Chapter 1

En la situación creada por el advenimiento del Directorio, el deber, no ya de un político militante, y político liberal, sino del simple ciudadano es aclarar la tendencia y los propósitos del movimiento que ha devuelto el orden constitucional de España al régimen de hace exactamente un siglo, data insigne en el terrorismo de Fernando VII. Rectificar de la noche a la mañana la ruta de nuestra política, parece demasiada frivolidad, demasiada presunción, si, como se afirma oficialmente, el intento es curar los males del régimen liberal suspendiéndolo una temporada para restablecerlo después; demasiada ceguera, demasiada ofuscación la nuestra y la de millares de españoles que en el lapso de cuatro generaciones ha combatido por la libertad y la emancipación del pueblo, si el remedio de los males de España fuese el muy sencillo de restaurar, reforzándolos, el despotismo y la arbitrariedad. Los golpes de fuerza abundan en la historia política. Ningún cambio radical sucede sin que en el momento crítico intervenga un acto de fuerza (revolución, guerra civil o extranjera, regicidio), para llevar a colmo lo que por otras vías estaba sazonándose. Pero no basta con descargar palos de ciego en la armazón del Estado para que se realice una mudanza esencial. Golpes de fuerza eran la Revolución de Septiembre y el pronunciamiento de Sagunto que la enterró; golpes de fuerza, las guerras civiles carlistas y, mañana, una insurrección del proletariado. De estos ejemplos se juzga diversamente según los móviles en que se engendran y los caminos por donde empeñan a la nación. Si un golpe de fuerza no es una calaverada estúpida, tendrá un sistema de ideas políticas. A esa inspiración se atiende para juzgarlo. Se caracteriza el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, no por haber derrocado la Constitución, mas por derrocarla para implantar un despotismo sin trabas, un poder como acaso nadie lo tuvo en España: despotismo amparador y restaurados de las potencias reaccionarias, incompatibles con la libertad. Miran el triunfo del Directorio como un desquite sobre la libertad, cuantos —instituciones y personas— se consideraban vencidos por ella.

En esencia hay dos modos de gobernar a un pueblo: el absolutismo irresponsable, el verdadero «Antiguo Régimen», o sea el que precedió en la Europa continental a la Revolución francesa, y el liberalismo organizado en democracia, por la instauración del cual se ha pugnado en España más de un siglo, sin lograr su triunfo completo. Desde que España existe como Estado moderno, desde el comienzo del siglo XVI, ha conocido ambos sistemas: tres siglos, el absolutismo irresponsable, en el curso de la dinastía austriaca y de la borbónica hasta la guerra de la Independencia, y, por temporadas de años, en pleno siglo XIX; del liberalismo democrático se ha planteado con timidez ensayos fugaces, no permitiéndoles echar raíz; y la vez sola que España se encaminaba decididamente a un régimen de pura democracia, en 1873, retrocedió cohibida por la violencia. Del régimen absolutista sabemos a fondo y por experiencia cuanto puede saberse y cuanto promete; del régimen liberal sobre bases democrática, nada sabemos: nunca ha existido en nuestro país. Tres siglos de absolutismo produjeron la ruina y la degradación del pueblo español. No medimos la decadencia de España en el régimen antiguo porque perdiera más o menos provincias conquistadas, un Imperio colonial: esto es accidental y externo; lo ganado por la fuerza se pierde a la fuerza cuando un adversario más poderoso se lo lleva. La decadencia de España y el fracaso verdadero del Antiguo Régimen consistieron en el despilfarro y la pérdida de las energía vitales del país, de su riqueza interna, en la devastación de su suelo, en el estrago de su inteligencia, en la miseria moral. Ni siquiera realizó el Antiguo Régimen la obra que parecía llamado a cumplir, que en otros pueblos, como Francia, cumplió: la unidad nacional, la integración del suelo peninsular bajo una soberanía. La separación de Portugal, perdido para la «Gran España», es la acusación más formidable contra la monarquía absoluta. Su política era antinacional. En ese carácter se ha de ver una causa capital del desastre de España en el Antiguo Régimen, desastre del que aún no se ha repuesto. El rey absoluto miraba por sí, por el lustre de su corona, por el esplendor de las clases sociales donde se apoyaba, que no al porvenir de la nación ni a los intereses verdaderos del pueblo. Guerras familiares y dinásticas, de religión, de expansión imperialista; siempre guerras, enemigas del bienestar, de la riqueza, de la población de España; desoída la voz de las ciudades que en las Cortes pedía paz y buen gobierno; desoídos los consejos de los moralistas, de los escritores políticos; cerrados los caminos al mérito personal; triunfante la intriga y las camarillas palaciegas; la aristocracia y el clero dueños del país, y un pueblo pobre, un país desierto, un Estado sin prestigio, y, a la postre, una Corona sin gloria. Tal es el balance del régimen absolutista. Sabemos en qué consistía. ¿Y hemos de oír ahora que la libertad política y sus instituciones son culpables de la decadencia española? ¿Estaba España en 1912, en 1837, en 1820, en 1868, en el apogeo del poder y de la riqueza, del cual haya descendido por causa del liberalismo? ¿Qué siniestra argucia es esa de declarar incompatible la libertad con el bien público? Todo lo contrario. El renacer de España es obra de la libertad. En un siglo, el nivel de la vida del pueblo, lejano todavía del de otros europeos, ha subido notablemente; con desamortizar las tierras de la Iglesia y los nobles, se multiplicó la riqueza; con la libertad de comercio y de industria, se obtuvo la holgura necesaria para trabajar y prosperar; con la libertad de imprenta y la expresión libre del pensamiento, harto escatimadas muchas veces, el espíritu español ha recuperado su dignidad, y aporta un caudal estimable al progreso general del espíritu humano. Cierto: el adelanto de España es corto y perezoso comparado con el de otros pueblos que por no haber abandonado, como nosotros lo abandonamos, el cultivo de la inteligencia, se han hallado en posesión de ideas más vigorosas, de una técnica más perfecta, y de hábitos para ensayar y experimentar que todavía no poseemos en tal alto grado; pero comparada la España actual con la de hace un siglo, es un pueblo renacido de sus cenizas, incorporado a la civilización moderna. A la libertad se lo debemos. Estas verdades elementales, olvidadas acaso de puro sabidas, desgraciadamente olvidadas, han de ser repetidas y rehabilitadas en la conciencia pública, para que la embauquen quienes, movidos del interés personal, se proponen acreditar supercherías. No sea que, al cabo de los tiempos, dicho ya todo, no sepamos los españoles cómo es nuestro país y por dónde vienen sus desventuras. Basta la experiencia sola, lo que llaman las enseñanzas de la historia, para saber que el régimen despótico y personal es ruinoso, injusto, detestable. Nuestra salvación reclama un régimen acorde con el sentido humano de la vida: el liberalismo y las garantías democráticas.

Importa hacer notar, en conclusión de este paralelo, que el absolutismo ha imperado sin restricción en España tres siglos, mientras el liberalismo no ha pasado de tanteos, en los cuales ha tenido que defenderse de toda suerte de enemigos. Desde que al comenzar el siglo XVI fueron aplastadas las franquicias locales y los privilegios nobiliarios, de cuyo desenvolvimiento normal (normal no quiere decir pacífico e incruento) pudo salir, como después salió en Inglaterra, un régimen parlamentario, la Corona en España gobernó sin cortapisas; nadie combatía el régimen en sus fundamentos y principios. No supo labrar la grandeza del país ni la deseó; no causó más daños porque no pudo. Ese régimen y sus personajes representativos cargan delante de la historia con la responsabilidad que incumbe al poder omnímodo, ilimitado, avasallador; a todo poder que se arroga la representación incompartida del pueblo entero. No se dirá que la Corona española en aquellos siglos tuvo estorbos. Otro muy distinto ha sido hasta ahora el destino del régimen liberal. El liberalismo ha tenido que luchar, por de pronto, con la dinastía. Lo primero que hace Fernando VII al volver del destierro es anular las Cortes y la Constitución, desterrar y ahorcar a los liberales, a los mismos que habían organizado la resistencia contra el extranjero que lo destronó. El liberalismo ha tenido que luchar con los enemigos de fuera. La Santa Alianza nos envía un ejército de cien mil franceses para destruir la Constitución de 1823, de acuerdo con Fernando, por si no se había deshonrado bastante en 1814. Lucha otra vez con la dinastía, es decir, con quien más obligado estaba a guardarle lealtad, puesto que la sostenía en el trono, cuando la inocente Isabel conspiraba contra los progresista. Lucha contra los enemigos interiores, asaltado por dos guerras civiles, el mayor obstáculo en la senda por donde adelanta España. Lucha contra las potencias reaccionarias que se introducen en su seno, cuando en 1873, desarrollándose la Revolución, se llegaba a un sistema de Gobierno democrático. En fin, liberalismo maniatado, amenazado, e, impunemente en sus instituciones y organismos, lo mismo en 1814 que en 1823, porque ni siquiera se ha permitido que funcione normalmente la Constitución moderada y transaccional de 1876. A ese liberalismo y al régimen interno que ha presidido, ¿qué puede achacársele sino timidez, lentitud, cobardía, el dejarse traicionar por sus propios servidores, el absorber demasiados contingentes reaccionarios, el aceptar compromisos con sus enemigos en aras de la tranquilidad y de la paz; en suma, qué puede achacársele, sino el no haber sido verdaderamente liberal? No se culpe, pues, ni a la idea liberal ni al régimen democrático de los males causados por los propios enemigos que no le han dejado llegar a su plenitud.

La idea liberal y el régimen democrático en que se asienta, se mueven dentro de una lógica inexorable. Aceptados ciertos principios, instaurados ciertos órganos, más tarde o más temprano ciertas consecuencias fatalmente se producirán. Eso explica por qué las intervenciones violentas, los golpes de fuerza contra el régimen liberal se desencadenan en momentos decisivos, cuando el liberalismo y sus entidades políticas van probablemente a dar un paso que no se podrá rectificar. Tomemos algunos ejemplos: 1814 es un instante crítico. La Corona, ¿acepta la Revolución Cádiz? ¿Consagra con su juramento la obra de las Cortes? El punto es decisivo. Naturalmente, se produce entonces el primer asalto de mano armada contra la Constitución. 1823: las Cortes están en conflicto con el Rey. ¿Van a vencer las Cortes? ¿Van a sujetar las pretensiones tiránicas de Fernando, asentándose el régimen con esa gran victoria? Antes que consentirlo se apelará a las armas extranjeras, y a cambio de destruir la aborrecida Constitución se llama a los mismos franceses que diez años antes hollaban el país. En 1873 una Asamblea elegida por el pueblo quería ser sinceramente republicana; el régimen era la República; traía soluciones federalistas, de la misma orientación que hoy proclaman aceptable muchos partidos de gobierno. ¿Iba a consentirse que la Asamblea legítima diese una Constitución democrática? En modo alguno. Y se produjo el hecho violento del 3 de enero, para dejar morir la Revolución en manos de unos generales ambiciosos. En fin: 1923. Causas de todos conocidas (los desastres de África) habían desencadenado un gran movimiento de opinión popular, que pedía lo menos que podía pedirse: sanciones y enmiendas. Las Cortes, recogiendo aquel movimiento, iban a hacerse intérpretes de la opinión pública, y llamando ante sí a los que más o menos habían intervenido en el desastre para pedirles cuentas de su conducta, tomaban el papel que verdaderamente les corresponde: investigar, fiscalizar la administración y el gobierno, someter a pública discusión los actos de los gobernantes, dar forma a los anhelos del espíritu nacional. Se avecinaba un día señalado para el régimen parlamentario. Si la causa de las responsabilidades quedaba abierta ante las Cortes, el Parlamento tendría la autoridad preponderante que en la Restauración no logró tener. ¿Iban a consentirlo los enemigos del régimen? En modo alguno. Antes que permitir el funcionamiento pleno y prestigioso del Parlamento, prefirieron destruirlo. Y se dio el golpe de Estado de 13 de septiembre, continuación y secuela de otros atentados contra el régimen liberal. Era muy lógico que ocurriese así, porque los debeladores del Parlamento eran precisamente los que más debían temerlo. No es raro que habiéndolo dispersado se consagren a la tarea de difamarlo y desacreditarlo impunemente.

El golpe de Estado de septiembre es, pues, un episodio en la contienda secular que viene librándose en España por la implantación del régimen liberal. Podrán variar los pretextos que se toman para el atentado reaccionario; la diferencia es superficial. En el fondo, los factores son los mismos. Ambiciones de poder personal, sea quien quiera el llamado a disfrutarlo: aborrecimiento al régimen de publicidad y de libre discusión, aborrecimiento engendrado del temor que sienten los privilegios amenazados; una clase social o un cuerpo del Estado que se extralimita de sus funciones propias y suplanta la voluntad del pueblo, ausente, o descreído, o atento no más a sus competencias de clase, y se impone por el terror a una burguesía asustadiza y desorganizada. Veleidades de poder personal reaparecen en la política española hace unos veinte años, y se acentúan con intervenciones cada vez más marcadas, hasta llegar a la situación presente. Es justo reconocer que el Parlamento, dominado por partidos en descomposición, nada hizo para defenderse de las intromisiones del poder real. La inercia del cuerpo electoral, las arbitrariedades ministeriales, el favor político otorgado al adversario desde Gobernación para congraciarse sus votos en las Cortes, una demarcación electoral pensada para ahogar el sufragio de las grandes ciudades con los votos dóciles de los núcleos rurales, el sistema de transacciones, de componendas, implantado por la Restauración precisamente para embotar la acción de los partidos, y el estancamiento de estos mismos partidos, que por negarse siempre a admitir elementos nuevos, ideas nuevas, languidecían en la mayor miseria doctrinal, y se oponían a toda acción vigorosa que pudiera turbar su pacífica posesión del mando, eran, con otras que están presentes en el espíritu de todos, las causas que han ido extenuando el vigor de las Cortes, su eficacia, su respetabilidad. Una corriente reaccionaria cada vez más poderosa, encontraba delante de sí un valladar cada vez más débil, cada vez menos convencido de su fuerza. Dos causas particulares han actuado con gran vigor para sumir al Estado español en el desbarajuste imperante: la guerra europea y la guerra de Marruecos. La guerra europea ha desorganizado la economía de todos los pueblos, beligerantes o neutrales. El Estado español tuvo que adoptar medidas improvisadas en orden a la navegación y al comercio, en orden a los aprovisionamientos, a las industrias, a la política fiscal y financiera, para salir del paso a fuerza de autorizaciones arrancadas a las Cortes, que funcionaban cada vez menos, y a costa del erario público y de la desorganización de no pocos servicios. Todo ello producía una confusión deplorable, el descontento en el ánimo público, castigado por el encarecimiento de la vida, y la persuasión de que nos encaminábamos a un atolladero sin salida. Por su lado, la guerra de Marruecos, fecunda en desventuras, y más costosa ya que nuestras últimas guerras coloniales, vino a tal punto que se acercaba el momento de elegir entre Marruecos y España, siendo aquella empresa, tal como se llevaba y se lleva, incompatible con nuestra reorganización y mejora interna, y muy superior a nuestras capacidades económicas y técnicas. El ejército, principal interesado en la guerra de Marruecos, que no es guerra nacional, sino imperialista, propia de la monarquía del Antiguo Régimen, vivía en plena indisciplina desde 1917. No gobernaba ni dejaba gobernar. Nadie podía sustraerse a la lógica de la situación: o se respetaba el sentimiento público, que pedía paz y economías, orden en los gastos, responsabilidades, y se hacía entrar al ejército en la pasividad disciplinada que le corresponde, o el ejército acabaría arrollándolo todo, reduciendo a silencio forzoso la opinión pública, para satisfacer sus anhelos de desquite y su amor propio profesional. Era de temer que esto último sucediera, porque el ejército no tenía quien le hiciese resistencia, y en cambio contaba con asentimientos e inteligencias en los altos poderes del Estado, que veía en las armas su único apoyo, y el medio de instaurar el soñado poder personal. Por desgracia, en la historia moderna de España el ejército lleva sobre sí una tradición muy pesada: ha sido el brazo ejecutor de los atentados contra el régimen. En esto les incumbe culpa a los liberales españoles. Cuando estaban en la oposición o proscritos conspiraban con los militares. O desconfiaban demasiado de las fuerzas populares, o realmente no les asistían lo bastante, o era más grata su impaciencia la instantaneidad de una cuartelada que la propaganda y la organización lenta del liberalismo, el caso es que no sabían dar un paso hacia el Poder sin contar con unos cuantos generales. Procediendo así, fomentaban el caudillaje, sin advertir que los caudillos enseñados a pronunciarse, lo mismo se pronunciarían por la libertad que contra ella, y que, en todo caso, al liberalismo le tocaría salir perdiendo. Un general que se subleva, aunque sea en nombre de la libertad y enamorado de ella, comete el acto más antiliberal posible, causa un estrago de incalculables consecuencias; infringe el principal deber de la fuerza pública, que es la sumisión al Estado, e introduce el peso de las armas en la resolución de las contiendas de los ciudadanos, rompiendo la neutralidad a que le obliga la disciplina. Enseñados los generales a pronunciarse en combinación con los políticos para defender o imponer programas de partido, habría de llegar un día en que se sublevasen solos, desdeñando a los políticos. Eso ha ocurrido cuando les ha quedado el único móvil de sus intereses de clase, tras la preparación sindical militar que representa la gestión de las Juntas desde 1917. El golpe de Estado del 13 de septiembre no lo ha dado un partido político, agrupado en torno de un caudillo militar, o con su ayuda, como solía suceder; lo han dado generales y oficiales solos, contra los políticos, o mejor, contra los paisanos; gobiernan usurpando el nombre y la fuerza del Ejército, y asumen colectivamente esa responsabilidad, a pesar de la docena de hombres civiles que se prestan a ejecutar bajo sus órdenes funciones subalternas. La insistencia con que el Directorio repite que no es político, denota, entre otras cosas, el sentimiento de solidaridad profesional que le guía, aunque no lo confiese, o no tenga de él conciencia muy clara. La situación es esa: una clase de Estado se impone a las demás y al cuerpo de la nación, los administra, los corrige, los regenta por la pauta de sus preocupaciones de oficio y sus prevenciones gremiales, sin más capacidad ni mejor derecho que cualquier otra. Lo que no se toleraría a los magistrados o a los maestros de escuela o a los ingenieros, se soporta de los militares porque disponen de la fuerza. Tales son su título, su autoridad; es una lección que han de aprovechar las minorías provistas de armamento.

Afirma el Directorio que es neutral en política, que no es un Gobierno de derechas ni de izquierda. Afirmación estrafalaria, que encierra un contrasentido. Gobernar sin política es como andar echado o dormir despierto. Si lo dicen en serio, sinceramente, hacen muy poco honor a su clarividencia. Haría falta, para gobernar sin política, arrancarse el cerebro; y nadie es tan modesto aunque sea grande su buena voluntad, que confiese no tener seso. En último término, el Gobierno, sea en la función de legislar (que el Directorio se atribuye en sustitución de las Cortes), o en la de aplicación de las leyes, se reduce a discernir entre los intereses en pugna, a elegir entre las varias soluciones que pueden ofrecerse para un problema; discernimiento y elección que se verifican sujetándose a un concepto previo de lo que es y de lo que debe ser, concepto sugerido por la experiencia o formado abstractamente. Ese concepto y el juicio que lo elabora, son el ápice de la política, donde toma color y carácter, porque los conceptos esenciales que orientan o guían la gobernación de un pueblo culto son conocidos, están catalogados y clasificados desde hace siglos, y por las obras conocemos su raíz. Los únicos seres que se gobiernan sin política, que no tratan de corregir lo que es por lo que debe ser, son los animales. Al decir que gobierna sin política, el Directorio quiere significar probablemente que gobierna sin partidos. Es otra cosa. Los partidos son indispensables para gobernar con la opinión; habiendo prescindido de la opinión, necesariamente tenía que prescindir de los partidos. Pero esto se vuelve contra su afirmación de neutralidad política, porque prescindir de la opinión es despotismo. Llegan más lejos que cualquier partido conservador, de ultraderecha; estos partidos no desprecian aparentemente a la opinión, pretenden, cuando menos, conquistarla. De los gobernantes, estos u otros, que se proclamen neutrales o indiferentes en política, se puede asegurar desde luego que reducen el arte del gobierno a un empirismo irracional y que son la esencia de la tiranía.