Chapter 2

E) La restitución del carácter apolítico de la Administración Pública, cuya instrumentalización partidista ha generado sectarismo, ineficiencia y falta de una doctrina nacional de Estado. La destitución de todo funcionario de la Administración Pública, en su amplia gama de empresas y servicios fiscales, semifiscales y de administración autónoma, que haga uso de su cargo para fines partidistas, se cumplirá estrictamente en la forma anunciada por la Junta de Gobierno. De igual modo se propenderá a través de una profunda reforma de la Administración Pública a convertir a ésta en una carrera o escuela de servicio público, sometida en su generalidad a reglas de prescindencia política tan absolutas como aquellas que afectan a los miembros del Poder Judicial.

5. Un orden juridico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual gobierno

Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la Ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. Pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, por sus derechos fundamentales. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular y sucesión constitucional de los Gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena.

Otra importante característica de nuestra tradición jurídica ha sido el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Ambos aspectos deberán ser preservados por el Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que él mismo contempla. Los derechos humanos deberán reforzarse para que su ejercicio pueda ser efectivamente disfrutado por todos, y ampliarse a sus manifestaciones sociales más modernas. El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca más que, en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxista no serán admitidos nuevamente en la vida cívica.

De ello se desprende que Chile no es neutral frente al marxismo. Se lo impide su concepción del hombre y de la sociedad, fundamentalmente opuesta a la del marxismo. Por lo tanto, el actual Gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista. Con ello no adopta una postura “negativa” , porque es el marxismo el que en verdad niega los valores más fundamentales de toda auténtica civilización. Y en política o en moral, lo mismo que en matemáticas, la negación de una negación encierra una afirmación. Ser antimarxista involucra, pues, afirmar positivamente la libertad y la dignidad de la persona humana.

6. Una nueva y moderna institucionalidad: tarea para el actual gobierno

Dentro del marco expuesto en el punto anterior, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Sólo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Punto capital de esa nueva institucionalidad será la descentralización tecnificada y de verdadera participación social.

A) Descentralización funcional: poder político y poder social. La nueva institucionalidad que hoy se está creando distinguirá entre el poder político y el poder social, separando claramente sus titulares y su forma de ejercicio. El poder político o facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar al país.

El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político.

Debido a la larga erosión provocada en nuestro país por muchos años de demagogia, y a la destrucción sistemática que desde 1970 el marxismo acentuara sobre todos los aspectos de la vida nacional, las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, en cumplimiento de su doctrina clásica y de sus deberes para con la subsistencia de la nacionalidad, tuvieron que asumir el 11 de septiembre la plenitud del poder político. Lo hicieron derribando a un Gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado, y dando cumplimiento así a un amplio sentir nacional que hoy se expresa en el apoyo mayoritario del pueblo para el nuevo régimen.

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Pero más allá de eso, el actual Gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un Gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos Gobiernos partidistas similares o, en otras palabras, que no se trata de una “ tregua” de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión, en la virtual destrucción del país. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos. No obstante, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la Seguridad Nacional, en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual.

Lo anterior no significa que las Fuerzas Armadas y de Orden vayan a desentenderse de su sucesión gubernativa, observando su desenlace como simples espectadores. Muy por el contrario, y como lo expusiera el propio Presidente de la Junta de Gobierno, ésta considera como parte de sumisión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar, que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno.

A integrar ese gran movimiento de unidad nacional que nace, superando antiguas divisiones y banderías partidistas, la Junta llama a todos los chilenos que deseen ser partícipes de la nueva era de la reconstrucción nacional que abrirá el futuro.

En cuanto al poder social, él está llamado a convertirse en el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana. Chile tiene una larga tradición de organización social, que se remonta a su origen hispánico. Los cabildos, la comuna autónoma, el sindicalismo laboral y el gremialismo extendido a todo nivel son hitos de un proceso que revela que el pueblo chileno ha estado permanentemente renovando sus formas de organización social de acuerdo con su evolución histórico-social. Es imperioso restituir a los Municipios el papel trascendental e insustituíble que les corresponde como vehículo de organización social, devolviéndoles su carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y del hombre, incompatible por tanto con la politización a la cual se los ha arrastrado.

Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario:

- Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Así como el principio de subsidiariedad ya enunciado exige que dichas entidades se desenvuelvan con autonomía dentro de sus fines específicos, sin que el Estado absorba su control, tampoco puede admitirse que sus objetivos sean distorsionados por una instrumentalización partidista de ellos o de sus directivas. Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como verdadero signo de nuestro tiempo. No se puede hablar de participación social si las entidades llamadas a canalizarla, en lugar de ser portadoras del pensamiento genuino del pueblo organizado, se transforman en dóciles voceros de las instrucciones de algún partido político, las que frecuentemente están además inspiradas en los menguados intereses electorales de éste. Iguales exigencias se aplican respecto de los Municipios.

- Asimismo es menester dar paso en Chile a un nuevo sentido del gremio. Como entidad llamada a agrupar a personas ligadas por actividades e intereses comunes, el gremio ha tenido y tiene en la defensa de sus agremiados su más primaria razón de ser. Pero sin desconocer esta realidad natural y legítima, ella debe contemplarse con dos nociones que tradicionalmente estuvieron desatendidas dentro de la vida gremial chilena, y que recién en los últimos años ha empezado a adquirir vigencia. Por una parte, la función reivindicativa del gremio debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad, comprendido que al Estado corresponde armonizar los explicables anhelos de cada sector con el interés nacional, todo ello dentro de las posibilidades reales de nuestra economía. Por otro lado, la función reivindicativa no puede agotar la tarea gremial. En una sociedad moderna los gremios están llamados a convertirse en conductos de un valioso aporte técnico para ilustrar la decisión política o de gobierno. No en vano los gremios reúnen a personas que desempeñan, y por ende conocen especializadamente, una misma función. En un mundo en que los problemas son cada vez de índole más técnica y menos ideológica, la función cooperadora en lo técnico aparece como una nueva y ancha perspectiva para el gremialismo chileno.

Será misión de la nueva institucionalidad consagrar los mecanismos adecuados para contemplar este poder social dentro de nuestra vida cívica, evitando que él encuentre en la presión o en situaciones de hecho su única forma posible de manifestarse. La consolidación e institucionalización de un auténtico poder social como el descrito ha de considerarse como el medio más eficaz para constituir en Chile una sociedad tecnificada, en que la palabra de los que saben prevalezca por sobre las consignas, y de una sociedad de verdadera participación, en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones partidistas y sin mezquindades que la empobrezcan. Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación.

B) Descentralización territorial: regionalización del país. Corolario indiscutible de los principios analizados, debe ser una descentralización territorial que trascienda el marco de lo meramente administrativo.

El actual Gobierno de la República está ya abocado a la configuración de verdaderas zonas geográficas, que reemplacen la artificial y anacrónica división político-administrativa de las provincias y departamentos que hoy nos rige, por una regionalización adecuada a la realidad chilena contemporánea.

Cada región deberá estructurarse considerando los factores humanos, de seguridad, geográficos, productivos, de infraestructura, etc., a fin de dotar a las diferentes zonas de un grado de amplia iniciativa y razonable autonomía en el desarrollo económico y social de la región. Las agrupaciones multigremiales que ya existen en la mayoría de las zonas del país, deben mirarse como una base importante que facilita la aplicación al plano regional o territorial de los mismos conceptos de participación social y tecnificación del país, complementando en forma interrelacionada el papel que en igual tarea compete a los gremios en cuanto tales, desde el ángulo propio y estrictamente funcional.

7. Un desarrollo económico acelerado, un efectivo progreso social y una escala de valores morales que los jerarquice respecto del hombre: metas indisolubles de la reconstrucción nacional

Cumplida la primera etapa de reordenamiento de nuestra economía, destruida hasta sus mismas bases por el régimen marxista. Chile deberá avanzar hacia un significativo y rápido desarrollo económico, sin el cual resulta imposible satisfacer las aspiraciones de bienestar de nuestros compatriotas y, en especial, de los más modestos. Ello reclama una clara conciencia de que el único camino realista para lograrlo reside en un fuerte aumento de la producción minera, agrícola e industrial, lo cual requiere inversiones nacionales y extranjeras.

Respecto de estas últimas, el actual Gobierno reafirma que un “ verdadero nacionalismo no consiste en rechazar las inversiones extranjeras, sino en sujetarlas a condiciones que aseguren como condición prioritaria el beneficio de Chile” (Discurso del General Pinochet, 11-X-1973). El desarrollo económico representa un desafío que supone jerarquía y disciplina en las tareas productivas y en los hábitos de trabajo, pero que a la vez exige caminos pragmáticos y adecuados a nuestra realidad. Chile debe orientar su producción a aquello en lo cual es capaz de hacerlo con mayor eficiencia, en un plano competitivo con niveles de otras naciones, lo que resulta especialmente urgente en un continente que plasma cada vez más fórmulas de mayor integración económica. La reactivación de la agricultura chilena, por tanto tiempo deprimida, es considerada por el actual Gobierno como una tarea primordial en este sentido. El auge que desde el 11 de Septiembre ha tomado la producción de la minería, constituye otro síntoma auspicioso de un signo que será fundamental fortalecer.

Un país que pretende conseguir un desarrollo económico sobre las bases del derecho de propiedad privada, incluido respecto de los medios de producción no estratégicos o vitales, y de la admisión de la iniciativa particular en el campo económico, armonizada con la necesaria planificación del Estado en este rubro, debe promover una política económica que conceda al consumidor un papel activo en la orientación de la economía, y que reconozca el valor de una competencia entre productores y distribuidores dentro de normas claramente establecidas y garantizadas por la autoridad.

La obtención de un acelerado desarrollo económico no puede, sin embargo, considerarse como un fin en sí. La riqueza nacional es sólo un medio para proporcionar bienestar a los habitantes del país, en forma que éste alcance equitativamente a todos. Los índices de crecimiento de la economía, del producto nacional o de la renta per cápita, deben ir acompañados de una acción constante de parte del Estado para ir transformando esa mayor riqueza en progreso social. De ahí que, a este respecto, el actual Gobierno reitere lo expresado por el Presidente de la Junta de Gobierno:

“Desarrollo económico y progreso social son términos indisolubles. Cuando se sacrifica demagógicamente el primero, los beneficios sociales que se conceden terminan siendo una simple ilusión, porque sólo se reparte pobreza. Cuando, en cambio, se posterga indebidamente el progreso social, el desarrollo económico no se traduce en justicia, fomentándose además tensiones inconvenientes” (Discurso del General Pinochet, 11-X-1973).

El desarrollo social deberá distinguir lo que son verdaderas conquistas de los trabajadores, porque significan mayor progreso para el país y mayor justicia para ellos mismos, de las mal llamadas “ conquistas” y que amparan situaciones de ocio o privilegio que un país como Chile no puede aceptar. Entre las primeras, que el actual Gobierno reforzará, pueden mencionarse ejemplos como el de la semana corrida o de la asignación familiar que, por primera vez en nuestra historia, el régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden ha igualado para empleados y obreros. Entre las segundas, que serán revisadas sin contemplaciones frente a injustos intereses creados, puede señalarse aquella legislación que permite a algunas personas jubilar a los 35 años de edad o detentar hasta cuatro jubilaciones simultáneas.

En este plano, el actual Gobierno concede especial relevancia al cuerpo legal: “Estatuto para la organización de las empresas, el desarrollo e integración de los trabajadores, el fomento y tratamiento de las inversiones” , actualmente por aprobarse, en el que se establecerán fórmulas de efectiva participación de los trabajadores en las empresas en que laboran, dentro del realismo y la flexibilidad y por la necesidad de contemplar también garantías adecuadas para la inversión. Con todo, la honda crisis moral y económica que hoy conmueve al Occidente desarrollado, es una campanada de alerta que nos invita a advertir que el bienestar material, ni aun cuando alcance a todos los habitantes, es suficiente para lograr una sociedad equilibrada y en la cual el hombre se desarrolle en todas sus potencialidades. Como lo señaláramos anteriormente, el materialismo que corroe a las llamadas “ sociedades de consumo” denuncia la existencia de un bienestar que más que ayudar a la perfección integral del hombre lo somete a una carrera que lo domina, en pos de una riqueza que al final deja vacío su espíritu. Que más que liberarlo, lo esclaviza. Constituiría una presunción de parte nuestra el afirmar que Chile posee la solución para un problema tan complejo y dramático. Pero al menos, el actual Gobierno tiene la obligación, en el momento en que inicia la reconstrucción económica del país, de considerar el factor indicado. Un esfuerzo consistente por superarlo debe fundarse principalmente en una educación que fomente una escala de valores morales y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana, que jerarquice cada cosa en función del fin último del hombre. En esa perspectiva, una educación que respete la libertad de enseñanza y el fuero íntimo de la conciencia de cada cual, y que alcance a todos, tendrá que robustecer el conocimiento y amor de cada uno de nuestros compatriotas hacia Chile, su geografía, su historia y su pueblo. Del reencuentro con las raíces de la nacionalidad, surgirán valores y virtudes que mucho pueden aportar en el difícil desafío que afrontamos.

8. Chile: un nacionalismo que mira hacia la universalidad

En un mundo cada vez más interdependiente, el Gobierno de Chile plantea su carácter nacionalista en la seguridad de que nuestra Patria constituye un todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente, no obstante su disímil geografía. No afirmamos que Chile sea superior o inferior a otros pueblos. Sostenemos que es diferente, en cuanto tiene un nítido perfil que le es propio. Pero la búsqueda de una reorganización a partir de las entrañas mismas del alma nacional, no significa que el actual Gobierno plantee un nacionalismo que empequeñezca la visión de universalidad que el mundo contemporáneo reclama.

Con respecto a los principios de sujeción estricta a los tratados internacionales, de no intervención en los asuntos de otros Estados y de autodeterminación de cada pueblo, que tradicionalmente ha aceptado nuestra Cancillería, el Gobierno de Chile buscará el mayor acercamiento a la convivencia internacional y, en especial, a los países amigos. En tal sentido, el actual Gobierno reitera su voluntad de mantener relaciones internacionales con todos los países cuyos Gobiernos no pretendan intervenir indebidamente en nuestros propios problemas. Dentro de una sobriedad que nos aleje de toda absurda pretensión de liderazgo más allá de nuestras fronteras, la política internacional de Chile se orientará a desarrollar el “poder nacional” , entendido como la capacidad real y potencial del Estado de defender y promover su interés nacional frente al resto de las naciones. Supuesto indispensable de dicha tarea será afianzar en todos los campos la dignidad nacional, restituyéndole a nuestro país el prestigio mundial que tradicionalmente tuvo y que el Gobierno marxista debilitara en importantes aspectos.

Una nacionalismo chileno de vocación universalista deberá conjugar simultáneamente una tradición histórico-cultural que nos liga a la civilización occidental y europea, con una realidad geoeconómica que, recogiendo e incorporando esa misma tradición, proyecta a nuestro país dentro del continente americano y, en especial, de Iberoamérica, a la vez que le abre perspectivas insospechadas hacia otras civilizaciones y culturas a través del Pacífico, cuyas posibilidades y riquezas para Chile deberán ser aprovechadas integralmente.

9. La familia, la mujer y la juventud: pilares de la reconstrucción nacional

Finalmente, el actual Gobierno considera que toda la tarea antes reseñada ha de encontrar en la familia su más sólido fundamento, como escuela de formación moral, de entrega y generosidad hacia los semejantes y de acendrado amor a la Patria.

En la familia, la mujer se realza en toda la grandeza de su misión, que la convierte en la roca espiritual de la Patria. De ella sale también la juventud, que hoy más que nunca debe incorporar su generosidad e idealismo a la tarea de Chile. El coraje que mujeres y jóvenes demostraron en los últimos años, como baluartes del movimiento cívico que culminara con el pronunciamiento militar del 11 de Septiembre, debe ahora convertirse en fibra patriótica para afrontar el duro sacrificio que nos espera por delante, y en fuerza creadora para transformar en realidad una honda esperanza.

---- Ver También Documentos históricos Augusto Pinochet

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