Chapter 1

Aunque por mis cartas de 15 de septiembre y 30 de octubre de 1861, dirigidas a mi hijo Juan, se pudiera entender cuál debe ser nuestra conducta política en las actuales circunstancias, sin embargo, algunos desean mayores explicaciones para tener un norte seguro en los acontecimientos que pudieran de un día a otro presentarse. Con este fin se me hacen especialmente tres preguntas: 1.ª ¿Quién es nuestro Rey? 2.ª ¿Qué pienso yo del liberalismo moderno español? 3.ª ¿Cuál será nuestra divisa para lo futuro? Aunque estas tres preguntas encierran un sinnúmero de cosas, trataré de responder a ellas con la mayor brevedad posible.

Y en cuanto a la primera pregunta, además de lo dicho en mis precitadas cartas, debo añadir que, supuesto que mi hijo Juan no ha vuelto, como yo se lo pedía, a los principios monárquico-religiosos, y persistiendo en sus ideas, incompatibles con nuestra religión, con la Monarquía y con el orden de la sociedad, ni el honor, ni la conciencia, ni el patriotismo permiten a ninguno reconocerle por Rey. Pues, desde luego, él proclamó la tolerancia y libertad de cultos, la cual destruye la más fundamental de nuestras leyes, la base solidísima de la Monarquía española, como de toda verdadera civilización, que es la unidad de nuestra fe católica.

Los Reyes, nuestros antepasados, juraron siempre observar, y observaron, esta ley, desde Recaredo, sin interrupción alguna, hasta nuestros días; y Juan no sólo no jura observarla, sino que más bien jura destruirla, no teniendo en cuenta sus catorce siglos de existencia ni los inmensos sacrificios que costó a nuestros padres, que pelearon siete siglos contra los agarenos para restablecerla, ni que esa misma unidad de fe católica es nuestro mayor timbre de gloria, y, que aun políticamente hablando, es el medio más eficaz para que haya unidad y unión en toda la Monarquía. No por otro motivo, sino por éste solo, nos envidian otras naciones, y por eso la combaten, porque prevén que esa unidad y unión, que da a todos los españoles su fe católica, será el primer elemento de nueva y rejuvenecida grandeza para la España. El odio que profesan a esa unidad de fe los incrédulos y sectarios de todos los países es un motivo más para que todos los buenos españoles reconozcan su importancia suma y la aprecien en sumo grado. Sin embargo, Juan, por desgracia, parece tener más bien la opinión y la torcida intención de los sectarios incrédulos que los sentimientos de todos los españoles. Y ni aun siquiera repara que dar libertad de cultos sería como hacer leyes para extranjeros (lo cual no le toca a él), y no para españoles, profesando todos la religión católica. En fin, olvida que la tolerancia y libertad de cultos en Inglaterra y Alemania fue causa de guerras de religión que duraron un siglo, guerras de que nosotros estuvimos libres. ¿Se quiere acaso que las tengamos? Proclamando, pues, tal libertad y tales intenciones, Juan no sólo no jura observar la ley más fundamental de España, sino que se propone destruirla. Ahora bien, para ser Rey debe jurar todo lo contrario, y no haciéndolo, no puede serlo. “He todo omme que debe ser Rey, antes que reciba el regno, debe hacer sacramento que guarde esta ley, y que la cumpla” (“Fuero juzgo”, título I.)

Nuestros Reyes de Aragón no tomaban nombre de Rey hasta después de haber jurado en Cortes la observancia de las leyes del Reino. Carlos II, disponiendo en su testamento que Felipe V fuese reconocido por Rey legítimo, añadía: “Y se le dé luego y sin dilación la posesión actual, precediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis reinos y señoríos”. No pedimos que nuestro Rey jure la observancia de todas las leyes antiguas, pero a lo menos debe jurar la observancia de las leyes fundamentales de la Monarquía. Pero Juan no sólo pretende destruir la unidad de la fe católica, sino también la monarquía misma y la legitimidad, las cuales son incompatibles con la soberanía nacional que él proclama, y de la cual, como él dice, “lo espera todo, teniendo en nada sus derechos legítimos si no los ve sancionados por la soberanía nacional” (Manif. 29 de septiembre de 1860.) Pretende, pues ser monarca, y admite un monarca mayor, de quien lo espera todo; proclama sus derechos y dice que son nulos mientras no los sancione la soberanía nacional. Por todo lo cual no sólo renuncia de hecho y de derecho a su propia soberanía y legitimidad, sino que pone en cuestión la existencia de la Monarquía y borra todo derecho de legitimidad no sólo para sí, sino también para sus descendientes; porque el pueblo soberano, llamado a decidir, tendría derecho, si tal le pluguiese, de establecer una república o de llamar a ocupar el trono a otra familia nacional o extranjera. La consecuencia de esto es que Juan abdicó de hecho y de derecho, y que ésta su abdicación formal nos basta para reconocer por Rey a su sucesor legítimo, que es su hijo mayor, Carlos VII.

Añadamos que Juan no sólo no jura observar las leyes fundamentales, que son la unidad de fe, la Monarquía y la legitimidad, sino que jura destruir toda ley, pues que al derecho divino le llama “ilusión”; ahora bien, con esto y la soberanía nacional, de la cual “lo espera todo”, hay bastante para concluir que lo que Juan pretende es excluir a Dios de la sociedad, de las leyes, de las instituciones, y sobre todo constituir una autoridad que no dependa en nada de Dios, que no cuente con Dios para nada, sustituyendo, según los principios de los revolucionarios, a la voluntad de Dios la voluntad del pueblo soberano, a las leyes emanadas de Dios o fundadas en las leyes divinas, otras leyes puramente humanas; a la sanción de Dios, la sanción del pueblo. Y de este modo formar un Estado ateo, con autoridades ateas, con leyes e instituciones ateas. A una autoridad independiente de Dios no le queda más prestigio que el de la fuerza bruta, o el absurdo sistema de las mayorías, que también se reduce a la mayor fuerza bruta. Las leyes puramente humanas se consideran como no existentes mientras se las pueda eludir, y se eludirán mil veces, no obstante un ejército de guardias civiles, de agentes de policía y un sinnúmero de carceleros y de cárceles y de casas de corrección. No habrá ni deber ni obligación propiamente dicha; porque prescindiendo de Dios y de su ley, ningún hombre puede imponer deber ni obligación a otro hombre, ni aun una mayoría a una minoría; todo lo cual es la subversión de toda autoridad, de toda ley, de toda sociedad. Ahora bien, Juan, con sus principios, quiere esto, y nada más que esto, y no sólo no jura observar nuestras leyes fundamentales, sino que pretende aniquilar la base misma de toda autoridad y de toda ley; por consiguiente, ningún español puede considerarle como Rey, y en su lugar debe proclamar a su hijo primogénito, Carlos VII.

Y en verdad Juan ha debido reconocer todo esto, pues que no queriendo retractar los principios que había proclamado, y viéndose abandonado de todo el partido monárquico-religioso, ha creído conveniente dar un paso decisivo reconociendo al Gobierno de Madrid y haciendo su sumisión a su prima Isabel. Así es que, después de una exposición hecha a mi sobrina Isabel, en la que Juan dice que todos sus pasos anteriores no tuvieron otro objeto “que arrancar su bandera al intolerable partido monárquico-religioso y que sus pasos presentes no tienen otro fin que consolidar el Trono constitucional”; luego añade que por este motivo “renuncia por sí, y también por sus hijos, a sus derechos, y que jura fidelidad y obediencia a la Constitución”. Enseguida viene el acta pura y simple de renuncia con estas palabras: “Señora, la magnanimidad de V. M. me decide a haceros mi sumisión y a reconoceros por mi Reina, respetando las instituciones nacionales. Suplico de V. M. se digne aceptar con benevolencia mi sumisión y créame su humilde súbdito y primo.—Juan de Borbón.—Londres, 8 de enero de 1863”.

A este acto habían precedido correspondencias con el embajador del Gobierno de Madrid en Londres. Le había escrito por medio de su secretario, Lazeu, en 31 de agosto de 1862, preguntándole cuándo podría presentarse en la Embajada para prestar su juramento a Isabel. Y no habiendo conseguido pronta respuesta, el mismo Juan le volvió a escribir con fecha 20 de septiembre.

Hecha ya su sumisión a Isabel, y deseando confirmarla personalmente, hizo de incógnito un viaje a Madrid, y hospedándose en casa de su prima la Duquesa de Sesa, hermana del marido de Isabel, tuvo ocasión de verse con ésta y besarle la mano. De vuelta a Londres, su secretario, Lazeu, creyó concluida su misión y dio o fingió dar su dimisión diciendo: “Después de la sumisión de V. A. a S. M. la reina (q. D. g.) mi permanencia al servicio de V. A. sería un recuerdo de aquella época que conviene olvidar, etc.”. Pero Juan, no contento con esto, con fecha 7 de mayo de 1863 hizo nueva solicitud, en la cual pedía solamente “que se le levantase la pena de destierro porque deseaba, ante todo, restituirse a su patria como simple ciudadano español y porque deseaba por ese medio recuperar sus hijos”.

A esto respondió el Marqués de Miraflores, entonces presidente de ministros, que Juan estaba fuera del derecho común y que no había lugar a deliberar sobre dicha solicitud. Juan replicó ante tal respuesta con una larga carta, remitiéndole al mismo tiempo copias de las exposiciones que había hecho y en las cuales dice “se ratifica”.

Dejando, pues, a Juan entenderse con el Gobierno de Madrid sobre su vuelta a España y demás cosas consiguientes a su sumisión, nosotros, monárquicos, protestamos solemnemente contra la renuncia que Juan dice hacer también por sus hijos, pues no puede renunciar sino a sus derechos propios y personales. Los hijos de Juan no tienen los derechos de Juan, sino más bien de la ley que marca el orden de sucesión, ley que Juan no tiene facultad de abrogar. Por lo demás, la renuncia de Juan y su sumisión a Isabel eran una consecuencia legítima y necesaria de haber renegado de los principios monárquicos, que eran solos según los cuáles Juan podía alegar derechos legítimos al trono.

De todo lo cual se infiere legítimamente que habiendo Juan renunciado a sus derechos no sólo por los principios anticatólicos y antimonárquicos que proclamó, sino también por su reconocimiento del actual Gobierno y por su sumisión a Isabel, nuestro Rey legítimo es su hijo primogénito, Carlos VII. Y con esto me parece haber satisfecho plenamente a la pregunta de los que aún no sabían a qué atenerse sobre este punto esencial. Vengamos ahora a la segunda pregunta: ¿Que pienso yo con respecto al liberalismo moderno?

2.ª En cuanto a esto, digo primeramente que es un hecho positivo, evidente, que el liberalismo moderno en gran parte se nos impuso por tres potencias, aliadas con el Gobierno usurpador de Madrid contra mi amado y difunto esposo, Carlos V. Es también un hecho positivo, evidente, que mi esposo Carlos tenía en su favor la inmensa mayoría de la nación, pues sin esto le hubiera sido imposible sostener una lucha tan heroica durante siete años; lucha en la cual, no obstante la cuádruple alianza, hubiera triunfado indudablemente sin la alevosa traición de Maroto; y esa misma inmensa mayoría de la España que sostenía a Carlos V durante la guerra civil se mantiene firme en sus principios, siendo muy pocos los que, concluida la guerra hayan abrazado las ideas liberales; y al contrario, siendo ya muchísimos los que entonces liberales, ahora están enteramente desengañados y en el fondo de sus corazones piensan como nosotros.

De donde se sigue que los liberales en España son una pequeñísima minoría; pero minoría armada que subyuga al reino por el derecho de la fuerza.

No es menos positivo que el liberalismo español se mostró enemigo de la religión católica, ya despojándola enteramente de sus bienes, ya persiguiéndola desde el principio hasta el día de hoy en sus ministros, en sus instituciones, en su doctrina, y esparciendo por medio de sus secuaces toda especie de calumnias, toda suerte de libros contrarios a la fe y a la moral, propagando por medio de la enseñanza doctrinas falsas y sirviéndose, en fin, de mil medios para borrar, si le fuese posible, la fe católica del corazón de los españoles. Pedirme pruebas de esto sería como querer demostrar que el sol resplandece al mediodía.

Nadie puede negar tampoco que el liberalismo desciende en línea recta de los réprobos principios de Lutero; que trae su origen inmediato de los malhadados principios de la revolución francesa, que causó en la Francia misma y en toda la Europa los mayores desastres que vieron los siglos. Por lo cual se entiende que es imposible que el liberalismo, que es puro protestantismo aplicado a la política, pueda dar en ésta mejores frutos que no ha dado éste en Religión. En efecto, el liberalismo español ha destruido mucho, pero aún no ha edificado nada; ha hecho y deshecho, ha formado y reformado ya seis o siete constituciones, y aún no se sabe cuál rige o si rige propiamente alguna. Ha hecho y deshecho leyes sin número en todos los ramos de la administración, y si algo hay que se observe son los restos de las leyes antiguas.

Ha prometido libertad de imprenta, y jamás la hubo; ha prometido libertades civiles, y existe de hecho una centralización que es el mayor de los despotismos; ha hecho mil promesas de felicidad a los pueblos, y en pocos años cuadruplicó sus contribuciones, sacó millares de millones de la venta de los bienes de la Iglesia y de la desamortización general con el pretexto de pagar deudas del Estado, y éstas se aumentaron de una manera escandalosa. Además, uno de los bienes supremos de la nación es la unión, y el liberalismo la dividió en cien bandos que, con el ojo puesto en el presupuesto, se disputan el poder. Esta división y egoísmo hubieran traído ya nuestra ruina, nuestra esclavitud y dependencia, si Dios, por su infinita misericordia, y los monárquicos, por su fidelidad y constancia, no hubieran conservado la gran mayoría de la nación unida con los principios de la fe católica y de la Monarquía. Esto, no obstante, el liberalismo español ha estado y está aún supeditado en gran parte a la voluntad de dos naciones extranjeras, como lo han probado hasta la evidencia los acontecimientos de la guerra de África y de la expedición mejicana. Niegue el liberalismo todos estos y otros hechos positivos y palpables que sería largo referir, y si no puede negarlos, confiese que debe ser malo por esencia un árbol que produce tan malos frutos. Por consiguiente, el liberalismo está juzgado y condenado por sus obras. Por lo cual es moralmente imposible que haya español alguno de criterio y de buena fe que pueda absolverlo.

Por esta razón, en efecto, muchos antes liberales, ahora, observando los hechos y la vanidad de las grandes promesas del liberalismo, lo han abandonado ya y defienden francamente y con denuedo nuestros principios. Por último, es un hecho positivo e innegable que el liberalismo, en España, no se ha sostenido ni se sostiene sino por la fuerza. La fuerza material, digámoslo así, le dio el ser, y la fuerza material se lo conserva. El carácter marcado, de toda ésta época liberal, después de concluida la guerra civil, ha sido la dictadura bajo este o el otro general; dictadura que no ha concluido aún ni puede concluir porque el liberalismo, en el último resultado, es la anarquía o la dictadura. Es verdad que esta dictadura continua impidió la completa ruina; pero eso mismo condena al liberalismo, pues ni la anarquía ni la dictadura son el estado normal de la sociedad.

¿Y que diría si hubiese de juzgar del liberalismo no sólo por sus obras, sino también por sus principios? La soberanía nacional, digan lo que quieran ciertos liberales llamados conservadores, es uno de los principios fundamentales de todo el sistema constitucional moderado, y en sentido del liberalismo, de esa soberanía nacional emanan todos los poderes, todos los derechos, todas las leyes. Con esto se sustituye en todo la voluntad puramente humana a la voluntad divina y se niega todo poder, toda ley, todo derecho de origen divino. Ahora bien; esto no es solamente contrario a la razón, sino también absolutamente anticatólico.

Por eso la soberanía nacional, entendida en el sentido del liberalismo, ha sido expresamente condenada por el Sumo Pontífice y los Obispos católicos el día 8 de junio de 1862 por estas palabras: “Y llevan a tal punto la temeridad de sus opiniones que no temen negar atrevidamente toda verdad, toda ley, todo poder, todo derecho de origen divino.” Y siendo este error uno de los principios fundamentales del liberalismo, es claro que todas las consecuencias que de él deduzcan los liberales están implícitamente condenadas, pues en buena lógica de un principio falso no se pueden sacar sino consecuencias falsas. Así negando el principio divino de toda verdad, de toda ley, de todo derecho, de todo poder, los liberales infieren “que los preceptos morales no necesitan la sanción divina; que no es necesario que las leyes humanas sean conformes al derecho natural, ni que reciban de Dios su fuerza obligatoria; afirman que no existe ley alguna divina y niegan con osadía toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo”. Por medio de estos errores, también condenados, el liberalismo moderno tiende a constituir y ha constituido ya en varias partes un Estado ateo, excluyendo a Dios y a su Iglesia de las leyes civiles, de las instituciones, de las asambleas y cuerpos morales de la enseñanza, y, en cuanto puede, hasta del hogar doméstico, relegando a Dios allá a las alturas y a la Iglesia al reino de los espíritus.

Por eso el Sumo Pontífice y los Obispos del orbe católico, añaden: “No se avergüenzan de afirmar que la ciencia de la filosofía y de la moral, así como las leyes civiles, pueden y deben apartarse de la divina revelación y sustraerse a la autoridad de la Iglesia.”

Es otro dogma fundamental liberalesco que la razón humana es autónoma y, por consiguiente, que es libre e independiente; que ella es árbitro supremo de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo. Que ella basta por sí sola para procurar el bien de las naciones; y por eso los liberales de todo el mundo exaltan tanto la razón, su libertad e independencia, sus fuerzas y sus progresos. Mas el Sumo Pontífice, con todos los Obispos católicos, condenan también estos errores diciendo: “Sientan temerariamente que la razón humana, sin ningún respeto a Dios, es árbitra de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo, que ella es ley a sí misma (autónoma) y que bastan sus fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de las naciones”. Añádase que el liberalismo moderno, tomando por principios fundamentales la soberanía nacional y la autonomía de la razón, anula de hecho toda autoridad legítima; pues no puede haber autoridad en donde todos son soberanos, ni autoridad legítima determinada y una en donde todos son autónomos. Y el sistema de mayorías inventado para suplir a esta falta esencial de autoridad y de legitimidad no es más que una triste comedia, o más bien tragedia funesta, pues por una parte ha estado y está siempre falseando en su base, que son las elecciones, en las cuales campean libremente las intrigas, las promesas, los compromisos, las amenazas, las violencias, y sobre todo, la influencia del Ministerio entonces reinante; y por otra parte, el sistema de mayorías se resuelve en el derecho de la fuerza. Ahora bien; el Sumo Pontífice, con los Obispos condenan esa especie de autoridad y esta suerte de mayorías en estos términos: “De la autoridad y del derecho discurren tan tonta y temerariamente que dicen con desvergüenza que la autoridad no es más que la suma del número y de las fuerzas materiales… y hollando todos los derechos legítimos, toda obligación y deber, toda legítima autoridad, no dudan en sustituir al verdadero y legítimo derecho los falsos y fingidos derechos de la fuerza”. Además ha sido y es constante sistema del liberalismo sustituir al derecho legítimo los hechos consumados, pretendiendo con este principio absurdo y subversivo justificar todos los atentados cometidos en toda la Europa, ya contra los tronos y contra los Reyes legítimos, ya contra la propiedad y los bienes de la Iglesia; como si por este principio réprobo no se pudiesen igualmente justificar todos los crímenes del mundo. Con razón pues, el Sumo Pontífice y los Obispos católicos condenan ese funestísimo principio liberal, reprobando esta proposición: “Que el derecho consiste en el hecho material”; y esta obra: “Que todos los hechos humanos tengan fuerza de derecho”.

Pero como el liberalismo, no obstante sus alardes de libertad, en llegando al poder viene siempre a parar en el mayor de los despotismos, arrogando al Estado, es decir, a sí mismo, un derecho ilimitado sobre la legítima propiedad de la Iglesia católica y sobre otros bienes llamados nacionales, también el Sumo Pontífice y los Obispos le salen al encuentro condenando semejante error en estos términos: “Además se esfuerzan en invadir y destruir los derechos de toda legítima propiedad, fingiendo e imaginando en su ánimo y en sus pensamientos un cierto derecho absolutamente ilimitado, del cual juzgan goza el Estado”. Al mismo tiempo El Sumo Pontífice condena el absurdo de “Que el Estado sea la fuente y origen de todos los derechos”, cuando en realidad el Estado no crea propiamente derechos, sino que su fin es más bien el de proteger los derechos que o por naturaleza o por derecho divino preexisten. Antes que existiese Estado alguno en el mundo, ya Dios reprobaba y condenaba la avaricia, la envidia y el fratricidio de Caín, e imponía a éste severísima pena por los derechos lesos en la persona de Abel. Y no hubo ni habrá Estado en el mundo capaz de substituir a los derechos de Abel los vicios y el crimen de Caín.