Chapter 2

El Directorio es incompatible con la libertad, de hecho y de derecho. Para instalarse en el mando ha tenido que pulverizar la Constitución, y bastaría alguna de sus libertades mínimas para que el Directorio se eclipsase. La Constitución era el pacto transaccional dentro del que debíamos vivir todos, liberales y reaccionarios, paisanos y militares, que garantizaba a cada uno el mínimo de derechos inherentes a la persona. El texto escrito de la Constitución es sólo el testimonio fehaciente de que las libertades están declaradas y recibidas, la probanza de un hecho histórico; y un pueblo puede vivir liberalmente sin Constitución escrita, sin que los derechos estén recopilados. Pero el Directorio no ha destruido una Constitución insuficiente de las libertades ya incorporadas a sus hábitos. El Directorio, destruida la probanza escrita de los derechos políticos, prohíbe el uso de los más arraigados. No sólo es incompatible con la estructura legal de la libertad, sino con la práctica de las libertades inveteradas. Ha secuestrado la prensa, prohíbe las manifestaciones y reuniones. Por algo lo hace. Si levantara la censura, el Directorio tardaría en caer una semana; esto, ellos lo saben. Es incompatible con el sufragio universal. Lejos de convocar al pueblo a unas elecciones, con cuantas garantías se quisiera, ha disuelto todas las Corporaciones, cuyo mayor defecto, era, según dicen, no representar la verdadera voluntad del cuerpo electoral. ¿La representarán mejor los concejales nombrados de Real orden? Concede la autonomía a los municipios, autonomía con delegados, y concejales nombrados por el general gobernador: nunca se ha ido tan lejos en el arte de falsear una ley. Pues si el Directorio, en el hecho y de derecho, es incompatible con las libertades públicas y tras de suprimirlas se burla de ellas, ¿por qué repetir tantas veces que es neutral, que no es Gobierno ni de izquierdas ni derechas? En rigor, lo dice cada vez menos. Los sucesos, los actos de gobierno, le dejarán de convicto de despotismo. No nos cansemos nosotros de afirmar, que los enemigos declarados de la Constitución y de la libertad no podían aspirar ni aspiran más que a destruirlas. El Directorio ha realizado ampliamente el programa de la España troglodítica y gasta un extremo que los mismos trogloditas no se atrevían a soñar.

La única obra en que al Directorio le espera un acierto rotundo y duradero es en la destrucción de las libertades públicas. El Directorio nos dejará emparedados en un régimen opresor, y no sólo sin libertades, sino privados de los medios de recuperarlas pacíficamente. En lo demás, la esterilidad de su paso por el Gobierno, ya está probándose. Poco importa que dure un año o diez. Sus métodos no prometen renovación profunda. Tenemos el problema capital de Marruecos, del que nace un déficit crónico, finanzas entrampadas, emisiones sin límites, depreciación de la moneda y encarecimiento de la vida. Son problemas conexos. Continuando en Marruecos como hasta ahora, ninguna otra de aquellas dificultades y lástimas desaparecerá. ¿Hay alguien para decir que el Directorio ha progresado algo en el problema de Marruecos? Hacemos como se hacía: contemporizar con los moros cuando ellos quieren, resistir sus embestidas cuando nos embisten, socorrer posiciones apuradas, gastar vidas y dinero. ¿Se sigue algún método nuevo, antes no visto, que permita augurar buen resultado? Si hay alguien que lo diga, pruébelo. ¿Dónde está la solución pronta, enérgica y decorosa que prometía el general Primo de Rivera en su manifiesto? Mientras la guerra arda en Marruecos no puede esperarse sanear la Hacienda. ¿Se ha de estrujar más al país para el sostenimiento de empresas desatinadas? ¿Es admisible que el presupuesto se nivele suprimiendo porteros en los ministerios, amortizando modestas plazas de empleados, mientras se gasta sin tasa en África? Es dudoso que todas las economías hasta hoy realizadas en el personal de la Administración basten para pagar los haberes de un día al Ejército de operaciones. Y si han de suprimirse en los presupuestos civiles de la Península los trescientos o cuatrocientos millones a costa de dejar en los huesos los servicios útiles del Estado, y de continuar sin lo más necesario en obras públicas e instrucción, ¿no sería una cosa bárbara, jamás vista, reducirnos a una estrechez miserable, a un rudimento de Estado, para verter todos nuestros recursos en el Rif? Sin presupuestos nivelados no hay moneda sana ni precios soportables. El Gobierno ha promulgado algunas órdenes contra los especuladores, insistiendo en el viejo tema de las maniobras del extranjero contra nuestra prosperidad. Ha querido abaratar la vida reduciendo las ganancias de los comerciantes al 14 por ciento; arbitrismo puro, que sólo abarató la risa. No desdeña la réclame, y se atribuye como mérito el alza de la recaudación, producto de leyes fiscales anteriores, alza iniciada y probada en los últimos meses del Gobierno liberal.

Es singular que el Directorio, violento acusador del parlamentarismo, haya venido a caer en los peores vicios de aquel régimen y después de justificar su golpe de 13 de septiembre alegando que el Parlamento no servía para nada, en vez de quitarle estorbos, refuerce y consolide los estorbos mismos que le impedían funcionar. En primer término, el Directorio y lo que representa, es decir, la acción de los militares en la política, era una de las principales causas de la atonía de las Cortes. Por haberles dejado hacer cuanto querían, los militares dicen ahora que el Parlamento no hacía nada. Se acusaba al Parlamento de gastoso y manirroto, el Directorio ha suprimido la Ley de Contabilidad, y juega con las transferencias de crédito como no se ha permitido hacerlo el Ministerio más desaprensivo. El Parlamento no representaba la opinión del país porque las candidaturas oficiales y la presión del Gobierno falseaban los votos; pues bien, el Directorio impulsa la creación de un partido, al que según declaración del general presidente, se le otorgará la protección oficial posible, y disponiéndose a preparar unas elecciones, instala en el Ministerio de la Gobernación una oficina de política electoral, presidida por un miembro del Gobierno. ¿Han dicho ni hecho más, ni tanto, los ministros electoreros? El Directorio aplica en escala colosal los métodos de Romero Robledo y otros artistas de la elección amañada. El Parlamento vivía sometido, a través de los ministros palaciegos, a las veleidades regias. El Directorio ha destruido toda valla puesta al poder real. Y así con todo el sistema de intereses, de fuerzas, de apetitos más o menos disfrazados que tenía en tutela a la representación nacional. Y si ésta desatendía las demandas de la opinión, el Directorio, para no verse en el trance de desoírlas, extrangula a la opinión misma, jactándose, sin que nadie, ni él mismo, lo crea, de tenerla por suya. Extraña jactancia que no soporta la prueba de la discusión, y más extraña popularidad que sólo puede durar a condición de que no se exprese.

Tal es nuestro aprecio de lo presente. Sin ventaja para el progreso material de España, antes al contrario retrasándonos cada vez más, por costear la guerra, retrocedemos a un punto de inferioridad moral que ya parecía superado definitivamente. Bajeza es aceptar la esclavitud en todo caso; bajeza forrada de brutalidad resignarse con la esclavitud pensando que se asegura el orden. El Directorio no hará otra cosa: secar las fuentes de la vida moral, acreditar la soplonería y la adulación, entontecer al pueblo deshabituándolo de la crítica libre; fabricar una mazmorra donde la nación estrujada, pisoteada, regale su trabajo, sacrifique sus ideales, renuncie a un porvenir más dichoso en beneficio de una camarilla de tiranos. No sabemos si el gobierno del Directorio será corto o largo, ni qué sucesos le harán caer, ni quién podrá sucederlo. En la situación del país, es deseable que el Directorio permanezca en el Poder algún tiempo más de lo que él quisiera. Que no se escape, que no se fugue del Gobierno cuando las dificultades parezcan invencibles. Que no se marche cualquier día, proclamando por decreto real que ya está saneada España. No. Es conveniente que el fracaso del Directorio, la inanidad de sus métodos, la futilidad de sus móviles, y en general lo monstruoso y baldío de la perturbación que ha traído a España, resplandezcan ante los ojos de los más torpes, de los más obcecados. España necesita esa lección, y singularmente la necesitan los militares, para que depongan su orgullo profesional y queden convencidos de impotencia. La atroz ignorancia de los españoles necesita ese escarmiento en cabeza propia; no saben nada; no recuerdan nada; peor para quien sólo a fuerza de sangre le entra la letra. Las personas de buen juicio y de ilustración siquiera mediana, saben desde el primer día lo que el Directorio vale. Esperan, con fruición y melancolía, observar el desengaño de los demás.

No necesitamos ni debemos aguardar la caída del Directorio o el restablecimiento más o menos formal de la libertad política para descubrir nuestros puntos de vista respecto de los problemas ya planteados en 1923, de los que se plantearán como resultado de los sucesos en curso, y sobre todo, respecto de la orientación política general y del espíritu que debe animarla. Somos liberales, ya se ha dicho. Ese concepto no tiene en estos momentos ninguna significación de partido ni exclusivista. Liberales podrán ser el proletario y el burgués, el socialista y el republicano: podrían serlo incluso los monárquicos, si algunas personas quisieran. Es liberal todo el que acepta por principio el mejoramiento indefinido del hombre y la emancipación de la conciencia personal. Nuestro liberalismo reposa en estas dos ideas: la idea del individuo soberano, ser de derechos, y la idea de nación, que es el marco histórico donde el hombre libre cumple sus destinos. El reconocimiento de la conciencia individual autónoma, y su consagración defensiva en la ley, es el primer artículo de nuestro liberalismo. La libertad personal no se otorga, ni se abroga legítimamente. Sociedad buena es aquella que presta los mejores medios para el alumbramiento, auge y logro de las capacidades del mayor número. La nación introduce al individuo en la historia, lo incorpora a una obra secular, más amplia que su vida personal, le hace partícipe y obrero de una gran parcela del patrimonio de la humanidad. El individuo, moral y jurídicamente, es anterior a todos los organismos nacionales, a todo gremio, a toda clasificación. La nación es superior a todos los antagonismos de clase, a toda diferencia económica, intelectual u otra. Una política liberal se inclina ante la conciencia, que es sagrada, y somete a un criterio nacional, generalizador e igualitario, las competencias de las clases y de los individuos. Nación e individuo son perfectibles. El instrumento de esa perfección es el libre examen. La nación, que es un hecho histórico, está sometida como tal a la crítica y a la mudanza, en cuanto sus caracteres no sean determinados por necesidades naturales. No puede imponernos ninguna tradición, y de todas las formas tradicionales de la nación, la menos sólida, la más pasajera, es el Estado. El Estado no es un Dios eterno, ni siquiera un Dios sin eternidad. Hoy existen los Estados nacionales; permaneciendo la nación, se concibe muy bien para un futuro lejano el Estado supernacional.

El liberalismo reclama para existir la democracia: son el alma y el cuerpo en que asiste. Democracia quiere decir que los hombres libres defienden, ejercen, garantizan por sí mismos su propia libertad. Y si no lo hacen no son libres, aunque sean liberales. Ser liberal pertenece al orden del pensamiento, nadie puede impedirme profesar la idea liberal. Ser libre, pertenece al orden jurídico; es un hecho político. Hay que mantener el hecho político y jurídico para ser libre, después de ser liberal. Entre los derechos humanos que el liberalismo proclama, y las funciones que la democracia, crea, hay una correspondiente terminante, necesaria. El hombre apetece, por ejemplo, manifestar su pensamiento libremente; pero si no vota, si no coordina su voto con el de otros muchos para obtener las leyes que le aseguren esa libertad, no alcanzará a satisfacer aquella apetencia. Por eso es necesaria la función democrática de votar, aunque a uno no le apetezca naturalmente ir a echar un papel en la urna, como le apetece, en cambio, hablar y escribir sin trabas. La democracia no es sólo una organización de garantías expectante, como si dijéramos, una parada de ciudadanos que están arma al brazo en torno de la Constitución para que nadie la maltrate. La democracia es una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral. Debemos considerar a la nación como un gran depósito de energías latentes, de obras posibles, que sólo necesitan una buena explotación, aprovechamiento cabal. Es un deber social que la cultura llegue a todos, que nadie por falta de ocasión, de instrumentos de cultivo, se quede baldío. La democracia que sólo instituye los órganos políticos elementales, como son los comicios, el Parlamento, el jurado, no es más que aparente democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, padece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura. En los países donde el sufragio no ha ido antes a la escuela, se busca el descrédito y la falsificación de la democracia. Pero no se haga de eso un argumento para retirar los derechos políticos, so pretexto de que los ignorantes no pueden usarlos. Ésa es la argucia preparada, esperada por los enemigos de la libertad, que para algo dejan a los pueblos pudrirse en las tinieblas. Nada se aprende a hacer si no es haciéndolo. ¿Se prohíbe andar al niño mientras no sepa andar? Es probable que el inventor del fuego pereció abrasado por su invento. Y hoy mismo, todos los días perece alguien en las llamas. Si a la Humanidad no se le hubiese dejado el uso del fuego mientras no aprendiese a emplearlo, la civilización estaría por nacer.

Éstos son los sillares de nuestra política: sufragio universal, Parlamento, prensa libre. Nosotros no decimos ahora, porque no estamos esbozando una Constitución, que las Cortes deban elegirse por este o el otro procedimiento ni organizarse por tal o cual modelo. Lo irrenunciable es: que haya una asamblea elegida directamente por el pueblo. Que los enemigos del régimen no vengan a mortificarnos el tímpano con declaraciones antiparlamentarias. Los ataques, más recios cada vez, que estos años se dirigían al Parlamento son de dos órdenes: doctrinal y práctico. Unos atacan al Parlamento porque son enemigos de la libertad, precisamente por lo que el Parlamento tiene de eficaz, de representativo y popular. Éstos son los de siempre, los secuaces de la reacción absolutista, en todas sus formas, bajo todas sus máscaras. Debemos limitarnos a decirles que la institución de una asamblea electiva y deliberante nos parece a nosotros necesaria y buena por lo que ellos la detestan. Ningún acuerdo puede intentarse con estos hombres ni en la doctrina pura ni en el terreno constitucional. La evolución política se hace en contra suya. No nos toca más que resistirlos, reduciéndolos al estado de una oposición impotente. Pero otros, con pretensiones de hombres modernos y a título de modernidad, sin que dejen de llamarse liberales, acumulan sobre el Parlamento los más violentos cargos, mirando sólo a su ineficacia. Contra su omnimodo poder legislativo, aducen su incompetencia técnica; contra los gobiernos salidos de las mayorías, aducen las transacciones de bajo vuelo, las intrigas y las rivalidades personales que se agitan en los choques de los partidos; pensando que el Gobierno ha de ser ante todo celeridad, decisión y tino, demuestran que el Parlamento es dilatorio, irresoluto y ciego. Es incalculable el daño que esta posición crítica, adoptada muchas veces por pretensiones de elegancia intelectual, ha causado a la libertad, y en qué medida ha preparado el terreno para las intromisiones de la fuerza en la vida pública. Cierto: no vamos nosotros a cercenar la independencia de la razón, que se ejerce en una perpetua revisión de todos los valores. Los resabios de la vida parlamentaria son de tanto bulto, que la crítica no puede por menos de mostrar la diferencia que va de la pureza de la institución, tal como la pensamos, a la grosera realidad, tal como funciona. Pero ésta es una cuestión de orden moral y práctico, que no admite solución provisional, si por tal se entiende un acomodo que frustre lo esencial, huyendo de los accidentes desagradables. Un problema que toca en la vida cotidiana de todos los hombres, como es el de la defensa y garantía de la libertad, ha de ser resuelto también cotidianamente, aceptando hipótesis revisables. No admite espera, ni suspensiones a plazo, mientras la razón encuentra algo más perfecto. Lo provisional e interino, si se quiere prescindir del Parlamento defectuoso, se llama dictadura y tiranía. Ni los detractores del parlamentarismo, ni los países en que más se practica el sistema han encontrado con qué sustituirlo. Acaso el porvenir nos traiga un tipo nuevo de Asambleas legislativas, nacidas de las Federaciones profesionales, si esta estructura sustituye a la actual. Pero eso aún no ha llegado y tenemos que satisfacernos con unas Cortes defectuosas para no caer en un despotismo perfecto. Sin contar que en cualquier organización social, el órgano preponderante, mientras los hombres deseen ser libres y se gobiernen por opiniones, será una asamblea, una reunión donde pongan en común sus puntos de vista, y los contrasten, los acepten o rechacen sumando votos. Eso o la violencia. La cuestión es siempre la misma: querer la libertad o no quererla.

Con esto, y las indicaciones puestas en las primeras páginas de este escrito, queda dicho lo que pensamos de las Cortes españolas, de las cuales es desatinado prescindir. No hemos aguardado a que el general Primo de Rivera las desacate y las disuelva, para enterarnos de sus menguas, de sus ficciones; ni hemos dejado de demostrar nuestro descontento, a veces indignado, por su funesto hábito de claudicar. Sí, sabemos que las Cortes servían de poco; pero, ese poco era lo que nos separaba de la vergonzosa dictadura.

El general Primo de Rivera decía galanamente no hace mucho que él no ha oído a los pueblos gritar: «Cortes, Cortes». De seguro no lo habrá oído. Falta saber lo que haría si lo oyera, permitiendo que alguien fuese a decírselo. Pero tampoco habrá oído a los pueblos gritar: «¡Generales, generales!». No obstante lo cual, pululan por todas partes. Ahora bien, es dudoso que cada general sea mejor que cada diputado y que el país haya reportado del Estado Mayor del Ejército ganancias más lúcidas que de los grupos parlamentarios. Las Cortes no han llegado a instaurar en España un régimen de mayorías auténtico. No lo han hecho por diversos motivos, cuyo aprecio no es de este lugar. La Constitución, vigente cuando los generales querían, no era parlamentaria; en primer término, por la índole del Senado, y en segundo, por la precaria autoridad del Congreso, pendiente de la facultad regia de convocatoria y disolución. Las leyes orgánicas, abriendo el camino a ciertas costumbres, apartaban a las Cortes de las realidades del sufragio, que sean cuales fueren, deben modelar el Parlamento. Ya se ha citado el ejemplo de la demarcación electoral; por el arbitrio de las circunscripciones se logró que los grupos de oposición no fuesen proporcionales a los votos que recogían. Nada se ha hecho en serio para combatir la corrupción electoral. Inglaterra, que siempre se cita como modelo, conoció también en tiempos una enfermedad semejante. Es presumible que los mismos remedios producirían en España iguales resultados. Toda la política electoral se encaminaba a asegurar en las Cortes una mayoría adicta al rey; de cualquier color que fuese, con tal que su lealtad monárquica estuviese probada. Y siendo antagónicas la potestad parlamentaria y las prerrogativas que la Corona se reservó en la Constitución, los diputados leales consentían en las mermas de su fuero, poniendo sobre todo la satisfacción del rey. Dentro de límites estrictos y próximos, el gran culpable de esta dictadura es el Parlamento, por haber tolerado que el Ejército, cada vez menos nacional, fuese administrado y gobernado personalmente por el rey; por no haber cerrado, aun con violencia, los caminos a los desmanes militaristas; por no haber librado en su día el combate decisivo a las Juntas de oficiales. Debe advertirse que a los diputados, personalmente, les contrariaba y les humillaba la absorción militarista; no hacían más que rechinar los dientes, sin abrir nunca la boca. Despejar la situación del Ejército habría sido crearle dificultades al rey, disgustarlo, indisponerlo con su Ejército; antes que eso, el Parlamento se suicidó. Suicidio por amor.

El monarquismo incondicional de los partidos de gobierno, incluso de los liberales, herederos decían de la Revolución de 1868 y dirigidos en tiempos por hombres notorios de aquella hornada, es la causa preponderante en la caducidad de las Cortes La Constitución de 1876 era, por su fondo, transitoria y de paso. Arbitraba un compromiso tan violento y forzado, que los enemigos no se mantendrían mucho tiempo en equilibrio. El uno invadiría el terreno del otro para robustecerse a sus expensas. La situación era más ventajosa para la Corona, en vez de reposar en el Parlamento. El equilibrio se mantuvo con más decoro en los años primeros de la Restauración, todavía combatida por enemigos poderosos, y en la Regencia, no sólo en cumplimiento del que llaman «Pacto del Pardo», sino de otro, tácito, entre la dinastía y los caudillos parlamentarios, para administrar el Estado como el patrimonio de una viuda y de un huérfano, sin más propósito que el de hacerlo durar hasta que fuese mayor el dueño de los bienes. En ese interregno, donde se procuró que todo estuviese en suspenso, para el día de mañana, se hizo el gran retroceso de la opinión liberal en España. Al rey, mayor de edad, se le entregó un régimen que no tenía raíces, que no se había vigorizado por la propaganda ni el combate, y que sólo aspiraba a vivir tranquilo mediante la corrupción. La oposición republicana, que hubiese podido obligar al rey a echarse en brazos de los parlamentarios constitucionales, había casi desaparecido; lo mismo ocurrió con las pretensiones carlistas. Esas dos fuerzas extremas, de las que era resultante el término medio de la Constitución, se anularon. Las masas iban al socialismo o a las sociedades obreras; y la burguesía parlamentaria se inclinaba a reagruparse frente al nuevo enemigo común, más que a dividirse por la defensa y progreso de las Cortes. Al rey le bastó iniciar la ofensiva para advertir que su poder sería sin límites en cuanto quisiera. Su ambición personal venía en el momento oportuno. Veinte años antes el rey no habría podido desembarazarse de sus obligaciones con la misma soltura. Desde su posición dominaba a los partidos: veía su incongruencia, su inanidad; con miras pequeñas se aprovechó de su flaqueza. Jugó con las ambiciones. Su arma fue la disolución de las Cortes: podía hacer «jefes de partidos», suscitando rivalidades, alentando esperanzas. Era el árbitro; en fin, el amo. Como tal ha procedido en los sucesos de 1923. Sus discursos en Córdoba, en Barcelona, en Valencia, cualquiera que sea la momentánea inspiración que los enciende, descubren: un plan de poder personal, meditado desde tiempo atrás. La vida del rey es bella, porque ha realizado en la madurez un proyecto concebido en la juventud.