Chapter 1

Razón de este documento

Venerables hermanos:

Suelen los pueblos católicos ayudarse mútuamente en días de tribulación, en cumplimiento de la ley de caridad de fraternidad que une en un cuerpo místico a cuantos comulgamos en el pensamiento y amor de Jesucristo. Organo natural de este intercambio espiritual son los Obispos, a quien puso el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios. España, que pasa una de las más grandes tribulaciones de su historia, ha recibido múltiples manifestaciones de afecto y condolencias del Episcopado católico extranjero, ya en mensajes colectivos, ya de muchos Obispos en particular. Y el Episcopado español, tan terriblemente probado en sus miembros, en sus sacerdotes y en sus Iglesias, quiere hoy corresponder con este Documento colectivo a la gran caridad que se nos ha manifestado de todos los puntos de la tierra.

Nuestro país sufre un trastorno profundo: no es sólo una guerra civil creuntísima la que nos llena de tribulación; es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación. Vosotros los habéis comprendido, Venerables Hermanos, y "vuestras palabras y vuestro corazones nos han abierto" diremos con el Apóstol, dejándonos ver las extrañas de vuestra caridad para con nuestra patria querida. Que Dios os lo premie.

Pero con nuestra gratitud, Venerables Hermanos, debemos manifestaros nuestro dolor por el desconocimiento de la verdad de lo que en España ocurre. Es un hecho, que nos consta por documentación copiosa, que el pensamiento de un gran sector de opinión extranjera está disociado de la realidad de los hechos ocurridos en nuestro país. Causas de este extravió podría ser el espíritu anticristiano, que ha visto en la contienda de España una partida decisiva en pro o contra de la religión de Jesucristo y la civilización cristiana; la corriente opuesta de doctrinas políticas que aspiran a la hegemonía del mundo; la labor tendenciosa de fuerzas internacionales ocultas; la antipatria, que se ha valido de españoles ilusos que, amparándose en el nombre de católicos, han causado enorme daño a la verdadera España. Y lo que más nos duele es que una buena parte de la prensa católica extranjera haya contribuido a esta desviación mental, que podría ser funesta para los sacratísimos intereses que se ventilan en nuestra patria.

Casi todos los Obispos que suscribimos esta Carta hemos procurado dar a su tiempo la nota justa del sentido de la guerra. Agradecemos a la prensa católica extrajera el haber hecho suya la verdad de nuestras declaraciones, como lamentamos que algunos periódicos y revistas, que debieron (pf) ser ejemplo de respeto y acatamiento a la voz de los Prelados de la Iglesia, las hayan combatido o tergiversado.

Ello obliga al Episcopado español a dirigirse colectivamente a los Hermanos de todo el mundo, con el único propósito de que resplandezca la verdad, oscurecida por ligereza o por malicia, y nos ayude a difundirla. Se trata de un punto gravísimo en que se conjugan no los intereses políticos de una nación, sino los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos.

Cumplimos con ello, junto con nuestro oficio pastoral- que importa ante todo el magisterio de la verdad - con un triple deber de religión, de patriotismo y de humanidad. De religión, porque, testigos de las grandes prevaricaciones y heroísmo que han tenido por escena nuestro país, podemos ofrecer al mundo lecciones y ejemplos que caen dentro de nuestro ministerio episcopal y que habrán de ser provechosos a todo el mundo; de patriotismo, porque el Obispo es el primer obligado a defender el buen nombre de su patria "terra patrum", por cuanto fueron nuestros venerables predecesores los que formaron la nuestra, tan cristiana como es, "engendrando a sus hijos para Jesucristo por la predicación del Evangelio"; de humanidad, porque, ya que Dios ha permitido que fuese nuestro país el lugar de experimentación de ideas y procedimientos que aspiran a conquistar el mundo, quisiéramos que el daño se redujese al ámbito de nuestra patria y se salvaran de la ruina de las demás naciones.

Naturaleza de esta carta

Este Documento no será la demostración de una tesis, sino la simple exposición, a grandes líneas, de los hechos que caracterizan nuestra guerra y la dan su fisonomía histórica. La guerra de España es producto de la pugna de ideologías irreconciliables; en sus mismos orígenes se hallan envueltas gravísimas cuestiones de orden moral y jurídico, religioso e histórico. No sería difícil el desarrollo de puntos fundamentales de doctrina aplicada a nuestro momento actual. Se ha hecho ya copiosamente, hasta por algunos de los Hermanos que suscriben esta Carta. Pero estamos en tiempos de positivismo calculador y frío y, especialmente cuando se trata de hechos de tal relieve histórico como se han producido en esta guerra, lo que se quiere - se nos ha requerido cien veces desde el extranjero en este sentido - son hechos vivos y palpitantes que, por afirmación o contraposición, den la verdad simple y justa.

Por esto tiene este Escrito un carácter asertivo y categórico de orden empírico. Y ello en sus dos aspectos: el de juicio que solidariamente formulamos sobre la estimación legítima de los hechos; y el de afirmación "per oppositum", con que deshacemos, con toda caridad, las afirmaciones falsas o las interpretaciones torcidas con que haya podido falsearse la historia de este año de vida de España.

Nuestra posición ante la guerra

Conste antes que todo, ya que la guerra pudo preverse desde que se atacó ruda e inconsideradamente al espíritu nacional, que el Episcopado español ha dado, desde el año 1931, altísimos ejemplos de prudencia apostólica y ciudadana. Ajustándose a la tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se esforzó en colaborar para el bien común. Y a pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido. "Etiam dyscolis": A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos; con la protesta grave, razonada y apostólica cuando debíamos; con la exhortación sincera que hicimos reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legitima, a la oración, a la paciencia y a la paz. Y el pueblo católico nos secundó, siendo nuestra intervención valioso factor de concordancia nacional en momentos de honda conmoción social y política.

Al estallar la guerra hemos lamentado el doloroso hecho, más que nadie, porque ella es siempre un mal gravísimo, que muchas veces no compensan bienes problemáticos, porque nuestra misión es de reconciliación y de paz: "Et in terra pax". Desde sus comienzos hemos tenido las manos levantados al cielo para que cese. Y en estos momentos repetimos la palabra de Pío XI, cuando el recelo mutuo de las grandes potencias iba a desencadenar otra guerra sobre Europa: "Nos invocamos la paz, bendecimos la paz, rogamos por la paz". Dios nos es testigo de los esfuerzos que hemos hecho para aminorar los estragos que siempre son su cortejo.

Con nuestros votos de paz juntamos nuestro perdón generoso para nuestros perseguidores y nuestros sentimientos de caridad para todos. Y decimos sobre los campos de batalla y a nuestros hijos de uno y otro bando la palabra del apóstol: "El Señor sabe cuánto os amamos a todos en las entrañar de Jesucristo".

Pero la paz es la "tranquilidad del orden, divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su lugar y le da lo que le es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo derivar de su amor el servicio fraternal de todos". Y es tal la condición humana y tal el orden de la Providencia- sin que hasta ahora haya sido posible hallarle sustitutivo- que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas (pf) de la guerra, ha fundado las Ordenes Militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe.

No es este nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó, y no creemos necesario vindicarla de la nota de beligerante con que en periódicos extranjeros se ha censurado a la Iglesia en España. Cierto que miles de hijos, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristiana que secularmente habían informado la vida de la nación; pero quien la acuse de haber provocado esta guerra, o de haber conspirado para ella, y aun de no haber hecho cuanto en su mano estuvo para evitarla, desconoce o falsea la realidad.

Esta es la posición del Episcopado español, de la Iglesia española, frente al hecho de la guerra actual. Se la vejó y persiguió antes de que estallara; ha sudo víctima principal de la furia de una de las partes contendientes; y no ha cesado de trabajar, con su plegaria, con sus exhortaciones, con su influencia, para aminorar sus daños y abreviar los días de prueba.

Y si hoy, colectivamente, formulamos nuestro veredicto en la cuestión complejísima de la guerra de España, es, primero, porque, aun cuando la guerra fuese de carácter político o social, ha sido tan grave su represión de orden religioso, y ha aparecido tan claro, desde sus comienzos, que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España, que nosotros, Obispos católicos no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de Nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir el tremendo apelativo de "canes muti", con que el Profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia; y luego, porque la posición de la Iglesia española ante la lucha, es decir, del Episcopado español, ha sido torcidamente interpretada en el extranjero: mientras un político muy destacado, en una revista católica extranjera la achaca poco menos que a la ofuscación mental de los Arzobispos españoles, a los que califica de ancianos que deben al régimen monárquico y que han arrastrado por razones de disciplina y obediencia a los demás Obispos en un sentido favorable al movimiento nacional, otros nos acusan de temerarios al exponer a las contingencias de un régimen absorbente y tiránico el orden espiritual de la Iglesia, cuya libertad tenemos obligación de defender.

No; esta libertad la reclamamos ante todo, para el ejercicio de nuestro ministerio; de ella arrancan todas las libertades que vindicamos para la Iglesia. Y, en virtud de ella, no nos hemos atado con nadie- personas, poderes o instituciones - aun cuando agradezcamos al amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos, y estemos dispuestos a colaborar, como Obispos y españoles, con quienes se esfuercen en reinstaurar en España un régimen de paz y justicia. Ningún poder político podrá decir que nos hayamos apartado de esta línea, en ningún tiempo.

El quinquenio que precedió a la guerra

Afirmamos, ante todo, que esta guerra la ha acarreado la temeridad, los errores, tal vez la malicia o la cobardía de quien hubiesen podido evitarla gobernando la nación según justicia.

Dejando otras causas de menor eficiencia, fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, lo que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada, en el orden legal, en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. El pueblo español que, en su mayor parte, mantenía viva la fe de sus mayores, recibió con paciencia invicta los reiterados agravios hechos a su conciencia por leyes inicuas; pero la temeridad de sus gobernantes había puesto en el alma nacional, junto con el agravio, un factor de repudio y de protesta contra un poder social que había faltado a la justicia más fundamental, que es la que se debe a Dios y a la conciencia de los ciudadanos.

Junto con ello, la autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe sus poderes. Los incendios de los templos en Madrid y provincias, en Mayo de 1931, las revueltas de Octubre de 1934, especialmente en Cataluña y Asturias, donde reinó la anarquía durante dos semanas; el período turbulento que corre en Febrero a Julio de 1936, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones.

Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por arbitrariedades de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular, constituyendo una máquina política en pugna con la mayoría de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones parlamentarias, Febrero de 1936, de que, con más de medio millón de votos de exceso sobre las izquierdas, obtuvieron las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras, viciándose así en su origen la legitimidad del Parlamento.

Y a medida que se descomponía nuestro pueblo por la relajación de los vínculos sociales y se desangraba nuestra economía y se alteraba sin tino el ritmo del trabajo y se debilitaba maliciosamente la fuerza de las instituciones de defensa social, otro pueblo poderoso, Rusia, empalmando con los comunistas de acá, por medio del teatro y el cine, con ritos y costumbres exóticas, por la fascinación intelectual y el soborno material, preparaba el espíritu popular para el estallido de la revolución, que se señalaba casi a plazo fijo.

El 27 de Febrero de 1936, a raíz del triunfo del Frente Popular, el KOMINTERN ruso decretaba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades. El 1º de Mayo siguiente centenares de jóvenes postulaban públicamente en Madrid "para bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la próxima revolución". El 16 del mismo mes se reunían en la Casa del Pueblo de Valencia representantes de la URSS con delegados españoles de la III Internacional, resolviendo, en el noveno de sus acuerdos: "Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, integrado por agentes de policía en activo, la eliminación de personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución". Entre tanto, desde Madrid a las aldeas más remotas aprendían las milicias revolucionarias la instrucción militar y se las armaba copiosamente, hasta el punto de que, al estallar la guerra, contaba con 150.000 soldados de asalto y 100.000 de resistencia.

Os parecerá, Venerables Hermanos, impropia de un Documento episcopal la enumeración de estos hechos. Hemos querido sustituirlos a las razones de derecho político que pudiesen justificar un movimiento nacional de resistencia. Sin Dios, que debe estar en el fundamento y a la cima de la vida social; sin autoridad, a la que nada puede sustituir en sus funciones de creadora del orden y mantenedora del derecho ciudadano; con la fuerza material al servicio de los sin Dios ni conciencia, manejados por agentes poderosos de orden internacional, España debía deslizarse hacia la anarquía, que es lo contrario del bien común y de la justicia y orden social. Aquí han venido a parar las regiones españolas en que la revolución marxista ha seguido su curso inicial.

Estos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza y falle cada cual en justo juicio. Nadie podrá negar que, al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común, - la religión, la justicia, la paz -, estaba gravemente comprometida; y que el conjunto de las autoridades sociales y de los hombres prudentes que constituyen el pueblo en su organización natural y en sus mejores elementos reconocían el público peligro. Cuanto a la tercera condición que requiere el Angélico, de la convicción de los hombres prudentes sobre la probabilidad de éxito, la dejemos al juicio de la historia: los hechos, hasta ahora, no le son contrarios.

Respondemos a un reparo, que una Revista extranjera concreta al hecho de los sacerdotes asesinados y que podría extenderse a todos los que constituyen este inmenso trastorno social que ha sufrido España. Se refiere a la posibilidad de que, de no haberse producido el alzamiento, no se hubiese alterado la paz pública: "A pesar de los desmanes de los rojos- leemos- queda en pie la verdad que si Franco no se hubiese alzado, los centenares o millares de sacerdotes que han sido asesinados hubiesen conservado la vida y hubiesen continuado haciendo en las almas la obra de Dios". No podemos suscribir esta afirmación, testigo como somos da la situación de España al estallar el conflicto. La verdad es lo contrario; porque es cosa documentalmente probada que en el minucioso proyecto de la revolución marxista que se gestaba y que habría estallado en todo el país, si en gran parte de él no lo hubiese impedido el movimiento cívico-militar, estaba ordenado el exterminio del clero católico, como el de los derechistas calificados, como la sovietización de las industrias y la implantación del comunismo. Era por Enero último cuando un dirigente anarquista decía al mundo por radio: "Hay que decir las cosas tal y como son, y la verdad no es otra que la de que los militares se nos adelantaron para evitar que llegáramos a desencadenar la revolución".

Quede, pues, asentado, como primera afirmación de este Escrito, que un quinquenio de continuos atropellos de los súbditos españoles en el orden religioso y social puso en gravísimo peligro la existencia misma del bien público y produjo enorme tensión en el espíritu del pueblo español; que estaba en la conciencia nacional que, agotados ya los medios legales, no había más recursos que el de la fuerza para sostener el orden y la paz; que poderes extraños a la autoridad tenida por legítima decidieron subvertir el orden constituido e implantar violentamente el comunismo; y, por fin, que por lógica fatal de los hechos no le quedaba a España mas que esta alternativa: o sucumbir en la embestida definitiva del comunismo destructor, ya planeada y decretada, como ha ocurrido en la regiones donde no triunfó el movimiento nacional, o intentar, es esfuerzo titánico de resistencia, librarse del terrible enemigo y salvar los principio fundamentales de su vida social y de sus características nacionales.

El alzamiento militar y la revolución comunista

El 18 de Julio del año pasado se realizó el alzamiento militar y estalló la guerra que aún dura. Pero nótese, primero, que la sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin colaboración con el pueblo sano que se incorporó en grandes masas al movimiento que, por ello, debe calificarse de cívico militar; y segundo, que este movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse, si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra. Coincidentes en el mismo momento inicial del choque, marcan desde el principio la división profunda de las dos Españas que se batirán en los campos de batalla.

Aún hay más: el movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaron intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse por los recursos legales a la revolución marxista inminente. La tentativa fue ineficaz y estalló el conflicto, chocando las fuerzas cívico-militares, desde el primer instante, no tanto con las fuerzas gubernamentales que intentaran reducirlo como con la furia desencadenada de unas milicias populares que, al amparo, por lo menos, de la pasividad gubernamental, encuadrándose en los mandos oficiales del ejército (pf) y utilizando, a más del que ilegítimamente poseían, el armamento de los parques del Estado, se arrojaron como avalancha destructora contra todo lo que constituye un sostén en la sociedad.

Esta es la característica se la reacción obrada en el campo gubernamental contra el alzamiento cívico militar. Es, ciertamente, un contraataque por parte de las fuerzas fieles al Gobierno; pero es, ante todo, una lucha en comandita con las fuerzas anárquicas que se sumaron a ellas y que con ellas pelearán juntas hasta el fin de la guerra. Rusia, lo sabe el mundo, se internó en el ejercito gubernamental tomando parte en sus mandos, y fue a fondo, aunque conservándose la apariencia del Gobierno del Frente Popular, a la implantación del régimen comunista por la subversión del orden social establecido. Al juzgar de la legitimidad del movimiento nacional, no podrá prescindirse de la intervención, por la parte contraria, de estas "milicias anárquica incontrolables" - es palabra de un ministro del Gobierno de Madrid - cuyo poder hubiese prevalecido sobre la nación.

Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada- lo era de la nación española- la revolución comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de 1931 con la destrucción de cuanto era cosa de Dios. Salvamos toda intervención personal de quienes no han militado conscientemente bajo este signo; sólo trazamos la trayectoria general de los hechos.

Por esto se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso, correspondiente a la acción nihilista y destructora de los sin Dios. Y España quedó dividida en dos grandes bandos militantes; cada uno de ellos fue como el aglutinante de cada una de las dos tendencias profundamente populares; y a su rededor, y colaborando con ellos, polarizaron, en forma de milicias voluntarias y de asistencias y servicios de retaguardia, las fuerzas opuestas que tenían dividida la nación.

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de Febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la contienda cívico militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos.

Las ulteriores complicaciones de la guerra no han variado más que accidentalmente su carácter: el internacionalismo comunista ha corrido al territorio español en ayuda del ejército y pueblo marxista; como, por la natural exigencia de la defensa y por consideraciones de carácter internacional, han venido en ayuda de la España tradicional armas y hombres de otros países extranjeros. Pero los núcleos nacionales siguen igual aunque la contienda, siendo profundamente popular, haya llegado a revestir caracteres de lucha internacional.