Chapter 3

Hablando como políticos y en consideración de una política activa, estamos en el caso de discurrir dentro de ciertos límites, porque no ha de provocarse innecesariamente el estupor y el desconcierto del pueblo proponiéndole cuestiones previas, desde las verdades adoptados con deliberación y consejo, no nos impiden saber que las causas de la decadencia, y últimamente, de la ruina del liberalismo en España, no podrán buscarse con buen éxito en el simple juego, más o menos afortunado, más o menos equilibrado, de las fuerzas estructuradas en la Constitución. Todo un estado social se ha producido en España, desde 1875, que en su movimiento de reacción contra las ideas predominantes en 1869, y 1873, ha ido mucho más atrás del punto de arranque de la Revolución. Ese estado social se ha precipitado aceleradamente en cuanto el poder público lo ha favorecido con descaro. Si aludimos a él, sin que nos cumpla describirlo en este lugar, es porque nuestra política deberá combatirlo en su raíz y en su flor, en sus hombres y en sus obras. Todavía no se ha ensayado en España una política liberal que no pretenda desarmar a sus enemigos a fuerza de concesiones, sino a «fuerza de fuerza». No hay proselitismo como el del Gobierno. Y si el liberalismo se salva por la fe y las obras, es probable que muchos tibios se enciendan y se conviertan muchos infieles. El liberalismo debe macerarse y depurarse en la lucha, de llegar al mando sin perder ni una tilde de su intransigencia, para explotar su victoria, así como la dinastía explotó infinitamente la suya, después de Sagunto. Aquel estado social, en cuanto trasciende al punto político, se descubre en este hecho: la burguesía, o la fracción de la burguesía que militaba en el dinastismo, había dejado de ser liberal y no osaba, porque no le convenía, decirlo. Así es que, gobernando a título de liberal, su política había de ser la suplantación y la trampa. Se dejaban acaudillar por hombres mediocres, o pronunciadamente imbéciles, de los que «no suscitaban recelos», como dicen los perros viejos del Congreso (aunque no se sabe de quién puede recelarse más que de un imbécil); calificados por sus traiciones, puede creerse que se mantenían en sus puestos para impedir que otros más decentes, mejor inspirados y más cabales hombres no los ocupasen. La degeneración del liberalismo burgués se ha engendrado en dos órdenes de causas; la corrupción, que no es la compra directa de una persona cotizable, sino un vasto sistema en acción perpetua para desvalorizar los caracteres, desacreditar la abnegación, el sacrificio, la sencillez y la modestia, y premiar la bajeza, la simulación, el rendimiento. La corrupción no funcionaba ni funciona a través de los órganos del Estado, sino principalmente merced al feudalismo económico en que el Estado se apoya. El sistema de monopolios concedidos a empresas particulares, sea descaradamente, sea con favores tributarios, arancelarios u otros, es el arma terrible que sojuzga a la democracia. El feudalismo económico lo acapara todo, empezando, claro es, por el medio de acción más poderoso: la publicidad. Éstas son las causas de estirpe moral. Acaso de mayor importancia sean las de orden intelectual. Cincuenta años de propaganda han acreditado en la mente de una clase ciertas ideas raquíticas, de que hemos visto los resultados en el Gobierno. La flor de la sociedad española pasa bajo la férula de escolapios, jesuitas y frailes ¿Cuántos renacerán al liberalismo? Sello jesuítico: encubrir con el nombre de distinción, de buen gusto, de tolerancia moderna, la sumisión clerical y el arribismo sin escrúpulos. Pero no viene todo el mal de la disciplina católica. Otras propagandas verdaderamente nobles, bien intencionadas y populares, hicieron más daño que provecho a la causa de la libertad en España, porque perdieron de vista el conflicto radical que hay en la decisión primera donde se orienta una política. La campaña por la regeneración y restauración del país, subsiguiente a las guerras coloniales, rehabilitó, ensanchándolos a proporciones grandiosas, tópicos como el de «menos política y más administración»; arremetió contra los que malgastaron sus energías en luchas por la libertad; pidió que se suprimieran las Cortes, que se redujeran los gastos; planteó una revolución conservadora mediante las Cámaras de Comercio, y anticipó las virtudes del «cirujano de hierro». De uno o de otro origen, circulaban entre la clase gobernante principios como éstos: que ya las «conquistas liberales» estaban aseguradas; que en nuestra época lo importante son los problemas económicos y técnicos, que en ningún país del mundo se discute el clericalismo; que las garantías constitucionales no dan ni quitan nada. Cada vez que se hacía un ensayo de suprimir la Constitución, ensayo de esta gran función despótica que presenciamos, no se hartaba uno de oír que «da supresión de las garantías no debe preocupar a las gentes de bien; sólo les importa a los malhechores». Los más honestos, o sea, los más brutos de los que así parlaban, quizá no hayan visto todavía como, suprimida la Constitución, son malhechores los enemigos del Gobierno.

Atacado el liberalismo en su raíz, la democracia española vino a quedarse sin jefes. Unos murieron; otros, cansados, desencantados, claudicaron; otros, sin crédito, la estorbaban. Esto es decisivo. A medida que se ensancha un régimen político, cuanto más gentes lo constituyen, la importancia de la acción personal de los jefes aumenta. A primera vista parece que entrando millones de ciudadanos a participar más o menos directamente en el Gobierno, ninguno puede pesar demasiado en el destino común. Ocurre lo contrario. Es paradoja, pero es verdad, que en la democracia la designación de las personas decide más que en un régimen restringido o en un despotismo, aunque sea ilustrado. La democracia es, entre otras cosas, un método para señalar a los más capaces. Está obligada, por definición, a elegir bien; pero si elige mal o no tiene entre qué elegir, se destruye. En el régimen absolutista, cierto mecanismo legal, la tradición recibida, normas rígidas, inmutables, reducen a poco el rechazo del cambio de personas en la permanencia sustancial del sistema. Lo de: «A rey muerto, rey puesto», no quiere decir otra cosa. Tanto da Luis XIV como Luis XV, Felipe V como Fernando VI. Descendiendo en la busca de los ejemplos, el general Primo de Rivera puede cambiarse por cualquier general español, y la variación no alcanzaría más que al estilo de las notas oficinas (como no fuésemos a dar en Martinez Anido, pero Martinez Anido es un monstruo). La armazón tradicionalista y militarista suple por todo en cada caso. Tan poca importancia tienen las personas en que culmina el régimen, que la monarquía subsiste con un rey imbécil o hechizado. Eso lo aducen como una ventaja del monarquismo, mas no se advierte en qué manera puede redundar en provecho de un sistema su capacidad para coexistir con la idiotez. No sucede así en la democracia. Es incompatible con el desmayo y la incuria. Sólo existe mientras actúa, y sólo puede existir si logra una relativa perfección. Encierra un potencial difuso, que es preciso condensar y desencadenar. Tal es la misión de los caudillos que la misma democracia se da, suscitándolos por los medios normales de acción en que consiste su vida: la prensa, los partidos, la discusión libre, los comicios. El jefe de una democracia sirve al sentimiento común, discierne sus aspiraciones confusas, la provee de ideales, y es guía en el combate. Si es apático o poltrón, la democracia que se fía de él, como si no existiera. El valor de un jefe ha de ser contrastado día por día, su civismo, su actividad, su servidumbre voluntarias. La democracia es inconciliable con el patriarcalismo, con el nepotismo y con cualquier acepción doméstica de las jerarquías; también con el concepto cesáreo de la autoridad.

Militante, nuestra democracia deberá ser docente además. Rehacer en las cabezas españolas una ideología política demostrable; enseñarles a organizar la experiencia, la suya propia y la de los antepasados, conferirles el hábito de tocar las preocupaciones de un día con la disolvente verdad; que disciernan entre los intereses subalternos y los valores morales más altos, y los gradúen, para que el hecho de comer un pan bien pesado no se admita por disculpa de haber puesto en cadenas a la nación; a tanto y a nada menos debe encaminarse la acción docente de la democracia. En contemplación de la verdad y de la justicia, referidas al bien público, preferimos la belleza sombría del fanatismo a la frialdad de los descreídos. Que el pueblo se apasione por sus ideas: será la señal del triunfo. Ideas de paz, es claro, de justicia social, de redención humana. Y que los tópicos más usados, la patria y la tradición española, se depuren de lo que nunca fue estimable o no es ya valedero. No debemos pensar por la España de ayer o la de hace un siglo o seis, sino en la España de aquí a cien o doscientos años. Hemos heredado una tradición, no toda admisible; de eso no respondemos; pero sí de la España que acertemos a suscitar y de la hijuela que nuestros sucesores reciban.

Nuestra acción política necesita un organismo que la incorpore. Su enseña debe ser: un Parlamento libre. Su objeto, instaurar un régimen que asegure con más eficacia que el de 1876 la vida civil. Nada queda aprovechable del sistema anterior: ni la estructura de las Cortes, ni la institución regia, ni menos aún, por tanto, los partidos de Gobierno. La estructura de las Cortes, porque el Senado, feudatario de la Corona, archivo de privilegios rancios, compendia la oligarquía palatina, eclesiástica, militar y capitalista que nos avasalla; la Corona, porque don Alfonso no sólo ha roto, voluntariamente, con maduro consejo, el pacto constitucional, sino el lazo que la naturaleza y la ley ponen entre los hijos de España, lazo anterior a las dinastías, a las religiones, a la vocación política. En su discurso del Vaticano, don Alfonso expulsó virtualmente del solar español a los disidentes del catolicismo, a los herejes como él diría, a cuantos no aceptan los embelecos históricos de que se nutren, por lo visto, la mente regia y la del dictador. Sin dejar de ser una majadería, el discurso del Vaticano prueba lo que en Palacio se piensa de la condición de español. No es dudoso que, repasando la mónita secreta que le habrá legado su bisabuelo, don Alfonso rehabilite cualquier día por decreto a sus ministros antiguos, y exonere a los militares. Pero una deslealtad no se borra con otra. El rey devolverá su confianza a la libertad, si le cuadra; mas los liberales de conciencia y de experiencia, ¿podrán confiar nuevamente en el rey? Tampoco pueden valernos los antiguos partidos de gobierno, que, monárquicos por principio o por transigencias pendientes de condiciones nunca realizadas, balbucían un liberalismo enclenque. No existen, en primer término, porque el supuesto del liberalismo monárquico ha quebrado; la democracia es incompatible con la monarquía. No existen, en segundo término, porque esa quiebra, sospechada, latente, habíalos dejado en poco más que en corporaciones de amigos cubriendo la carrera de Palacio al Ministerio de la Gobernación y al Congreso. En fin, el golpe de Estado ha descubierto en la persona de los grandes jefes el valor de ese liberalismo. No defendieron lo que tenían en depósito. Ninguno lo defendió. No entendían los sucesos, o los entendían harto, y cayendo del lado de la sumisión, esperan las mercedes regias, o especulan con las suertes de suceder a los generales; o alzan los brazos al cielo diciendo su desolación de sociólogos vacantes.

Nuestra acción debe incorporarse en un organismo cuyo centro sea republicano, llevando a su izquierda las fuerzas organizadas del proletariado, y a su derecha la burguesía liberal, hasta ahora monárquica, que se preste a colaborar en la reforma de la Constitución. El fracaso cierto del Directorio, legará a quien le suceda los problemas de 1923, agravados por la demora, enconados, como el catalanismo, por los arranques impolíticos del ilustre general. Tememos que los estragos causados por el patriotismo bélico-dinástico sean irreparables.

Nuestros propósitos se articulan en esta forma: Primero. Paz inmediata, equilibrio del presupuesto, saneamiento de la moneda, política de precios bajos. Síguese de este enunciado: Repatriar el Ejército de Marruecos y licenciarlo; disminuir la oficialidad al número que baste para la instrucción militar del contingente anual, en servicio de tiempo reducido; extinción subsiguiente del déficit, que sólo está causado por los gastos de Marruecos y del presupuesto de Guerra, cierre de las emisiones del Tesoro y del Banco. Acción directa del Estado en el problema de la habitación y en los abastos. Segundo. Política de defensa democrática; libertad absoluta de conciencia y religiosa; libertad de imprenta; restablecimiento del jurado; supresión de todo fuero y jurisdicción especial en el orden de la justicia; abolición de los consejos de guerra; clausura de las academias militares; promoción de las clases de tropa a los grados de oficial; supresión de las Capitanías generales; reforma de la ley de orden público; organización de una milicia cívica dependiente del Parlamento; clausura de los colegios de jesuitas y frailes. Tercera. Reforma de la Hacienda y de los servicios capitales: instrucción, obras públicas, sanidad, etcétera, con criterio liberal y de justicia social. No es admisible el principio simplista de las economías. El Estado debe gastar cuanto sea menester, pero con provecho y orden. Economías, en los gastos militares y navales que, sobre arruinarnos, para nada sirven; supresión del presupuesto del clero; dotación suficiente para la enseñanza del pueblo y la cultura superior, el Estado tendrá en sus escuelas un puesto para cada alumno en edad escolar, y un maestro para cada cuarenta alumnos; fomento de la riqueza y del trabajo, etcétera. Habrán de llevarse al presupuesto recursos nuevos, impuestos sobre el lujo, sobre el capital inactivo, sobre Extinción de los monopolios concedidos a empresas privadas. Cuarto. Política social y de saneamiento moral; abolición de la pena de muerte, prohibición del juego, represión de los abusos policíacos, supresión del fuero de guerra de la Guardia Civil y del Cuerpo de Orden Público. Libertad sindical, retiros obreros; protección de mujeres y niños, consulta a los Congresos extraordinarios del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores para la adopción de un programa mínimo de reformas sociales. Quinto. Organización de los Ayuntamientos en repúblicas municipales, sobre la base del sufragio universal directo y de la elegibilidad de todos los cargos; libertad de federación entre los comunes; cambio de táctica en la política catalana; respeto para las creaciones del espíritu de Cataluña; acuerdo con las fuerzas populares catalanas de orientación liberal.

Podría decirse más de cada uno de esos puntos, y más diremos cuando sea caso. Afirmamos que sólo una política que realice esos artículos salvará a España. No basta que se inspire en ellos; habrá de realizarlos. Es moralmente obligatorio intentar realizarlos pacíficamente. La guerra civil, la revolución, podrían sacar una España diferente, pero el precio sería tal vez excesivo y el resultado inestable. (El simple destronamiento de don Alfonso no es una revolución.) La situación real del país y las fuerzas importantes con que podría contarse para la instauración pacífica de la república, nos compelen a tentar el vado. Mas, si no pudiésemos pasarlo, si la violencia frustrase una vez más nuestro derecho, ¿qué escrúpulo moral nos detendría para aconsejar la apelación a la fuerza? Absolutamente ninguno. Que se aparten de nosotros los tímidos, los hombres sin temperamento ni raza, los que se abroquelan en la falta de opinión. La opinión se crea, principalmente con las palabras. Éstas van en su busca. Que otros digan las suyas. Si en la sazón que llega estuviésemos solos, no alegaríamos la falta de opinión para fugarnos al campo enemigo, y servir a los mismos a quien hubiéramos combatido en viéndonos más fuertes. Cerrados los caminos pacíficos, la violencia en todas sus formas sería justa. La violencia vindicaría el derecho, prescindiendo como suele, por eso es violencia, de consultar el gusto embotado de los más.

NOTA: Se recomienda la difusión de este escrito. Cuantos lo reciban serán invitados a manifestar su adhesión a las ideas y los propósitos que contiene.