo urbano y regional, y Solidaridad, habrá pasado de representar 32% del gasto programable en 1988 a 44% del presupuestado para 1991. Las participaciones y estímulos a los estados y a los municipios registraron un crecimiento significativo de 18% en términos reales durante el primer semestre de 1991.

Los ingresos del sector público entre enero y junio de este año fueron superiores en 14% en términos reales, a los del mismo lapso de 1990. Este comportamiento se enmarca en un sistema fiscal más equitativo, con tasas impositivas inferiores a las de hace tres años, y con mayor simplificación administrativa, que alienta el cumplimiento de los contribuyentes.

Pocos países han realizado un ajuste de tal magnitud en unos cuantos años. El aumento de los ingresos, la reducción del servicio de la deuda y la selectividad en la asignación de los recursos han permitido, al mismo tiempo, eliminar el déficit público y fortalecer la atención a las áreas prioritarias de la actividad gubernamental.

Logramos abatir la inflación, que en 1987 superó el 150%, a un nivel cercano a la meta establecida para este año. El éxito del Pacto durante casi cuatro años muestra que los compromisos se cumplen cuando hay diálogo, ideas claras y decisión de los grupos sociales. La prórroga del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, vigente hasta el 31 de diciembre de 1991, permitió la reducción del desliz del tipo de cambio de 80 a 40 centavos en promedio por día. Nuestra meta es reducir aún más la inflación y mantenerla en los niveles de las naciones con quienes más comerciamos.

Los principales promotores de la expansión económica son, en la actualidad, las exportaciones y la inversión. Mientras el consumo se recupera gradualmente, el crecimiento de la inversión en los últimos años ha triplicado al de la economía, al registrarse aumentos reales superiores al 12% anual. Con estas inversiones, el país fortalece su capacidad para generar empleos, para satisfacer las aspiraciones de progreso de la población y para competir con productividad creciente en un mercado mundial cada día más integrado. Las perspectivas son alentadoras. Así lo han percibido los inversionistas de México y del mundo al decidirse a canalizar a nuestro país montos crecientes de sus recursos para inversión.

La apertura a las inversiones extranjeras tiene como objetivo atraer recursos, tecnología y capacidad de exportación. Por eso, la promovemos decididamente. Pero no se pretende que, mediante ella, los extranjeros compren en forma generalizada empresas existentes y que los empresarios mexicanos se vuelvan rentistas o gerentes. Para ello habremos de fortalecer el diálogo entre el gobierno y el sector privado con el fin de que las políticas públicas de competitividad sean más efectivas y que las alianzas estratégicas entre los empresarios mexicanos y los del exterior permitan especialización, escalas y acceso a los mercados.

La recuperación de la actividad económica se refleja directamente en los niveles de empleo. Entre enero y agosto, la tasa promedio de desempleo abierto en las principales ciudades del país fue del 2.6%, frente al 3.6% que se registró en promedio durante 1988; sin embargo, persisten fenómenos de subempleo. El número de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó casi 8% en el mismo periodo respecto al año pasado. Simultáneamente se ha logrado detener el descenso del salario medio real en la industria manufacturera, que existía hasta hace tres años, y en algunas ramas y regiones se empieza a observar una recuperación moderada.

En congruencia con las mejores perspectivas de la economía, las tasas de interés han bajado considerablemente. Hoy, los réditos disminuyen a la par que se incrementa el ahorro. La tasa de Certificados de la Tesorería a 28 días se redujo del 27% en octubre de 1990 a cerca del 17% este mes, al tiempo que el saldo real del ahorro financiero aumentó 13% entre septiembre de 1990 y de 1991. La mayor estabilidad y las mejores perspectivas han propiciado un plazo mayor en la captación del ahorro: en un solo año, el plazo promedio de vencimiento de la deuda pública interna pasó de 223 días a más de mil.

En la balanza de pagos encontramos una situación nueva que requiere explicarse en forma adecuada. Antes, cuando la cuenta corriente mostraba déficit y no se podían obtener mayores empréstitos del exterior las reservas bajaban; ahora la situación es la opuesta. El déficit en cuenta corriente está creciendo, las reservas internacionales también están aumentando, el sector público no se endeuda y el gasto público no presiona las importaciones. La dinámica de tales importaciones proviene del incremento de la inversión privada, que ha contratado su financiamiento, y del flujo de la inversión extranjera. Es decir, las mayores importaciones necesarias para ampliar la base productiva del país, llegan acompañadas de su propio financiamiento en divisas. Situación similar sucedió en España durante su notable recuperación.

Si tuviéramos superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, México estaría exportando capitales al resto del mundo. Lo que necesitamos es exactamente lo contrario: obtener recursos del exterior que complementen el ahorro interno. Por ello, a pesar del buen comportamiento de nuestras exportaciones no petroleras, que crecen casi un 14% real, seguiremos observando el déficit en cuenta corriente, el crecimiento de la inversión foránea y el aumento de las reservas internacionales. Prueba de ello es que el 1º de noviembre de 1989 anuncié que las reservas internacionales del país ascendían a 7 324 millones de dólares y un año después a 8 415 millones de dólares. Ahora, a partir de esta última cifra, las reservas se han duplicado en un año y han alcanzado el nivel más alto en la historia del país. Informo a esta Soberanía que el día de ayer el monto de las reservas internacionales en el Banco de México alcanzó 16 710 millones de dólares. Esto confirma la solidez de nuestra moneda.

La economía mexicana está ahora mejor preparada ante las fluctuaciones en los mercados del exterior, y el esfuerzo por alcanzar el crecimiento sostenido con estabilidad se desarrolla sobre bases más firmes. Este fortalecimiento financiero de la economía mexicana se refleja, principalmente, en una reducción significativa del endeudamiento público tanto interno como externo. En términos netos, la deuda externa del sector público ha pasado de representar el 54% del producto del país en 1987, a 23% en 1991. Por su parte, la deuda interna ha disminuido a 15% en el mismo lapso. En proporción al tamaño de la economía, la deuda pública total se ha reducido a menos de la mitad en tan sólo cuatro años. Así, la economía es más grande y la deuda es más pequeña.

Este desendeudamiento del país ha sido posible gracias a la prudencia con que se han manejado los recursos adicionales y a la oportunidad con que se han enfrentado situaciones externas inciertas. A finales del año pasado, el precio del petróleo se elevó rápidamente por la incertidumbre de la guerra del Golfo Pérsico, pero anticipábamos que al solucionarse el conflicto disminuiría su precio. Dimos, entonces, tres pasos previsores: estimamos un precio promedio del petróleo equivalente a la mitad del que se observaba en el mercado; adquirimos opciones en futuros de petróleo para garantizar los ingresos proyectados, y decidimos canalizar la casi totalidad de los recursos provenientes de la privatización al Fondo de Contingencia. La decisión resultó acertada; el precio del petróleo se abatió, pero, al estar preparados, pudimos proteger nuestros avances y mantener nuestro programa económico.

Los recursos derivados de las privatizaciones que se canalizaron al Fondo de Contingencia se han aplicado a cancelar pasivos por 20 billones de pesos que el gobierno federal tenía con el Banco de México. Esta operación permitió a la vez incorporar a las reservas del país los recursos en dólares que se encontraban en ese Fondo. El gobierno ha considerado inconveniente aplicar ingresos que se perciben por única vez, como los provenientes de la venta de empresas, al financiamiento de gastos permanentes. Ahora, el hecho de destinar recursos del Fondo a la reducción de la deuda interna tendrá como consecuencia un ahorro permanente en los intereses que paga el gobierno y abrirá mayores márgenes para el gasto social. De esta manera, los ingresos de las privatizaciones se destinarán a programas de beneficio popular, no sólo durante un año sino de manera continua. Los mexicanos más necesitados saben que su gobierno, en lugar de acumular propiedades, responde a las comunidades trabajando más para los que menos tienen. La reforma económica tiene, por eso, consenso y base social.

Con objeto de que la recuperación económica no sea concentradora de oportunidades, pusimos en marcha un programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresas. Sin trabas burocráticas, con tasas accesibles, con crédito oportuno y con asesoría administrativa, tecnológica y comercial, se ha apoyado en sólo 12 meses a más de 50 mil empresarios del país. Se trata de un paso fundamental en la reforma del Estado. Al inicio de mi gobierno, Nacional Financiera, un banco para el desarrollo, canalizaba sus recursos a subsidiar cuatro paraestatales. Ahora, con la reforma, apoya a miles de pequeños y medianos empresarios, como un acto de confianza hacia ellos. Alentamos, así, la formación y la organización de uniones de crédito. Los pequeños y medianos empresarios mexicanos seguirán contando con el apoyo del gobierno de la República.

Hemos afianzado la apertura económica con los acuerdos de libre comercio, firmados y en negociación. En el pasado mes de septiembre, concluimos el Tratado de Libre Comercio con la República de Chile; en él se garantiza tanto la apertura de los mercados como el otorgamiento de plazos de transición para evitar desbalances sectoriales. Asimismo, este Tratado reconoce el origen regional de las mercancías y asegura la equidad de las transacciones. Al incorporar temas adicionales sobre servicios, inversión y propiedad intelectual, que sean compatibles con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el Tratado con la República de Chile resulta, sin duda, de vanguardia. Una comisión administradora permitirá la comunicación para lograr la eficacia del Tratado. Tenemos el instrumento y, sobre todo, la disposición amistosa de elevar el comercio y el beneficio para nuestros pueblos.