Chapter 1
<< Autor: Informes emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Derechos humanos
El 17 de septiembre de 2002, el presidente Bush presentó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional para Estados Unidos que se basa en el principio de la promoción de la libertad política y económica y el respeto por la dignidad humana, para crear un mundo mejor y más seguro. Para dirigir y encaminar este esfuerzo nacional que tuvo su origen en la guerra contra el terrorismo, la estrategia presenta una serie de tareas fundamentales que, entre otras cosas, exige que nuestro gobierno sea el paladín de las aspiraciones a los derechos humanos y construya democracias. En el discurso pronunciado en su segunda toma de posesión el 20 de enero de 2005, el presidente Bush elaboró sobre este principio: "La supervivencia de la libertad en nuestro país depende cada vez más del éxito de la libertad en otros países. La mejor posibilidad para la paz en nuestro mundo la ofrece la diseminación de la libertad en todo el mundo".
Estados Unidos y sus socios internacionales colaboraron en 2004 con muchos países en la expansión de la libertad al contribuir a la protección de los derechos políticos de sus ciudadanos y promover el imperio de la ley en sus sociedades. En algunos casos, en aquellos en los que el interés se centraba en el derecho del pueblo a elegir su propio gobierno, los acontecimientos notables dirigieron la atención del mundo a sus luchas y a sus logros decisivos.
En los tres años que han mediado desde la remoción del régimen talibán, la población de Afganistán ha trabajado para reducir el terrorismo y mejorar la seguridad, para cerrar las tradicionales brechas étnicas, religiosas y tribales, para elaborar una nueva constitución fiel a sus valores y forma de vida, para extender derechos fundamentales a las mujeres y a las minorías, y para abrir su sociedad al concurso político y la libertad de expresión de una manera que no tiene precedentes. La comunidad internacional ha respondido a esta iniciativa ayudando a inscribir a los votantes de una población dispersa en la geografía y mayormente analfabeta, educando a grupos de trabajadores de colegios electorales y a participantes políticos sobre la celebración de elecciones y campañas, y sumándose a las fuerzas afganas para proporcionar seguridad durante los preparativos de los comicios y durante la votación. En la elección presidencial que tuvo lugar en octubre, 18 candidatos competían por el sufragio de diez millones de votantes afganos inscritos, de los cuales más del 40 por ciento eran mujeres. A pesar de las amenazas y ataques antes de la elección, y de serios problemas técnicos, más de ocho millones de afganos, entre ellos 3,2 millones de mujeres, depositaron sus votos para elegir a su líder en una primera elección verdaderamente democrática, con una mayoría optando por el presidente Hamid Karzai.
En Ucrania, la campaña electoral para presidente se vio frustrada por la presión que el gobierno ejerció sobre los candidatos de la oposición, y por la extensión generalizada de violaciones y fraude en la votación. El gobierno del presidente Kuchma recurrió al fraude y a la manipulación durante la elección presidencial tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral celebradas el 31 de octubre y el 21 de noviembre. El gobierno impuso la censura sobre los medios y los periodistas para influir en la cobertura de noticias, lo que provocó la llamada "rebelión de los periodistas" entre los que rehusaron seguir las directrices del gobierno. Finalmente, las manifestaciones populares contra los resultados oficiales de la deficiente votación del 21 de noviembre cobraron fuerza hasta desatar la "Revolución Naranja", el color asociado a Viktor Yushchenko, líder de la oposición y ganador de las elecciones según el consenso general.
El respeto de los derechos humanos en Ucrania tomó decididamente un giro positivo cuando, el 3 de diciembre, el Tribunal Supremo de ese país invalidó los resultados fraudulentos de la segunda vuelta electoral, justificando así las denuncias de los observadores nacionales e internacionales sobre las numerosas violaciones de los procedimientos electorales, el hostigamiento de los candidatos de la oposición, la cobertura sumamente parcial en los medios controlados por el Estado y el fraude generalizado en la votación y en el recuento de votos. En la repetición de la segunda vuelta electoral celebrada el 26 de diciembre conforme el mandato del tribunal, el pueblo de Ucrania eligió a su nuevo presidente. Los observadores internacionales de esos comicios, de los que resultó ganador Yushchenko, tomaron nota de las mejoras en la cobertura de los medios, de una transparencia mayor en el proceso de votación, de menor presión gubernamental para ganar apoyo para un candidato en particular y menos interrupciones en las urnas. El nuevo presidente expresó su firme compromiso con la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.
En Iraq, la población afrontó una serie de tareas difíciles al disponerse a elegir a su propio líder a través de elecciones democráticas, en tanto que la severidad y ubicuidad de los ataques terroristas aumentaron las proporciones de las dificultades. En primer lugar, el Consejo de Gobierno iraquí logró el consenso sobre una estructura para la transición de la soberanía a las autoridades iraquíes, en el marco de la protección del imperio de la ley y de procedimientos bien definidos mediante los cuales los ciudadanos iraquíes podrían elegir a sus propias autoridades y establecer su propio orden constitucional. En marzo, la aprobación de la Ley Administrativa de Transición logró estos objetivos y preparó el camino para la segunda etapa, el traspaso de la soberanía de la Autoridad Provisional de la Coalición al Gobierno Interino Iraquí el 28 de junio.
Con la asistencia de las Naciones Unidas y de otros asesores internacionales, el Gobierno Interino Iraquí estableció la Comisión Electoral Independiente de Iraq, una autoridad independiente que estableció los procedimientos para la inscripción en un registro de votantes y para la votación por iraquíes y expatriados en catorce países. Del 15 al 18 de agosto, se llevó a cabo la convocatoria de la Conferencia Nacional para seleccionar un Consejo Nacional Interino que fue constituido por 100 miembros elegidos. Las elecciones para la Asamblea Nacional de Transición, autoridad legislativa que constituye un primer paso hacia la formación de un gobierno iraquí de transición, se programaron para el 30 de enero de 2005. De conformidad con la Ley Administrativa de Transición, el gobierno de transición redactará una constitución permanente que se someterá para ratificación en agosto de 2005 y en diciembre de 2005 se celebrarán nuevamente elecciones para un gobierno permanente bajo la nueva Constitución.
Creemos que acontecimientos como estas elecciones aumentarán las perspectivas de paz, darán una base sólida para el autogobierno en estos países y ayudarán a impulsar el avance de las prácticas de derechos humanos para todos los que participan en ellos. Sin embargo, el progreso por este camino no será fácil ni rápido, al menos al principio, como demuestran ampliamente los 196 informes detallados de esta edición. En varios casos, los informes confirman que las prácticas de derechos humanos pueden haber deteriorado a pesar del éxito tras elecciones celebradas y aceptadas internacionalmente, como ha sucedido en algunos respectos con el poder judicial y los medios en Venezuela, desde que se efectuó la votación el pasado año.
Fue en parte el reconocimiento de la complejidad y la dificultad de la tarea de promover los derechos humanos lo que, en 1977, instó al Congreso a dar carácter institucional al proceso de recopilación anual de datos por el Departamento de Estado para los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. Al proporcionar un compendio de testimonios sobre la experiencia de los derechos humanos en el mundo, esperamos que la historia de esta labor inconclusa ayude a alumbrar tanto las tareas futuras como el potencial para una mayor cooperación en el logro de las aspiraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El año en perspectiva: Democracia, derechos humanos y trabajo
Tras los detalles de los 196 informes de países que contienen las páginas siguientes, hay acontecimientos y experiencias en algunos países que se distinguen no sólo por la gravedad de la situación de los derechos humanos, sino también por nuestra participación con las víctimas y sus gobiernos durante 2004.
El historial de derechos humanos del gobierno de Sudán es extremadamente pobre conforme siguió restringiendo la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, culto y movimiento. El gobierno arrestó y hostigó a quienes ejercieron estos derechos.
Para finales de año, el número de Personas Desplazadas Internamente superaba 1,5 millones en la provincia sudanesa de Darfur, y otros 200.000 civiles habían huido a Chad, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) coordinó un esfuerzo masivo de ayuda para los refugiados. Según se informa, alrededor de 70.000 personas murieron como consecuencia de la violencia y el desplazamiento forzado.
A pesar de las repetidas promesas del gobierno de que se abstendría de otros actos violentos en Darfur, continuaron las atrocidades. El gobierno y las milicias respaldadas por el gobierno, conocidas como Janjawid, atacaron de forma rutinaria las aldeas de civiles. Por lo general, las Janjawid perpetraban ataques coordinados a menudo con las fuerzas regulares del gobierno bajo cubierta de apoyo militar aéreo. En septiembre, luego de revisar cuidadosamente un minucioso estudio realizado por expertos independientes que informaron sobre la experiencia de más de 1.100 refugiados, el secretario de Estado Colin Powell concluyó que se había cometido genocidio contra la población de Darfur y expresó que "se ha cometido genocidio en Darfur. El gobierno de Sudán y los Janjawid son los responsables y ese genocidio puede seguir ocurriendo".
Las fuerzas gubernamentales en esa región asesinaron, hirieron y desplazaron rutinariamente a civiles en esa región y destruyeron intencionadamente clínicas y viviendas durante operaciones de ofensiva. Hubo informes que confirmaron que la milicia respaldada por el gobierno atacó intencionadamente a civiles, saqueó sus pertenencias y destruyó sus aldeas.
A la misma vez, los acontecimientos a finales de año en las negociaciones sobre el conflicto entre el norte y el sur del país avivaron las esperanzas de paz y de que mejoren las prácticas de los derechos humanos en otras partes del Sudán. Para finales de año, el Departamento de Estado observó progreso significativo en los acuerdos preliminares entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación de Sudán luego de 21 años de un conflicto de baja intensidad.
Respondiendo al continuo trato brutal y represivo de la población por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Estados Unidos aprobó la Ley de 2004 de Derechos Humanos de Corea del Norte. La ley propone atender la grave situación de los derechos humanos en Corea del Norte y promover soluciones duraderas para los refugiados norcoreanos, la transparencia en la provisión de asistencia humanitaria, el libre flujo de información y una reunificación pacífica de la península coreana.
En Belarús, continuaron los malos tratos por la policía y la esporádica tortura de prisioneros y detenidos. Las fuerzas de seguridad hicieron arrestos arbitrarios y detuvieron a ciudadanos por motivos políticos. Además, se presentaron demandas judiciales contra personas y se las sentenció a cumplir condenas por crímenes políticos tales como la "difamación" de funcionarios del Estado, lo que a menudo se interpretó para que incluyera la crítica de sus políticas. El gobierno de Belarús persiste en hacer caso omiso de informes creíbles sobre la participación de funcionarios de gobierno en las desapariciones de largo plazo de periodistas y de reconocidas figuras políticas, y no realizó investigaciones completas y transparentes sobre estas desapariciones. En lugar de ello, el gobierno nombró a Viktor Sheiman, vinculado a las desapariciones según pruebas creíbles contenidas en un informe del Consejo de Europa, como Titular de la Administración Presidencial, con lo que perpetua un entorno de abusos que quedan en la impunidad.
En Birmania, la Junta gobierna por decreto y no está sujeta a ninguna disposición constitucional que estipule derechos fundamentales. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Además, continuaron las desapariciones y las fuerzas de seguridad fueron responsables de violaciones, torturas, palizas y diversos maltratos de prisioneros y detenidos. Los arrestos arbitrarios y las detenciones en régimen de incomunicación fueron frecuentes. Las fuerzas de seguridad también incurrieron en la violación de la intimidad de los ciudadanos, el reasentamiento forzado de poblaciones y el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas.
El gobierno de Irán fue responsable de numerosos asesinatos durante el año, incluidas ejecuciones tras juicios que carecieron de garantías al debido proceso de ley. Hubo numerosos informes de que las fuerzas de seguridad torturaron a prisioneros y detenidos. Además, se hicieron arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas en régimen de incomunicación, encarcelamiento en prisiones hacinadas y pobres, falta de acceso a asistencia letrada, la imposición de penas de flagelación y la violación de la intimidad personal.
La cooperación de China en el avance de los derechos humanos fue decepcionante en 2004. China no cumplió muchas de las obligaciones que contrajo en 2002 en el Diálogo sobre Derechos Humanos Estados Unidos-China. No obstante, para finales de año se habían reanudado las negociaciones de los grupos de trabajo sobre derechos humanos, que se habían interrumpido cuando Estados Unidos dio su apoyo a la resolución de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en relación con la situación de los derechos humanos en China. En 2004, el gobierno chino continuó arrestando y encarcelando a activistas, a personas que debatían libremente en Internet, a abogados de disidentes y desposeídos, a activistas que participaban en cuestiones del VIH/SIDA, a periodistas que informaban sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), a intelectuales que expresaban su posición política, a personas que asistían a ceremonias religiosas en viviendas y a trabajadores que manifestaban por sus derechos. Los abusos continuaron en las prisiones de China. El gobierno mantuvo su represión contra el movimiento espiritual Falungong y decenas de miles de practicantes siguen encarcelados en prisiones, campos extrajudiciales de reeducación a través del trabajo y establecimientos psiquiátricos. El Congreso Nacional Popular enmendó la Constitución para incluir la protección de los derechos humanos, pero todavía no queda claro en qué medida el gobierno aplicará la enmienda en la práctica.
En Arabia Saudita, hubo cambios positivos en varios aspectos, entre ellos una conferencia auspiciada por el gobierno sobre los derechos y las obligaciones de la mujer, y la creación de la primera organización de derechos humanos que se ha permitido en el reino. En octubre, el gobierno emitió una ley ejecutiva por la que algunos residentes de largo plazo en el país podrán solicitar la nacionalidad, y para finales de año se había adelantado bastante en el registro de votantes y de candidatos, aunque sólo de hombres, para las elecciones municipales de febrero de 2005.
No obstante, los casos de abusos y violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita superan todavía por mucho los avances logrados. Hubo informes creíbles que dan cuenta de torturas y maltrato de prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, arrestos arbitrarios y detenciones en régimen de incomunicación. La policía religiosa continuó practicando la intimidación, cometiendo abusos y deteniendo a los ciudadanos y extranjeros. La mayoría de los juicios se celebraron a puerta cerrada y los acusados suelen comparecer ante el juez sin asistencia letrada. Las fuerzas de seguridad arrestaron y detuvieron a reformistas. El gobierno siguió poniendo límites a la libertad de prensa y de expresión, de reunión y asociación y de movimiento, y hubo informaciones de que violó los derechos a la vida privada. Continuó la violencia y la discriminación contra la mujer, la violencia contra niños, la discriminación de minorías étnicas y religiosas y las limitaciones estrictas a los derechos del trabajador.
En contraste con el desarrollo en varios países del proceso por el cual la ciudadanía asume un control directo de las autoridades, en Rusia, las reformas de las leyes que rigen las elecciones parlamentarias, y el cambio al nombramiento y no la elección de gobernadores regionales, consolidaron más el poder del Ejecutivo. Las excesivas restricciones sobre los medios, una Duma sumisa, las irregularidades en las recientes elecciones nacionales, la corrupción de la policía y las presiones políticas sobre el poder judicial han motivado también una preocupación por el menoscabo de la rendición de cuentas del gobierno.
Aumentó la violencia por motivos raciales y la discriminación, a pesar de considerables prohibiciones legislativas. Las autoridades no investigaron delitos contra minorías a la vez que las sometieron a frecuentes inspecciones de documentos, a deportaciones de centros urbanos y a la imposición de multas exorbitantes o detenciones más frecuentes. Las instituciones gubernamentales destinadas a proteger los derechos humanos son relativamente débiles.
El gobierno de Zimbabwe ha llevado a cabo una campaña concertada de violencia, represión e intimidación. Esta campaña se ha caracterizado por su desatención a los derechos humanos, al imperio de la ley y al bienestar de los ciudadanos de Zimbabwe. Se emplean varios métodos de tortura contra opositores políticos y defensores de los derechos humanos. Los veteranos de guerra, brigadas de la juventud y agentes de la policía cometen acciones brutales contra los enemigos políticos. El régimen de Mugabe ha elegido también como objetivo a otras instituciones de gobierno como el poder judicial y la policía. Se ha hostigado a jueces para que cedan o dimitan, a fin de reemplazarlos con compinches de Mugabe. A los medios se les ha impuesto restricciones o han sido suprimidos. Continua la apropiación de terrenos como instrumento de opresión social y política, y los opositores de estas políticas destructivas pueden sufren represalias violentas.
El respeto a los derechos humanos siguió siendo pobre en Venezuela durante 2004, a pesar de la victoria del gobierno en el referéndum de agosto para revocar el mandato del presidente Chávez. La oposición alegó que el proceso fue fraudulento, pero los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter ratificaron que los resultados oficiales "reflejan la voluntad del electorado". Durante el año, el gobierno venezolano aumentó su control sobre el sistema judicial y su interferencia en la administración de la justicia. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron objeto de amenazas e intimidación por partidarios del gobierno. En diciembre, la legislatura aprobó leyes que menoscaban la libertad de los medios y la libertad de expresión que, de hecho, convierte la crítica del gobierno en una ofensa criminal. El gobierno de Estados Unidos criticó con dureza al gobierno venezolano por no aumentar sus esfuerzos contra la trata de personas.
Fidel Castro agregó otro año a su récord mundial como dictador que ha estado en el cargo por mayor tiempo. El gobierno cubano mantuvo su postura de rechazo de todo proceso democrático y continuó el hostigamiento y la intimidación de activistas pro democracia, disidentes, periodistas y demás profesionales y trabajadores que trataron de emprender actividades económicas no controladas por el Estado. La mayoría de los 75 disidentes sentenciados a largas condenas de prisión en 2003 permanecieron detenidos, a pesar de las protestas internacionales, y las autoridades arrestaron a otros 22 activistas de derechos humanos y los sentenció bajo cargos como el "desacato a la autoridad". La solución de los abusos en Cuba siguió siendo una prioridad para Estados Unidos en calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU).
Durante su reunión de 2004, la CDHNU aprobó oficialmente una resolución sobre Cuba patrocinada por Estados Unidos, así como resoluciones por segundo año consecutivo sobre Turkmenistán, Corea del Norte y Belarús. Una resolución sobre Birmania fue aprobada por consenso. Dado que países miembros de la CDHNU como Zimbabwe, Cuba, Sudán y China no protegen los derechos humanos de sus propios ciudadanos, la reunión de 2004 fue deficiente en varios aspectos. La Comisión no aprobó las resoluciones sobre la situación de derechos humanos en China, Zimbabwe y Chechenia. Estados Unidos continuó recalcando la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Comisión, especialmente mediante el apoyo a la inclusión de más países con un historial positivo de derechos humanos.
Estados Unidos considera que es más probable que un gobierno elegido democráticamente respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Por esa razón Estados Unidos colaboró con otros países de la Comunidad de Democracias, una red de países democráticos que trabajan juntos para promover, afianzar y avanzar la democracia en todo el mundo. En 2004 Estados Unidos se sumó a otros países de este grupo para ayudar a establecer un cónclave de la democracia, es decir, un grupo de países de parecer similar que colabore más de cerca con la CDHNU y con otros foros de la ONU para fomentar metas consecuentes con los valores democráticos. En la CDHNU Estados Unidos, junto con Perú, Rumania y Timor Oriental, presentaron una resolución, que fue aprobada, encaminada a acrecentar la función de la ONU en el fomento de la democracia. Entre las recomendaciones de la resolución figura un llamamiento para establecer un mecanismo, denominado "punto de coordinación", dentro de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuyo objetivo sea ayudar a las democracias nuevas e incipientes acceder los recursos disponibles de la ONU.
Además de apoyar la creación del cónclave de la democracia en la ONU, la Comunidad de Democracias buscó respaldar el desarrollo de instituciones y valores democráticos a través de proyectos que vinculan a países democráticos. Envió una delegación multinacional de practicantes de la democracia a Timor Oriental para intercambiar prácticas óptimas con los funcionarios de ese país. De la misma manera, un grupo de funcionarios iraquíes cuya labor se relacionaba con las elecciones, viajó a Lituania para observar y aprender sobre el proceso electoral. La unión de las voces democráticas contra violaciones de derechos humanos fundamentales -- derechos codificados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados en la Declaración de Varsovia de la Comunidad de Democracias y el Plan de Acción de Seúl -- es un modo esencial de seguir presionando a los gobiernos que niegan y violan los derechos de sus propios ciudadanos.
Cambios institucionales:
En Qatar continuó el proceso de cambio constitucional al aprobar el emir el texto preliminar de una constitución nueva que los votantes aprobaron de forma abrumadora en 2003. Aunque la familia del emir mantendrá la línea hereditaria, la nueva constitución, que se espera entrará en vigor en junio de 2005, contiene varias disposiciones sobre los derechos humanos.
En Pakistán, el presidente Musharraf continuó en su cargo como Jefe del Estado Mayor del Ejército, a pesar de su promesa de retirarse a finales del año.