Part 1

DISCURSO DE ARTURO ALESSANDRI PALMA

PRONUNCIADO EN LA CONVENCIÓN LIBERAL DE SANTIAGO

25 DE ABRIL DE 1920

SEÑORES CONVENCIONALES:

Me habéis discernido el más alto honor que puede alcanzar un ciudadano en una República democrática, honor que es todavía más excelso ante los escasos méritos que justifiquen la extraordinaria benevolencia que para conmigo habéis gastado en esta solemne ocasión.

Aprecio en toda su magnitud la responsabilidad que envuelve esta distinción; la he pesado conscientemente y comprendo que descansa sobre mis hombros, en estos instantes, la suerte entera del liberalismo chileno; pero, es tanta, es tan inquebrantable la fe que me inspira la justicia de nuestra causa, que no vacilo en augurar para ella una victoria cierta y segura; el sentimiento liberal del país no puede ser vencido y no se dejará vencer jamás. Sin temor de equivocarme, conociendo como conozco el país de un extremo a otro, puedo afirmaros que no emprendemos en estos momentos una lucha sino que empezamos un paseo triunfal, y oigo que el toque de victoria resuena ya de un extremo a otro de la República.

En mi excursión por el país acabo de sentir las vibraciones del alma nacional, he auscultado sus palpitaciones y sus más nobles anhelos y, aunque modestísimo soldado de una gran causa, me siento irresistible a impulso de las grandes aspiraciones populares. No puedo leeros un programa, porque no he tenido tiempo para radactarlo, ni mucho menos para meditarlo, pues, lo declaro con sinceridad, esta honrosa designación me ha tomado de sorpresa. No creí jamás que esta solemne e imponente Asamblea me iba a discernir con tanta rapidez tan grande honor. Es una honra grande por el objetivo que señaláis y es más grande todavía por la composición de esta Asamblea soberana que, sin hipérbole de ninguna especie, constituye el comicio más representativo y democrático, en el concepto amplio de la palabra, que jamás haya presenciado la República.

Se encuentran aquí congregados hombres de todo el país, y puede afirmarse que en esta Asamblea palpita la condensación del alma chilena, genuinamente representada por todas las corrientes, por todas las aspiraciones, por todos los anhelos que animan a los ciudadanos de un extremo a otro del territorio de la República.

Si me cabe la honra de regir los destinos este país, lo que no dudo, porque el empuje de los ideales de bien público que a todos vosotros guía no puede ser contenido y porque esos ideales, esparciéndose de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, flamearán seguramente el 25 de Junio próximo con el pabellón del liberalismo en las almenas de la Moneda, podéis tener la seguridad de que conmigo llegará hasta el Gobierno el programa de la Alianza Liberal, aceptado por esta Convención y que yo hago mío en todas sus partes y en cada uno de sus puntos. Ello, no obstante, quiero detenerme, aunque sea con brevedad, en algunos puntos esenciales y fundamentales del programa que ha servido de plataforma a esta solemne Asamblea. El país atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Vivimos desde haceaños en medio de la anarquía y del desgobierno. Toda clase de angustias y de dificultades obstaculizan la marcha próspera de las actividades en esta patria, tan cara a todos nosotros. El país desea, exige un Gobierno sólido y fuerte, con rumbos definidos, orientados, sobre la base de una política netamente nacional.

Sólo aquellas combinaciones de partidos que tienen por bandera una enseña de vastos ideales de bien público, son capaces de satisfacer la noble y generosa aspiración que siente y exige el país en los momentos actuales. Las combinaciones personales o de círculo, las que no tienen bandera ni principios, aquellas que no reconocen ideales, sirven sólo para fomentar el desgobierno que el país abomina y detesta como enemigo del orden y generador de la anarquía.

He servido toda mi vida la causa santa de las libertades públicas. He peleado por ella las más enérgicas batallas, rindiendo especial culto a la libertad electoral, a la cual he ofrecido sacrificios no pequeños. Comprenderéis que quien ha luchado por estos nobles principios durante su vida entera no podría en el Gobierno renegar de ellos, y podéis estar seguros de que esas libertades, garantizadas por nuestras instituciones fundamentales y que han hecho la grandeza de la República, serán leal y honradamente respetadas por vuestro candidato. La libertad electoral, principalmente, ganada en nuestro país a costa de cruentos sacrificios, es una de las conquistas que todo hombre patriota, que rinde culto a la religión de la democracia, debe respetar y servir con todas sus energías, con toda la fe de su honradez.

Todos los pueblos han luchado por sus libertades, y ante todo por la libertad de conciencia. El nuestro no se quedó atrás en esta lucha.

Ya en el año 1865 nuestros estadistas, dando fiel cumplimiento a una aspiración nacional, reformaron el art. 5º de la Carta Fundamental, cimentando la libertad de los cultos y de conciencia sobre el pedestal sólido de la tolerancia mutua. Esa evolución histórica, empezada el año 65, no ha terminado definitivamente. Debemos de concluir la obra de laicizar todas nuestras instituciones, sin propósitos de persecución, sin provocar odios ni divisiones en la familia chilena, inspirándonos sólo en el sagrado espíritu de tolerancia que, en la lucha de las ideas, es tienda bajo la cual pueden cobijarse todas las conciencias a respirar el aire puro de la libertad.

Sancionemos de una vez en la ley lo que ya felizmente ha sido consagrado en el hecho, estableciendo en forma definitiva la constitución civil de la familia chilena y propendamos con todas nuestras energías a alejar de las luchas candentes de la política las banderas o credos religiosos, cualesquiera que ellos sean, evitando que se mezclen en el terreno temporal cuestiones de orden meramente espiritual que son del fuero interno y cuyo violento choque no cuadra ya con las exigencias marcadas por las necesidades nacionales del momento histórico en que vivimos. Nuestra Constitución del 33, monumento glorioso sobre el cual se ha cimentado la grandeza de la República, fue dictada sobre la base de un centralismo absorbente y absoluto, que era necesario dado el estado social de la época en que aquel Código se dictara. Atendida la extensión de territorio, la población poco densa, la escasa difusión de la cultura en aquellos años, ese régimen fue útil, conveniente, necesario para la formación de la República y el afianzamiento de sus instituciones dentro del orden y la paz. Pero los años han pasado, el país ha crecido en todos los órdenes de su actividad, la población ha aumentado, la cultura se ha difundido y por todas partes surge poderoso y enérgico el progreso. El centralismo exagerado del año 33, no es ya posible ni conveniente, es simplemente absurdo. Nuestra Carta Fundamental debe ser reformada al respecto, dando a las provincias personalidad propia para que atiendan a todos sus servicios y necesidades locales y para que intervengan directamente en la elección de las autoridades que deben regirlas. Elección de las autoridades locales directamente por las provincias; facultad para atender las necesidades locales con sus propias actividades e inversión de sus caudales públicos por ellas mismas, son los tres puntos que constituyen la base indestructible y necesaria de una descentralización metódica y razonada que, levantando el nivel intelectual y material de las provincias, redundará en el progreso general de la República.

Cuando esto ocurra, existirán caminos, puentes, escuelas en buen estado y se habrán mejorado las cárceles, los hospitales, los edificios públicos que, hoy día, desgraciadamente, constituyen un oprobio y un atentado contra la civilización.

Reservemos para el Gobierno central los servicios de interés general, los que afectan al país entero, y demos a las provincias la autonomía que necesitan para servir sus necesidades locales. El interesado es el mejor y más escrupuloso vigilante de la inversión de sus caudales. Vigilada la inversión de ellas por los que sienten la necesidad, seguramente serán empleados con más discreción y eficacia. No preconizo el federalismo. Lo reputo inaceptable para nosotros por una serie de consideraciones de orden histórico que sería lato desarrollar; quiero sólo la descentralización político-administrativa. Al defender la descentralización no defiendo ni fomento odios regionales.

Nadie levantará aquella bandera como un ataque, sino como una bandera de progreso y amor al país. Quienes aman el progreso, aman a la República y a la Patria y, siendo grandes y prósperas las provincias, es también grande y próspera la República. Si el Gobierno central no atiende todas y cada una de las necesidades efectivas de las provincias en los momentos actuales, no es porque se niegue a ello, sino porque se lo impide el régimen centralista exagerado en que vivimos, régimen que lo imposibilita en absoluto para atender a ese progreso en la forma que el país reclama. Para nadie es un misterio que las provincias no tienen buenos caminos, no poseen puentes, no cuentan con servicios de ferrocarriles adecuados, carecen del número suficiente de puertos y de las condiciones que el desarrollo del país exige, les faltan los establecimientos de enseñanza, cárceles y hospitales que requiere su población.

Los que sufren esta situación han sentido la necesidad y levantan su queja dolorida pidiendo que se les oiga y atienda. El Gobierno debe afrontar resuelta y definitivamente las reformas constitucionales que actualmente exigen el desarrollo y crecimiento del país y, así como el marino para salvar su nave del peligro y librarla de los escollos pone proa a la tempestad, los gobernantes deben también acometer de frente la solución de los problemas que exige la evolución de los pueblos.

Otros tópicos de inmenso interés esperan también y reclaman enérgicamente la atención de los gobernantes.

La historia de los pueblos, en su marcha siempre ascendente hacia el progreso, está marcada por etapas y ciclos que representan inmensas y superpuestas graderías, que marcan períodos bien diversos y definidos, tal como la corteza terrestre marca y diseña en las páginas gigantescas de su libro de rocas, los diversos períodos de su evolución geológica. En los momentos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de aquellos grandes períodos que marcan una gran transformación social; asistimos, ciertamente, al nacimiento de un nuevo régimen, y es ciego y sordo quien no quiera verlo y sentirlo. De un extremo a otro del universo surge una exigencia perentoria, reconocida por todos los pensadores y por lo más eminentes estadistas, en orden a resolver con criterio de estricta justicia y equidad los derechos que reclama el proletariado en nombre de la solidaridad, del orden y la conveniencia social.

El progreso económico de los pueblos, que es la atención preferente de todo Gobierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En consecuencia, si el proletariado que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio económico donde se genera la riqueza de los países es un factor eficiente y necesario del progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ello razones morales de justicia y razones materiales de conveniencia.

En los precisos momentos en que hablo, la opinión pública sigue con afanosa atención un movimiento huelguista que tiene suspendidas y paralizadas las faenas carboníferas del sur de la República.

No es el momento oportuno para analizar las causas u orígenes de aquel movimiento. No me corresponde, tampoco, en esta ocasión pronunciarme respecto de quienes tienen la justicia. Baste sólo para mi objeto, comprobar el hecho. Hay una gran huelga que se prolonga; lleva ella el hambre, la miseria y el dolor a muchos miles de nuestros conciudadanos. Pesan los sufrimientos, caen las horas de angustia no solamente sobre los hombres, sino también sobre las mujeres y los niños.

El capitalista se perjudica también en sus intereses: la sociedad entera se siente afectada, perturbando el servicio de ferrocarriles, dañada la economía general del país.

Esta situación desastrosa va, además, cavando poco a poco un abismo de enconos y de rencores entre el capitalista y el obrero, factores ambos del progreso nacional, socios comunes en la vida económica de los pueblos, cuyo crecimiento y prosperidad está precisamente basado en la armonía que debe presidir las relaciones de aquellos dos grandes factores obligados de toda prosperidad y de toda grandeza.

La impotencia del Gobierno ante tal situación, es profundamente desastrosa para los altos y sagrados intereses sociales. Un Gobierno en tal situación debe tener normas preestablecidas para conjurar el peligro, y no es posible que, desarmado e inerte, asista como un testigo impotente ante el desorden y la desorganización que importa la prolongación de tal estado de cosas.

Una ley de simple previsión para tales emergencias es necesaria y salvadora. La creación por la ley de la República del Tribunal de Arbitraje obligatorio se impone para poder evitar estas situaciones dolorosas. Vale más prevenir que curar. El gobierno necesita tener en sus manos esa arma poderosa de orden y progreso. En estos conflictos que, desgraciadamente, se van generalizando tanto entre nosotros, hay siempre una parte débil frente a otra que es fuerte y poderosa; necesario, conveniente, indispensable es entonces que entre el débil y el fuerte aparezca la justicia soberana e imparcial, fría como la ley, majestuosa como la fuerza moral que ella representa, fuerza moral que dirima la contienda, que restablezca la paz y el orden, produciendo la armonía entre el capital y el trabajo, los dos rodajes de la máquina del progreso. La solución de este gravísimo problema de nuestra vida nacional no admite ya espera. Quienes discuten su oportunidad, no aprecian debidamente las exigencias imperiosas del orden social y de progreso sólido y firme de nuestro país. Nadie puede desconocer la eficacia del proletariado como factor económico irreemplazable y el Estado, representado por el Gobierno, debe tener los elementos necesarios para defenderlo, física, moral e intelectualmente.

Debe exigirse para él habitaciones higiénicas, cómodas y baratas que resguarden su salud y que tengan el atractivo necesario para alejarlo de la taberna y para generar en su espíritu los sentimientos de hogar y de familia. Hay que velar porque su trabajo sea remunerado en forma que satisfaga las necesidades mínimas de su vida y las de su familia: no sólo las de su vida física sino las de su perfeccionamiento moral y de su honesta recreación. Hay que protegerlos en los accidentes, en las enfermedades y en la vejez. La sociedad no puede ni debe abandonar a la miseria y al infortunio a quienes entregaron los esfuerzos de su vida entera a su servicio y progreso.

Las mujeres y los niños reclaman también la protección eficaz y constante de los poderes públicos que, cual padres afectuosos y vigilantes, deben defender a tan importante porción de sus vitales energías económicas. Quienes no quieren prestar atención a estos problemas de la vida moderna, movidos por nobles y generosos impulsos del corazón, deben afrontarlos siquiera por la razones, algo más egoístas pero igualmente evidentes, de conveniencia económica y conservación social. La raza, su vigor, sus excepcionales condiciones de fuerza y de energía, deben ser defendidos y considerados con especial interés y atención. Quienes se dedican a proteger y amparar los deportes nacionales, que tan feliz desarrollo están tomando entre nosotros, realizan una obra verdaderamente patriótica. Así como la resistencia de los edificios reposa sobre la solidez y buena calidad de sus materiales, también la energía y el vigor de los pueblos descansan sobre la vitalidad y robustez de los individuos que forman su célula primaria. Defendamos nuestra noble y enérgica raza mediante la protección decidida del Estado a la educación y a los ejercicios físicos en todas sus variadas y múltiples ramificaciones. Defendamos también la raza combatiendo por todos los medios, con todas las energías posibles, el alcoholismo, las enfermedades de trascendencia social y las epidemias engendradas por falta de higiene y de cultura. Esforcémonos por el desarrollo de la beneficencia pública, organizándola sobre las base del concepto científico moderno que la impone, no por razones sentimentales, sino como un deber ineludible y premioso de defensa social. Todos los organismos están sometidos a la ley biológica de su conservación, y las sociedades humanas, que forman los más amplios y completos organismos conocidos, se rigen también por estas mismas leyes, en virtud de las cuales deben dictarse todas las medidas complejas y múltiples destinadas a satisfacer ampliamente las necesidades a que acabo de referirme. Los puntos anteriormente insinuados, más que el programa político de un candidato que solicita y pide los sufragios de sus conciudadanos, son las vibraciones de un alma apasionada y sincera, que persigue su realización desde hace muchos años. Son afirmaciones que formula quien jamás dice lo que no siente y quien nunca deja de cumplir lo que promete. En el mecanismo de nuestra organización administrativa falta el órgano adecuado para atender, desarrollar y fiscalizar todas las cuestiones relativas a los problemas económico-sociales. Ese órgano es el Ministerio del Trabajo y de la Previsión Social, que debe crearse, que reclama la opinión, y el cual vengo pidiendo desde hace tiempo con resolución inquebrantable. No puede pasarse más tiempo sin atender a esta premiosa e ineludible exigencia de nuestro desarrollo social. La ley de instrucción primaria obligatoria pende de la consideración del Honorable Senado de la República. Falta sólo la sanción de su último trámite constitucional para construir en una hermosa realidad, lo que fue durante tantos años grande y sentida aspiración nacional. Vosotros sabéis cuanto he luchado por esta ley de salvación pública; y, como no basta que las leyes estén escritas sino que deben producir toda su eficacia en la práctica, mediante su aplicación correcta y atinada, os declaro que sería la más honda y profunda satisfacción de mi alma si me cupiera la honra, como Jefe de Estado, de dar vida, forma y movimiento a una ley que he perseguido con tan incansable tenacidad. Perdonadme, señores, si en un arranque de lícita satisfacción afirmo, sin que pueda ser contradicho, que sólo por obra de mi constante, inquebrantable y obstinada energía, al amparo de nuestra justa y niveladora democracia, hijo de mis obras, alcanzo hoy la honrosa situación que vosotros me otorgáis. Con mayor tenacidad, con mayor energía, incansable, irreductible, perseguiré la solución definitiva en mi país del problema de la educación, que es un problema fundamental. La educación del pueblo, amplia, completa, obligatoria, formará el alma nacional. Redimida nuestra raza de la torpe esclavitud de la ignorancia, podrán nuestros conciudadanos levantarse todos, por sí solos, al nivel necesario para ser la base indestructible y sólida de una verdadera democracia. El régimen prolongado del papel moneda, que impera entre nosotros desde hace tantos años, presentándonos como una dolorosa excepción en el concierto del mundo civilizado, crea para nuestro país una situación aflictiva de angustia y de justificado malestar. La inestabilidad monetaria asume los caracteres de un verdadero flagelo que, como es natural, azota con mayor crueldad y energía a las clases desválidas, a los que viven de un salario, de un sueldo módico o de una modesta renta, a los pequeños industriales y propietarios. Sólo lucran y medran al amparo de esta situación los agiotistas y audaces especuladores que no vacilan en construir su fortuna personal con las lágrimas y el dolor de sus conciudadanos. Este régimen funesto no puede, no debe continuar. La estabilidad de nuestra moneda como medida cierta de los valores comerciales se impone. El país lo pide y lo exige. Penetrado de estas razones y en mi carácter de Presidente de la Comisión Especial que nombró el Honorable Senado de la República, aporté todo el contingente de mi esfuerzo decidido y enérgico, para obtener el despacho del proyecto monetario que aquella elaboró y que pende actualmente del estudio y conocimiento de aquel alto cuerpo. Nuestro Código Político, con criterio de estricta justicia, impone la igual repartición de las cargas públicas y establece también que ellas deben ser proporcionadas a los haberes de cada cual. Sin embargo, nuestro régimen tributario, vetusto y caduco, está muy lejos de cumplir el principio justiciero y racional que inspira el precepto positivo de nuestra Constitución. Domina sin contrapeso en nuestro régimen tributario el impuesto indirecto, que representa el 70 por ciento de nuestra rentabilidad fiscal. La ciencia y la experiencia uniforme del mundo civilizado afirman, y con mucha razón, que tal impuesto no es equitativo ni justo, porque la unidad y fijeza de su pago no impone igual sacrificio a todos los ciudadanos, ya que el pago de una misma unidad de valor por un objeto determinado no representa un sacrificio igual para el capitalista y para el hombre de fortuna que para un modesto asalariado o empleado.

No se cumple así el precepto constitucional de la proporcionalidad entre las cargas públicas y los haberes de cada cual, por cuya razón es urgente modificar nuestro régimen tributario dentro de los principios positivos de la Constitución y de las prescripciones de la justicia social. Sólo el impuesto directo sobre la renta cumple con este requisito; cada ciudadano debe soportar las cargas públicas proporcionalmente a lo que tiene y a lo que persigue. Estas ideas no son nuevas en mí, ni es la primera vez que las sostengo. Como Ministro de la Administración del Excmo. Señor Ramón Barros Luco, en 1913, tuve la honra de elevar al Congreso Nacional un proyecto de ley en que el Ejecutivo, por primera vez en Chile, pedía que se estableciera el impuesto a la renta.

Ni son las enunciadas las únicas injusticias que presenta nuestro régimen tributario. Las agricultura, industria madre de nuestro progreso y a la cual se debe prestar todo el amparo y protección de los poderes públicos, por ser la base fundamental del edificio económico del país, está injustamente gravada con un cinco por mil que representa el 7, el 8, el 10 por ciento sobre sus rentas. Igual cosa ocurre con la propiedad urbana. Mientras tanto, los valores mobiliarios, que representan la riqueza acumulada y que reditúa entre nosotros un interés anual superior a dos mil millones de pesos, paga apenas uno y cuarto por ciento de contribución. No quiero, no pido, no acepto persecuciones injustas contra la riqueza y las fortunas, que son y deben ser protegidas y amparadas; pero, razones de elevada justicia, de derecho, de orden y de conservación social, imponen el rechazo del privilegio para los unos en desmedro de los otros y exigen el cumplimiento igualitario en la repartición de las cargas públicas