Chapter 3

Pero notad un hecho, amados diocesanos; estas sociedades, que son perfectas y soberanas cada una en su orden, tienen, en un Estado católico, los mismos súbditos, con una actividad que no puede desdoblarse, porque el católico debe serio “integralmente”; y por lo mismo ambas pueden ayudarse, y de hecho lo hacen en los pueblos cristianamente constituidos para el logro del doble fin del hombre, temporal y eterno, trabajando, cada una en su órbita, en ayuda de la otra. Así de la acción espiritual y sobrenatural de la Iglesia derivan grandes bienes de orden temporal para el Estado; como éste, dentro de sus actividades, puede ser el gran auxiliar de la Iglesia.

Para el objeto de esta Pastoral, fijémonos un momento en los grandes bienes que el Catolicismo aporta a la Patria. Los concretaba en forma general León XIII al comienzo de su gran Encíclica sobre la constitución cristiana de los Estados: “Obra inmortal del Dios de misericordia, la Iglesia, bien que en sí y de su naturaleza tenga por objeto el bien de las almas y la salvación eterna, es, no obstante, hasta en la misma esfera de cosas temporales, la fuente de tantas y tan grandes ventajas, que no podría procurárselas más en número ni mayores a la sociedad civil si hubiese sido fundada principal y directamente en vista de asegurar la felicidad de esta vida que llevamos sobre la tierra» (“Immortale Dei”).

El primero de todos es, amados diocesanos, la aportación de su ley inviolable y la formación luminosa e inflexible de las conciencias en orden a los principios fundamentales en que se asienta la paz y el bienestar de los pueblos. Sin duda que el Estado tiene un fin moralizador; porque se propone el bien común, que no puede dejar de ser un bien humano, y por lo mismo material y espiritual a la vez. Más aún: el hombre, ser social, está sujeto por su misma naturaleza a determinadas reglas de moralidad; si las infringe, aun en el terreno personal, la sociedad sufre daño, porque, como dice Santo Tomás, “todo pecado es, en cierta manera, una injusticia social” (II, II, 58, 5 ad 3). Tiene el Estado, por lo mismo, un ministerio de moralidad, por cuanto lo moral se relaciona necesariamente con lo social.

Pero le faltan al Estado dos elementos para el éxito total de su obra moralizadora: no puede, en primer lugar, constreñir a los ciudadanos sino con unas leyes que, como dice Santo Tomás, “siendo hechas para la multitud de los hombres, cuya mayoría son imperfectos, no pueden prohibir más que los vicios más graves y más atentatorios contra la vida social” (I, II, 96, 2); y luego, no puede bajar al fondo de las conciencias para imponerles, en el nombre de Dios, el cumplimiento de la ley; ni puede urgirlo con los dos grandes recursos de la ley cristiana, el amor de Dios, germen y forma de toda virtud, y el temor de las sanciones eternas, capaz de contener toda desviación de la vida.

“Estad sujetos, no sólo por la fuerza de la ley, sino por deber de conciencia”: “Subditi estote propter conscientiam” (Rom. 13, 5). Estas palabras del Apóstol han hecho más por el bien de las naciones que las instituciones más sabias y los códigos mejor organizados. Por ello es que, “por dondequiera que ha penetrado la Iglesia, ha empezado a cambiar la faz de las cosas y a impregnar las costumbres públicas, no solamente de virtudes desconocidas hasta entonces, sino incluso de una nueva civilización” (León XIII, “Immortale Dei”). El Catolicismo es, según expresión de Pio XI, “el que ha defendido la dignidad humana y la ha levantado hasta Dios; ha corregido las costumbres públicas y privadas, de manera que todo esté sometido a Dios, que ve los corazones, y que, siendo la conciencia de los sagrados deberes la regla de todos, particulares, gobernadores e instituciones, Jesucristo sea todo en todos” (Pío XI, “Ubi Arcano”).

Hace más el Catolicismo por la Patria: ayuda a los Poderes públicos con la aportación de sus principios inmortales y con la colaboración de sus mejores adeptos. Se ha acusado a la Iglesia de inmiscuirse en los públicos negocios, o de reducir las actividades de los ciudadanos en pro del Estado. Es necia la acusación. Porque la Iglesia, a medida que ha penetrado las instituciones del Estado con sus principios, “que son la floración espontanea de la doctrina evangélica” (“Immortale Dei”), lejos de restar fuerza a los humanos poderes y a la sociedad que gobiernan, ha iluminado a aquéllos, y ha logrado en ésta transformaciones sucesivas que la han hecho capaz de nuevos grados de civilización. Cuanto a los ciudadanos, la Iglesia no sólo quiere que se ocupen del bien común del Estado, por deber de justicia social, de religión y de caridad, sino que los hace, particularmente por la Acción Católica, “más aptos para llenar las funciones públicas, gracias a una severa formación, a la santidad de vida y al cumplimiento de sus deberes cristianos. ¿No es ella la destinada a procurar a la sociedad sus mejores ciudadanos, y al Estado sus magistrados más íntegros y más expertos?” (Pío XI, “Quae nobis”).

“Si amas a tu país -le decía a su discípulo un filósofo antiguo-, hazle en tu persona el regalo de un buen ciudadano”. Esto es lo que hace un buen católico para su Patria: labra en sí paulatinamente, con la práctica de todas las virtudes cristianas, un buen ciudadano que aportará al acervo de la Ciudad y para el bien común todo su valer, de orden natural y sobrenatural. Los santos, que son la flor del Catolicismo, son al mismo tiempo los más perfectos y útiles ciudadanos: ellos son los que entonan con sus altos ejemplos la moral de todo un pueblo, al tiempo que muchos de ellos han hecho obra profundamente social.

El Catolicismo, además, asegura la paz de la Patria por el reinado de la justicia y de la caridad. “La paz es la obra de la justicia de una manera indirecta, en cuanto ésta aparta los obstáculos de la paz. Pero la paz es directamente la obra de la caridad, porque ella, de su propia naturaleza, produce la paz. Es, en efecto, el amor la fuerza que une” (“Ubi Arcano”). Ambas, la justicia y la caridad, regulan nuestras relaciones con los demás ciudadanos: la justicia nos hace dar a cada cual lo que le es debido; la caridad nos hace rebasar los límites de la justicia para hacer partícipe al ciudadano de lo que es nuestro, y ello con la efusión del amor que arranca del que tenemos a Dios, Padre de todos, y que nos constituye a todos en la unidad de la fraternidad cristiana: “Ut sint unum”. El Catolicismo es el asiento más firme de la justicia, porque enseña y obliga al Estado y a los ciudadanos a dar a cada cual lo que es suyo, en todos los órdenes. “Si el Estado -y lo mismo podemos decir del ciudadano- se niega a dar a Dios lo que es de Dios, se niega asimismo, por una consecuencia necesaria, a dar a los ciudadanos lo que les debe como hombres, porque, quiérase o no, los verdaderos derechos del hombre nacen precisamente de sus deberes para con Dios” (“Immortale Dei”). Por lo que atañe a la caridad, ella es desconocida fuera del Catolicismo. Sólo ella ha realizado en la tierra, cuanto es dable al mísero corazón humano, la palabra del Profeta: “Ved qué bueno y delicioso es vivir juntos los hermanos... Como el bálsamo que viene de la cabeza a embeber hasta las orlas del vestido de Aarón...” (Ps. 132, 1-2).

Paz interior, amados diocesanos, es la que brota de las doctrinas y de la práctica del Catolicismo, “condición indispensable para la paz externa de orden vital-social”, dice Santo Tomás (II, II, 29, 1). No faltan sociedades brillantes en las que la ley ha regulado maravillosamente lo necesario para el bienestar de los ciudadanos. Pero cuando los espíritus se han vaciado del sentido de justicia y del amor de caridad, todo artificio humano es incapaz de conservar indefinidamente la paz social; porque, como dice Pio XI, “las instituciones humanas destinadas a favorecer la paz y el mutuo auxilio entre los hombres, por bien concebidas que ellas parezcan, reciben su solidez del lazo espiritual que une sus miembros”.

Ved todavía otras ventajas que el Catolicismo aporta a la Patria en el orden social. Sus doctrinas, cuando han llegado a formar la conciencia del pueblo, son la mejor salvaguardia de la libertad, de la competencia, de la eficacia, de la autonomía legítima de la autoridad civil.

El es el que regula y tempera las relaciones entre la autoridad y la libertad: a los poderes públicos les dice que la ley rectora de los pueblos no es el “imperium despoticum”, de los fisiócratas de la sociedad, sino el “imperium politicum”, que conviene al régimen de las personas humanas; y a las democracias extraviadas que reclaman el Derecho absoluto a la libertad, les dice que hay en la sociedad algo intangible porque viene de Dios, que es la autoridad, y que hay que obedecer a los que legítimamente la ejercen.

El es el que salva la trascendencia del bien común amenazada por el trabajo tenaz del nacionalismo exagerado y del Estado absolutista; al tiempo que salva la libertad individual, que tiende a ser absorbida por el despotismo de las dictaduras.

El admite una trascendencia del Estado, que puede condicionar, amparar, fomentar y dirigir toda actividad de orden temporal en cuanto lo requiera el bien común; pero declara intangibles las instituciones de orden natural, cuyos derechos pueden ser superiores y anteriores a los del Estado, como el de la familia, o independientes del Estado, como la legítima libertad de asociación.

El tempera y equilibra el hecho de las diversas clases sociales enseñando a todo hombre la igualdad sustancial de naturaleza, de Redención, de fin último y ante los deberes del propio Estado; al tiempo que predica que las desigualdades adjetivas de los hombres sirven al esplendor social y a la mutua ayuda para el logro de los fines temporales y eternos.

Esto y mucho más, amados diocesanos, hace el Catolicismo en el orden de la Patria; y jamás se vio en la historia el hecho maravilloso de los siglos medios, cuando el pensamiento católico dominaba en señor sobre todo hombre y sobre toda institución, en estas naciones que, prescindiendo del progreso material que ha venido en siglos posteriores, se remontaron a alturas desconocidas de los antiguos en todo cuanto significa dignificación de la persona y de la sociedad humana. Nuestra Patria, España, no fue a la zaga de ninguna de ellas; y nunca llegó la Patria querida a mayor expansión, a mayor profundidad y esplendor de su cultura, a más llena y equilibrada función de sus instituciones, al supremo ápice de su prestigio internacional, que cuando en ella se embebió todo del pensamiento, del sentido y de la vida del Catolicismo. Sólo cuando el pensamiento católico se ha debilitado entre nosotros ha empezado la decadencia de la Patria, y cuando, como ocurre en los organismos depauperados, hemos recibido de prestado inyecciones de algún espíritu exótico que no han hecho más que trastornar la vida nacional y llevarla a trance de muerte. Son dolorosas y humillantes las experiencias hechas, y más que todas la que nos acarreó la actual catástrofe.

No ignoramos que hay naciones en que el Catolicismo se ha visto acorralado; en que se ha considerado la religión católica, hasta la religión cristiana en general, como una institución cuyo origen, doctrina, virtudes, culto, no son compatibles con un concepto de Patria que importa una exagerada sublimación de los valores nacionales. Es lamentable que en pleno siglo XX no se haya logrado la experiencia, ni se haya llegado a la convicción filosófica y dogmática de la superioridad del espíritu sobre la materia, de la trascendencia de lo sobrenatural sobre todos los valores de la tierra, cualesquiera que ellos sean. Si un día, amados diocesanos, se os dijera una sola palabra depresiva para la Iglesia y la doctrina católica, al parangonarla con los valores más altos de nuestra Patria, rechazad la sugestión, y poned sobre el mismo amor de Patria, que es el más alto de vuestros amores después del amor de Dios, el amor a la Iglesia y al Catolicismo que nos engendró, no para la tierra, sino para el cielo. “Es preciso, dice León XIII, amar la Patria terrestre, que nos ha dado el gozar de esta vida mortal; pero es necesario amar a la Iglesia con más ardiente amor, porque a ella debemos la vida inmortal del alma; por cuanto es racional anteponer los bienes del alma a los del cuerpo, y son más necesarios nuestros deberes para con Dios que para con los hombres” (Sapientiae christianae”, 14)

Catolicismo y Patriotismo: Dios y Patria. He aquí los dos grandes nombres a cuya magia se ha levantado España para defender su ser y los fueros de su historia; pero en este mismo orden de dignidad, que ya reconocieron los antiguos -“pro aris et focis”-, y que han consagrado nuestros héroes y nuestros mártires muriendo a cielo raso, en las encrucijadas de los caminos o en los campos de batalla.

Catolicismo y orden político

Tratamos brevemente de las ventajas que en el orden político reporta el Catolicismo a la Patria.

Al definir el Estada hemos dicho que es la Nación políticamente organizada. Es un pueblo estructurado en orden a los fines generales de Patria y a los particulares de tal Patria, con su régimen y leyes, costumbres y energías materiales y espirituales, organizado todo por el Poder público y dirigido al bien de la comunidad y de los individuos en el orden temporal y facilitando el logro de los destinos eternos del ciudadano.

No temáis, amados diocesanos, que metamos la hoz en mies ajena al ocupamos un momento de política. Esta palabra ha tomado un sentido peyorativo, a veces de trascendencias trágicas, cuando ha significado estos pugilatos en que la ambición desata toda concupiscencia para el asalto del poder público. Esto es falsificación de la política. “Cosa honesta y grave”, llama León XIII a la política (Enc. “Cum multa”), y con razón; primero, porque la política, “ciencia de la Ciudad”, “ciencia civil”, como la llama el Angélico (“Polit.” Prol.), tiene por objeto procurar el bien común de los ciudadanos, que es el máximo bien que apetecen los hombres constituidos en sociedad; y luego, porque en los negocios del Estado de que la política se ocupa, se conjugan a veces los más grandes bienes humanos. ¿No hemos visto en España, en nuestros días, desarrollarse una política que nos ha acarreado la catástrofe más tremenda de nuestra historia? La política puede tocar a Dios y sus altares; poner sus manos, atrevidas y sacrílegas, en la Iglesia, sus leyes, sus ministros, sus bienes; asestar golpes mortales a la familia; puede aherrojar a un pueblo con leyes inhumanas o antihumanas, o lanzarlo, en nombre de la libertad y de la democracia, por caminos de disolución y muerte. Más todavía; sin tratar ahora de la posición de los católicos ante la política, decimos que ésta, en su más profundo sentido, no puede separarse de la religión. La razón es obvia. “El fin próximo del Estado es la perfección exterior de la sociedad, pero una perfección de tal naturaleza que pueda ayudar a la sociedad a lograr el Bien supremo” (Taparelli, “Saggio”, 815). Porque el bien público sólo se encuentra en una organización de la vida temporal que no dificulte, antes facilite la vida superior de los hombres (León XIII, “Libertas). “Si una sociedad no persigue otro fin que las ventajas exteriores, la abundancia de las riquezas y la elegancia de la cultura, si hace profesión de prescindir de Dios en la administración de la cosa pública y de no tener cuenta alguna de la moral, se aparta en forma muy culpable del fin de su institución y de las prescripciones de la naturaleza; y debe juzgársela más bien una imitación falsa de la sociedad que una verdadera sociedad y comunidad de hombres” (León XIII, “Sapientiae christianae”).

Y en esta doctrina se encierra el primero de los bienes que el Catolicismo ha hecho a la Patria en su régimen político. Nos referimos al carácter esencialmente moral de la política, y por lo mismo a la tutela que la Religión debe ejercer sobre ella.

Parece atrevida la afirmación; tal vez se verá en ella ocasión de conflictos entre Catolicismo y Patria. No: La verdad jamás contradice a la verdad. La política tiende a la conquista del bien común, y tratándose de seres racionales no se concibe un bien, menos el bien común que se asienta sobre la justicia, separado de la moral. “Lo que es falso moralmente jamás será justo políticamente”, ha dicho un gran político. Y Santo Tomás considera de esencia moral la política al hacer de su tratado una parte de la Etica (“Ethic”. Lec. 1).

Y desde el momento en que la política está íntimamente trabada con la moral, ¿quién podrá negar que el Catolicismo tenga sobre la política una trascendencia inmensa? La Iglesia es la Maestra, instituida por Jesucristo, de la moral, de toda moral, por cuanto es ella la que ha recibido del Hijo de Dios la regla de vivir. El Evangelio está lleno de preceptos de moral relativos a la vida pública; igual podemos decir de los Escritos Apostólicos, que contienen las líneas eternas de la moral aplicadas al régimen de individuos y pueblos. Las Encíclicas Pontificias, particularmente las de cincuenta años acá, no han hecho más que desenvolver la semilla de la moral social predicada por Jesucristo y los Apóstoles.

iQuisiera Dios que la política rectora de los pueblos modernos se inspirara en los dictados de la moral católica! Ella serviría al bien común, no a las concupiscencias de los desaprensivos; con ella por norma, el Estado garantizaría el respeto al derecho de todos; ella influiría sobre la dirección de las actividades individuales y colectivas en el sentido de la justicia para con Dios y los hermanos. Iluminada la inteligencia de los gobernantes por lo que llamaríamos pensamiento político de Dios en el régimen de la sociedad humana, tendrían un conocimiento más claro y profundo del pueblo, de sus necesidades y destinos, y aquella prudencia cristiana, el “sentido de Cristo” (1 Cor. 2, 16), que les dictaría las normas convenientes en cada momento a la felicidad temporal del pueblo, facilitando al mismo tiempo el logro de sus eternos destinos.

Fuera del orden propiamente moral, el Catolicismo hace un gran bien al Estado en sus funciones políticas. Es tan fuerte y clara la luz que la doctrina católica derrama sobre todo lo humano, que es temeridad prescindir de ella en la ciencia y arte dificilísimas de regir los pueblos. Cierto que el Estado está llamado a realizar sus fines sólo en el orden natural y temporal; pero en un Estado católico se suscitarán siempre cuestiones de orden natural íntimamente trabadas con el sobrenatural; y en este caso la Iglesia, Maestra única en este orden, ilustrará a los poderes del Estado sobre los puntos de interferencia, para que la obra de ambos sea total y armónica. Y aun prescindiendo de las cuestiones llamadas de fuero mixto, como quiera que la naturaleza humana desborda completamente el orden natural, por cuanto Dios la ha llamado a superiores destinos, a medida que las civilizaciones se hacen más refinadas por la espiritualización de sus factores, el Estado recurrirá con gran provecho a la Iglesia para levantar a mayores alturas todo elemento, particularmente la cultura y las costumbres, con sus doctrinas altísimas y la claridad inmaculada de su ley.

Hace más el Catolicismo en el régimen de las sociedades políticas: establece el equilibrio entre el poder político y el pueblo. Es el gran problema en cuya solución se han debatido en todos los tiempos ambos elementos. Ora es el Estado, como en las sociedades paganas, que se erigía en señor de todo y de todos, o el tirano que medía su poder según el ámbito de su voluntad; ora es, como en nuestros días, el pueblo que estalla en ansias de libertad y anula en la revuelta política todo vínculo social. Hoy mismo, al tiempo que en algunos países se restaura la doctrina de un Estado con poder absoluto, sin limitación por la moral y el derecho, erigido él mismo en fuente trascendente de todo derecho, en otros se cree todavía en el mito de una absoluta soberanía del pueblo o se profesa la eliminación del Estado como etapa definitiva de la evolución social.

El Catolicismo representa el equilibrio de derechos entre el poder y el pueblo. “La Iglesia se opone por su doctrina y sus costumbres, no solamente a la licencia revolucionaria, en la que los errores ya condenados por ella del liberalismo y socialismo envuelven la sociedad humana, sino también a esta doctrina política según la cual la Ciudad, es decir, el Estado es en cierta manera su último fin. De donde se sigue que la Ciudad, por una consecuencia necesaria, llega a desconocer y confiscar los derechos privados. Resultado, como fácilmente se concibe, no menos lamentable que funesto”. “Se propaga una teoría que está en abierta oposición con la doctrina católica; una teoría según la cual la Ciudad, es decir, el Estado es de sí mismo su último fin, y el ciudadano no existiría más que por el Estado, deberá aportarlo todo al Estado, y dejarse absorber totalmente por el Estado” (Pío XI, Aloc. Consist. 28 Dic. 1925 y 20 Dic. 1926). Es decir, ni el Estado panteísta que, encarnando la alta cultura y la fuerza en un grado superior, tuviese derecho al dominio sobre los hombres; ni un pueblo pulverizado por la soberana libertad individual que amenazaría a cada momento la seguridad colectiva. Una autoridad que viene de Dios, cualquiera que sea la forma de régimen que la ejerza, y un deber de conciencia –“propter conscientiam”- que someta la libertad individual a lo legítimamente ordenado: he aquí la fórmula católica de equilibrio. Autoridad fuerte, por parte del poder, dulcificada por el sentido de paternidad que la informe y que tienda, como el padre de familias, a procurar el máximo bien para los ciudadanos; y sumisión, “como a ministros de Dios” (Rom. 13, 41), por parte de los súbditos. Una autoridad de servicio al pueblo, y un servicio del pueblo a la autoridad, forma y garantía de la sociedad. Así los sacrificios de arriba y de abajo coinciden en un punto de firmeza sobrehumana, Dios, que da el poder y ordena la obediencia.

Sólo así se resuelve el difícil problema de la armonía entre el poder y la libertad. “Porque una vez puesto el principio inconcuso de que la autoridad viene de Dios, cualquiera que sea la forma de gobierno, la razón reconoce inmediatamente a unos el derecho legítimo de mandar, e impone a los otros el deber correlativo de obedecer. Y esta obediencia no puede perjudicar a la dignidad humana, por cuanto, hablando propiamente, es a Dios más que a los hombres a quien se obedece, y Dios reserva sus más severos juicios para aquellos que gobiernan, si no representan la autoridad conforme el derecho y justicia. Por otra parte, la libertad individual no podría ser sospechosa a nadie; porque, absolutamente inofensiva, no se apartará de lo justo y recto que esté en armonía con la pública tranquilidad” (León XIII, “Praeclara gratulationis”).

En un orden más general y más profundo a un tiempo, el Catolicismo equilibra y garantiza la misma constitución política de los Estados con respecto a otros y dentro de sí mismos, por cuanto es él el que pone la justicia y el equilibrio en el mismo sentimiento de Patria. Porque el Patriotismo, que es virtud moral cuyo limite puede ser el sacrificio de la vida misma, puede tener sus desviaciones y causar la ruina de los pueblos. Precisamente los grandes peligros de los pueblos modernos, que pueden amenazar hasta nuestra civilización secular, o que a lo menos pueden producir gravísimos trastornos de orden internacional, derivan de las adulteraciones del patriotismo y del nacionalismo.

Es a veces la exageración, la substancialización, hasta la divinización del Estado, que trastornan los fines del poder político, haciendo de él fin supremo de las actividades del hombre, que queda absorbido por la fuerza estatal que lo invade todo. O es el Estado-Dios que, sin respeto a la justicia internacional porque él se declara fuente de toda justicia, puede atentar contra la vida de otros Estados.