Chapter 2
En África, la República Centroafricana promulgó una nueva constitución y tomó otras medidas para promover una anunciada transición a la democracia del gobierno del presidente Bozize, quien tomó el poder en un golpe de estado en marzo de 2003. En Guinea-Bissau, luego de un golpe militar en septiembre de 2003, el ejército instaló un gobierno civil. En ambos casos, la estabilización de la situación después de los golpes ha venido acompañada por una disminución en el número de violaciones de derechos humanos.
El deseo de Turquía de satisfacer los Criterios de Copenhague de la Unión Europea, para comenzar el proceso de adhesión hizo que el gobierno aprobara un paquete de reformas importante, incluidos un código penal nuevo y relativamente más liberal y un conjunto de enmiendas constitucionales para combatir los asesinatos por honor y la tortura, ampliar la libertad de culto, de expresión y de asociación, y reducir la presencia del ejército en el gobierno. Sin embargo, la aplicación de estas reformas se retrasó. Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo numerosos abusos, entre ellos: torturas, palizas y arrestos y detenciones arbitrarios, aunque los observadores notaron una disminución de estas prácticas y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó que las autoridades locales se esforzaron por cumplir con la política gubernamental de "tolerancia cero" frente a la tortura. Continuaron los asesinatos por honor. El gobierno aflojó algunas restricciones en torno al uso del curdo y otros idiomas, pero se mantuvieron restricciones de libertad de expresión y de prensa.
Durante el año algunos gobiernos realizaron esfuerzos cada vez mayores para combatir la corrupción. Costa Rica quiso llegar lejos al investigar a ex funcionarios de alto nivel. Inició investigaciones separadas de tres ex presidentes por uso indebido de fondos, sobornos y contratos ilegales. En África las campañas anticorrupción digirieron la atención a los abusos pecuniarios y de derechos humanos cometidos por funcionarios. La campaña del presidente Jammeh de Gambia giró en torno a la restricción de la corrupción oficial, con el objeto de restaurar la credibilidad internacional. Por otro lado, la labor de la Comisión de Indagación de ese país llevó a la destitución de varios altos funcionarios y a algunos juicios por delitos económicos. Kenia creó el puesto de jefe de actividades contra la corrupción y el gobierno abrió varias investigaciones de supuestas ejecuciones extrajudiciales. En Zambia, la Oficina de Quejas de la Policía, establecida en 2003 para indagar en la conducta impropia de la policía, siguió investigando quejas.
Derechos políticos:
Lamentablemente, a excepción de Georgia y Ucrania, los sucesos políticos en Eurasia siguen siendo motivo de gran preocupación. El progreso se mide en gran parte en términos del desarrollo de la sociedad civil. Un número cada vez mayor de ONG, partidos de la oposición y ciudadanos están dispuestos a organizarse y abogar a favor de que el gobierno rinda cuentas. En Turkmenistán y Uzbekistán los partidos de la oposición no pueden inscribirse. Al mismo tiempo, los gobiernos de la región sacan una lección errónea de Ucrania y Georgia, e intentan reprimir a la sociedad civil hostigando a las ONG pro democracia mediante obstáculos burocráticos y recursos jurídicos engañosos.
En Georgia el progreso advertido por los observadores internacionales de las elecciones presidenciales del pasado enero preparó el camino para "las elecciones más democráticas en la historia de Georgia", cuando se eligió el parlamento en marzo.
Otros gobiernos de la región han logrado algún progreso limitado en mejorar el proceso electoral con la redacción de nuevos códigos para las elecciones. Las nuevas leyes electorales promulgadas en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán constituyen un avance en ciertos aspectos, pero en los tres países las leyes siguen sin alcanzar las expectativas de las pautas internacionales. Asimismo, las elecciones de 2004 en Kazajstán y Kirguistán indican avances limitados respecto de los comicios anteriores, pero los observadores nacionales e internacionales expresaron su inquietud sobre irregularidades en la votación, maltrato u hostigamiento de candidatos de la oposición o limitaciones de la igualdad de acceso a medios de comunicación.
En Belarús el gobierno continuó negando a sus ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno mediante un proceso político democrático. El referéndum del 17 de octubre, caracterizado por graves defectos, eliminó el límite constitucional del período presencial. Antes del referéndum y de las elecciones parlamentarias, igualmente defectuosas, celebradas simultáneamente, el gobierno suspendió los periódicos independientes y descalificó a muchos candidatos parlamentarios. Utilizó además fuerza excesiva y en algunos casos propinó palizas y arrestó a líderes políticos que protestaban pacíficamente el fraude electoral y a periodistas que cubrían las protestas. Durante el año el gobierno clausuró también varias de las principales organizaciones no gubernamentales inscritas, cuyo enfoque eran los derechos políticos, y las fuerzas de seguridad del Estado hostigaron cada vez más a las restantes.
En octubre Bosnia y Herzegovina celebró las primeras elecciones municipales administradas por el país desde la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton. Se concluyó que las elecciones cumplieron las pautas democráticas internacionales.
En Indonesia las elevadas cifras de votantes que concurrieron a votar en tres elecciones allanaron el camino para una transición del poder político de la derrotada titular de la Presidencia a un líder electo de la oposición. El proceso también significó la derrota de los candidatos militares y de la policía que se habían postulado para bancas en el parlamento.
En África, en elecciones dignas de mención, los titulares de los partidos políticos de Ghana y Mozambique ganaron la reelección en comicios que se consideraron en general libres y justos. Sierra Leona celebró sus primeras elecciones de gobiernos locales en 32 años, aunque hubo irregularidades en algunas zonas.
En Burundi el interés se concentró en el retraso de las elecciones y el progreso del país en su transición a la democracia. El Gobierno de Transición no celebró las elecciones locales y nacionales que dispone el Acuerdo de Paz y Reconciliación (Acuerdo de Arusha) y al terminar el año demoró también indefinidamente un referéndum sobre el texto preliminar de la constitución. La insurgencia maoísta y el estancamiento en que se encuentran los partidos políticos de Nepal impidieron asimismo la celebración de elecciones en ese país durante el año y contribuyeron a intensificar la crisis política del país.
En Ruanda los derechos políticos, de por sí ya muy restringidos, se limitaron aún más cuando se cerraron y desmantelaron las principales organizaciones de derechos humanos. La medida se justificó como parte de una campaña contra el "divisionismo", según un informe del gobierno que acusó a los grupos de derechos humanos, los periodistas, los maestros y las iglesias de promover una "ideología de genocidio".
El respeto del gobierno iraní a la libertad y la participación política de sus ciudadanos continuó deteriorándose. En febrero se celebraron elecciones, que en general no se consideraron ni libres ni justas, para elegir a los 290 miembros del Majlis (parlamento). El Concilio Guardián, órgano conservador y dominado por el clero, excluyó virtualmente a todos los candidatos reformistas, incluidos 85 miembros del parlamento que ocupaban el cargo. Entre las razones citadas figuraban la falta de "obediencia manifiesta" al actual sistema de gobierno. Como resultado de unas elecciones gravemente defectuosas los reformistas se vieron reducidos a una pequeña minoría en el parlamento. Entre tanto, continúa la reacción conservadora contra las tendencias y los partidos reformistas.
Conflictos internos y de otra índole:
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona completó las audiencias públicas, en las que participaron unos 10.000 ciudadanos para hacer públicos sus agravios como víctimas de la guerra civil o para brindar sus confesiones. La Comisión propuso reformas jurídicas, políticas y administrativas al gobierno. El gobierno también puso en libertad a numerosos niños que habían luchado como niños soldados. Para finales del año la Misión de la ONU en Sierra Leona (MINUSIL) había entregado la responsabilidad en todo el país a las fuerzas armadas y a la fuerza pública de Sierra Leona, conforme la MINUSIL comenzó los preparativos para retirarse en junio de 2005, tal como lo estipula su mandato del Consejo de Seguridad.
Tras su victoria en una segunda ronda de elecciones a finales de 2003, el presidente de Guatemala, Oscar Berger "re-inició" los Acuerdos de Paz de 1996 como programa nacional y, en un gesto simbólico, pidió disculpas a los ciudadanos en nombre del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la prolongada guerra civil de ese país. El gobierno redujo también el tamaño de sus fuerzas militares, eliminó algunos comandos y unidades importantes y redujo así mismo el presupuesto militar. En agosto las fuerzas militares hicieron pública una nueva doctrina que incluye disposiciones sobre la importancia de la protección de los derechos humanos.
Como consecuencia de las negociaciones celebradas durante el año, el gobierno de Colombia desmovilizó en noviembre y diciembre aproximadamente 3.000 combatientes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, cientos de funcionarios municipales regresaron a sus pueblos, después de que el gobierno estableciera la presencia permanente de la policía en todos los centros urbanos del país. Como resultado de ello, disminuyeron las cifras de homicidios, secuestros y demás delitos violentos.
En Haití continuó el conflicto interno durante todo el año. El estancamiento político y la creciente violencia entre las facciones a favor y en contra de Aristide, culminaron el 29 de febrero en la renuncia del presidente Aristide y su salida del país. A pesar de la presencia de las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU, el gobierno interino, establecido constitucionalmente, siguió siendo débil. En septiembre los partidarios de Aristide en Puerto Príncipe iniciaron una campaña de desestabilización y violencia, conocida como "Operación Bagdad". Esta campaña incluyó el secuestro, la decapitación y la quema de agentes de la policía y civiles, tiroteos indiscriminados y la destrucción e incineración de la propiedad pública y privada. La violencia impidió durante varias semanas el funcionamiento normal de escuelas, mercados públicos, el puerto y el sistema judicial en Puerto Príncipe.
Una serie de conflictos continuó aquejando a la región del sureste asiático. En Yamu y Cachemira y los estados nordestes de la India continuó la violencia y las fuerzas de seguridad cometieron abusos con impunidad, inclusive homicidios de efectivos de las fuerzas armadas y de civiles. En Sri Lanka tanto el gobierno como la organización terrorista Tigres de Liberación de Tamil Eelan, violaron el alto el fuego. En Nepal la desaparición de personas detenidas siguió siendo un problema grave y las fuerzas de seguridad del gobierno continuaron manteniendo amplia autoridad para arrestar y detener a individuos sospechosos de simpatizar con los insurgentes maoístas. Estas fuerzas también hicieron uso arbitrario e ilegal de fuerza letal. Como la insurgencia maoísta continuó, los militantes rebeldes torturaron a civiles, en tanto que los agentes del gobierno reclutaron violentamente a los niños como soldados y explotaron bombas que mataron a civiles.
La región de los Grandes Lagos, en África central, que comprende la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda, Burundi y Uganda, se ha visto azotada por la guerra civil, la violencia interétnica en gran escala y las inherentes transgresiones masivas de los derechos humanos durante más de una década, debido a la presencia continua de grupos armados y milicias que se trasladan entre los países. Estos grupos compiten entre sí por los recursos estratégicos y naturales y viven en un entorno de alianzas que cambian. Entre los grupos más inquietantes del Congo oriental se encuentra quienes tomaron refugió en la región después del genocidio de Ruanda en 1994. Este mismo grupo continúa oponiéndose al gobierno de Ruanda y realizando campañas transfronterizas, así como ataques contra civiles en la RDC y muchos otros abusos. También existen grupos armados en la región que se oponen a los gobiernos y a los procesos de paz en Uganda y Burundi.
Aunque las perspectivas para la paz en la región de los Grandes Lagos son prometedoras, los abusos de derechos humanos son casi rutinarios. Los niños son las principales víctimas, se les recluta, secuestra y convierte en soldados a la fuerza, aunque algunos de los gobiernos han hecho progresos en la desmovilización de los niños soldados en sus tropas. Algunas milicias se componen principalmente de niños. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, ya que la violación se emplea cada vez más frecuentemente como arma de guerra. La región alberga aproximadamente cinco de los 25 millones de personas en el mundo desplazadas internamente y una buena cantidad de refugiados. Estados Unidos trata de conseguir entablar conversaciones entre la RDC, Uganda y Ruanda. Seguimos observando la situación en los países de la región, concentrando nuestra atención en la amenaza que presentan los grupos armados.
En Costa de Marfil un ataque contra las posiciones de los rebeldes y un ataque aéreo en noviembre contra las tropas francesas de mantenimiento de paz rompieron el tenue alto el fuego de 18 meses entre el gobierno y los rebeldes. A pesar del embargo y de la amenaza de sanciones, el gobierno ha amenazado con buscar una solución militar al conflicto. El presidente Bush determinó que a Costa de Marfil, antaño uno de los socios comerciales de Estados Unidos más importantes de la región, en virtud de la Ley de Aceleración del Crecimiento y Oportunidad Africanos (AGOA), se le consideraba este año carente de derechos a los beneficios de dicha ley, debido a preocupaciones sobre la situación de seguridad y el deterioro general del imperio de la ley, que hacen del país un lugar hostil para la inversión extranjera.
En Rusia el atentado en septiembre contra la escuela de Beslan, en Osetia del Norte, y las desapariciones continuas de civiles detenidos por las fuerzas de seguridad subrayaron hasta qué punto ambas partes del conflicto creciente en el norte del Caúcaso continúan demostrando poco respeto por los derechos humanos fundamentales. Hubo informes fidedignos sobre violaciones graves, entre ellas desapariciones por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales, tanto por parte del gobierno como por rebeldes de Chechenia. También se siguió persiguiendo a individuos que buscaban que se rindiera cuentas por estos abusos. Los rebeldes de Chechenia continuaron los ataques contra civiles rusos, inclusive un ataque con bombas en el metro de Moscú.
Integridad de la persona:
Tras años de controversia, el Tribunal Supremo de Chile sostuvo la decisión de un tribunal de apelación de revocar la inmunidad judicial del ex presidente Augusto Pinochet. El 13 de diciembre, un juez encausó a Pinochet por delitos cometidos como parte de la "Operación Cóndor" en el decenio de 1970.
En la República Centroafricana, mientras continúa el proceso de transición al régimen de gobierno civil, el gobierno disolvió la división de Investigación de Seguridad, unidad de inteligencia militar sobre la que pesan acusaciones de haber cometido numerosos abusos de derechos humanos en el 2003, entre ellos tortura, violación y extorsión. En diciembre de 2003, el presidente Bozize convocó de nuevo el Tribunal militar permanente después de una suspensión de ocho años. El tribunal entendió de una variedad de casos de supuestos abusos de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, violación y robo a mano armada.
Corea del Norte sigue siendo uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo. Se cree que hay, aproximadamente, entre 150.000 y 200.000 presos políticos en campos de detención en zonas remotas, y los desertores informan de que muchos presos han muerto como resultado de la tortura, el hambre, las enfermedades, la exposición a la intemperie o una combinación de causas. El régimen también somete a los ciudadanos a estrictos controles en muchos aspectos de su vida.
En Egipto, de conformidad con la Ley de Emergencia de 1981, prorrogada en febrero de 2003 por otros 3 años, se restringieron muchos derechos fundamentales. Las fuerzas de seguridad continuaron los malos tratos y la tortura de presos y al menos 10 personas murieron en el curso del año mientras estaban bajo custodia en comisarías de policía o en prisiones. Los arrestos y detenciones arbitrarios así como la detención prolongada anterior al juicio siguieron siendo graves problemas. Persistieron las condiciones abominables en las prisiones.
El uso generalizado de la tortura por el gobierno de Siria dejó un balance de al menos ocho muertos en el curso del año. Las detenciones y arrestos arbitrarios, la detención prolongada anterior al juicio sin que luego se celebrara juicio, los juicios eminentemente injustos en los tribunales de seguridad y el deterioro de las condiciones en las prisiones, continuaron todos sin cambios. Durante el año, los servicios de seguridad efectuaron arrestos en masa de curdos en la provincia de Hassakeh, en Aleppo, Damasco y otras zonas. El 12 de marzo, en Qamishli, situado en la provincia nororiental de Hassakeh, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la muchedumbre durante un partido de fútbol, cuando se produjeron enfrentamientos entre aficionados árabes y curdos. En los disturbios que se produjeron los días siguientes, docenas de personas resultaron muertas, y hasta 2.000 curdos fueron detenidos y, a finales del año, cerca de 300 permanecían en custodia, en espera de juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado y el Tribunal Militar. El gobierno siguió también sin revelar información sobre el bienestar y el paradero de personas que han estado detenidas en régimen de incomunicación durante años.
En Uzbekistán, era común la tortura en las prisiones, los centros de detención anterior al juicio y las comisarías de policía y servicios de seguridad locales, y los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de abusos documentados rara vez eran castigados. No obstante, el gobierno adoptó algunas medidas notables para poner coto a la tortura y exigirle a la policía rendición de cuentas. Estableció procedimientos preliminares en algunas divisiones del Ministerio de Asuntos Internos para investigar y sancionar a funcionarios por abusos de derechos humanos, y permitió a organizaciones no gubernamentales acceder a sus prisiones y capacitar a guardias de prisiones en prácticas de derechos humanos. El gobierno cooperó también con especialistas forenses internacionales que participaron en la investigación de muertes de personas en custodia supuestamente sometidas a tortura.
Libertad de prensa:
Una reacción conservadora a las exigencias democráticas se extendió en Irán a una serie de aspectos que fueron más allá de las cuestiones explícitas de derechos políticos. Por ejemplo, la investigación de la muerte en 2003 de una fotógrafa canadiense/iraní, que tuvo una hemorragia cerebral después de sufrir lesiones en una prisión iraní, quedó estancada en 2004. El gobierno también cerró paulatinamente todos los medios de información independientes nacionales e impuso el silencio a sus periodistas por medio del arresto y la intimidación. En 2004, el último foro de debate libre, los "weblogs" (páginas de Internet personales), fueron objeto de la presión del gobierno, que arrestó a sus fundadores y los obligó a firmar confesiones falsas.
En Rusia, la intensificación de la presión del gobierno y el control de los medios continuó minando la libertad de expresión y la independencia de los medios, al mismo tiempo que se observó una tendencia de creciente control y acoso de la prensa en una serie de países de Eurasia, en particular Belarús y algunos países de Asia Central. La manera de actuar rusa consiste, principalmente, en controlar la propiedad de las emisoras de radio y televisión para limitar el acceso a la información sobre cuestiones delicadas, como Chechenia. La presión del gobierno también hizo que aumentara la autocensura de los periodistas.
El gobierno de Togo, después de entablar consultas políticas oficiales con la Unión Europea, adoptó un nuevo código de prensa que tuvo resultados no enteramente satisfactorios. Eliminó las sentencias de prisión para la mayor parte de los delitos de prensa, pero las mantuvo por determinadas acciones, como instigar el odio étnico o violar la ley, así como por publicar bajo nombre falso. La ley establece también normas de profesionalismo para periodistas y exige que los periódicos independientes aseguren que al menos una tercera parte de su plantilla satisfaga las normas del gobierno.
Si bien Argelia celebró sus primeras elecciones democráticas en 2004, en las que fue reelegido el presidente Bouteflika, el gobierno intensificó las restricciones sobre los medios. El uso de las leyes contra la difamación y el hostigamiento de la prensa por el gobierno aumentaron considerablemente y tuvieron por resultado el encarcelamiento de varios periodistas condenados a cumplir penas de dos a 24 meses, el cierre o la suspensión de dos periódicos y más autocensura de la prensa.
En Venezuela, las organizaciones internacionales y los periodistas de ese país acusaron al gobierno de fomentar un clima de hostilidad hacia los medios. La adopción de medidas administrativas, junto con una nueva ley promulgada en diciembre creó un clima de hostilidad hacia los medios independientes con crecientes amenazas de enjuiciamiento.
Libertad de religión:
Este tema se examina detenidamente en el Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional, publicado en septiembre de 2004, pero estos informes por países ponen de relieve y actualizan acontecimientos importantes.
La ley estadounidense de Libertad Religiosa Internacional dispone que a los países responsables de violaciones especialmente graves de la libertad de religión se los designe Países Motivo de Particular Preocupación (CPC). En septiembre de 2004, el secretario de Estado designó de nuevo a Birmania, China, Irán, Corea del Norte y Sudán como CPC y, por primera vez, designó a Eritrea, Arabia Saudita y Vietnam como CPC.
Con el cese de las violaciones de la libertad de religión cometidas al amparo del gobierno de Saddam Hussein, el Secretario adoptó medidas para retirar en junio de 2004 la designación de Iraq como un CPC. Desde la liberación de Iraq por las fuerzas de la coalición, el gobierno no ha puesto impedimentos a la libertad de religión y la Ley Administrativa de Transición dispone la "libertad de pensamiento, conciencia y creencia y práctica religiosas".