Chapter 2

En el presente sexenio la inversión pública, incluyendo la de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, ha sido de $ 65.000.000,000.00, 131.7% más que en el ejercicio anterior y la recaudación fiscal de $ 75.940.000,000.00, 83.4% más que en el lapso señalado.

El producto nacional bruto en 1958 fue de $ 66.177.000,000.00; en el presente año será de$ 90.630.000,000.00.

El alza promedio del crecimiento nacional de 5.4% prevista en el Plan de Acción Inmediata para el trienio 1962-1964 se alcanzó, y para el presente año se estima que llegará a 7%.

Las inversiones públicas se aplicaron a proyectos que contribuyen en mayor medida a acelerar el desarrollo nacional o a beneficiar a grandes sectores.

La financiación se hizo con recursos no inflacionarios.

El Gobierno Federal, a través de sus dependencias, invirtió $ 25.000.000,000.00; los organismos descentralizados, $ 31.200.000,000.00; y las empresas de participación estatal, $ 8.100.000,000.00.

El 74% del total de la inversión se dedicó a obras de desarrollo económico, y el 26% a obras de beneficio social.

Una sexta parte se canalizó en el Distrito Federal y cinco sextas partes en el resto de las entidades federativas, para equilibrar el desenvolvimiento armónico del país.

Satisface hacer constar que México ha superado la situación de estancamiento económico que solía registrarse al cambio de Poderes Federales.

El clima de confianza general determina en este año un hecho insólito: el aumento del producto nacional sobre los de años anteriores.

Preocupación constante, en el ángulo fiscal, ha sido coadyuvar al desarrollo económico.

Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta hemos visto un instrumento directo de justicia social, tanto por la equidad en que se funda, cuanto porque atenúa diferencias en la distribución del ingreso nacional; la implantación de tasas sobre ingresos acumulados y la incorporación de gravámenes sobre actividades no comprendidas anteriormente, permiten mayor justicia tributaria y mayores recursos de desarrollo; con iguales propósitos fue manejada la Tarifa Aduanal.

Los gastos de transferencia fueron los más cuantiosos y se destinaron principalmente a subsidios de consumo, mediante la Comisión Nacional de Subsistencias Populares; a intensificar el crédito agrario; a mantener bajas tarifas para el transporte de la producción nacional por los ferrocarriles y a editar libros para la niñez mexicana.

El máximo escrúpulo ha sido puesto en acrecentar el crédito de México; para ello hemos cumplido con puntualidad el pago de obligaciones y aun lo hemos anticipado cuando resultó conveniente como: por un crédito del Eximbank, por la antigua Deuda Exterior Directa y por los saldos de la nacionalización del petróleo.

La política en materia de deuda exterior se basó en que sólo procede como complemento del ahorro interno y en la medida que permita mantener el ritmo de nuestro desarrollo; las formas de pago deben ser condicionadas a la capacidad económica del país.

Así hemos venido obteniendo créditos con plazos hasta de 40 años e intereses del 6%. Francia, Holanda, Alemania y Canadá diversificaron nuestras fuentes de financiamiento.

Por primera vez en 50 años, nuestros valores entraron al mercado internacional.

Los Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento

Económico se colocaron de inmediato y pronto alcanzaron cotización superior a su precio nominal.

Al 31 de diciembre pasado, la deuda exterior del Gobierno Federal ascendía a $ 2.651.000,000.00 y la del sector público hacía un total de $ 18.810.000,000.00.

La suma de financiamientos a largo plazo, contratados en el sexenio, se aplicaron en estas significativas proporciones: 28% a electrificación; 16% a industrias de transformación; 10% a la industria petrolera; 9% a obras hidráulicas; 9% a ferrocarriles; 8% a fomento agropecuario; 7% a la industria petroquímica; 5% a caminos; 8% a vivienda popular y a diversas promociones, principalmente sociales.

Conviene advertir que al 30 de abril existían disponibilidades por $ 7.268.000,000.00 sobre créditos no ejercidos.

Proyectamos la política monetaria al máximo aprovechamiento de los recursos financieros nacionales, a la promoción del mercado interno de capitales aplicados a actividades productivas y a canalizar el crédito a sectores que lo requiriesen para aumentar su productividad, sin peligro de inflación.

Al efecto, fueron modificadas las principales leyes en la materia y se creó la Comisión Asesora Permanente, encargada de coordinar a los bancos entre sí y con la actividad económica del país.

Los depósitos bancarios de ahorro y a la vista se duplicaron; se sextuplicaron las obligaciones en moneda nacional de las sociedades financieras privadas; se triplicó la tenencia de bonos financieros e hipotecarios en poder de empresas particulares y se quintuplicó la de valores público.

El medio circulante subió en 17.7% sin ocasionar inflación, ya que se ha utilizado para incrementar las transacciones y la liquidez del sistema, como lo expresa el aumento de depósitos en cuenta de cheques -$ 2.014.200,000.00 sólo en los último doce meses- y diversas formas de tenencia de recursos.

La Nacional Financiera incrementó en el sexenio su capital, pasando de $ 300.000,000.00 en 1958, a $ 1.300.000,000.00 totalmente pagados.

Actualmente maneja recursos por $ 13.590.000,000.00.

Los Bancos Ejidal y Agrícola duplicaron en el sexenio el volumen de sus operaciones: de $ 3.000.000,000.00 prestados en 1959, pasaron a $ 6.000.000,000.00 en este año.

El Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas otorgó financiamientos en los seis años, por $ 12.785.800,000.00, lo que representa 209.14% sobre el sexenio anterior.

El Banco del Pequeño Comercio operó $ 600.000,000.00, o sea 360% más que entre 1952-1958.

En la República, el 48% de la población vive del campo y en el campo; la importancia de esta cifra puede estimarse, si se considera que esta parte de la población produce todos los alimentos necesarios para 40.000,000 de habitantes, más las materias primas necesarias para nuestras industrias de transformación, más los artículos exportables de mayor importancia en nuestro comercio exterior.

Básica es, por tanto, para la vida y el desarrollo del país, la producción del campo que se ha visto limitada secularmente, por la escasez de los recursos hidráulicos y que ha hecho que los gobiernos revolucionarios atiendan, con gran esmero y ejemplar continuidad, la construcción de obras de almacenamiento hidráulico, para aprovecharlas en sistemas de riego, cada vez más amplios y poner bajo cultivo, sexenio a sexenio, considerable número de hectáreas en que la agricultura se realiza con menores riesgos y mejores técnicas, contribuyendo al mayor bienestar de los campesinos y a la mayor producción agrícola.

De ahí que nos hayamos esforzado en dedicar importantes sumas de dinero para obras hidráulicas que en este sexenio, incorporan al cultivo 364,600 hectáreas.

Construyéronse 38 presas de almacenamiento, con capacidad total de 18.600.000,000 m3, y se encuentran adelantadas otras 5, para 4.137.000,000 m3 más.

En pequeña irrigación, se realizaron en los seis años 1,002 obras, con capacidad de 1.100,000 m3.

Los datos anteriores resaltan si se considera que en los 32 años de política hidráulica, previos a nuestra Administración, la capacidad de los almacenamientos hasta entonces construidos era de 31.200.000,000 M3, o sea: un promedio de 975.000,000 por año; en cambio, el promedio anual durante nuestro Gobierno es de 3.100.000,000 M3.

Igualmente expresiva es la cifra total de $ 7.965.000,000.00, gastados en el sexenio para el aprovechamiento de recursos hidráulicos.

En el presente año la inversión es de $ 2.398.500,000.00: 52% más que en 1963 y casi tres veces superior a la de 1958.

Tarea fundamental, impostergable, fue acometer la rehabilitación de los Distritos de Riego, el 12% de cuya superficie estaba ensalitrada y grandes extensiones de canales fuera de servicio; el Gobierno erogaba considerables sumas para subsidiar a los afectados.

Con la cooperación animosa de los agricultores, se rehabilitaron en el noroeste 4 grandes Distritos, con extensión de 600,000 hectáreas, y están en proceso de rehabilitación 3 más, con superficie de 340 000 hectáreas.

Al final de la presente Administración, el crecimiento agropecuario del país alcanza una tasa próxima al 6% anual; esto es: casi duplica la tasa del crecimiento demográfico.

Los principales incrementos de la producción son: maíz, 5.3%; frijol, 9.5%; trigo, 5.3.%; papa, 13.5%; café, 10%; caña de azúcar, 4%; tomate, 6.2%; sorgo, 34.8%; y ganadería, 6%.

El rendimiento nacional, que en 1958 fue de 1,600 kilogramos de trigo por hectárea, se ha acercado a 3 toneladas en la última cosecha.

Se cuenta con 40 híbridos y variedades mejoradas de maíz.

La Productora Nacional de Semillas alcanza en este año nueva meta de 125 000 toneladas de semillas certificadas.

La formación de trigos resistentes y las variedades de tallo corto han determinado que de 1 300 000 toneladas producidas en 1958, se pase a 2.000,000 en la última cosecha.

La producción de maíz, en igual lapso, ha pasado de 5.000,000 toneladas a 7.000,000.

Quedaron incorporadas a la actividad económica forestal un 25% de nuevas áreas, que hacen un total de 6.500,000 hectáreas concesionadas, frente a 40.000,000 cubiertas de bosques.

También ha aumentado la superficie de praderas artificiales, hasta alcanzar la extensión actual de 2.000,000 de hectáreas.

Operan en diversas entidades federativas 15 distritos de conservación de suelo y agua, para evitar la erosión, los que han tratado 18,000 predios.

Un programa especial en esta materia se desarrolla en la zona de La Malinche, Tlaxcala.

La industria nacional cuenta con abastecimiento suficiente de materias primas rurales.

En noviembre anterior se elevó el precio de garantía del maíz, de $ 800.00 a $ 940.00 por tonelada, lo que determina el aumento del ingreso rural por este concepto en $ 980.000,000.00.

En el capítulo de industrialización de productos agropecuarios, destaca la construcción de nuevos ingenios ejidales en San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.

Se han ampliado la red de empacadoras de carne, frutas, legumbres y la industria de la leche.

Muy considerable desarrollo registran las industrias de forrajes balanceados, insecticidas y fertilizantes.

Mientras en este último renglón, en el año 1958 se utilizaron 100,000 toneladas de unidades de nitrógeno, en 1964 se habrán empleado 300,000 toneladas, más 142,000 de fosfóricos y 38,000 de potasio.

La producción de fertilizantes en el país sólo cubría en 1958 el 43% del consumo; en la actualidad, con un consumo cuadruplicado, se cubre el 70%.

El área fertilizada en este año es de 3.900,000 hectáreas, que representa un 25% más que el año pasado.

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, de reciente creación, tiene amparadas este año 3.100,000 hectáreas y 350,000 cabezas de ganado.

El servicio de vigilancia forestal se halla distribuido por todo el territorio en 283 sectores.

Para la prevención y combate de incendios se cuenta con 5 helicópteros, 48 patrullas terrestres, una red de radiotransmisión y sistemas de iluminación eléctrica, lo que ha determinado que los siniestros forestales se reduzcan en 50% comparativamente a los registrados hace un lustro.

Igualmente sensibles son los efectos de disminución, conseguidos por las campañas contra plagas y epizootias.

Los adelantos obtenidos en el campo son atribuibles, en gran parte, al cuidado puesto y a los estímulos recibidos por la ciencia, la técnica y la enseñanza en las distintas especialidades agropecuarias.

Durante el sexenio han sido creadas múltiples instituciones, consejos, comisiones, comités y centros que, en obsequio a la brevedad nos eximimos de enumerar pero cuya saludable influencia es incuestionable.

Habremos sólo de mencionar que la Escuela Nacional de Agricultura está siendo ampliada, con el fin de proporcionar mayores facilidades de ingreso a los jóvenes bachilleres de cualquier parte de la República.

Se construirán en Chapingo los edificios destinados para los Institutos de Investigación; se ampliará el Colegio de Postgraduados y el Centro de Cálculo y Estadística recientemente inaugurado, y se construirá la carretera corta que comunique a la capital con Chapingo, atravesando el Lago de Texcoco.

En el Tercer Informe de Gobierno expuse los motivos que determinaron la transformación de la antigua Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares -CONASUPO-, relacionados con el propósito de llevar a cabo la Reforma Agraria Integral.

Para mantener los precios mínimos de garantía y cubrir el abasto interno durante el sexenio, se manejaron en compra y venta 19.600,000 toneladas de granos con valor de $ 17.000,000.00.

Los subsidios a la producción y al consumo importaron $ 3.400.000,000.00.

Consta al país que no hubo escasez en región alguna: los agricultores estuvieron a salvo de especuladores; los abastecimientos de artículos básicos fueron ilimitados y a precios oficiales.

Al día de hoy se cuenta con reservas de 1.200,000 toneladas de maíz; 1.000,000 de trigo; 170,000 de frijol; 11,000 de arroz, suficientes para regular los precios las próximas cosechas.

En los últimos 12 meses se exportaron 1.300,000 toneladas de trigo, maíz y frijol, con valor de $ 1.000.000,000.00.

La capacidad de almacenamientos nacionales, que en 1959 era para 1.123,000 toneladas, es ahora para 2.125,532.

Se cuenta con las más modernas instalaciones para conservación de granos.

El capital social de Almacenes Nacional de Depósito ha pasado de $ 85.000,000.00 a $ 300.000,000.00 en el sexenio.

En cada uno de los informes precedentes he puesto el acento de mi apasionada convicción al tocar el tema del agrarismo, y es que lo pienso y lo siento como el problema medular de México y la razón profunda de la Revolución Mexicana.

Esta convicción inspira el concepto de la Reforma Agraria Integral que he sustentado y que caracteriza mi mandato.

La Reforma Agraria Integral significa llevar a sus últimas consecuencias los principios de justicia social en el campo, consignados en la ley suprema de la República.

Por todos los medios, con energía indeclinable, he orientado a su realización los variados recursos tanto del poder público cuanto de los sectores privados, haciendo que converjan a la causa agraria las fuerzas legales y las económicas; los instrumentos educativos y los asistenciales; la política financiera y las obras públicas; la ciencia y la técnica; la seguridad social y la solidaridad de todos los mexicanos, pues a todos interesa la solución del problema que condiciona la solidez de nuestro progreso y la armonía de la nación.

Ciertamente falta mucho por hacer; pero es alentador que en estos tiempos de zozobras internas y externas, numerosas naciones en los distintos continentes reconocen como ejemplar el Derecho Agrario de México y tratan de resolver en forma semejante sus ingentes problemas de justicia agraria.

Vista en conjunto la acción desarrollada en estos seis años, lo que satisface más es descubrir en los campesinos un nuevo espíritu de responsabilidad y de cooperación que se les ha infundido; ellos son los primeros en concurrir al esfuerzo nacional convocado en favor del agro, los primeros en aportar dinero y trabajo personal en obras de beneficio para su comunidad, los primeros en defender el libro de texto gratuito y ser fiscales en casos de prevaricación.

Una activa conciencia revolucionaria ha sustituido a la pasividad en el medio rural.

Por su valor indicativo he consignado en los informes anteriores las contribuciones de los campesinos a la construcción de escuelas, al saneamiento ambiental, a la electrificación y a las demás empresas de interés colectivo.

Así como se ha operado cambio en la conciencia y en la conducta del campesinado, las estadísticas registran el incremento de la producción ejidal, y es fácil comprobar la elevación del nivel de vida medio, en las comunidades de la mayoría de las entidades federativas.

Había venido afirmándose hace años que no existían ya, o estaban a punto de agotarse, las tierras susceptibles ser repartidas conforme a Derecho.

Mi gobierno, en 6 años, ha entregado a ejidatarios un total de 16.004,170 hectáreas, cifra que representa más de la tercera parte de las tierras repartidas en 44 años de vigencia de la Ley Agraria, que fueron 43.500,000 hectáreas, entre el 6 de enero de 1915 y el 30 de noviembre de 1958.

Las dotaciones y ampliaciones decretadas en los 12 últimos meses afectan 3.875,895 hectáreas.

Si bien soy el primero en declarar que la Reforma Agraria consiste no sólo en repartir tierras, las cifras anteriores revisten múltiple significación: en primer lugar, atestiguan la inconfundible e inquebrantable postura agrarista del régimen que me honro en presidir.

Por lo demás, descubren posibilidades de justicia social cuando media resuelta decisión de impartirla, y comprueban la falsedad de asertos que sectores interesados propalan con esperanza de detener la acción justiciera de la Revolución.

Esta seguirá repartiendo hasta el último palmo de tierra que no reúna estrictamente los requisitos jurídicos que amparan a la pequeña propiedad.

En el año que hoy termina se deslindaron y se adjudicaron por vía de dotaciones ejidales 258,044 hectáreas de terrenos nacionales, que sumadas a las de los 5 años precedentes hacen un total de 2 939 672 hectáreas.

Se restituyeron a comunidades indígenas, titulándolas, 170,604 hectáreas con lo que las restituciones en el sexenio suman 2.269,103 hectáreas.

Con el fin de proporcionar a los núcleos indígenas mejor atención, se creó en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización la Dirección de Terrenos Comunales.

Se otorgaron 419.633,658 metros cúbicos de agua, con lo que las provisiones otorgadas durante nuestro mandato suman 1.107.400,368 metros cúbicos.

Los certificados de derechos agrarios expedidos en el año fueron 19,959, y en el sexenio, 119,801; los títulos parcelarios, 2,795 y 8,148, respectivamente.

Una vez más lo repito: no basta repartir tierras; la Reforma Agraria Integral exige crear, generalizar y garantizar mejores niveles de bienestar a los que viven de la tierra.

Sin descanso nos hemos entregado a esa tarea, mediante nutridas promociones, algunas de las cuales quedan reseñadas en diversos pasajes del Informe, pues como acabo de afirmar, los variados recursos de la Administración participan conjuntamente en la resolución del problema.

La específica acción agraria acomete en forma directa importantes aspectos del problema.

Menciono en primer término la creación de nuevos centros de población con objeto de descongestionar zonas de alta presión demográfica, deparar mejores perspectivas de prosperidad a los campesinos e incorporar a la economía patria dilatadas regiones que permanecían sin aprovechamiento, pese a su gran potencial económico.

Se han establecido 28 nuevos poblados en la comarca del Pánuco, 7 en el Alto Candelaria, en Campeche, 12 en Quintana Roo, 45 en la zona sur de Veracruz y 60 en Oaxaca, dotados con los elementales requisitos de urbanización, áreas de reserva y un mínimo de comodidades.

Esto ha dado lugar a movilizaciones sin precedente, sólo al Alto Candelaria, en Campeche, se trasladaron, en enero, 2 500 personas procedentes de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, México y la comarca lagunera.

Los nuevos establecimientos, que han dejado de tener carácter experimental, lograrán repercusiones incalculables en el inmediato futuro del país.

La organización de zonas urbanas en todos los ejidos de la República es otra de las tareas emprendidas en orden al nuevo concepto de la Reforma Agraria; con ello se tiende a la mejoría de la vivienda rural y de los servicios elementales que requiere la vida en comunidad.

En los últimos doce meses se establecieron 276 zonas urbanas, que con las anteriores del sexenio suman 2,858, y se extendieron en conjunto 16,164 certificados y 34,238 títulos de solar urbano, indispensables para evitar conflictos internos en los ejidos.

El solar urbano proporciona la posibilidad de que la familia cuente con huertos y pequeñas granjas, que permitan acrecentar y mejorar las subsistencias domésticas y el ingreso de los campesinos.

En otro aspecto de la acción agraria, el régimen ha promovido el aprovechamiento integral de los ejidos mediante la creación, en diferentes regiones del país, de ejidos tipo que, con el ejemplo y la emulación, influyen en zonas circunvecinas.

A la fecha se han establecido 70, de los cuales 22 fueron instaurados en este año.

Existen numerosas solicitudes de ayuda gubernamental para conversión de comunidades es en ejidos tipo de aprovechamiento integral, lo que se seguirá haciendo en la magnitud que permitan los recursos disponibles.

Se han fundado 86 ejidos ganaderos -nueva modalidad del sexenio-, de los cuales 31 corresponden a este año.

El ingreso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, durante los seis años, fue de $ 218.000,000.00; los planes de inversión alcanzaron $ 98.252,000.00, destinados a obras de servicio colectivo.

El capital privado otorgó créditos a ejidos por $ 5.139.307,000.00, que representan utilidades en favor de ejidatarios por $ 4.000.000,000.00, aproximadamente.

Significativo de la creciente confianza es que los créditos del presente año, concedidos por particulares a ejidatarios, por $ 1.145.000,000.00, superan en mucho, proporcionalmente, a los de años anteriores.

Se han dictado 75,207 nuevas adjudicaciones -10,703 en este año- correspondientes a otras tantas privaciones o derechos, legalmente sustanciadas, por abandono o mal uso de parcelas.

Derogamos 46 concesiones de inafectabilidad ganadera por no ajustarse a los requisitos de ley y, en los 6 años, no otorgamos ninguna.

Paralelamente debe recordarse que el 31 de diciembre de 1962 derogamos la Ley Federal de Colonización, que venía obstruyendo la Reforma Agraria.

El respeto a la legítima pequeña propiedad queda de manifiesto en los 40 269 acuerdos de inafectabilidad agrícola expedidos en el sexenio, de los cuales 181 corresponden a los últimos doce meses.

Más aún:

Existen millares de pequeñas propiedades que, careciendo de certificados de inafectabilidad, han sido respetadas por los procedimientos agrarios.

Los recursos humanos y materiales del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización han sido reforzados con personal especializado y con equipo, a fin de acelerar el despacho de negocios pendientes.

Dentro de las leyes vigentes y con los recursos de que pudimos disponer, hemos hecho el máximo esfuerzo por satisfacer demandas de la población campesina; pero ni hemos hecho demagogia de la cuestión agraria, ni mucho menos hemos permitido la anarquía en el campo, que ni es revolucionaria, ni es constructiva.

En la ley está el recurso y el camino para hacer justicia al campesino y cumplir, cumpliendo con ella, los postulados de nuestra Revolución.

Se advierte en este año una impresionante expansión de la economía mexicana, que sólo tiene precedentes en los sombríos períodos bélicos de la segunda y cuarta décadas del siglo.

Agricultura, industria, servicios y sector público crecieron con índices desusados.

En otras épocas, el fenómeno hubiera producido elevación de precios en magnitud muy superior a la que se registra.